¡Deje de reírse!

Vaya por delante lo obvio, tan protocolario como sincero: hoy, 1 de enero, Año Nuevo, mis mejores deseos son para todos y cada uno de los numerosos miembros de la “familia” de FISCALBLOG: sus autores y, por supuesto, sus lectores/seguidores (crecientes, por cierto).

Estas fechas, como es bien sabido, tienen una diferente lectura según quién lea la partitura. Pero, mal que bien, no somos pocos a los que nos genera un efecto agridulce: alegría por esos momentos compartidos con los seres queridos (presentes), y tristeza (contenida, pero no menos sentida) por los ausentes… Esa tristeza, tampoco es raro que, a su vez, nos cause un efecto nostálgico, echando mano de un retrovisor mediante el que añoramos algunas etapas de nuestra vida pues, aunque no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor, el mirar hacia atrás siempre tiene cierto magnetismo.

Y es así como en ese ejercicio retrospectivo me he remontado a mediados de la década de los 80, cuando inicié mis estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca. La carrera, tal y como entonces estaba configurada, empezaba con trazos gruesos: Historia del Derecho (tan sana), Derecho Natural (tan tostón entonces, tan apasionante hoy), Romano (¡qué grande!), y Político (de tan enormes principios que uno se perdía).

En el temario de Dº Político, entre muchas otras cosas, en sus dos cursos (1º y 2º de carrera) se abordaba el estudio de la Constitución (CE). Escribo hoy, cuando la Constitución acaba de cumplir su cuadragésimo aniversario, pero la estudié cuando no contaba ni con su primera década de vida… Entonces, todo lo que allí se exponía parecía tan obvio como básico. Desde mi tan particular como subjetiva perspectiva, uno de los pilares fundamentales de la CE (sino el único) es su impresionante artículo 9, creo que -en el fondo- todo está ahí condensado, de un modo u otro:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Este texto, engarzado con los apartados 1 y 2 del primer artículo, aglutina el poso de miles de años de lucha por la dignificación del individuo frente al poder, causa en la que fueron miles, millones de personas (especialmente en suelo europeo) las que perdieron su vida en pos de esos ideales, en la procura de que pasaran del mero mundo de las ideas a la realidad:

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

¿Qué más se puede, qué más se debe decir? Bueno, a fuer de ser sincero en esa mirada nostálgica de hoy -Año Nuevo-, hay mucho que decir, sobre todo de la decepción, del sabor amargo que produce el constatar -un día sí y otro también- que estas grandes palabras, estos grandes principios solemnemente proclamados en nuestra Ley Fundamental se pisotean, se escupen, se desprecian…, y ¡muchas veces! todo ello, precisamente, desde las instituciones públicas que son las llamadas a preservarlos y garantizarlos. Duele, pero es así.

Paradigma de ello -¡una vez más!- ha sido el reciente episodio atinente al demoledor Dictamen de la Comisión Europea relativo al simpar modelo 720.

Lo primero, tan placentero como obligado: todo mi público, sincero y afectuoso agradecimiento a dos genuinos quijotes contemporáneos. Alejandro del Campo y Esaú Alarcón (tanto monta, monta tanto) son los dos héroes a los que la sociedad -siempre tan adormecida como perezosa- debería rendir todo su reconocimiento público. Sus fuertes convicciones cívicas, tan intelectuales como fácticas, les han llevado a la acción, haciendo gala de una estrategia tan audaz como efectiva. Por todo ello son dignos acreedores de una enorme gratitud. No exagero si digo que, en cada pueblo, en cada villa debería dedicárseles una calle o una plaza. Su mérito es mayúsculo.

Son ellos, en solitario y más por amor al arte que a lo material, los que protagonizan en solitario esta desigual batalla entre David y Goliat. Goliat, aquí bajo la forma de Leviatán, se revolvió desde el minuto cero contra toda crítica al modelo 720 y a la pesadilla que lo rodea. Mucho se ha escrito ya sobre ello (también, por supuesto, aquí en Fiscalblog), y no voy ahora a abundar en ello…

Lo novedoso es lo que ahora ha acontecido. Que el Dictamen -durísimo, sin paliativos- emitido por la Comisión de la UE en febrero/2017 (como reacción a la denuncia presentada por Alejandro cuatro años antes), se haya mantenido en secreto por el Gobierno español -con la incomprensible connivencia de la UE- durante casi dos años… 22 meses son los transcurridos desde que el Dictamen tuvo entrada en la Representación Permanente de España en la UE hasta que el Gobierno español lo ha divulgado. Divulgación, obvio es decirlo, que no fue ni espontánea ni voluntaria, sino forzada por la Audiencia Nacional en un proceso judicial en el que -debidamente espoleado por Esaú- ese Dictamen se ha traído como elemento de prueba en favor de los intereses del recurrente, un contribuyente al que la AEAT le exige más del 100% de sus ahorros ubicados en el extranjero.

