El hedor de la plusvalía municipal.

El Tribunal Constitucional declara un tributo parcialmente inconstitucional y, por tanto, las liquidaciones satisfechas son improcedentes. No obstante, como es más importante los bolsillos que viven del erario municipal que el derecho de los contribuyentes a que les restituyan lo que les habían arrebatado indebidamente, el Tribunal se saca de la manga el concepto de «situaciones consolidadas», una suerte de mordaza jurídica para asegurar la paz en los cementerios jurisdiccionales.

Y hablamos de una Sentencia sin haber visto, aún hoy, su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sabemos de ella porque, primero se publica, por parte del Tribunal, una nota de prensa que dice algo de lo que dice que dirá, pero sin concretar. Porque no estaba redactada del todo, o sí, pero no lo sabemos. No obstante, alguien se encarga de pasar, «filtrar», algún borrador, para que todos anticipemos si debemos recurrir o no, o mejor esperar, o mejor consultar, o mejor conocer qué hacer. Debates, entretenimiento, notas técnicas y sesudos análisis, chats y youtubers tributarios. Otra nota de prensa. Y, al cabo de unos días, otro borrador secreto convenientemente difundido que ya no es borrador, porque este sí será el texto oficial, si bien no se publica porque hay que redactar algún parche normativo para empañar el desaguisado.

Porque, hablar de la plusvalía se habla, salvo en los ayuntamientos y gobiernos. Aquí hay consenso. La plusvalía ha traído consigo el fin de la tensión política. Hiena no come hiena. «Canis caninam non est«. Una cosa son las normales disputas entre clanes por el dominio del territorio, otra cosa es poner en riesgo el modo de vida.

Mientras, andan los borradores circulando. En los oscuros despachos de los ministerios, las sombras deambulan redactando un nuevo texto para cubrir vacíos. Para ganar tiempo, también publican una nota de prensa en la que prometen revisar el tributo, pero no para eliminarlo, sino para restablecerlo. Había que lanzar un mensaje. Y, porque sí se puede, prometen «garantizar la constitucionalidad de un tributo». Por Real Decreto ley, oigan.

Ya se sabe que se hace por «extraordinaria y urgente necesidad» pues, tras cuatro años de serena reflexión, era el momento oportuno, entre notas de prensa, para redactar unas líneas. Da igual que el mismo Tribunal Constitucional, hace apenas un año les dijese que eso del Real Decreto ley no funciona. Pero, para ellos, esto de la constitucionalidad de las normas es irrelevante. Qué más da. Asumen que el pueblo es imbécil y traga con lo que le echen. Si han estado retenidos en casa y se les ha restringido derechos y libertades sin que existan protestas, no hay motivo para hacer nada de forma distinta.

Hoy te publican el Real Decreto-ley (ver aquí) haciendo referencia a una Sentencia (por lo visto la 182/2021) aún no publicada. Una norma «Minority Report».

Poco importa que algunos menesterosos tributaristas se dediquen a impugnar la norma y encuentren quijotes dispuestos a financiar la cruzada y asumir los riesgos del proceso. Para cuando el Tribunal tenga a bien resolver, o calvos, o mediopensionistas sin pensión o muertos. Y aunque el Tribunal dicte Sentencia a favor de estos menesterosos, ¿qué? A los que redactaron y aprobaron la norma les seguirán pagando del erario público con agradecimiento a sus servicios mientras que, a los contribuyentes, de nuevo, les aplicarán lo de las «situaciones consolidadas» que, para entonces, ya será doctrina consolidada, valga la redundancia.

Mas que deslegitimarse los impuestos y, en esencia, la subsistencia del Estado, lo que sucede es que se está legitimando, tácitamente, unas prácticas legislativas y administrativas aberrantes. Este es el precio de nuestra civilización.

En resumen, colorín colorado, con este breve cuento apresurado, percibirás el hedor de un sistema ya deteriorado.


5 pensamientos en “El hedor de la plusvalía municipal.

  1. Manuel Martin Sivianes

    Es decir que el Ejecutivo, que desde 2017 conocía la obligación de corregir la ley reguladora de la plusvalía municipal lo hace en 2021, es decir tarde y como consecuencia del cumplimiento tardío de su obligación no encuentra un castigo sino todo lo contrario, un premio (puede aprobar la nueva ley de una forma mucho mas cómoda mediante real decreto-ley).

    ¿Por que no se hace lo mismo con los incumplidores de sus obligaciones tributarias?

    Saludos

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  2. Fran

    Hasta que no se publique habrá posibilidad de instar la rectificación y la solicitud del ingreso indebido..

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  3. Xavier Sole

    Que incluyan un articulo nuevo en la Constitucion que diga… Los impuestos, tributos y tasas, de cuaquier tipo, en caso de ser declarada su incostitucionalidad, nulidad o situacion asimilada(..} se regiran por el principio de ” Santa Rita, lo que se da no se quita”.

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  4. Ricardo Narbón

    En el nuevo Real Decreto ley se gravan las transmisiones de menos de un año, con lo cual se podría dar la siguiente situación. Dos sobrinos heredan en enero de su tío un inmueble en la playa adquirido hace más de 20 años en Gandía, les pegan un sablazo en sucesiones (comunidad autónoma valenciana) y el ayuntamiento de Gandía por la plusvalía municipal. Los herederos con pocos recursos venden el inmueble en junio a un soltero de 55 años y naturalmente se les liquida de nuevo plusvalía municipal por menos de un año con el nuevo RDL, eso sí, se prorrateará el coeficiente
    anual teniendo en cuenta el número de meses completos (el comprador habrá pagado transmisiones) y tiene la desgracia de fallecer en un accidente junto con su único hermano en septiembre y los hijos de éste de 32 y 27 años pasan a heredar el apartamento y de nuevo a pagar sucesiones a la comunidad autónoma y al ayuntamiento de nuevo la plusvalía y éstos acaban vendiendo en diciembre y vuelven a tener que pagar de nuevo plusvalía municipal por la venta. Que me diga alguien que actuaciones urbanísticas ha llevado a cabo el ayuntamiento para pegar cuatro sablazos en un mismo año por la presunta revalorización de unos terrenos.

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  5. Javier

    El TC (y también el poder judicial) han escorado históricamente sus decisiones en el ámbito tributario condicionados por el criterio de la suficiencia financiera de la cosa pública y legitimado aquéllas por un pretendido interés público, que en demasiadas ocasiones nada se parece al interés de los ciudadanos. El problema es que la exculpación de un abuso sólo genera más abuso. Ya no es que el tribunal esté fallando es su obligación de vigilar y preservar el correcto funcionamiento del sistema sino que favorece su deterioro.

    Se crean normas a todas luces inconstitucionales, se retrasa su revisión durante lustros y se terminan validando o limitando los efectos de su anulación con la disculpa de que la bola creada se ha hecho demasiado grande para darle otra solución. Pero ¿se han planteado esas ilustres Señorías la posibilidad de poner pie en pared y empezar a cortar esos abusos y, con ello, el círculo vicioso que generan? Con el tiempo seguro que dejarían de repetirse.

    Yo no he dado mi voto a unos políticos para que luego me agredan con sus decisiones erróneas, pero quien realmente me indigna es aquél que tiene precisamente la razón de su existencia en vigilar que eso no ocurra al margen de nuestro marco legal y que no sólo no hace nada sino que lo alienta con decisiones maniqueas o simplemente mirando para otro lado. Me pregunto si podrán conciliar el sueño de tanta vergüenza.

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