¿Cuándo se jodió esto?

Vargas Llosa incluyó en su célebre “Conversación en la catedral” (1969) ese interrogante que hoy, con el paso de las décadas, ya ha adquirido vida propia: “¿cuándo se jodió el Perú?”. 

Tomo prestada, con el silente permiso de D. Mario, esa pregunta para aplicarla a lo aquí acontecido respecto a una institución tan clave como la Administración tributaria en general (con independencia del nivel territorial del que dependa), y la Agencia Tributaria (AEAT) en particular. 

Es evidente, y así lo asumimos, que la relación jurídico-tributaria, es decir, la mantenida entre el erario público y el colectivo de contribuyentes no es equitativa, sinalagmática de igual a igual, sino que tiene ingredientes propios de ésas en las que interactúan una potentior persona” (la AEAT) y el cuerpo social de sufragadores de lo público (ya sean personas físicas o jurídicas). Pero, de la mera constatación de esa evidencia, al estado actual de cosas en el que las potestades exorbitantes (DGT dixit) de la AEAT reducen al contribuyente a una condición de sumisión, va un trecho, un largo y árido camino. 

La reflexión no es menor y debe conectarse necesariamente con las aspiraciones individuales (y colectivas) de una sociedad insertada en un Estado de bienestar (que nunca debemos confundir con el bienestar del Estado) que, una vez sometido a un proceso de elefantiasis, provoca que el 74% de los españoles (frente al 54% de la UE; con el contraste del 38% en Holanda, tan calvinista siempre ella, así como ¿egoista?: «no hay ningún motivo serio para pensar que si nosotros fuéramos Holanda no nos comportaríamos de una forma tan insolidaria como se está comportando con nosotros»; Javier Cercas, «Whisky y putas») entienda que es el Estado (y no todos y cada uno de nosotros) el responsable principal a la hora de asegurar que la ciudadanía goce de un nivel de vida digno (https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/07/NdPpresentacioncrisiseconomica.pdf). 

De modo y manera que lo primero que debemos preguntarnos es si es “sano” y “aceptable” que una sociedad admita con normalidad un sensible y serio menoscabo de los derechos individuales (algunos de ellos, fundamentales) en aras de una cobertura social que incluso pueda llegar al extremo de poder inhibir el esfuerzo individual con las adecuadas dosis de subsidios. Entiéndaseme bien: me congratulo por la cobertura social, pero siempre con las cautelas y los mimbres necesarios para que no llegue al extremo de desincentivar la iniciativa individual, ni a generar agravios comparativos del todo perniciosos en aras del siempre deseable desarrollo social entendido como el mero sumatorio -en forma de economía de escala- de millones de vidas disfrutadas en libre plenitud. Lo contrario provocaría que esa «ayuda» (llámesele «paguita», «subsidio» o «renta») coadyuve a que se consume aquel temor de Tocqueville: que el Estado, sigilosamente, reduzca la sociedad a un mero rebaño de ovejas, siempre dóciles y sumisas.

Bien, sea como fuere: la cuestión es que a partir del estallido de la burbuja (si bien, no es menos cierto que el asunto ya traía algo de inercia desde antes) se apretó el acelerador de las prerrogativas administrativas con el consiguiente y correlativo detrimento del estatus jurídico del contribuyente (ya alias “paganini”). 

El asunto tiene muchas y numerosas aristas, pero así, a vuelapluma, me vienen a la cabeza las siguientes muestras de esta degradación cívica: 

-. La técnica de la retroacción de actuaciones que habilita volver, una y otra vez (criterio del Supremo mediante), sobre un asunto pese a que el contribuyente gane un pleito previo contra la Administración (de ahí esa célebre anécdota relatada por mi bienquerido Juan Martín Queralt del cliente que le pide a su asesor que “por favor, no me gane Usted más pleitos; cuantos más me gana, más le debo a Hacienda”). 

-. Las comprobaciones abreviadas que, sin embargo, no impiden -letra pequeña de por medio- la praxis administrativa de volver sobre ese mismo asunto con motivo de una futurible actuación de carácter general. 

-. Los dilatados plazos de devolución de cuotas a favor de los contribuyentes que, debidamente aderezados por requerimientos vacuos, provocan un préstamo sine die gratuito al Estado. 

