Asesor fiscal en confinamiento. Día 45.

A través de los medios y de diversos amigos, me he enterado que, en pleno estado de alarma, el Gobierno sigue adelante con la tramitación del proyecto legislativo de la Ley de Educación por el que, en aras de fomentar e implantar la educación inclusiva, restringe y limita el acceso a los centros de educación especial.

Como padre de un niño con discapacidad, con necesidades educativas especiales (NEE), no puedo abstenerme de dar mi pequeña opinión al respecto, entre otras razones, porque estos días de confinamiento, más allá de conciliar mi función de padre con mi ejercicio profesional, debo asumir las tareas de educador especial con mi pequeño. Ciertamente, estoy experimentando en primera línea, las dificultades para proporcionar a mi hijo el material adaptado adecuado y cómo facilitarle el aprendizaje.

Mi hijo, poco a poco, va adquiriendo las competencias básicas, pero su camino ha veces discurre por meandros distintos al de sus compañeros. A día de hoy, hay materias en las que puede seguir el ritmo de sus compañeros de aula y, en cambio, en otras, ya no es posible, y necesita apoyo o soporte para que se le adapte el material. En muchos casos, a veces basta con cambiar el enfoque del temario, en otras ocasiones, se elimina lo irrelevante y, en otras, tenemos que adecuarlo a las reales capacidades. Pensad en lo que supone ello para los miles de padres con alumnos con necesidades especiales estos días en sus casas. Un auténtico reto, porque si ya resulta complicado enseñar bien a un alumno con capacidades «estándares», más difícil es aproximarse a una persona que requiere una atención muy particular y concreta.

En Cataluña, desde hace unos años, ya disfrutamos (o padecemos) la experiencia de la denominada «educación inclusiva». En la Llei 12/2009, de 10 de julio, de Educación se incorpora el principio de inclusión y de normalización de las personas con discapacidad. Posteriormente, la Llei 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia recogía el derecho a que todos los niños y adolescentes con discapacidad puedan acceder a la educación inclusiva, incorporándose a las escuelas ordinarias como cualquier otro menor, sin exclusión alguna. Y más recientemente, el último gran hito acaeció con la publicación del Decret 150/2017 de la Generalitat, de 17 de octubre, de la atención educativa del alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo.

Este último Decreto ha dado el último paso para intentar consolidar la educación inclusiva y, de paso, «eliminar» parcialmente los centros de educación especial, de tal forma, que dejan de ser «escuelas» y se transforman en proveedores de medios, servicios y recursos (artículo 25 del Decret 150/2017), es decir, ponen a disposición de la escuela ordinaria, profesionales, materiales y el «conocimiento» necesario para las adaptaciones y el soporte del alumnado con necesidades especiales.

Antes de nada, debo dejar muy claro que soy un partidario de la educación inclusiva. No obstante, creo que el objetivo de la educación de cualquier persona, con discapacidad reconocida o no, es que desarrolle sus capacidades, adquiera el máximo de conocimientos (útiles) y las habilidades sociales necesarias para que se desenvuelva con normalidad y, por supuesto, alcance el mayor grado de autonomía personal. Sólo así, se logra la verdadera inclusión de las personas, con o sin discapacidad.

El objetivo debe ser la inclusión, con independencia de cuál sea el camino, por lo que, las Administraciones públicas deberían procurar que todas las personas con necesidades especiales, tengan el máximo de alternativas abiertas. La inclusión en la escuela ordinaria puede ser una opción, pero si no es la que mejor conviene a la persona, dejemos que las familias tengan la oportunidad de buscar aquellas vías o alternativas que le faciliten llegar a la meta.

La normativa catalana vigente tiene aspectos muy positivos y otros más cuestionables. Está bien, sin más. Ahora bien, la realidad práctica es otra. Hay demasiadas sombras.

