El DACdo en el tributo (VII)

El tiempo ha oxidado mis mordaces saetas lingüísticas en estos casi cuatro años desde que publiqué, en esta misma columna, la última de ellas. Aunque, quizás, lo que ha ocurrido es que mi envejecimiento ha derretido mis ansias de facilitar el buen uso de la lengua a quien continúe teniendo ganas de leerme todavía.

Sin embargo, una reciente lectura legal me ha llevado a salir sin remedio de esta parálisis: el real decreto 243/2021, por el que se dictan las normas de desarrollo de la famosa directiva -DAC 6-, relativa a la obligación de información en relación con mecanismos transfronterizos, publicado inesperadamente en el BOE del pasado 7 de abril.

Desconozco la urgencia en publicar a todo trance y sin vaselina un texto de tal calado para la praxis tributaria, pues el retraso en el cumplimiento de la Directiva europea llega casi a los tres años, pero lo cierto es que el resultado se encuentra en los antípodas de lo que debería ser la buena regulación que persiguen tanto la Unión Europea como la OCDE. Y, ello, tanto por cuestiones técnicas que espero que se discutan judicialmente -señaladamente, su aplicación ultrarretroactiva a los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se hubiera realizado desde el 25 de junio de 2018, es decir, por obligar al asesor a tener un déjà vu de 3 años-, como por las innumerables incorrecciones lingüísticas plasmadas en el más importante diario oficial en español, a las que paso a referirme.

La lectura se puso pronto interesante. Empecé a leer unos cuantos “cuando concurran alguna” y “cuando concurra cualquiera” que me dejaron ojiplático, no tanto por el uso caprichoso e inadecuado del plural sino por la reiteración en la imposible concurrencia de una única condición. Hablé de ello en un amplio post publicado en FiscalBlog el 23/9/11 que resumiré en un párrafo.

Uno no puede concurrir solo. La normativa concursal aparece, precisamente, cuando concurren varios -nunca uno- deudores. No en vano, la raíz del término se traduce literalmente como “correr conjuntamente”. Por lo tanto, concurrir un requisito, o un candidato a unas elecciones, es un oxímoron insoportable a los ojos de alguien que aprecie mínimamente la lengua y, en este reglamento se utiliza un total de 17 veces, 16 de ellas de esa forma tan censurable y, la última, acompañada de dos rémoras –“concurran acumulativamente todas”- redundantes. Un simple “concurran todas” hubiera sido suficiente.

Empecé a hiperventilar al leer que la obligación de información nace cuando el intermediario “transmita” y el obligado “adquiera” el servicio -art.46.3.a)1º-, pues pensaba que lo que Ulpiano nos dijo que se transmitía eran los bienes, a través del título y el modo, y no los servicios, que no se adquieren, sino que se prestan y reciben.

Dejando de lado anacolutos varios, producto de las impropias prisas del ejecutivo en publicar el texto y que espero que se subsanen en el BOE en los próximos días, el artículo 47.2 alumbra un criterio del beneficio principal que no se cumple sino que satisface, como esos aparatos que se han puesto tan de moda entre las jóvenes, “teniendo en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes”, a pesar de que aquí sí que sería correcto utilizar concurrentes y lo demás son precisamente impertinencias.

Ese mismo precepto nos enseña que cuando en un mecanismo transfronterizo participan empresas asociadas “la calificación de” la existencia de ahorro fiscal se efectuará considerando los efectos, sin darse cuenta de que un ahorro fiscal existe o no, pero si no existe no procede calificación alguna, es decir, que sobra “la calificación de” nada.

Más llamativa es la indiferente y graciosa utilización de “en relación a” y “en relación con” a lo largo del texto normativo, olvidando que el diccionario académico admite dos locuciones “con relación a” y “en relación con”, pero no así “en relación a”, que es un falso cultismo fruto del cruce de ambas composiciones.

Esa misma ambivalencia se detecta en el art.47.4.b), pues allí el impuesto sociedades “aplica” -incorrectamente- o “se aplica” -como corresponde- a gusto del orate redactor y, no contento con ello, ese mismo tributo también se “exige” cuando lo correcto sería regularlo antes que exigirlo.

Para culminar el aldabonazo a Cervantes y tantos otros grandes maestros de nuestra literatura, y ya poniéndome muy purista, las disposiciones transitorias establecen que los mecanismos transfronterizos se declararán en el plazo de 30 días naturales siguientes “a partir de” la entrada en vigor de una Orden ministerial, cuando hubiera sido suficiente que esa vacatio legis se produjera “desde” su entrada en vigor, sin tanta alharaca gramatical inútil.

