No en mi nombre…

Hace apenas unos días se publicó la Memoria del TEAC/2019 donde, como es obvio, se da cumplida cuenta de la actividad desplegada durante el pasado ejercicio, tanto la del propio TEAC como la de los diecisiete TEARs (uno por Comunidad Autónoma).

La información vertida en estas Memorias anuales es muy relevante para sacar importantes -y graves- conclusiones sobre muchas de las cosas que nos pasan y que, en buena lógica, no deberían ocurrir.

Buen ejemplo de ello es lo que rezuma la estadística del TEAR-Galicia (mutatis mutandis extrapolable a otras CCAA) que, en esencia, se condensa en lo siguiente en lo que relativo a los conocidos como tributos “cedidos”:

-. Fueron 4.705 las reclamaciones interpuestas en 2019 contra las actuaciones administrativas desarrolladas por la Agencia Tributaria de la Xunta de Galicia (ATRIGA), lo que en el lustro 2015/2019 arroja un total de 26.020 impugnaciones.

-. De ellas, ya en 2019 se resolvieron un total de 2.903; es decir, casi el 62% de las presentadas, siendo así que las estimadas fueron 2.277, el 78% del total resueltas (este ratio está en línea con el % medio anual de estimaciones en el período 2015-2018 que se cifra en el 79% favorable a los contribuyentes).

-. Desglosando esas favorables a los contribuyentes, se observa que en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) lo fueron en el 73%, en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) en el 77% y en el de Sucesiones y Donaciones (ISD) en un 80%.

-. El total de reclamaciones estimadas en el lustro 2015/2019, siempre en el ámbito de esos impuestos “cedidos”, fue de 16.322 (o lo que es lo mismo, a razón de 3.265/año). Es decir, que en ese quinquenio la Xunta -el gobierno autonómico- exigió ilegalmente el pago de impuestos a más de 16.000 gallegos. Ya sólo en 2019, descartando días inhábiles y el mes de agosto (que, de facto, también lo viene siendo), supone que ¡diariamente! la ATRIGA se dirige a más de 15 gallegos reclamándoles ilegalmente el pago de tributos: 15 hoy, 15 más mañana, otros tantos pasado…, y así hasta casi 2.300. El año anterior (2018), fueron 2.861, y así hasta esos 16.322 en un quinquenio; es decir que en ese período, podríamos decir que uno de cada 100 gallegos entre los 18 y 65 años habría sufrido una ilegal actuación de la Xunta.

-. 3.265 gallegos que, año a año, observan estupefactos cómo su gobierno más cercano -más allá del municipal- intenta recaudar sin el respeto a las reglas establecidas, sin ser acreedor de ser considerado como ciudadanos de un Estado de Derecho. Con todo, lo más grave, si me apuran, ya no es nadie que ni en la Xunta ni tan siquiera en la propia ATRIGA se sienta tan avergonzado por estos datos como para pedir perdón (lo de dimitir, “ni está ni se le espera”); no. Para mí aún es más grave que, mediáticamente, no conste petición alguna por parte de la oposición parlamentaria de explicaciones sobre este dislate; ausencia de iniciativa política que vendría a evidenciar que esta praxis administrativa es ideológicamente transversal: todo el espectro parlamentario ve “normal” lo sucedido.

-. Combinemos algunos de estos datos con los que se desprenden de la Memoria 2019 (también la última publicada a día de hoy) de la propia ATRIGA, centrándonos a tales efectos en las llamadas “actuaciones de control extensivo” (por contraste con las “intensivas” y las de “valoración”): del total de autoliquidaciones presentadas, se comprobaron algo más del 50% siendo así que de esa comprobación resultó que el 94´2% de ellas eran correctas (siempre conforme a los parámetros administrativos). Sin embargo, de las liquidaciones administrativas “comprobadas” por el TEAR (¿qué otra cosa es un litigio sino un test sobre su ortodoxia jurídica?), el 78% resultaron incorrectas. Muy grave la diferencia entre el grado de cumplimiento de la ciudadanía y el de la Administración que dice servir a aquella.

