Tierra adentro

Soy un paradigmático hijo de la “España vacía”, denominación que me gusta mucho más que la de “vaciada”; primero, porque es la original acuñada por ese magnífico ensayo de Sergio del Molino -motivo más que suficiente para respetarla-, y segundo, por ser meramente descriptiva de unas circunstancias fácticas, sin buscar responsabilidades (si es que las hubiere)…

Digo que soy un caso de libro de descendiente de esa “España vacía” pues mi padre era toledano (“bolo”, en el argot al uso para los aborígenes de esa tierra) y mi madre orensana. Provincias, ambas, del interior y, además, de ésas que sufrieron un éxodo masivo (lo que del Molino llama “el gran trauma”) hacia los polos económicos -Madrid, Barcelona, País Vasco, Europa y Sudamérica; según las zonas- que ejercían sobre ellos una fuerza magnética similar a la de los agujeros negros.

Pero no se me inquieten Ustedes, que no pretendo dedicar este “post” a un análisis sociológico y/o demográfico del fenómeno de despoblación experimentado durante décadas y cuyo resultado es el páramo que hoy conocemos. Pero, no siendo ésa mi intención, no es menos cierto que sí que aspiro a relatarles un episodio que conecta de un modo directo con un síntoma de esa diáspora.

Me explico. Ya en un reciente “soliloquio” (esa tribuna que quincenalmente mi entrañable diario Atlántico me brinda, siempre bajo el generoso “madrinazgo” de su redactora-jefe, mi bien querida Ana Fuentes, también -por cierto- con orígenes orensanos), titulado irónicamente “La proximidad de la Agencia Tributaria” expuse mi particular lectura sobre un fenómeno paranormal que los contribuyentes -¡como tantas veces!- sobrellevan con un inmenso estoicismo, tanto que ya es cercano a la sumisión. Me refiero a esa extraña patología mediante la que una empresa (o una persona física particular, que me da igual que me da lo mismo) cuyo domicilio social es casi vecino de una Administración -o Delegación- de la AEAT, se ve obligada a interactuar con otra Administración sita a decenas -cuando no cientos- de kilómetros de aquel.

En aquel “soliloquio” aventuraba la tesis de “que aquella visión que había sembrado España de “Administraciones” de la AEAT (radicadas en poblaciones -no capitales- de cierto tamaño) se enfrentó a una realidad que ya se vislumbraba distinta: un progresivo e imparable proceso de desmoronamiento demográfico del espacio rural, acompañado del consiguiente desmantelamiento de su tejido productivo. ¡Ah! Así las cosas, la AEAT se topó con dos hechos consumados: decenas de “Administraciones” infrautilizadas -con funcionarios titulares de “sus” plazas (dificultando, así, su movilidad)- y una negativa política -por su obvio coste electoral- a trasladar esos servicios a las capitales (donde, por contraposición, la carga de trabajo funcionarial crecía exponencialmente).

 ¿Solución? ¿Y si nos olvidamos de aquella rígida regla que “ata” territorialmente a cada contribuyente a su “Administración” más cercana, y dejamos que todas hagan de todo, repartiendo así la carga de trabajo y optimizando los medios disponibles? ¡Bingo! Así fue como, ya desde aquel temprano 2004, se diseñó ese milagro administrativo basado en lo interespacial (no confundir con lo interestelar, que es algo más glamuroso)”.

Y traigo aquí y ahora a colación aquel asunto pues tengo entre manos un asunto que es una obvia manifestación de ese carácter “interespacial” del que la AEAT ha dotado a muchas de sus Administraciones sitas en la “España vacía”. ¿Cómo, si no, explicarle a un contribuyente de las rías bajas, empresario dedicado a la acuicultura marina, que el análisis de la fiscalidad de la venta de sus mejilloneras se lleva a cabo desde la Administración de la AEAT de Carballino (localidad ubicada en la provincia de Orense, la única no costera de las cuatro gallegas)?

El caso, es obvio, tiene su aquel, y me permitirán que aquí lo denuncie pues, más allá de su anecdótica apariencia superficial, entraña un “modus operandi” más profundo: la celeridad administrativa, traducida en una mayor capacidad de gestión (y, ya puestos, de recaudación) como máxima absoluta, dejando en la cuneta -de ser necesario- aspectos tales como el conocimiento del sector, el fondo del negocio y ya no digamos la vocación de servicio accesible para el paganini del cotarro…

Uno de los muchos buenos maestros que tuve en este sacerdocio que es el asesoramiento fiscal me enseñó algo tan básico como importante: malamente se puede asesorar a una empresa si no se conoce -¡y entiende!- su negocio. Así pues, lo primero que hay que hacer con un cliente es pedirle que se explaye detallándonos los entresijos del negocio que desarrolla. Sólo así podremos llegar a aportarle algo. Pues al otro lado de la mesa, ¡igual! Siempre me ha maravillado que el mismo actuario que aborda una comprobación (de investigación, poco o nada, ya se sabe) de una -digamos por ejemplo- promotora inmobiliaria, tiempo después esté haciendo lo propio con un laboratorio farmacéutico para, acto seguido, pasar a “visitar” un concesionario de automóviles y/o una multinacional pesquera.

Por ello, en mis escritos ante los Tribunales (ya sean TEAs o de Justicia) suelo hacer uso de una acertada observación de la ya desaparecida Isabel Espejo Poyato: “Tampoco es ajena a este desconocimiento la desjuridificación de la Administración Tributaria, en la que no está prevista la necesidad de una especialización jurídico-normativa en ningún campo de su cotidiana actividad de aplicación de la norma tributaria, dado que todos sus miembros son ex definitione especialistas en todo” (“Administración tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal”; Marcial Pons, 2013).

Y es que una cosa es que admitamos como cierto -a modo de lo de “pulpo como animal doméstico”– ese mítico mantra de que “los mejores bufetes de derecho marítimo están en Madrid”, o la paradójica (¡?) realidad de que el Cuartel General de la Armada esté en Madrid…, pero de ahí a asumir como normal que la comprobación tributaria de un sector como el mejillonero se lleve a cabo desde la provincia de Orense, va un trecho.

Agárrense, pues, los machos, pues todo parece apuntar a que ya sólo sea cuestión de tiempo que la inspección de las bodegas riojanas se lleve desde Ayamonte (Huelva), la de las salinas de Torrevieja desde Monforte (Lugo), o la de las almadrabas de Barbate (Cádiz) desde Benavente (Zamora; provincia cuya Diputación «saca pecho» de su vaciamiento demográfico en esta  campaña ad hoc para este próximo estío). Y es que aunque el fin (optimizar los recursos públicos infrautilizados en esas Administraciones de la “España vacía”) sea legítimo, eso no justifica el medio: el caro peaje de que los contribuyentes vean cómo sus asuntos se gestionan lejos y no siempre con el deseable conocimiento de su realidad circundante. En fin, todo muy triste.

En cualquier caso, les anuncio desde ya que el caso éste que tengo entre manos “dará juego”. Me comprometo, pues, a que a medida que vaya desenmarañándose les iré manteniendo al corriente de su evolución pues el asunto se las trae…, y eso más allá de su tramitación “interespacial”; que también.

#ciudadaNOsúbdito

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