La mayor longevidad de las personas perjudica seriamente la salud de las empresas.

Dentro de mi práctica profesional ordinaria, como imagino les acontecerá a otros muchos compañeros, es habitual que me confíen o soliciten mi intervención en la realización de actos o contratos vinculados con el tránsito, la muerte o el fallecimiento de las personas: sucesiones, herencias, testamentos, etc.

La participación en estos cometidos profesionales me permiten conocer de primera mano y de forma privilegiada, cómo influye el fallecimiento de una persona en sus familias, allegados y, especialmente, en su esfera patrimonial y económica. Sin haber efectuado ningún estudio ni análisis concreto o detallado, sobre la mera base empírica de los casos conocidos, me he formado particulares opiniones y conclusiones, alguna de las cuales, desearía compartir en el presente post.

En concreto, tengo la percepción cierta de que la longevidad de las personas no sólo incide y afecta de forma determinante a los herederos y legatarios, sino que, más allá de esta vinculación directa, intuyo o percibo una cierta correlación negativa con la creación de empresas. Mi tesis particular es la siguiente: ceteris paribus, el alargamiento de vida de una determinada población, una mayor longevidad media, incidirá negativamente en la creación de nuevas empresas.

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Como punto de partida, partimos de los siguientes hechos y circunstancias:

– Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, en el año 2012, la esperanza media de vida de los españoles será de 79,4 años para los hombres y de 85,4 años para las mujeres. Es decir, la esperanza media es de 82,3 años.

Asimismo, según el propio INE, la edad media de las madres en España ronda los 32 años.

– Según diversos estudios económicos, la aversión al riesgo se concentra básicamente en los sectores más jóvenes de la población (en parte, influidos por la escasa preparación y reducida experiencia) y los sectores de mayor edad (por diversos motivos, entre otros, la necesidad de disponer de recursos líquidos para su propio sostenimiento económico).

– Asimismo, en diversas publicaciones (entre otras, me remito a la publicación del Observatorio del Clima Emprendedor 2012 o al Informe GEM España 2012) se afirma que la edad media del emprendedor, entendida como la persona que inicia o pone en marcha una nueva iniciativa empresarial, ronda los 37 o 38 años. Es más, según estas publicaciones e informes, los principales tramos de edad son los de emprendedores entre 25 y 34 años así como de 35 a 44 años, ambos con más del 30% de la población que ha desarrollado una nueva iniciativa empresarial, por consiguiente, podríamos señalar que, prácticamente dos tercios de la población emprendedora tiene entre 25 y 45 años.

No es de extrañar dicha edad media pues, intuitivamente, todos pensaríamos en la franja de entre los 35 a 45 años como la ideal para asumir el rol de empresario e iniciar una nueva aventura empresarial. Las personas, habitualmente, a dicha edad, pese a ser aun relativamente jóvenes, ya han acumulado conocimientos y experiencia suficientes, les ha permitido en algunos casos obtener un capital mínimo y se encuentran en aquel periodo de su devenir vital con una menor aversión al riesgo.

– En los distintos estudios sobre los empresarios y emprendedores, contrariamente a lo que cabría pensar, la principal fuente de financiación en los primeros estadios o fases de una iniciativa empresarial es el capital propio, las ayudas familiares y de conocidos directos, incluida la capitalización de bienes y derechos de los propios emprendedores (por ejemplo, la prestación pública del desempleo). Es más, aunque se obtenga el apoyo o la financiación de terceros (instituciones públicas, entidades financieras y sociedades de capital o inversión), normalmente, el acceso a dicha financiación ajena se vincula a la esfera patrimonial del empresario y su familia (avales, garantías, etc.).

Como señala la teoría económica y ponen de manifiesto distintos estudios empíricos, la creación de empresas está asociada o ligada a una previa formación de capital privado, a la acumulación de ahorro. Sin ahorro no existe inversión. En un condicionante básico y fundamental para la aparición de nuevas empresas que existan personas que dispongan de capital suficiente (ahorro) más allá del necesario para la cobertura de sus necesidades personales presentes y futuras (consumo).

– Los motivos para el ahorro son múltiples y cambiantes (desde la mera avaricia hasta el mero altruismo), no obstante, las principales teorías sobre el ahorro personal se sustentan básicamente sobre los trabajos de Modigliani y Brumberg (1954) y Milton Friedman (1957).

