Carta abierta al Director General

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Querido Jesús, nos hemos saludado y espero hacerlo más en lo sucesivo. Fue en un acto en recuerdo de nuestra querida Isabel, en la RAJYL, aunque como recibías atentamente a todo el que cruzaba el umbral del salón de actos, entiendo que no me recordarás. Te conozco por múltiples referencias, todas inmejorables, desde el mundo universitario hasta la AEDAF, donde se te tiene un gran aprecio.

Con tu nombramiento como DG de la AEAT pasas a comandar, si me permites el símil, el Lado Oscuro de la Fuerza, por lo que voy dedicarte unas líneas que no debes tomar como panegírico ni como una diatriba, sino como la sensación de un profesional cualquiera del sector, a modo de contrarréplica al comentario en tu blog sobre la Declaración que en Granada firmaron 30 catedráticos, denunciando la cada vez más palpable condición de súbditos a la que nos vemos reducidos los contribuyentes.

Hablas, primero, de utilizar mecanismos de buena regulación ex ante y ex post a la culminación de proyectos legislativos. Te pondré un ejemplo reciente de alta cocina legislativa: los reglamentos de desarrollo de la LGT que ha acabado impugnando la AEDAF, entraron en trámite de Observaciones en plena época impositiva –julio pasado-, lo que dio lugar a múltiples alegaciones a los respectivos proyectos. La AEDAF no recibió contestación ni se tuvo en cuenta ninguno de sus comentarios, aunque algunos coincidieran con la opinión del Consejo de Estado, que tampoco se tuvo en cuenta en varios supuestos. El rodillo parlamentario actuó y, para colmo de males, los reglamentos acabaron publicándose sorpresivamente un sábado con vigencia al lunes siguiente, sin haberse sabido nada de ellos desde el anterior verano, y estando en vigor un precepto de la Ley 40/15 que precisamente coadyuva a establecer una vacatio razonable para normas de gran calado.

Con ello quiero transmitirte que el ciudadano anhela una buena regulación, pero sabido es que los proyectos de leyes, reglamentos y órdenes parten de la misma cocina –la DGT- que impone la salsa a todos los comensales, sean celíacos, alérgicos o veganos. El “para el caso que me ibas a hacer” del que hablas es una penosa realidad de la que hay que partir para afrontar un cambio, de modo que la participación pública no sea la mera formalidad con que es tratada actualmente. Tendremos un gran terreno ganado en la percepción pública.

La propuesta de publicar las Observaciones y sus contestaciones es magnífica, pero solo te diré que, en los procedimientos judiciales iniciados frente a dichos reglamentos, la SEH ha llegado al punto de extraer del expediente todos esos trámites prelegislativos, intentando coartar la información al recurrente y al TS, con evidente mala fe.

Más adelante hablas de una armonización del ¿sistema? tributario y una gran reducción de incentivos fiscales para llegar a impuestos casi planos, esto es, que no privilegien unos sectores económicos frente a otros. Me parece un planteamiento óptimo teóricamente pero, ¿qué gobierno no cae en la tentación de contentar a sus votantes naturales y potenciales? ¿se eliminará por fin el indeseable y perenne régimen de módulos?

Seguidamente consideras que las cuestiones semánticas no deben verse como detonantes de un cambio en la situación del contribuyente, ahora obligado tributario. Te recuerdo que al antiguo ciudadano de la Ley 30/92 ahora se le llama asépticamente “persona” en la L39/15. Al deudor tributario se le trata como defraudador –como bien sabe un fugaz ministro del Gabinete actual-… y así todo. Y, por supuesto, el último eslabón de la cadena del fraude está en unos asesores fiscales anatemizados como colectivo cuando, en realidad, en su gran mayoría actúan como colaboradores -¡imprescindibles!- para la gestión impositiva.

Consideras, por demás, un anacronismo el sistema de liquidación administrativa anterior al 78, obviando que rige actualmente en países muy cercanos, como Portugal, Italia, Francia. En España, la indolencia del ciudadano ante los abusos de la administración ha llegado al punto de que el verdadero sujeto activo de la relación tributaria es él. Quizás la clave estaría en que la administración facilitara el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante mecanismos informáticos que permitieran al ciudadano visualizar los datos que de él dispone el fisco. Hasta ahora, la AEAT exige mucha información, pero no “suelta” ninguna, a salvo los datos fiscales básicos para hacer la Renta. El perfil del contribuyente debería ser accesible integralmente a éste, y no jugar al gato y al ratón para, a la primera que el ciudadano yerra, sancionarle con un automatismo que llega al paroxismo, si se me permite la aliteración.

Para acabar, patrocinas reforzar nuestra presencia en Europa. Supongo que te refieres a algo que no sean procedimientos de infracción, pues en eso somos los campeones comunitarios hasta el punto de que, habiéndosenos condenado por tener un ISD para no residentes contrario al derecho europeo, el legislador patrio es capaz de adaptar la normativa vulneradora ¡volviendo a incumplir la misma libertad e iniciándose un nuevo procedimiento de infracción!

Mejorando estas cuestiones, quizás los españoles dejemos de considerar que el primer defraudador del país es el propio Estado y, con el tiempo, ello tendrá su reflejo en una sociedad menos permeable a la picardía. Pero, como habrás visto, ello exigiría que se le diera un giro copernicano al modus operandi actual de los poderes públicos. Mucho trabajo por delante. Mucha suerte.

Publicado el 13 de julio de 2018 en Iuris & Lex -elEconomista-.

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