Varias son las reflexiones que este lamentable episodio me suscita; apunto a vuelapluma las más relevantes:

-. Que el Gobierno español (“ocupado” por dos colores políticos distintos) oculte ese Dictamen durante tan dilatado período dice mucho -¡todo!- acerca de cuáles son sus auténticos genes en materia de transparencia (tan cacareada mediáticamente para lo que interesa).

-. Que la Agencia Tributaria (AEAT) haya seguido incoando expedientes sancionadores durante estos largos 22 meses, a sabiendas de que la Comisión Europea imputaba a España gravísimas acusaciones sobre violaciones de libertades comunitarias, deja en un muy mal lugar las pretensiones de aquella para avanzar en la tan manida relación cooperativa (que, buena fe al margen, creo que bebe de ese “buenismo” que hoy todo lo inunda).

-. Que esa misma AEAT se haya opuesto -cuando así se le pedía expresamente con fundamento en el artículo 22.1.c) Ley 39/2015- siquiera a suspender la tramitación de los expedientes sancionadores, evidencia el obvio sesgo recaudatorio que mueve su “modus operandi”.

-. Y que la mismísima UE se haya prestado (con el pretendido argumento de preservar un clima de confianza con España en aras de propiciar una solución amistosa) a colaborar en esa tan dilatada como impresentable ocultación del Dictamen, alberga la suspicacia de que ese “secretismo” (al igual -por cierto- que la ausencia de denuncia a España ante el TJUE) ha sido la moneda de cambio de alguna sigilosa negociación comunitaria en los “pasillos” de Bruselas… Entre bambalinas, de espaldas a la sociedad, como antes de la Revolución Francesa: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Muy edificante.

Todo ello, en fin, no hace sino ratificarme en una profunda convicción: la democracia, en contra de lo que se nos pretende vender, no es sólo acudir a las urnas cada X años en cuadriplicadas citas electorales: europeas, nacionales, autonómicas y locales. Es más, si me apuran, el proceso electoral -al menos en lo que a mí respecta- no merece ser considerado como lo más relevante en un régimen genuinamente respetuoso con la ciudadanía (conceptuada ésta en esa triple faceta -civil, política y social- de la que, ya en 1949, T.H. Marshall hablaba en su “Ciudadanía y clase social”).

No. Para mí, la auténtica, la genuina democracia germina, necesariamente, en la libertad individual y ésta, entre muchas otras cosas, supone que las instituciones públicas deben velar por la preservación de la esfera individual de actuación. Y eso, es algo mucho más relevante que la política presupuestaria o que el interés general (que, recordemos, no es más que la mera suma de millones de intereses individuales).

Afirmaba Víctor Lapuente recientemente que “las libertades políticas, civiles y sociales no corren peligro en España. Como mínimo, a corto-medio plazo. La protección de los derechos fundamentales no depende de las estructuras físicas del Gobierno tanto como de las infraestructuras mentales de los ciudadanos. La sociedad española reaccionaría  frente a cualquier intento abrupto de socavar las libertades” (El País, 18/12/2018). Ya me gustaría compartir ese desenfrenado optimismo, cuando lo cierto es que la principal amenaza para esas libertades anida, precisamente, en algunas de las instituciones llamadas a defenderla, en ese mismo Gobierno que oculta a sus ciudadanos (a los que maltrata como súbditos) un informe (léase Dictamen) que avergonzaría a cualquier demócrata de verdad.

El problema, el auténtico drama es que la sociedad española está amodorrada en los brazos de un nuevo Morfeo, el Estado del bienestar que, abrazando el Derecho de la crisis (que no es más que la crisis del Derecho), viste de sueño lo que es una auténtica pesadilla: nuestra libertad a cambio de la despreocupada subsistencia (aunque esa pesadilla quizá no sea tal si, como valientemente apunta el filósofo Antonio Fornés, “frente a lo que pueda parecer, no nos gusta en absoluto ser libres, queremos que otros tomen las decisiones por nosotros, porque la mayor preocupación del hombre es buscar a alguien que le esclavice a cambio de seguridad, dinero y doctrina. Ser libre, implica ser responsables únicos de nuestras elecciones y eso, además de ser muy cansado, luego no tenemos a nadie a quien protestar ni quejarnos…”; La Vanguardia, 14/12/2018).