-. La saturación de los TEAs y de las Salas jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrativo que provocan un efecto del todo distorsionador del elemento “tiempo” que ¡tantas veces! juega en contra del contribuyente, desincentivándole a la hora de defender sus legítimos intereses. 

-. La espada de Damocles de la presunción de validez (y la consiguiente ejecutividad) de la actuación administrativa, que conlleva la aplicación a los procedimientos tributarios de la política de hechos consumados. 

-. La posibilidad -del todo cierta- de que, una vez declarado inocente de un presunto delito fiscal por un Juzgado de lo Penal, la AEAT vuelva a la carga con las mismas pretensiones en la vía administrativa (y para quien lo dude, ahí está el “caso” Xabi Alonso que da debida cuenta de ello).  

-. La virtualidad de los pronunciamientos del Tribunal Supremo, pues sus criterios son desatendidos -no pocas veces- ya no por parte de la propia AEAT sino, también (incluso ya vigente el nuevo régimen nomofiláctico del recurso de casación), por instancias judiciales inferiores. 

-. Esa invetereda costumbre mediante la que el Ejecutivo pide auxilio al Legislativo a la hora de pasar por la derecha al Judicial y legitimar “ex post” numerosas praxis administrativas previamente declaradas tóxicas por éste. 

-. La ya asentada sensación (100% fiel a la realidad) de que las interpretaciones vertidas en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE quedan muy lejos como para que la Administración se sienta “concernida” por ellos… No hablo, obviamente, de sentencias mediante las que se declara que X normativa nacional vulnera Y disposiciones comunitarias; hablo de sentencias en las que se hacen interpretaciones que, pese a su obvio aspecto clarificador, son ignoradas en la praxis administrativa nacional. 

-. Ídem respecto a los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión de la UE. Paradigma de ello es el caso del diabólico 720 y todo lo que le rodea (mi homenaje público una vez más!- a Alejandro del Campo y Esaú Alarcón, por su quijotesca tarea en aras de la Justicia); siendo su paroxismo la negativa de la AEAT a suspender los procedimientos inspectores (incluyendo sanciones, ¡va de suyo!) ya mediando el dictamen de la Comisión y el anuncio de su denuncia ante el TJUE. ¿Y qué decir de esa “maniobra” de la AEAT ocultando el texto completo de tal dictamen hasta que la Audiencia Nacional -Esaú mediante- le obligó a mostrarlo con luz y taquígrafos¡Ay, si estuviéramos en un país normal…! 

Todo ello, obvio es decirlo, han sido jalones que han ido emponzoñando gravemente la relación entre el erario y el cuerpo social llamado a nutrir éste de recursos. 

Y, precisamente, en ésas estábamos cuando: 

-. Desde la AEAT se promueve la confección y adhesión a un “melífluo” y pretendidamente “flower power” Código de Buenas Prácticas (CBP); y 

-. En paralelo, se echa encima la trasposición de la maquiavélica DAC6. 

Todo ello, obviamente, acontecía en la anterior era geológica: la previa al pasado viernes 13 (¡qué guiño del destino! ¡un viernes 13 tenía que ser!) de marzo. 

Pero, ¡no se vayan todavía, que aún hay más! 

-. Recién declarado el estado de alarma, ya se vislumbró (algunos que son gurús, oigan) que el “generoso” aplazamiento concedido ex BOE del 13/3 apenas era una limosna, un castillo en la arena que pretendía hacer frente a la ola del tsunami que ya tenemos encima. 

-. Así las cosas, desde diversas instancias (ya fuera “solos o en compañía de otros”) se comenzó a pedir, oficial y públicamente, al Ministerio de Hacienda (y con él, y entre otros, a su Secretaría de Estado de Hacienda, a la DGT y a la Dirección de la AEAT) que reconsiderara su postura y acordara -en la línea de lo hecho por países de nuestro entorno, ya sean aliados y/o competidores- una moratoria tributaria tan generalizada como efectiva. 

-. Durante varios días (ni uno ni dos), al otro lado lo único que se escuchó fue el ruido de los grillos. 

-. Finalmente, llegó una respuesta del Director de la AEAT (vaya por delante que le honra el haber contestado), si bien su contenido, lejos de hacerse eco de las propuestas planteadas desde este lado de la mesa, venía a ser del tenor de algunas de las invocaciones del Presidente del Gobierno en algunos de sus “tuteados” (pues nos tutea, sí, sí; a mí, confieso, ¡me molesta! ¡mucho!) telediscursos semanales: no hay camas en las UCIs, pero… internet va como un tiro, hay comida en los supermercados y combustible en las gasolineras” (versión adaptada y no literal de una de sus primeras intervenciones; no vaya a ser que el vigilante de la «verdad» decida procesarme). Todo en orden, pues ¡circulen y no crispen al personal! 