De acuerdo con la Hipótesis del Ciclo Vital de Modigliani y Brumberg, los individuos intentan mantener un flujo constante de consumo a lo largo de su vida, de tal forma que, ahorran durante su vida activa, y desahorran durante la vejez. Este modelo tiene una visión simplista de las personas, pues estima que el objetivo básico de los individuos es asegurar su propia pervivencia y no dejar herencias, es decir, conseguir una tasa de ahorro efectiva de cero al final de su vida.

Por su parte, Milton Friedman formuló la Hipótesis de la Renta Permanente, según la cual, las personas no consumen respecto a sus ingresos corrientes, sino respecto a sus expectativas de ingresos, ahora bien, distinguen entre la parte de su renta que es permanente y la que es transitoria, así pues, si consideran que un determinado incremento de su ingreso es transitorio, será ahorrado casi en su totalidad.

En cualquier caso, al final, de una forma u otra, existe un cierto consenso en que las personas que consiguen un cierto nivel de vida o consumo satisfactorio, desean mantenerlo de forma parecido a lo largo de su vida. En palabras llanas, lo más común, es que nadie quiere ir a menos.

Considerando estos datos objetivos, apunto las siguientes ideas:

– Si tomamos en consideración la edad legal de jubilación de 65 años (64,21 años según datos publicados por la Seguridad Social), podríamos concluir que, la esperanza media de supervivencia de un jubilado se aproximaría a 18 años. Un periodo de tiempo lo suficientemente largo y no exento de importantes dificultades (enfermedades y dependencia, mayoritariamente) que las personas deberán afrontar  con las ayudas y prestaciones públicas existentes así como el eventual ahorro privado que hayan podido acumular durante su edad laboral.

Lógicamente, entre otros factores, la incertidumbre vital y las escasas perspectivas de obtener nuevas rentas económicas son factores que explican que, en los sectores de población con más de 65 años, aumente de forma significativa la aversión al riesgo.

Ante esta realidad, en aras de asegurar la autonomía y suficiencia económica durante tan largo periodo de tiempo, la decisión racional de las personas es buscar la conservación del capital disponible (bienes y derechos de su titularidad), no sólo optimizando el consumo e inversión para fines particulares, sino que posponen o niegan cualquier acto o decisión que implique la cesión de parte de su capital (patrimonio) a favor de terceros. En palabras llanas, ante las posibles aventuras empresariales de su hijo de 35 años, salvo excepciones, la decisión racional de un padre de 70 años es negarle el apoyo financiero; más allá del cariño y el afecto paternal, seguramente pesará más el temor o la sana desconfianza a una potencial pérdida de unos recursos económicos que eventualmente podrían precisar para la última etapa de su vida.

En resumen, cuanto mayor es la expectativa de vida, menos cesiones de capitales o transferencias intergeneracionales (básicamente, de padres a hijos) se realizarán, posponiendo así la efectiva transmisión del patrimonio al fallecimiento.

– Por otro lado, cuanto mayor es la expectativa de vida, mayor es el consumo e inversión para fines particulares del titular del capital o patrimonio. Salvo contadas excepciones, lo habitual es que exista una paulatina y progresiva disminución del patrimonio porque el consumo necesario (necesidades básicas, vivienda, asistencia sanitaria y personal, etc.) suele ser superior a los ingresos obtenidos (rentas privadas y ayudas públicas).

Si durante la etapa o vida laboral de las personas el reto u objetivo es conseguir y acumular un cierto capital o patrimonio, con la consiguiente dificultad, en la última etapa vital, el reto sería mantenerlo o conseguir que, al menos, una parte del mismo sobreviva a su titular.

O sea, como norma general, la longevidad consumirá el ahorro privado.

– Si tenemos en consideración que la práctica habitual en España es que se designe como herederos y legatarios a los cónyuges y/o descendientes, por consiguiente, la edad media de los llamados a heredar rondaría entre los 45 y los 55 años, momento en el que adquieren el posible capital remanente (el caudal relicto, los bienes y derechos que conforman la herencia) y podrán disponer del mismo para sus fines particulares y profesionales.

A dicha edad, aunque la expectativa media de vida es sumamente amplia (entre 30 y 40 años), la proximidad a la edad de jubilación, la existencia de condicionantes físicos y limitaciones personales, así como otros factores adicionales, hacen que el impulso emprendedor decaiga de forma abrupta. Con carácter general, la gente no está dispuesta a experimentar aventuras empresariales inciertas que, a las puertas de su jubilación, les ponga en riesgo de tener unos recursos económicos mínimos para asegurar su solvencia y autonomía personal. La triste realidad es que no es lo mismo reiniciar la vida profesional con 38 años que con 52 años.