Sea como fuere, la cuestión es que, como bien decía hace apenas unos días mi querido Esaú, esas instituciones “deben saber que siempre -repito, siempre- encontrarán a unos cuantos que nos dejaremos la piel en defender los intereses de las personas afectadas por una estructura que no vela por el interés general sino por el interés recaudatorio, que fomenta la creación de leyes que socaven las sentencias de los tribunales que les perjudican, que educa a sus funcionarios en la comisión de anomalías procesales para llegar a sus objetivos liquidatorios y que, en fin, hace ya unos años bauticé como el Estado defraudador. Frente a estas prácticas, siempre me tendrán” (Crónica Global/El Español, 17/12/2018).

Y es que, tal y como Tom Hanks (el mismo que aquí arriba aparece en su versión “animada” de la navideña “Polar Express”) señalaba en “El puente de los espías”, “¿qué nos hace libres? Una sola cosa. Una, una, una. Las reglas. Se llaman Constitución, son normas que acordamos, y nos hacen libres; es lo que nos une. Así que no me diga que no hay reglas. Y deje de reírse, ¡maldito hijo de puta!”. Pues eso.

Que tengan un muy feliz 2019.

#ciudadaNOsúbdito

5 pensamientos en “¡Deje de reírse!

  1. Roberto Premier

    En efecto, muy grandes Esaú y Alejandro. Pero te olvidas, querido Javier, del equipo de trabajo de la AEDAF que preparó la queja ante la Comisión Europea, que estuvo formado por su actual presidente José Ignacio Alemany, el insigne José Ramón Domínguez Rodicio, Ignacio Arráez, y sobre todo, Ainhoa de la Cuadra, que ya no está en la AEDAF pero que fue la que hizo el 90% del trabajo.

    Abrazo fuerte.

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    1. Javier Gómez Taboada Autor

      Muchas gracias, Roberto, «pero» no me he olvidado de la AEDAF (a la que te tanto aprecio y le debo).

      En este «post» se trataba de rendir homenaje a dos francotiradores contemporáneos que, a pecho descubierto, en nombre propio y con más conciencia cívica que interés económico, fueron pioneros en esta batalla.

      La AEDAF, cierto es, hizo un muy loable trabajo ante la UE (eso es incuestionable, y desde aquí vaya todo mi reconocimiento), pero lo cierto es que la primera denuncia -y eso y no otra cosa es lo que aquí pretendía destacar- fue la de Alejandro. Un ciudadano solitario y valiente.

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  2. F. Parejo

    Bravo. Puede decirse mas alto, pero no mas claro. Y gracias a Don Alejandro y a Don Esaú por la titanica batalla que luchan abriendo el camino no solo a sus clientes sino al resto de contribuyentes. Es una vergüenza la situacion politica que vivimos y la actuacion de las administraciones (en especial la tributaria) para con los ciudadanos. Hace mucho que pienso, por desgracia, que en este pais no hay democracia real, existe una tecnocracia en favor de unos pocos. Un abrazo compañeros y gracias por escribir en este blog. Os leo con asiduidad 🙂 Feliz año.

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  3. Esaú Alarcón García

    Por la parte que me toca, muchas gracias por las loas. Como no puede ser de otra manera, comparto la apreciación de Roberto con relación al papel que en ese momento – y subrayo la apreciación temporal- adoptó la AEDAF y, concretamente, el grupo de trabajo del modelo 720 que elaboró varios documentos y la denuncia. Como bien sabéis, en aquella época yo pertenecía a la Sección de IRPF encabezada por José Ramón Domínguez Rodicio quien, además de ser un profesional irreprochable, un gran coordinador y mejor persona, nos tenía puntualmente informados de los trabajos de dicho grupo e, ítem más, tuve el placer de formar parte junto a él del grupo de trabajo previo, el de la DTE, que también hizo una gran labor para los asociados, según mi opinión.

    De todas maneras, como indica Javier, el presente «momento procesal» se refiere a un procedimiento judicial en marcha, extramuros de lo comentado, en el que tras una lucha titánica contra los elementos, hemos conseguido información esencial para el devenir de los acontecimientos. Además, es sin duda de agradecer la encomiable labor de Alejandro del Campo, quien en efecto fue el que inició las denuncias del régimen de la Ley 7/2012 ante las autoridades comunitarias y prueba de ello es que, al unificar todos los TAXUD del procedimiento de infracción, el número definitivo fue el de su denuncia.

    En cualquier caso, muchas gracias por todo.

    Esaú

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