Este quinquenio, aquí objeto de análisis, viene a coincidir en esencia con el mandato de su actual Directora (Victoria González Vázquez), siendo así que ésta, en una reciente entrevista (O Economista nº 183, Julio-Agosto/2020), hacía las siguientes manifestaciones:

-. “El balance de esta etapa es positivo. Han sido cinco años de mucho trabajo en los que hemos continuado con las líneas de trabajo (…) que principalmente se resumen en dos: potenciar la labor de información para facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, al mismo tiempo, intensificar la lucha contra el fraude para que todos los ciudadanos contribuyan como les corresponde”.

Vaya, yo diría que si algo ha quedado claro en este lustro es que la ATRIGA en no pocas ocasiones (3.265/año) se dirige a los ciudadanos actuando de un modo que no es como corresponde

-. “Es muy importante potenciar y facilitar al máximo el cumplimiento voluntario por parte de la ciudadanía”.

Bueno, vistos los ratios del ISD, parece que puestos a evaluar el grado de cumplimiento, todo parece apuntar que el énfasis a la hora de corregir sus actuaciones debería ubicarse más en el lado de la ATRIGA que en el de los ciudadanos.

-. “El origen de la conflictividad en el TEAR en los impuestos cedidos (…) obedece a la dificultad ya histórica que supone hallar el valor real de un bien inmueble y la cambiante jurisprudencia de los tribunales sobre la materia que se ha acelerado en los últimos años”.

Y yo que creía que los impresentables ratios de éxito de los contribuyentes en sus pugnas con la ATRIGA vendrían del empecinamiento de ésta en utilizar sistemas de comprobación de valores sistemáticamente rechazados -por ilegales- por reiteradas sentencias judiciales; pero no, miren por donde el problema se ubicaría en el propio Poder Judicial por su “cambiante jurisprudencia”. Está claro que todos los días se aprende algo…

-. “Llevamos años trabajando con el Ministerio de Hacienda para encontrar una solución al problema de las valoraciones de inmuebles, que es el principal origen de estas reclamaciones y que (…) es un problema que afecta a toda España”.

Cabe imaginar que el fruto de esos “años de trabajo con el Ministerio de Hacienda” será el parto de los montes alumbrado en el enésimo Proyecto de Ley Antifraude ahora en tramitación en el Congreso de los Diputados, y la creación de ese engendro del Valor de Referencia del Mercado (VRM) que, tal y como acertadamente aquí expuso el Magistrado del Supremo Navarro Sanchís, “si se trata de vender el desprolijo proyecto normativo afirmando que la regulación anterior era fuente de indeseable litigiosidad, que se ataja impidiendo ahora acudir a los tribunales en algunos casos, pues miel sobre hojuelas. Me parece bien en una Administración volcada a la eficacia y huidiza de las leyes y sus controles: contra la jaqueca, nada hay mejor que la decapitación. Es mano de santo”

Recordemos, ya para terminar, que la Administración (sí, también la autonómica) goza del privilegio de la presunción de validez (sumatorio de la de legalidad y veracidad), siendo así que la contrapartida lógica de tal concesión del Legislador al Ejecutivo es la buena fe que la ciudadanía deposita en que éste va a desarrollar su actividad de un modo jurídicamente pulcro, impecable. Sin embargo, la estadística -siempre tozuda ella- desmiente, un año sí y otro también, esa confianza que queda, así, del todo desautorizada por la implacable fuerza de los hechos.

En el ámbito penal siempre se afirma -con acierto- que es preferible que haya un culpable en la calle que un inocente en la cárcel…, ¡ay, si aplicáramos ese mismo principio al grado de pulcritud con que el erario exige los impuestos a la confiada ciudadanía!

* * *

¿Qué quieren que les diga? No me parece de recibo; no en un Estado de Derecho. Recauden, pero, cuando lo hagan ilegalmente, no en mi nombre; ¡por favor!

Sean buenos, y que los Reyes les traigan lo mejor.

#ciudadaNOsúbdito

 

 

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