Como podrá comprobarse, en esta etapa de la vida profesional (a partir de los 45 años), lo habitual es que uno de los objetivos prioritarios de las personas es el ahorro. Seguramente son capaces de asumir ciertos riesgos en la gestión de su patrimonio económico y financiero pero siempre con la vista puesta en la última etapa de su vida.

– La consecuencia lógica no es el mero deterioro del ahorro privado acumulado (el cual puede distorsionarse o camuflarse cuando se toma la variable agregada) sino que dicho ahorro privado se “empobrece” y se reduce el número de personas con ahorro privado. El que exista una amplia clase media “capitalista” (es decir, con un mínimo capital o patrimonio propio) es la mejor receta para combatir el oligopolio de los recursos financieros en manos del Sector Público y las grandes corporaciones privadas así como facilitar el reemplazo y el crecimiento de agentes económicos en los distintos mercados.

Sin perjuicio de que creo que sería necesario estudiarse debidamente, la realidad es que, la actual estructura y situación demográfica de nuestro país, se me antoja como un factor que condiciona de forma negativa el tejido empresarial. Ciertamente que junto con el alargamiento de la esperanza media de vida se han producido otros ajustes demográficos, como el que se pospongan los nacimientos (hemos pasado de una edad media de las madres de 26 a 32 años) o la caída pronunciada de las tasas de fertilidad (actualmente, 1,38 hijos por madre), que permitirían atenuar o incluso contradecir mi particular tesis, no obstante, considero que el momento en que se viene produciendo actualmente la transferencia intergeneracional de capital o patrimonio no es óptima.

Si tenemos en consideración que la principal fuente de financiación en los nuevos desarrollos empresariales son los capitales propios, no es lo mismo (no es neutral) obtener una nueva e importante inyección de capital (vía sucesiones) a los 35 años que a los 50 años, de la misma manera que, salvo excepciones, el capital remanente variará (decrecientemente) en función de la edad de la persona fallecida.

La tentación para algunos es dejarse llevar por un materialismo o economicismo frío de tal suerte que se sirvan afirmar que, lo mejor para la sociedad, es mitigar o disminuir la longevidad de las personas (¿eutanasia?). Ya anticipo que, por diversas consideraciones (morales y éticas, principalmente), esta vía o conclusión fácil la rechazo, me desagrada y me opongo a dicha pendiente perniciosa.

El logro y éxito de ser una de las poblaciones con mayor longevidad o expectativa de vida es y debe ser irrenunciable. Ahora bien, este éxito de nuestra sociedad es, en sí mismo, un importantísimo reto para la sociedad (por ejemplo, la viabilidad y pervivencia del sistema de pensiones). La demografía es la que es y no podemos cambiarla, por lo tanto, debemos amoldar y acomodar la normativa y las actuaciones como colectivo, como sociedad, a la realidad social actual.

Por ello, en el ámbito estrictamente tributario, creo que deberían estudiarse y mejorarse los incentivos para la formación de capital privado (por ejemplo, la introducción de cierta progresividad en las rentas del ahorro con amplios tramos de exoneración) así como facilitar la transmisión de recursos económicos intergeneracionales vinculados a la creación de nuevas iniciativas empresariales (por ejemplo, cuotas de gravamen reducidas o nulas con ocasión de donaciones, así como, bonificaciones en sucesiones para el supuesto que el heredero cree o consolide una nueva iniciativa empresarial con parte del capital de la herencia).

Como sociedad, el reto (y la obligación) que nos deberíamos plantear es que las personas consigan un ahorro adecuado, dicho ahorro sea suficiente para ayudarles a mantener sus condiciones de vida y, a su vez, sea posible que existe un superávit mínimo que retorne de forma permanente y constante a la sociedad mediante la creación de nuevas empresas, asegurando no sólo el normal reemplazo de empresarios sino un aumento sostenido en el tiempo. Porque además, esta perpetua expansión y renovación empresarial permitirán mantener un ritmo de crecimiento y prosperidad adecuados, en beneficio del conjunto de la sociedad. Lo contrario es el colapso demográfico y económico.

 

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