Opúsculo (en dos actos) para un par de “ofendiditos”

ACTO PRIMERO

Se abre el telón y aparece en vídeo Antón Losada Trabada (que, amén de otras cosas, se autodefine como “Profesor de Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela”; y que, además, es mediáticamente conocido por su condición de “tertuliano” lo que, ya per se, le configura como alguien que sabe o debe saber de “todo”) a modo de busto parlante sobre el fondo de un soleado paisaje playero.

La grabación, de apenas 43´´ de duración (divulgada en Twitter), versa sobre la donación por Amancio Ortega de 90 millones de euros para que en Galicia se construyan 7 residencias de mayores. Demos, pues, la palabra al Sr. Losada:

-. “Yo sólo voy a daros unas cifras” (ergo, a priori, tal parecería que su intención no es opinar ni, por tanto, introducir valoraciones, sino limitarse a aportar datos para que sean los destinatarios del vídeo los que se hagan una composición de lugar y, a partir de ahí, formen su propia opinión. ¿Cumplirá su compromiso?).

-. “El año pasado, Amancio Ortega ingresó en dividendos más de 1.600 millones de euros. Pagó un 5%, unos 80 millones de euros”.

-. “Si hubiera pagado lo que Usted y yo pagamos por unas simples rentas de capital, debería haber pagado unos 320 millones de euros”.

-. “80 millones de euros, que ya ha pagado, más 90 millones de la donación, son 170 millones. Hasta 320 millones, según mis cuentas, Amancio Ortega aún nos debe 150 millones de euros”.

En un foro como éste, sería insultante que dedicáramos tiempo y esfuerzo a abundar en la mecánica de la deducción por doble imposición (ya sea la interna o internacional; ya sea la jurídica o la económica) que -lejos de lo que el Sr. Losada quizá interprete- nada tiene de “beneficio” fiscal y sí de técnica para evitar una del todo perniciosa sobreimposición limítrofe ya con la confiscación. Tampoco, entiendo, es éste el lugar idóneo para explayarnos sobre el régimen especial de las fundaciones (que, con mayor o menor acierto, procura alentar su función social), ni de las SICAVs (que fiscalmente es una herramienta de mero diferimiento) ni siquiera, si fuera el caso, de las SOCIMIs. Y no lo haré pese a tener la sospecha (léase causiconvicción) de que la clave del relato del vídeo parte de una premisa errónea que se focaliza en lo que el Sr. Losada -en un alarde de sinceridad- define como “según mis cuentas” (sus cuentas, claro, quizá no sean “las” cuentas; matiz éste del todo relevante para el asunto que aquí nos ocupa).

Sea como fuere, la cuestión que el Sr. Losada pone encima de la mesa es de otro calibre, de otra naturaleza, de otro nivel (no seré yo quien diga si más elevado o no que los esbozados en el anterior párrafo, eso se lo brindo a Ustedes, apreciados lectores). El Sr. Losada, desde su tribuna pública, lo que hace es emitir una “denuncia” que, a su vez, le conduce a un veredicto de culpabilidad: “Amancio Ortega (aún) nos debe 150 millones”.

En este escenario, de una tan inmensa como peligrosa simpleza, sólo caben dos escenarios alternativos y, por ende, del todo excluyentes:

1-. Que lo que el Sr. Losada afirma sea cierto; es decir, y por ser claro: que con la Ley (sí, con mayúscula, pues ésta -y no otra- es la herramienta legislativa que, con tal rango, emana del Parlamento; volveré después sobre ello) en la mano, y -extremo éste de una enorme relevancia- con las pruebas que -va de suyo- el denunciante debe tener en su poder (si no, ¿a santo de qué la denuncia y más aún la condena?), sea palmario que Amancio Ortega ha dejado de pagar (¿qué otra cosa quiere decir ese “nos debe”?) 150 millones de euros. Si ése es el caso -me malicio que va a ser que no- el Sr. Losada se ha equivocado de ventanilla para presentar su denuncia.