-. también en ésas estábamos, ya dejándonos arrastrar por la corriente de esta crisis esférica (sanitaria, social, económica, política…), cuando la Ministra de Hacienda (en la terminología “boeniana” grande Leo, por ese inmenso descubrimiento!- su alias ya es el de la “persona titular del Ministerio de Hacienda”) nos agasajó con una de sus “perlas” en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 10/4: que las declaraciones tributarias “realmente puedan presentarla(s) en una fecha que vamos a declarar hasta el 20 de mayo, en cualquier caso lo informaremos en el Consejo de Ministros que se adopte, que será un Consejo de Ministros próximo. De la misma manera también vamos a permitir que los autónomos y pymes puedan renunciar temporalmente al sistema de módulos y tributar por el sistema de estimación directa. Insisto que (sic) el detalle de esa medida se podrá abordar en el futuro. Igual, alguna modificación respecto al impuesto de Sociedades. Insisto en que todas las medidas tributarias a las que ya se informó en parte al diálogo social fundamentalmente a los empresarios las iremos abordando en los próximo (sic) Consejo de Ministros”.  

Todos, pues, instalados en el modo “zen” mientras un vendaval ya recorre nuestras calles llevándose por delante nuestros respectivos medios de subsistencia: el taller mecánico, la panadería, la peluquería, el colegio, la tintorería, el instituto, la ferretería, el hotel, el restaurante, la discoteca, la zapatería, la fruteríala fábrica de piensos, la granja, la agencia de viajes, el concesionario de coches, mensajería y, hasta si me apuran, los encurtidos. Todos estamos juntos y revueltos en el sumidero por el que se está yendo a velocidad supersónica nuestro sustento..., pero la “persona titular del Ministerio de Hacienda” no lo ve así y considera oportuno que ya se irá viendo en los próximo (sic) Consejo de Ministros. ¡Qué bien! ¿no? 

-. Y, también, en ésas estábamos (o sea, ¡muy mal!, sin paliativo alguno; tanto los asesores -que, si me apuran, ya puestos, es casi lo de menos- como el grueso del tejido empresarial patriopor cierto, ¿se han fijado cuánto político apela ahora a nuestra condición de compatriotas de lo que se infiere -digo yo- que si todos tenemos una patria en común -eso es ser “compatriotas”, que compartimos patria ésta imagino que no será otra que ¿España? ¡qué cosas, oigan!) cuando llegamos al martes 14/4, fecha de un nuevo -¿ya van?, no lo sé; he perdido la cuenta- Consejo de Ministros en cuya rueda de prensa (que en mi casa vemos toda la familia, arremolinados en torno a la TV, presidida por un mantel de ganchillo sobre el que reposan un torero, una bailaora y un guardia civil; y que al final ovacionamos con un cerrado y marcial aplauso al más puro North Korea style) se nos indica lo siguiente (y transcribo literalmente la “referencia” facilitada por el propio Gobierno) 

“El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que permite prolongar el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos. La norma establece que estos colectivos no tendrán que presentar estos pagos tributarios en abril, como es habitual, sino que extiende el plazo un mes hasta el 20 de mayo para mitigar el impacto económico provocado por la crisis del COVID-19. 

En concreto, el decreto recoge que los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes al mes de abril. Es decir, podrán aplazar la presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF. En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes. 

De esta forma el Gobierno muestra su compromiso con pymes y autónomos, que conforman el grueso del tejido productivo de España. (…)  

Además, esta medida pretende dar un mayor margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en un momento de gran dificultad por los efectos de la emergencia sanitaria”. 

