En el día de hoy nos despertamos con la noticia de que, a instancias de un partido que hace bandera del desprecio a España y a los españoles, se valora aceptar una serie de enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y crear una comisión bilateral (o lo que sea que sea eso) que estudie una reforma de los Impuestos sobre el Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones a fin de acabar con el teórico «dumping fiscal» de la Comunidad de Madrid (y otras).
La idea es implantar una cuota tributaria mínima, a nivel estatal, que se superponga a las posibles bonificaciones autonómicas aprobadas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con el actual marco de competencias tributarias.
Recordemos que tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones son impuestos estatales (hay una regulación base estatal común) donde, aparte de la recaudación, tienen cedidas parcialmente las competencias normativas a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. En concreto, en el artículo 19 de la LOFCA y en los artículos 47 y 48 de la mencionada Ley 22/2009 de financiación autonómica se regula el alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre el Patrimonio y el ISD, respectivamente.
Por tanto, la introducción de esa pretendida cuota estatal mínima rompe el esquema actual de reparto de competencias normativas y obligará a una modificación de la citada Ley 22/2009 así como de las regulaciones estatales de los tributos.
La idea (enmienda nº 9 de ERC) es que, a través de una disposición final en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, se implante una cuota tributaria estatal mínima conforme la normativa reguladora estatal y ajena a la propia regulación autonómica, que se devengaría y liquidaría, por defecto, si la CCAA competente optase por mantener un sistema de bonificaciones o reducciones tan generoso como el actualmente existente en algunas CCAA (en especial, Madrid). En palabras llanas, en la medida que la CCAA no quiera asumir el coste social de esa mayor presión fiscal, perdería la eventual recaudación derivada del tributo.
Apuntar que esta modificación normativa colisionaría de pleno con la Ley 22/2009 que establece en su artículo 31 la cesión plena de la recaudación del tributo a la CCAA, sin limitación alguna.
Aparte del más que dudoso encaje jurídico y la discusión de la idoneidad y justificación de unas figuras tributarias anacrónicas y, a mi modo de ver, injustas, lo que aflora es el debate de fondo, la auténtica guerra cultural, esta nueva política que incide en todos los órdenes, económico, educativo, social, etc.
Así, en lugar de estudiar el teórico éxito de una determinada política tributaria para extenderlo y ampliarlo al conjunto de españoles, se opta por extender el infierno fiscal a todos para que no exista un resquicio de libertad para nadie. En lugar de auditar y revisar el gasto público en aras de mejorar su eficiencia y eficacia, se opta por seguir saqueando a los contribuyentes y penalizar (aún más) la actividad privada. En lugar de aspirar a la excelencia y mejorar la competencia, se obliga a todos a permanecer en la mediocridad y compartir la miseria.
Es la política de los ofendiditos y resentidos, de los fracasados, de la gente pequeña, que ante la incapacidad de conseguir nada por sí mismos, limitan su objetivo vital en destruir cualquier atisbo de diferencia que revele a los demás su necedad y falta de competencia.
Y así sucede con todo. Por ello, en educación lejos de implantar medidas para que los alumnos brillen y se incentive la excelencia, sean cuál sean sus capacidades, se limitan a implantar una uniformidad en la ignorancia. Por ello, en la Administración, antes que dotar de más medios, recursos y de buena formación al colectivo, prefieren premiar a un grupito concreto de técnicos de Hacienda dándoles una categoría que no han conseguido por méritos propios, con un claro desprecio al esfuerzo y dedicación de los actuales miembros del cuerpo de los Inspectores de Hacienda. Siempre el mismo baremo, eliminar el éxito.
En definitiva, el éxito en un entorno de libre competencia no depende tanto de la capacidad de uno como del buen o mal uso de sus capacidades. La libre competencia, en cualquier orden de la vida, pone al descubierto a los incompetentes, aquellos que, con mayores o menores capacidades, son incapaces de dar buenos frutos.
Sabías palabras las tuyas Emilio. Como yo soy cojo, en lugar de tratar de curarme, prefiero que mi vecino sea también cojo, y así me voy a sentir mejor. Esa es la filosofía de la enmienda
Gracias Ignacio. Ruego me permitas un matiz. La idea no es tanto si son cojos. La idea es que, como no he podido saltar la valla de un metro, en lugar de esforzarme para hacerlo (porque puedo hacerlo), opto por elevar la valla para que nadie la pueda superar. No es un problema tanto de capacidad como de voluntad. Ese es el drama. Un abrazo.
“Es la política de los ofendiditos y resentidos, de los fracasados, de la gente pequeña, que ante la incapacidad de conseguir nada por sí mismos, limitan su objetivo vital en destruir cualquier atisbo de diferencia que revele a los demás su necedad y falta de competencia.”
