¿Dónde estabas entonces?

A Manolius Palacios, por (más de) tres décadas de amistad.

«Dentro de la jaula hay alimento.

Poco, pero hay.

Fuera de ella, sólo se ven enormes extensiones de libertad».

Nicanor Parra.

A mediados de la década de los 90s -del pasado siglo; o sea, anteayer-, dediqué unas vacaciones estivales a hacer un periplo por Centroeuropa. Así, partiendo de Munich -donde conté con la cálida hospitalidad de mi buena amiga Ana, hamburguesa de nacimiento pero, genética y vitalmente, 100% murciana; y, ya por entonces, casada con un alemán-, conduje hasta Viena y desde ahí, ya en tren (el muro acababa de caer, y aún no era recomendable cruzar el extelón de acero con un coche de alquiler), a Praga, para retornar vía ferrocarril a Ratisbona (para ellos, Regensburg) y, finalmente, otra vez a la capital bávara.

Un día, a la caída de la tarde, “aprovechando” la ausencia del marido de Ana, abordé un tema delicado sobre el que me corroía la curiosidad: “Ana, la sociedad alemana actual, ¿cómo ha asimilado su pasado?”. Ella, siempre tan certera como sabia, me respondió escuetamente: “aún hoy, Javier, lo peor que le puede pasar a un alemán de cierta edad, es que un nieto le pregunte, «abuelo, ¿tú que hiciste en 1933?´´”.

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El pasado 27/1 el TJUE dictó su sentencia en el asunto C-788/19 mediante la que declaró la nulidad del régimen jurídico previsto para el incumplimiento de la obligación de presentación del modelo 720. Mucho se ha escrito sobre ello en las semanas transcurridas desde entonces; mucho más se escribirá en los próximos meses y años…; incluso el BOE aún tiene pendiente -parece- de abordar el “parche” con el que el Ministerio de Hacienda pretende suturar las heridas: “La valoración de la sentencia ha de ser, desde el punto de vista de España, negativa”, en palabras de Luis Aguilera Ruiz, Abogado del Estado ante el TJUE… ¿Negativa, de verdad, para España? Como bien ha apuntado mi meu Esaú Alarcón, negativa si asumimos que el Ministerio de Hacienda patrimonializa el país. Será negativa, en su caso, para sus ansias recaudatorias…, pero ¿negativa para preservar el Estado de Derecho? ¿negativa para el estatus cívico de los contribuyentes? ¿negativa para la confianza legítima en las instituciones públicas (al menos, en lo que aquí respecta, en las europeas)? No, Sr. Aguilera, no. Para todo eso -y eso, Sr. Aguilera, también es España, quizá más aún que los intereses residenciados en el número 5 de la madrileña calle de Alcalá-, y, para mucho más que eso, la valoración de la sentencia ha de ser necesariamente positiva.

No pretendo aquí, pues, abundar en esos análisis jurídicos -para atrás y, sobre todo, para adelante- relativos a los efectos de la STJUE. No. Mi reflexión es otra, desde otra perspectiva; la de la depuración de responsabilidades. Pero aquí ya no se trata -pues eso ya está dicho por activa y por pasiva- tanto de reclamar algún tipo de asunción de culpa, llámese perdón y/o disculpa (incluso, al mejor estilo japonés, haciendo una “saikeirei”), por parte de los titulares (pasado y presente; tanto monta, monta tanto) del Ministerio. Es -obvio- del todo legítimo reclamarla, pero no deja de ser un mero brindis al sol y, como tal, una quimera: en lo que me queda de vida (y les anuncio desde ya que llevo tiempo apuntado a la “lista de los 100 años”, a la que les animo a sumarse) ya no aspiro a verlo.

Aquí me refiero a unas reflexiones más pedestres, más modestas, más de andar por casa; todas ellas relativas al casi unánime manto de silencio que durante una década permitió que el malhadado 720 dejara unos cuantos “cadáveres en la cuneta”.

Hablo, por ejemplo, del entonces Director General de la cosa que, lejos de aceptar con deportividad (léase naturalidad) que una asociación profesional (sí, otra vez, ¡la AEDAF!) tuviera la deferencia protocolaria de anunciarle la presentación de una denuncia contra el 720 ante la UE, monta una escena: “en tal momento se desataron las Furias, y hubimos de soportar una más que desabrida bronca por parte del Director General. No sé quiénes me acompañaban, pero yo solo aguanté estoicamente la bronca, como si fuese un colegial malcriado, porque estaba allí en representación institucional de todos vosotros, que me inducís a la virtud. De otro modo el mentecato hubiese recibido su merecida réplica. No fue así, y me iré de este mundo con un pecado menos” (según relato público de uno de los allí presentes).