Y quiero acabar con un acto de defensa reactiva ante posibles críticas: me parece perfecto que, en aras de una mínima uniformidad, se imponga un metalenguaje tributario similar en los países de nuestro entorno fiscal. Pero ello no debe comportar, necesariamente, la adopción de giros lingüísticos espurios ni la traducción literal de la terminología utilizada en otras lenguas.

Si envolvemos con esos defectos unos conceptos que ya de por sí resultan complejos incluso para el experto tributario -ese desgraciado y mal llamado intermediario fiscal, al que propuse denominar colaborador fiscal en otro de mis artículos-, el conocimiento de la norma para el común de los mortales se convierte en una tarea hercúlea.

Y no olvidemos que los impuestos son cosa de todos, pues todos somos obligados tributarios o, cuando menos, eso es lo que dice el artículo 31 de nuestra Constitución.

4 pensamientos en “El DACdo en el tributo (VII)

  1. Francisco José Navarro

    Enhorabuena por la entrada, Esaú.

    Lejos de haber oxidado tus flechas, como modestamente sostienes, más parece que tu aljaba está repleta de dardos y venablos afilados y sin asomo de herrumbre, con buena provisión de saetas que, para las víctimas de la LOGSE, tal vez haya que decir que, a más de palo del flamenco que se canta a las imágenes en semana santa, es proyectil que se lanza con el arco. Me he perdido las anteriores entregas de la serie, pero con esta, evocadora del maestro Lázaro Carreter, me engancho.

    Tocas un tema querido para mí y esencial para el Derecho, el de las palabras desprolijas y torpes, que atropellan el discurso y enturbian las leyes, reglamentos, sentencias y escritos. Hace años que aprendí que las palabras no expresan el pensamiento, sino a la inversa, crean el pensamiento. Pensamos con palabras. Quien no tiene palabras, no piensa.

    Bueno, pues hay covachuelistas a destajo entre los publicanos del ministerio -en rigor, de todos los ministerios- que perpetran esa prosa ininteligible, contingente y atropellada, que pese a las prisas ya llega tarde a la trasposición (palabro que, con buen criterio, evitas, ya que trasponerse es echarse un sueñecillo al descuido). Así estamos, leyendo párrafos en leyes o reglamentos en esa neolengua, que ya anunció Orwell, esa insana jerga que sirve para no decir, para engañar, para aparentar una realidad, para crear esclavos y no ciudadanos. A la impostura han contribuido también los hugonotes de Luxemburgo con sus píldoras de sentencias redactadas en español batúa, liofilizado y neutro.

    Perdón por el desahogo, pero quien solo sabe Derecho, ni siquiera sabe Derecho. La lengua es más de la mitad de las leyes. Las leyes son palabras. Si no se hacen bien, si se construyen con material deleznable, es peor que no hacerlas.

    Felicidades de nuevo. Que tu carcaj se mantenga a rebosar, con las sagitas puntiagudas y punzantes, prestas a servir a la seguridad jurídica también de esta forma, que no es secundaria ni marginal, sino el centro mismo del Derecho.

    Responder
    1. Esaú Alarcón García Autor

      Viniendo de una persona como tú, Jose, preocupado no solo por las palabras sino por su aplicación etimológica en el mundo del derecho -como muestra la reciente publicación de tu diccionario de expresiones latinas-, tu comentario me honra infinitamente. Un abrazo fuerte. Esaú

      Responder
  2. Javier

    Muchas gracias, Esaú. Cada vez somos menos los que nos preocupamos por estas cosas. Estando todos y todas whatsappeando tonterías y tonteríos es difícil que no se termine perdiendo el uso correcto de la gramática. Siendo penoso todo cuanto apuntas, no hemos de desmerecer otras formas de dar patadas al idioma y que siempre ha producido nuestro ministerio de Hacienda. Memorable ha sido el artículo 63 de la Ley 18/1991 de IRPF:
    “El resultado de las operaciones previstas en el artículo 61, sumado al saldo positivo que, en su caso, arroje la prevista en el apartado uno del artículo anterior y al cociente a que se refiere el párrafo segundo del artículo siguiente y minorado en el importe de los rendimientos irregulares negativos a que se refiere la letra b) del apartado dos del artículo 59, constituirá el importe de la renta regular del sujeto pasivo.
    El importe de la renta regular establecido en el párrafo anterior constituirá la parte regular de la base imponible del impuesto”.
    La diferencia es que en este caso no se entiende nada en absoluto y el autor no tiene el atenuante de la LOGSE.

    Responder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.