La normativa se vendió como un logro y, evidentemente, ha servido para que la Administración y ciertas instituciones la vendan a su público. Pero como sucede con la Ley de Dependencia y otras tantas normas de carácter social, una cosa es lo que figura en el papel y otra la realidad.

En el artículo 3 del Decret 150/2017, literalmente, se señala que,

«1. Tots els alumnes són subjectes de l’atenció educativa que regula aquest Decret: els alumnes que requereixen exclusivament mesures universals, els alumnes que, a més, necessiten mesures addicionals, i els alumnes que sumen, a aquestes darreres, les mesures intensives, per tal de garantir l’accés a l’educació i l’èxit educatiu en condicions d’equitat i igualtat d’oportunitats.

2. Tots i cadascun dels alumnes han de beneficiar-se, en un context ordinari, de les mesures i suports universals, a fi de desenvolupar-se personalment i socialment i avançar en les competències de cada etapa educativa.»

La normativa contempla que los centros educativos tengan gabinetes psicopedagógicos, maestros de educación especial, psicólogos y logopedas, adapten el itinerario escolar y los temarios de los alumnos con necesidades especiales, etc.    

¿Qué sucede en la realidad? Pues que en la mayoría de centros educativos no están preparados para la efectiva inclusión (aparte de la voluntad o no de cumplir), que hay una manifiesta ausencia de recursos y equipos profesionales especializados en los centros, que los escasos profesionales andan desbordados atendiendo a los alumnos dispersos por el territorio y, para rematar, muchas familias experimentan una gran frustración o viven con una especial tensión la experiencia escolar.

En mi caso particular, tengo la fortuna de que el centro (concertado), desde el primer momento, aunque apenas tenía experiencia, ha demostrado buena voluntad y ha buscado medios y recursos para la inclusión de mi hijo. No siempre es fácil y, evidentemente, como sucede con la educación, siempre pueden surgir diferencias. En cualquier caso, el balance es que estamos satisfechos con la experiencia.

Pero.

Dos peros.

A medida que va creciendo mi hijo, con discapacidad intelectual, se manifiesta la brecha entre él y sus compañeros. Ya no le resulta tan fácil seguir el ritmo de las clases en todas las asignaturas, a la vez que, no tiene las mismas capacidades o habilidades que el resto de compañeros. Eso lo perciben tanto sus compañeros como él mismo. Y, poco a poco, alguno de los que, hasta ahora era su «amiguito», ya no se acuerde de mi hijo para la celebración del cumpleaños. Hasta hoy, el ambiente de los compañeros había sido excepcional, pero ya van apareciendo signos que revelan que hay una distancia de metas y perspectivas entre ellos.

En gran parte, dependerá de la capacidades de nuestro hijo, pero no podemos descartar que, en el futuro, necesitemos buscar algún itinerario alternativo que se adecue más a los intereses, necesidades y realidad social y personal de mi hijo. Ojalá queden aún opciones abiertas.

Nuestros hijos no están para ser mascotas de clase ni para dar ánimo al resto de compañeros de pupitre. No han nacido para educar a nadie, no son un recurso educativo para beneficiar al colectivo. Nuestros hijos son personas plenas, un fin en sí mismo. Están para aprender para sí y por sí. Y las escuelas (y las familias) si de verdad quieren ser inclusivas, deberían no dejarse por el camino a las personas con discapacidad. La inclusión no debería ser sólo durante el horario lectivo, sino que durante toda la etapa escolar.

El otro pero, es que, según me relatan muchas familias, mi experiencia personal es la excepción a la regla general. En efecto, muchas familias tienen que enfrentarse a la incomprensión de los centros educativos (públicos y concertados) o a que existen centros educativos que, de una forma sutil o abierta, se niegan a acoger determinadas personas con discapacidad.

Os podría narrar decenas de barbaridades.

En algunos centros, se crean «aulas especiales» (las denominadas, USEE’s) que, son una especie de «apartheid» de los niños con NEE en los colegios.