La ventanilla “ad hoc” para estos casos no es el ventilador de Twitter y/o cualquier otra red social donde procurar el linchamiento social en esta postmoderna y virtual plaza pública. No. Si el escenario fuera el hipotéticamente aquí expuesto, Sr. Losada, Usted -como ciudadano en el pleno ejercicio de sus derechos e, incluso, cumpliendo un deber cívico- debería presentar tal denuncia ante la propia Agencia Tributaria (AEAT), que hasta tiene un formulario estándar para hacerlo, o -en su defecto- ante el Juzgado. Ésa es la vía. En otro caso, lo que habría hecho serían meros fuegos artificiales para mayor gloria de su mediática exposición.

2-. Que el Sr. Losada, en contra de lo que dice afirmar, no crea que Amancio Ortega haya  dejado de pagar nada ni que, por tanto, nos “deba” nada. De ser éste el caso, también yerraría en su quejío pues lo que, en puridad, y bajo la apariencia de mediático reproche al creador de miles de puestos de trabajo, se escondería es que a Antón Losada lo que no le gusta es lo que dice la Ley.

De ser así -y éste creo que es el caso-, me llama aún más poderosamente la atención su puesta en escena, pues su condición de Profesor de Políticas -ya por encima de cualquier otra de sus facetas personales- le supone sabedor de que las Leyes (sí, otra vez con mayúscula) emanan de la soberanía popular que, como bien debería saber, está representada en el Parlamento (Congreso + Senado). Ergo en tal supuesto, su “culpable” a llevar a la plaza pública no es el Sr. Ortega, si no los parlamentarios que -en la siempre personal y subjetiva interpretación del Sr. Losada- nos habrían dado a los españoles un sistema fiscal injusto, desequilibrado y -siempre según “sus cuentas”– hasta regresivo. Así se desprende, por ejemplo, de las enseñanzas de Calamadrei cuando pedagógicamente señala que “todas las valoraciones de oportunidad, la diagnosis de los diversos factores sociales de los que el derecho es efecto, resulta desplazada (…) al legislador: ese complejo de fuerzas en perpetuo afán que constituye la vida política de un pueblo, desemboca y converge en los órganos legislativos” (“Sin legalidad, no hay libertad”; Trotta, 2016).

Obsérvese, pues, que en cualquiera de los dos escenarios (excluyentes, por intrínsecamente alternativos), el Sr. Losada yerra gravemente en su mensaje: en uno, por tomar una vía equivocada; en el otro por errar en la identificación del sujeto acreedor de su reproche. Y es que no quiero pensar que el leitmotiv de su vídeo sea el linchamiento social per se; es decir: adoptar el papel de un Robin Hood contemporáneo que, unilateral e ilegalmente, se erige en una suerte de justiciero para reclamar a uno lo que considera que es de todos.

Mire, Sr. Losada, como precisamente Usted bien debería saber, todo esto ya hace tiempo que las sociedades civilizadas lo han resuelto de un modo pacífico. Créame que me duele decírselo, siendo Ud profesor de Políticas, pero ya en su día Locke (“Two Treatises of Civil Government”) afirmó que “la libertad del hombre en sociedad está en no situarse sino bajo un poder legislativo establecido por el consentimiento de la comunidad”. Y, en esa misma línea, también Rousseau (“Discours sur l´Economie politique”): “¿Por qué arte inconcebible ha podido encontrarse el medio de sujetar a los hombres para hacerles libres? ¿… de encadenar su voluntad por su propio deseo? ¿Cómo puede hacerse que los hombres obedezcan y que nadie mande, que sirvan y no tengan dueño, tanto más libres, en efecto, cuanto que, bajo una aparente sujeción, nadie pierde su libertad más que en lo que pueda perjudicar a la de los otros? Estos prodigios son obra de la ley. Es sólo a la ley a quien los hombres deben la justicia y la libertad. Es este órgano salvífico de la voluntad de todos el que restablece en el derecho la igualdad natural entre los hombres”.

Al fin y al cabo, esto y no otra cosa es lo que acaba de proclamar con una exquisita sencillez -en la misma línea de Calamandrei- Fernando Savater cuando afirma, simple y llanamente, que “la única forma de defender la libertad individual es un Estado de derecho” (El País, 15/9/2019). Lo otro, Sr. Losada, es -literalmente- “echarse al monte”, bien pertrechado, eso sí, de una demagogia de ínfima calidad.

