Reflexiones sobre Grecia, Bruselas, el estado autonómico y la armonización fiscal

Nos encontramos sumidos, estos días, en un nuevo ambiente de caos económico mundial, generado esta vez por la tentativa del gobierno griego de someter a referéndum popular una serie de medidas sádicas (el calificativo no es mío) de tipo económico-social que le ha impuesto la Unión Europea para recibir una condonación parcial de su deuda.

Desde luego, la postura de Papandreu es de todo menos honesta: maniquea, maquiavélica. Hipócrita en definitiva, pues esa postura la toma una vez ya ha recibido la pasta y la propone con el único objetivo de agarrarse al sillón presidencial en lugar de convocar elecciones que es lo que están haciendo el reto de gobernantes europeos afectados por la crisis.

Ahora bien, aceptando esa premisa, me resulta todavía más hipócrita la actitud de los países de la Vieja Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica, rasgándose las vestiduras en defensa de unos «mercados» que no se sabe quien domina y que tienen como palafreneros a las agencias de calificación que nos han arrastrado a esta situación.

Y todo esto, por algo tan legítimo -como hipócrita, repito- como convocar a los ciudadanos griegos para que decidan si se quieren suicidar o prefieren ser sodomizados -esta vez, califico yo- por el mundo civilizado durante una o dos generaciones.

Mi corta mente de leguleyo se ve superada ante este ejercicio de doble moral que socava la participación popular, lo reconozco. Y a todo esto, aparece hoy en prensa que Bruselas ha demandado a España pro discriminar a los no residentes en el Impuesto sobre Sucesiones y hete aquí que he encontrado un paralelismo que me ha parecido magnífico para hacer este post.

En efecto, los que padecemos y/o disfrutamos de la fiscalidad llevamos ya muchos años acostumbrados a que desde la Unión Europea se le den toques de atención a España -y a otros países- por incumplir alguna de las libertades comunitarias y, sobre todas ellas, la libertad de establecimiento, de modo que se viene considerando que los no residentes que sean ciudadanos de la Unión, tienen derecho a tributar por sus impuestos en España como si fueran residentes.

Al principio, esas libertades comunitarias sirvieron para eliminar retenciones, para igualar deducciones y para unificar el IVA y eliminar ayudas de estado. Ahora, la Comisión Europea lamina más la capacidad legislativa de España, puesto que a pesar de que en el Impuesto sobre Sucesiones el no residente se puede aplicar la normativa estatal del impuesto como si fuera residente, considera que sigue existiendo una discriminación, ya que ese ciudadano europeo no tiene derecho a aplicarse los beneficios regulados en la normativa autonómica.

Así es, la norma española prevé que el no residente aplicará siempre la norma estatal, puesto que ontológica o conceptualmente, como se quiera, el no residente no puede ser residente en ninguna de las Comunidades Autónomas, ergo no podrá aplicarse la legislación de estas.

Y es que, lo contrario, o sea, que se le diera la opción al no residente para aplicar la legislación autonómica que más le interese impositivamente, dejaría al resto de ciudadanos residentes en una posición de clara inferioridad, además de con una cara de gilipollas que no se podría ni aguantar, y perdónenme la grosería pero es que sería digno de novela de Valle-Inclán.

Bruselas ya había dado toques de atención por este motivo hace tiempo y cree, con tino, que el origen del conflicto proviene del poder legislativo de las Comunidades Autónomas. Obviamente, esto es así: el Estado de las Autonomías, que para tantos golpes de pecho ha servido, nos ha llevado a una situación de absoluta discriminación, no ya a nivel comunitario, sino a nivel interno y este statu quo ya resulta insostenible, no solo en el ámbito tributario, sino en otros muchos aspectos de la vida política.

Pero, claro, esa atrofia autonómica que todos conocemos y que hipócritamente callamos, por uno u otro motivo, al señor funcionario de Bruselas le resulta inaceptable y acabará reclamando, no sin razón, una ley de armonización fiscal española, que el Gobierno de turno se verá obligado a aprobar, no sin el correspondiente rasgamiento de vestiduras proveniente de los regionalismos periféricos.

En definitiva, tanto en el caso de la economía griega como en el de la denuncia de la Comisión a España, se observa como el ciudadano se ve compelido a soportar decisiones que provienen del extranjero y/o de organismos poco democráticos o, al menos, de sistemas de democracia indirecta, como es la Unión Europea.

Y esto me lleva a plantearme si esta es la democracia que queremos o, aun peor, si estamos vivimos realmente en una democracia y si, llegados a este punto, podemos deconstruirla.

Desde luego, devolver a Frankenstein al laboratorio no va a ser fácil. El tiempo, sin duda, lo dirá…