Hablo de esos funcionarios de la AEAT que, lejos de vislumbrar -tampoco, reconozcámoslo, había que ser un lince; ¡gracias, pues, Mª Genma Martín Meléndez y Ana Alonso, entre otros, por vuestro valiente paso al frente!- la burda violación del estatus cívico de los contribuyentes que todo ello implicaba, durante una década apenas levantaron la voz -ni individual ni colectivamente- para cuestionar la boutade legal que tenían entre manos y, así, cuestionar si ese del todo ilegítimo medio justificaba el, en su caso, loable fin. Obsérvese que ni siquiera estoy reclamando -pues tampoco quiero pecar de ingenuo iluso- que se hubieran animado a inaplicar la normativa; alternativa que, por otro lado, pudiera ser jurídicamente ortodoxa habida cuenta la STS de 16/11/2021 (recurso nº 2871/2020):“en una Unión de Estado de Derecho el autocontrol de la Administración asociado a la vía administrativa redunda no sólo en interés del afectado, sino también en el interés público», reflexión que -estimamos- cobra pleno sentido siempre que ese autocontrol sea real y no expresión de un mero trámite formal (…)”. Y es que “el Tribunal de Justicia no asumió las modulaciones propuestas por su Abogado general en orden a distinguir la mera «facultad» de la «obligación» de inaplicar la norma nacional, contraria al derecho de la Unión Europea. Y, tanto es así, que dicha obligación debe asumirse por cualquier administración pública, incluso, de oficio y «sin solicitar o esperar la derogación previa de dicha disposición nacional por el legislador o mediante cualquier otro procedimiento constitucional» (por todas, sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2017, Trustees, C-628/15, apartado 54, ECLI: EU:C:2017:687). Pues bien, tratándose de una obligación -y no solamente de una mera facultad o potestad-, la impone el Tribunal de Justicia «en caso de necesidad» ( sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2012, ANAFE, C-606/10, apartados 74 y 75, ECLI: EU:C:2012:348), necesidad que surge «cuando no resulte posible interpretar y aplicar la normativa nacional conforme con las exigencias del Derecho de la Unión»  (…) Los pilares estructurales del Derecho de la Unión resultarían negativamente afectados si (…) la Administración desatendiera dicho compromiso, al tiempo que supondría eludir su obligación de conducirse de acuerdo con el principio de legalidad ( artículos 9.1 CE y 103.1 CE, preceptos ambos que deben de leerse -especialmente en este caso-, en íntima conexión con el artículo 93 CE), pues, tal escenario situaría a la Administración en una posición de irresponsabilidad, inaceptable para el Estado de Derecho, uno de los valores en que se fundamenta la Unión ( artículo 2 Tratado de la Unión Europea)”. Pero tampoco es menos cierto que aquí se debe romper una lanza en favor de los TEAs que, no teniendo ya capacidad para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, al menos declararon no pocas sanciones como contrarias a Derecho al no estar debidamente motivadas (eran un mero automatismo); aunque, en el otro lado de la balanza, en general, no aceptaron la suspensión del plazo para resolver cuando así se les solicitó invocando el artículo 22.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.

Hablo, también, de muchas de esas asociaciones empresariales y/o colegios profesionales que, lejos denunciar tamaños atropellos como los que aquí se evidenciaban, miraron para otro lado; poniéndose, así, de perfil, mientras esperaban que fueran otros -siempre “otros”- los que hicieran el trabajo sucio, los que se significaran públicamente frente al poder establecido. ¡Ay, siempre el poder y nuestro atávico temor a su furibunda reacción! Esa militante inacción de las supuestas élites de nuestro país, ese laissez faire que les lleva a ver desde la barrera -o, si se prefiere, tras los visillos- los toros llamados a ser lidiados por los que consideran sus subalternos…; pues ellas, claro, no están para mancharse las manos con estas cosas tan mundanas.

Hablo, también, de esos partidos políticos -¡todos!- que, enarbolando la bandera de la lucha contra el fraude -¡ay, el fraude!-, renunciaron a defender a la ciudadanía (a la que dicen representar y a la que, además -no lo olvidemos-, se deben) frente a las tropelías del poder, las más peligrosas; precisamente ésas por las que, tras la 2ª Guerra Mundial, se creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hablo, por supuesto, del Defensor del Pueblo; institución -es oportuno recordarlo- legitimada para haber interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la regulación del 720 (¡¡¡esa imprescriptibilidad!!!); aunque -bien pensado- eso pudiera haber puesto en un brete -¡otra vez!- al mismísimo Tribunal Constitucional, quizá tentado de evocar el triste episodio del la STC del pasado 26/10/2021 relativa a la malhadada “plusvalía municipal”. Laus Deo, pues, por contar con el TJUE, ¡menos mal que aún nos queda… Luxemburgo! (parafraseando a Siniestro Total); incluso aunque haya que esperar una década para recibir su Justicia.

