Proyecto de Ley de Mediación: ¿voluntarismo o cinismo?

El pasado viernes 8 de abril el Gobierno aprobó y envió al Parlamento el Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. El proyecto prevé el sometimiento de las reclamaciones civiles y mercantiles de cuantía inferior a los 6.000 euros a una mediación como requisito previo obligatorio para acudir a los tribunales. Por encima de esa cifra la mediación será voluntaria. El objetivo declarado de este proyecto es aligerar la carga de trabajo de los juzgados y tribunales.

En mi opinión esta ley (si se llega a aprobar) esta abocada al fracaso. No hace falta ser un lince para saber que nadie incrementará los costes de litigar sometiéndose voluntariamente a una mediación. Y en los casos en que sea obligatoria no dejará de ser un mero trámite burocrático más que no incrementará el número de acuerdos extrajudiciales; como así ha sucedido con la conciliación laboral previa ante el CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) que se produce de manera ritual y estéril día a día antes de cualquier proceso laboral. Quizás en España falta cultura negocial pero está claro que la figura del mediador en este país no estimula los acuerdos extrajudiciales. Si existe alguna posibilidad de acuerdo éste se alcanzará, en todo caso, merced a la labor de las partes y sus respectivos abogados pero no gracias a la intervención de un mediador.

Así las cosas, cabe preguntarse porque razón el Gobierno ha adoptado esta iniciativa legislativa. A mi se me ocurren dos explicaciones.

La primera: por mero voluntarismo político en la ingenua y falaz creencia de que es posible modelar la sociedad a golpe de ley.

La segunda: por cinismo. Me explico; cabe pensar que lo que persigue el Gobierno es quitar las ganas a la gente de reclamar. Si para reclamar 6000 euros o menos debes seguir una mediación previa con la posibilidad de que ello cueste dinero, seguramente mucha gente se lo pensará dos veces. Estas reclamaciones de escasa cuantía rallan en lo antieconómico por lo que bastará con algún obstáculo adicional para definitivamente desincentivar a muchos potenciales usuarios de la justicia. La medida en sí no me parece mal. Puedo entender que el erario público tiene un límite en los servicios públicos que puede prestar, en especial, en tiempo de crisis. Lo que me parece mal son las formas. Que no se nos engañe con discursos edulcorados, que se nos diga a las claras que una justicia universal y gratuita es insostenible, que quien quiera justicia para temas de escasa importancia deberá pagarla.   Lo que sucede es que falta talla en los políticos españoles. Falta el coraje necesario para adoptar medidas impopulares de manera abierta e indisimulada.

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