El dardo en el tributo VI y una de zascas

Supongo que, en ese ánimo que va convirtiéndose en habitual en la Real Academia de aceptar usos vulgares del castellano –“iros” todos a la porra, deben pensar los académicos-, la interjección “zasca” será parte integrante del acervo del español en breve plazo, con la definición de “respuesta contundente, muchas veces irónicas, a una opinión o apreciación”.

El uso de los “zascas” resulta habitual en las redes sociales, y merece el elogio colectivo cuando la respuesta es inmediata, contundente, graciosa y en pocos caracteres. Especialmente virtuosos son los que fecunda la aplicación Twitter, pues en ella el número de letras está apriorísticamente limitado a 140.

En mi caso, disfruto especialmente de ellos cuando la respuesta a un desmán administrativo la efectúa la propia administración. Muestra de ello es la resolución del TEAC de 17 de marzo de 2016, en la que este órgano administrativo le reprocha a la administración su actuación de esta manera -FJ5º-: “las resoluciones del TEAC y consultas de la DGT citadas, son todas anteriores a la fecha del acuerdo por el que se deniega la solicitud de devolución, por lo que la oficina gestora contaba con elementos de juicio suficientes, basados en los criterios interpretativos de las normas emanados de los órganos consultivos y revisores, para, a la vista del escrito presentado, saber que lo que pretende la entidad es rectificar el IVA repercutido por haberse resuelto una compraventa (…). Resulta evidente que una modificación como la pretendida (…) difícilmente puede declarar prescrito (…). No es admisible que la Administración se limite a decir que ha prescrito el derecho a solicitar la devolución, sin hacer el más mínimo análisis de las circunstancias concurrentes y de si en efecto ha prescrito tal derecho, pues en ningún caso puede prescribir en 2006 un derecho que todavía no ha nacido en ese momento. Pero la Administración ni lo explica ni lo motiva suficientemente (…) no se están atendiendo debidamente los intereses de los obligados tributarios si se dan respuestas a sus solicitudes tan vagas”.

Las apreciaciones siguen en el FJ siguiente, pero para aquí para efectuar una pregunta retórica: ¿se entiende ahora porqué, en caso de aplicarse costas procesales en el ámbito económico-administrativo, también deberían afectar a la propia Administración?
Antológicas son las respuestas judiciales del magistrado Manuel Garzón, a quien le dediqué ya uno de mis columnas y a quien hoy debo mencionar de nuevo por su Voto Particular en una sentencia emitida por la Sala de lo contencioso-administrativo del TS del pasado 27/6, en la que se juzgaba la legalidad del nombramiento por parte del CGPJ del Presidente de un TSJ en ejecución de una sentencia anterior. Su opinión parte de la premisa de que las formas son o más importantes que el fondo y así le “llama la atención poderosamente el estilo utilizado por la resolución impugnada, en primer lugar, impropio de un órgano constitucional, después, para mí, con un aroma altanero, y cierto regusto de taberna”. A partir de ahí, el magistrado reprocha lo que le parece una deriva hacia la inmunidad del poder que “por un lado, en materia de control de discrecionalidad, nos retrotrae a las épocas en las que a pretexto de discrecionalidad la inmunidad de los actos de la Administración estaba consagrada. De otra parte, en punto a la ejecución de las sentencias, acepta su incumplimiento mediante la excusa de la interpretación difícil de la sentencia que se ejecuta, argumentación que al ser consagrada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo se convierte en especialmente dolorosa”. El lamento continúa: “Nada es para siempre, y menos en el ámbito de la discrecionalidad, pero situaciones como la contemplada en estos autos, en la que el propio autor del reglamento que dice autolimitarse, acaba potenciando y ampliando la discrecionalidad que pretende limitar y la exención de control de esos actos discrecionales, es algo que creía que ya no podía volver a suceder, y sin embargo, ha ocurrido. Que la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya consagrado esta actitud, claramente incardinable en el artículo 6.4º del Código Civil, resulta especialmente descorazonador.” Para concluir con la clásica cita de Cicerón, en respuesta al senador Catilina, paradigmática del enojo que producen las iniquidades del poder establecido.

Dejo los “zascas” a un lado para traspasar el umbral de los dardos tributarios, que si bien no conllevan perjuicios económicos, sí suponen un claro reproche al mal uso de la lengua. Y digo umbral, y no dintel, porque a pesar de que el último término resulta más eufónico tras el dintel lo único que hay es la pared, y el error ortográfico es un golpe morrocotudo. Y digo perjuicios económicos, y no prejuicios, porque estos se basan en una opinión previa desfavorable que, de provenir de la Administración, puede dar lugar al delito de prevaricación. Dichos términos, dintel y prejuicio económico, los utilizaron dos autores en un mismo número -del marzo pasado- de una conocida revista técnica tributaria. Un falso cultismo y un lapsus, ambos claramente perdonables. Feliz regreso a la oficina.

Publicado el viernes pasado, 8 de septiembre de 2017, en Iuris & Lex -elEconomista-.

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