ACTO SEGUNDO

Se abre el telón y aparece mi -hasta hoy- último “soliloquio tributario”, publicado el pasado 15/9 bajo el título de “Del «basta ya´´ al «apaga y vámonos´´”. Unos días después, lo “cuelgo” en Linkedin, donde -en apenas un rato- aparece un comentario suscrito por Francisco Estrada Millán (autoidentificado en esta red social como Inspector de Hacienda del Estado) del siguiente tenor literal (del todo ofendido, obvio es decirlo):

“Lamento discrepar. Lo que dice este señor es radical y rotundamente falso. Si se paga la deuda tributaria – que, frente a lo que dice, está vencida, es líquida y exigible – se extingue la responsabilidad, por lo que no puede haber ningún tipo de actuación ulterior, salvo en lo que se refiere a la sanción, si se desestimara la reclamación, pero hasta entonces ni siquiera tendría que garantizarse. Si al final se le da la razón, además habrá hecho una buena inversión, ya que los intereses que recibirá por la devolución de cuota e intereses no los obtendría de ninguna institución financiera. Así que lo que ha contado no es que no sea increíble, sencillamente no es creíble. A menos, claro está, que no haya pagado la deuda y él piense que sí lo ha hecho”.

Esta observación -para mí una genuina pata de banco- conlleva, a su vez, mi propia respuesta:

“Quiero pensar que Ud no es del todo consciente de lo que afirma: aunque le cueste creerlo (de ahí que no le parezca «creíble»), la institución pública en la que Ud trabaja comete ilegalidades (no diré que dolosamente), y prueba de ello es que los TEAs ya estiman los recursos de los contribuyentes frente a las actuaciones de la AEAT en un % superior al 40%. Así las cosas, si tanto le indigna el caso (no de laboratorio) que relato, ahórrese el imputarme falsedades y «hágaselo mirar». Hablo de un caso 100% real, de una medida cautelar adoptada tras el pago de la deuda tributaria y la impugnación de la sanción. Entiendo que no le guste, pero es lo que hay…”

A lo que el Sr. Estrada contesta que

“Pues si es así, lo que puede haber sido un error, no disculpable, no tiene más que acreditar que la deuda se ha pagado, y ya verá como se levanta la medida cautelar”.

Por mi parte, me reafirmo en los siguientes términos:

“Varias cosas:

1.- No veo que se disculpe por imputarme (públicamente) una falsedad.

2.- No descarto que sea un error (aunque tampoco es la primera vez que en mi ejercicio profesional me topo con esta peculiar «praxis», tal y como relato en el propio «soliloquio»), pero lo cierto es que la AEAT conoce en detalle el caso desde hace varias semanas y, a día de hoy, todavía no ha levantado la medida cautelar. Veremos…

3.- Le sugiero que, en el futuro, sea más crédulo con los fenómenos «paranormales» de los que los asesores fiscales somos testigos. La AEAT emite millones de actos administrativos al año, y ahí -como en botica- hay de todo.

4.- En adelante, espero que se relacione con algo de respeto cuando interactúe con los profesionales que día a día nos relacionamos con la Administración Tributaria. Todo ello en aras de las buenas maneras y el respeto. Lo contrario no ayuda a mantener una relación pacífica y fructífera; más bien, todo lo contrario”.

A día de hoy, y pese a mediar una brillante intervención de Esaú Alarcón en sentido análogo a la mía, lo cierto es que el indignado Sr. Estrada se mantiene silente. Sean, pues, Ustedes bienvenidos al ambiente del todo propicio a la tan manida “relación cooperativa”.

En fin, que así están las cosas.

#ciudadaNOsúbdito

 

 

4 pensamientos en “Opúsculo (en dos actos) para un par de “ofendiditos”

  1. JR

    Sobre el profesor de políticas y sobre el inspector de hacienda, viene al caso aquello de «el hábito no hace al monje», o en su versión clásica » la barba no hace al filósofo». Soy capaz de soportar la ignorancia pero no cuando se ejerce desde el púlpito de la soberbia ( mas bien vanidad) o cuando no se sostiene en un mínimo esfuerzo de comprobación y reflexión.
    Un abrazo Javier, en tu caso, eres maestro sin barba y sin púlpito académico.

    Responder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.