Canarias, ¿infierno fiscal?

Tanta noticia caribeña satura. Tiempo habrá, antes de que acabe el año, de hablar del acuerdo multilateral de información tributaria que han firmado la gran mayoría de territorios y jurisdicciones que tradicionalmente se venían considerando –algunos de ellos vulgarmente, como Suiza, que nunca lo fue- como paraísos fiscales, coadyuvados por el gobierno americano.

Curiosamente, dos plazas que se debatían entre salir del lado oscuro o permanecer en la opacidad, eran Panamá y Bahamas. La primera de ellas –cui prodest?- ya no tiene más remedio que ir al redil de los países colaboradores. Veremos cuánto tiempo pasa para que la segunda haga lo propio.

El acuerdo en ciernes –conocido como CRS por su acrónimo en inglés- ha dado lugar a algún reciente cambio en la LGT que, probablemente, obligará a dotar de un formulario específico que se aprobará en los próximos meses. Entonces, será buen momento para hablar de los papeles de Panamá, con bastante mejor conocimiento que el que han demostrado ahora algunos comentaristas.

Prefiero, por ahora, centrarme en territorios más cercanos. A la Península Ibérica la rodean varias zonas fiscales opacas. Lo fue, hasta 2010, Andorra. Tenemos al lado a Madeira. Lo sigue siendo -¿hasta cuándo?- Gibraltar. Por no hablar de Marruecos. ¿En qué situación quedan entonces las islas Canarias? Ahí vamos a centrarnos.

Las islas afortunadas arrastran dos tipos de impedimentos naturales que les deberían permitir ser un territorio con una fiscalidad bondadosa. En efecto, a la propia circunstancia de la insularidad se une una lejanía física que sitúa a sus ciudadanos en una situación nada comparable a las facilidades –económicas, de abastecimiento, de tiempo…- a las del resto de compatriotas.

De ahí se deriva que Canarias no sea territorio aduanero comunitario y, derivado de lo anterior, que se sustituya el IVA por un impuesto indirecto con unos tipos más laxos. ¿Y qué ocurre en la imposición directa? ¿Existe alguna ventaja en el IRPF o en el IS por ser residente fiscal en alguna de las preciosas islas canarias? Indudablemente. Pero se trata de una normativa de no fácil comprensión, que obliga a complejos cálculos y que, para postre, se encuentra sometida a unas interpretaciones judiciales tan mezquinas que ponen de los nervios a los profesionales de aquellas tierras. Vamos, todo un infierno fiscal.

Hace unas pocas semanas lo viví en primera persona. Tuve la suerte de participar en un curso en el que intervenía un intelectual de la talla de Salvador Miranda quien, además de un ilustrado, es el director de la Cátedra que la Universidad de las Palmas ha creado para el estudio de uno de esos beneficios fiscales: la reserva para inversiones en Canarias –la RIC-, regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, reguladora del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en 18 prolijos apartados.

Las disquisiciones acerca los beneficios fiscales canarios son tantas que parecen obra del profesor Erno Rubik, siendo clara muestra de ello que un aspecto tan concreto como las vicisitudes de la actividad de arrendamiento de inmuebles diera espacio para un libro entero, que publicó el citado autor el año pasado y que tuve el placer de prologar.

El último episodio de esta situación de incertidumbre del régimen fiscal canario lo ilustra magistralmente el profesor Sánchez Blázquez, y se sitúa en torno al momento en que se entiende que se inicia el cómputo para efectuar la reinversión exigida para la aplicación de la RIC.

La cuestión se resume en que, partiendo de una situación absolutamente pacífica en la praxis, en la que tanto Hacienda como los ciudadanos venían entendiendo que el plazo de tres años para la materialización de la dotación contable de la RIC para los empresarios o profesionales contribuyentes del IRPF se debía computar –de forma idéntica a los contribuyentes por IS- desde el momento del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se aplica formalmente el beneficio fiscal, que suele ser el siguiente a aquel a cargo de cuyos beneficios se dotaba la RIC, el Tribunal Supremo ha acabado dictando dos resoluciones –el 12 de diciembre de 2012 y el 3 de marzo de 2014- en las que parece llegar a la conclusión contraria: la materialización se debe realizar en tres años desde el momento de devengo del IRPF correspondiente al ejercicio en que se produjeron los beneficios que dieron lugar a la dotación de la RIC.

Esto no sería más que un craso error generalizado -¡ya es raro que contribuyentes y AEAT lleguen a idéntica conclusión en beneficio del particular¡- si no fuera porque los dictámenes a tal respecto que hace el Alto Tribunal se producen en aspectos colaterales a la ratio decidendi de esos fallos. Es decir, son obiter dicta.

Pero, claro, los efectos no se han hecho esperar y, tras estos dos pronunciamientos, la AEAT ha procedido a cambiar su tradicional postura aplicando el nuevo criterio, y con efectos retroactivos a ejercicios anteriores a las sentencias, con un resultado demoledor para el pobre incauto que postergó la reinversión.

Dicho lo cual, me hago un planteamiento radical: ¿no sería más lógico concederle a tan bello archipiélago un estatus fiscal privilegiado? Unos tipos de gravamen súper reducidos, por ejemplo. Así los ministros de la zona no tendrán que cruzar el Atlántico para llevarse sus ahorros y, de paso, les impedimos que “se vean obligados” a defraudar.

Agradezco a Estrella, Enrique, Gonzalo, Paco y, va de suyo, a Salvador y familia, su cálida acogida.

Publicado hoy en Iuris& Lex (elEconomista).

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