-. Ahí ya fue el “acabóse”. Hubo quienes, antes de hacerse el harakiri, dejaron escrita una nota confiando todo a la publicación de otro “búho” BOE en horario vespertino (o incluso nocturno, ¡who knows!). Un segundo grupo se dio a la bebida, aguardando a que la resaca del día siguiente (miércoles 15/4, último día para la domiciliación del grueso de declaraciones objeto de la pretendida moratoria tan mediáticamente vendida) les aportara algo de luz en su lectura del BOE a primera hora de la mañana… 

-. Y las horas fueron cayendo en el reloj hasta las 7:30 del miércoles 15/4 que fue cuando se publicó en el BOE el RD-ley 14/2020, del que ya ha dado certera y puntual cuenta -casi en tiempo real, he de decir- mi meu Emilio. Tal y como él ya ha apuntado, las referencias de la Exposición de Motivos al Código de Buenas Prácticas y a la buena regulación, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia son 100% propias de Oceania (el Estado ¿imaginario? donde Orwell ubicó su entonces- distópica “1984”). 

-. Dicho lo cual, no habían transcurrido ni 5 horas desde la publicación del BOE cuando la AEAT hubo de salir a la palestra “aclarando” que la moratoria de pago también rige para las autoliquidaciones domiciliadas antes del 15/4… En fin, todo un récord nacional que  evidencia ¡una vez más! nuestra elevadísima calidad normativa. Ello sea dicho sin perjuicio de que, además, «en nuestra opinión, algunos de los criterios que se exponen en la relación de preguntas/respuestas incluidas en la Web de la AEAT desde el 18 de marzo de 2020 dan lugar a más dudas que certezas, en particular por su provisionalidad y la escasa fiabilidad que merecen estas instrucciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que ella misma incumple en ocasiones» («COVID19, el estado de alarma y la aplicación de los tributos», José Mª López Geta, editorial de Carta Tributaria nº 61, abril/2020).

Y todo esto acontece, “mis queridos amigos”, en los mismos días en los que trascendieron (con cuenta gotas -todo hay que decirlo-, y con palmarios silencios de ciertas instituciones) a la opinión pública dos noticias; a saber: 

-. “La Agencia Tributaria y los sindicatos pactan un plus de 50 millones en plena crisis del coronavirus” (ABC, 7/4/2020); y  

-. “La Agencia Tributaria repartirá pluses de más de 2.300€ por seis horas extras” (La Voz de Galicia, 9/4/2020). 

Pues qué bien. Todo muy edificante. Alguien apuntaba estos días que quizá la crisis del COVID19 pueda llevarse por delante a una institución como la mismísima AEAT (quizá por aquello de que «las grandes conmociones suelen acarrear grandes consecuencias»; Enric González «La puñalada»). No lo creo y, además, no lo veo deseable. Pero sí hay algo deseable: que lo acontecido estos días suponga el haber tocado fondo en la del todo deteriorada relación entre la AEAT (y, con ella, el erario en general) y la sociedad a la que ésta debe servir (y no a la inversa). Verán -y ya voy terminando-, hace ahora dos semanas, en mi condición de miembro de la Comisión Directiva de la AEDAF, me entrevistaron en el programa matinal de RNE, ocasión que aproveché para denunciar el absoluto desvalimiento del tejido empresarial frente a la sinrazón de Hacienda… pues, ¿saben qué? Que el grueso de mis allegados, tras escuchar la entrevista, me felicitaron por mi ¡¡¡valentía!!! (sic). ¿Valentía? ¿Por hacer pública la falta de empatía del erario con el sector privado? ¿En un Estado de Derecho, valentía? ¿En plena UE, valentía por eso? Coincidirán conmigo en que algo mucho!- falla cuando la relación hacendística se rige no por parámetros de reverencial respeto sino de temor, pánico; en resumen: miedo. En fin. 

Si hay algo cierto es que a este lado de la mesa, ya se ha tomado buena nota: ni un paso atrás en nuestra defensa de los intereses de los contribuyentes/ciudadanos. Para reconstruir una relación en sus horas más bajas, habrá de haber gestos claros que tiendan la mano, y éstos sólo pueden provenir de un lado: del lado de la “fuerza”, de quien -ya por mandato legal- tiene como objetivo primordial el servicio público, el atender a la ciudadanía. Podrá decirse más alto, pero no más claro. 

Cuídense mucho, todos. 

#QuedateEnCasa          #ciudadaNOsúbdito     

4 pensamientos en “¿Cuándo se jodió esto?

  1. puebla

    Respondiendo al título de tu artículo, Javier, se jodió hace tiempo. Fenomenal la frase «Todos estamos juntos y revueltos en el sumidero por el que se está yendo a velocidad supersónica nuestro sustento…, pero la “persona titular del Ministerio de Hacienda” no lo ve así».

    Responder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.