La experiencia demuestra que estas personas si tienen un alto grado de competencia: Han conseguido apartar de su camino a todo aquel que le incomoda, habilidad que demuestra tener un buen aparato digestivo; han conseguido sueldos y prebendas que, en la relación esfuerzo/ingresos superan al resto de ciudadanos, poco esfuerzo, mucho ingreso (envidiable). Y lo más importante, han sido elegidos en las urnas.
Libre competencia sí, pero si se sale de una posición similar.
Que salga Cataluña, un desastre en la gestión a quejarse de Madrid, da risa, como cuando Real Madrid o Barça se quejan de ventajas arbitrales del contrario.
Pero hay quien puede estar en desacuerdo con las políticas fiscales de comunidades vecinas porque no salen de la misma posición.
El Gobierno de Castilla y León así lo ha expresado. CyL no es Madrid y nunca será Madrid, por mucho que baje los impuestos o ajuste gastos. Comunidades como esta sufren un problema de despoblación, entre otros motivos, por falta de servicios esenciales o por deficiencia de los mismos, en gran parte de su territorio. Esos servicios cuestan dinero que tiene que pagar la comunidad y entiendo que no les parezca justo tener a una comunicad autónoma vecina que atrae posibles ingresos tributarios.
Porque para solventarlo, ¿qué puede hacer CyL? ¿Bajar los impuestos y esperar que esa bajada sea atractiva para que gente que se está yendo se queden y que atraiga a nuevos residentes? Es que ni en las visiones más optimistas de la curva de Laffer veo yo que eso solventarse el problema. Atraer a población e inversión a un territorio que ahora mismo tiene falta de servicios basicos con la promesa de impuestos bajos y que esos impuestos bajos revertirán esa falta de servicios básicos (a saber cuándo), me parece infantil.
Madrid, por muchos motivos, seguirá siendo atractiva aunque subiese los impuestos. Otras comunidades no se pueden permitir la situación actual. Y pensar que cualquier comunidad autónoma que esté mal en la situación actual es por incompetente (que las habrá) es igual a pensar que a todo el que va mal en la vida es porque es un vago o un incompetente, sin valorar que hay otros factores que también entran en juego
La pregunta que se debería hacer es porque se llama dumping fiscal a lo que hace Madrid, pero sobre lo que hacen Pais Vasco y Navarra en sus leyes forales se considera respetar su identidad. Pero esto es un tema exclusivo de votos, las personas no importan.
La educación, (conocimiento) es el problema.
Los señores de Hacienda (Agencia Tributaria) difunden (en su web) “demostrar” = “poner de manifiesto” en interés de recaudar tributos de tipo IMPUESTO sobre capacidad económica (capital inmobiliario) declarada (manifiesto).
El espacio europeo impide la doble tributación a misma capacidad económica (valor capital en propiedad).
En Europa, hay libertad de movimiento del capital, de cta. bancaria, a acciones, a divisas, (sin tributar impuesto) “pero” el movimiento a inmobiliario (Capital en construcción) en España “is diferent” y se olvidan que es mismo capital para los españoles.
Tratan a los españoles con idéntica fiscalidad que a un Americano que nunca ha tributado en Europa (España es europea) por capital utilizado en la compra de un capital inmobiliario.
El extranjero (que no declare en España) siempre pone de manifiesto su capacidad económica ante Hacienda, por la compra de capital inmobiliario en España.
El español, que capital bancario declarado = demostrado = manifestado, nunca puede poner de manifiesto lo ya manifestado a la propia hacienda.
En España, Hacienda (Agencia-Tributaria-Estatal-europea) interpreta que al comprar un piso se pone de manifiesto aquel capital que ya le fue manifestado, e incluso manifestado la propia Hacienda (Valor comprobado por Catastro). Interpretan que toda transmisión (ISD, AJD, ITP) “demuestra” valor capital inmobiliario en transmisión “interpretando” que se pone de manifiesto el valor real (capital total).
entonces…. ¿Qué pone de manifiesto la valoración catastral de hacienda?
Hacienda (autonómica-europea) “OLVIDA” que el valor capital inmobiliario lo pone de manifiesto la propia Hacienda (catastro-estatal-europea) por valoración Catastral y por ello liquidamos IBI a Hacienda (local-ayuntamiento-europea) por la mitad (RM=0.5) como “VALOR CATASTRAL” censado en Catastro, respecto al comprobado y puesto de manifiesto por la propia Hacienda (Catastro-Estatal-europea) como valor de referencia en mercado (RM).
Nos toman el pelo, con los notarios registradores y asesores fiscales cómplices necesarios, que mantiene sus espacios de confort, evitando contradicciones de Hacienda (Agencia-Tributaria-Estatal-europea).