Hay otros centros en los que, cuando haces la entrevista personal, te dicen abiertamente que, por ley aceptarán que tu hijo asista al colegio (no pueden negarse, so riesgo de ser demandados), pero que, la ayuda y el soporte especial dependerá de los medios que la Generalitat les facilite. Lo dejan todo en manos de la buena voluntad de los maestros y demás profesionales.

Ni que decir tiene las complejidades que aparecen cuando los alumnos con NEE padecen trastornos de comportamiento que precisan de una preparación adicional para el conjunto de la comunidad educativa y aceptación por el resto de familias.

Aparte, no es lo mismo, vivir en Barcelona ciudad, con una amplia variedad de centros educativos, a hacerlo en poblaciones interiores o del medio rural, en las que, apenas hay una escuela.

Y, por si no fuera poco, no puede perderse de vista el tema del idioma, en escuelas radicalmente posicionadas hacia un modelo lingüístico único.

En definitiva, hay demasiadas familias que viven la «escuela inclusiva» como una condena. Como un camino que deben transitar porque la Administración, las instituciones, las asociaciones, la sociedad, les conminan a que lo hagan. Se sienten obligadas a luchar por un fin sin el apoyo ni los medios adecuados.

El papel lo aguanta todo, pero la realidad es mucho más rica y compleja.  

En resumen, para no agotaros más. De la misma forma que estoy radicalmente a favor de ayudar a la educación inclusiva, estoy en contra de la limitación y supresión de los Centros Educativos Especiales. Abramos puertas y oportunidades. Por favor, respetemos las libertades y derechos fundamentales de las personas con discapacidad y sus familias, dejemos que cada uno elija su camino en pos del objetivo común, la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Todo lo demás, es arbitrariedad, utilizar a nuestros hijos como cobayas e imponer una visión estrecha y autoritaria.

5 pensamientos en “Asesor fiscal en confinamiento. Día 45.

  1. Xavier

    Muchísimas gracias por este post. Esta muy bien la inclusión, pero si no ponen los medios que verdaderamente se necesitan puede ser una medida hasta contraproducente para el propio chico/a. Gracias de nuevo por poner en conocimiento del público estas situaciones, que nos deben de preocupar a todos.

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  2. Carlos Río

    Muchas gracias por tratar un tema tan delicado e interesante como es la educación de los niños con discapacidad. Desde mi experiencia como padre de un chico hoy ya con 27 años suscribo totalmente tu descripción del problema. Aquí en Madrid tampoco hay medios adecuados para el apoyo educativo de los chicos y chicas con discapacidad física o intelectual que necesitan un apoyo especial.
    Los integran en las clases sin medios de apoyo y lo único que consiguen en muchos casos es su frustración. Necesitan personal especializado y medios adecuados, lo demás son brindis al sol.

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  3. Roberto

    Estimado Emilio.

    Al igual que tú tengo un hijo con discapacidad; en mi caso, con una gran discapacidad. Lo que se plantea en esta Ley es una verdadura tomadura de pelo, no vayamos con medias tintas. Es así, nos toman por idiotas.
    No deja de ser una reducción en el presupuesto que encima lo quieren vender como una inclusión. Ni que decir tiene el momento en el que la filtran y cómo se cierra la boca por éstos grandes defensores de los derechos humanos, de las mujeres y de los inmigrantes.
    Lo siento por mis duras palabras pero así es. De una bajeza moral indescriptible.

    Un fuerte abrazo

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    1. Emilio Pérez Pombo Autor

      Estimado Roberto. Tus sentidas palabras son las propias de un padre que le toca convivir con una realidad agridulce. Queremos con pasión a nuestros hijos, pero las dificultades existen. Por ello, reaccionamos como lo hacemos, cuando encima vemos la poca comprensión y la falta de cariño de administraciones y sobretodo, de instituciones que dicen representar y atender a nuestros colectivos. Todo mi cariño. Un fuerte abrazo.

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