Hablo, sí, también, de alguna de esas firmas grandes (quizá incluso demasiado grande, pero que, aun así, no es merecedora de ser considerada un gran despacho -no confundir con despachos grandes, pues no necesariamente lo uno lleva a lo otro-; ya saben, el tamaño importa pero, además, hay otras cosas) que decidió no embarcarse en estas lides, no fuera a ser que quedara fotografiada y se le viera demasiado el plumero. Si mi particular “garganta profunda” me lo permitiera, un día les contaría una historia que les pondría los pelos como escarpias, ¡cuánta mezquindad albergan ciertos personajes aparentemente respetables!

Hablo, ¡claro!, de esos medios de comunicación que -con muy contadas y honrosas excepciones- silenciaron el drama que venía destrozando las vidas de miles de contribuyentes, conciudadanos nuestros que, sin culpa alguna, eran víctimas del todo inocentes de un producto humano -¡de nuestro poder Legislativo y Ejecutivo!-, no de un desastre natural o de una maldición divina.

Hablo, en suma, de esa sociedad (¿civil?, ¿cuál no lo es?) anestesiada, adormecida al calor del poder, acurrucada a la sombra de un par de platos públicos de lentejas; esa sociedad que ya ha perdido vergüenza alguna a ser una mera espectadora de la degradación institucional, jurídica, de su país. Esa masa amorfa que, en palabras de Cayetana Álvarez de Toledo[1] (con la que comparto muchas convicciones; y discrepo en otras), “todavía infravalora la fuerza constructiva del pensamiento crítico. (…) Ni siquiera creemos en la capacidad del más destacado de nuestros individuos para imponerse por sus propios méritos… He meditado sobre los motivos de este fenómeno que nos aleja del ideal democrático y de muchos países de Europa. Quizá sea el resultado de una convivencia demasiado extensa con la dictadura: arrastramos una mentalidad gregaria, un punto funcionarial y sumisa. (…) El caso es que no cultivamos la libertad ni la responsabilidad individuales. Y cuando asoman las aplastamos por perturbadoras y peligrosas”. Es esa misma deriva autoritaria que, según denuncia The Economist, ya ha degradado nuestra democracia a la 2ª división y “ha acostumbrado a los ciudadanos a una enorme extensión del poder del Estado sobre grandes áreas de la vida pública y personal”.

Tuvo que ser, por tanto, una modesta -sí, pues vive única y exclusivamente de las cuotas de sus miembros, adscritos por su libérrima decisión y todos ellos 100% entregados a la causa de la Justicia- Asociación (sí, la AEDAF) quien saliera a la palestra, quien diera firmemente un paso al frente de esa sociedad mayoritariamente silente y adormecida, ya de antemano rendida -con armas y bagajes- al poder establecido.

Tuvo que ser, también, un humilde -pero, a la vez, ¡inmenso!- abogado de provincias, nacido en una pedanía manchega, quien imbuido de un espíritu quijotesco se plantara en Bruselas, ante la Comisión, para hacerla conocedora de las gravísimas violaciones cometidas por el Legislativo y el Ejecutivo españoles. ¡Bravo, Alejandro, inmenso!

Fue, también, otro sencillo -pues está en las antípodas de cualquier engreimiento- abogado hecho a sí mismo, 100% autodidacta, quien con el sudor de su frente desentrañó intelectual y doctrinalmente las tripas del régimen del 720 mediante una tesis doctoral a la que la academia (¡ay!), sin embargo, le escatimó su reconocimiento. Fue él, también, quien mediante un esforzado proceso en la Audiencia Nacional logró -tarea ardua- que se conociera el demoledor Dictamen de la Comisión Europea, antesala de la sentencia del pasado 27/1. ¡Todo mi reconocimiento, Esaú, grande!

No se confundan, pues, fueron ellos, y sólo ellos -la AEDAF, Alejandro del Campo y Esaú Alarcón- quienes dieron la batalla y cosecharon el éxito ante el TJUE. Es bien sabido que la victoria tiene muchas paternidades, mientras que la derrota siempre es huérfana… Recelen, por tanto, ahora de muchos de esos vendedores de humo que se apuntan el tanto de un éxito del todo ajeno a ellos; tanto que durante una década ni estaban ni se les esperaba dando la cara ante la omnipotencia del Leviatán.

¿Dónde estamos, pues? Solos, con nosotros mismos. Y es en esa gélida soledad en la que todos y cada uno de nosotros nos vemos ante el espejo de la cruda tesitura de decidir qué hacer: ser meros espectadores de la progresiva degradación de nuestro estatus ciudadano o, por el contrario, dar un paso al frente y decir ¡basta!

“Hacer o no hacer. Creo que esta dicotomía es tan esencial como el célebre «ser o no ser´´ shakesperiano. Porque Hamlet dudaba entre vivir o suicidarse, pero optar entre hacer o no hacer nos define de manera radical como personas. No estoy hablando de que estemos obligados a ser héroes: siento un respeto absoluto por el miedo insuperable. (…). Y es que la vida nos está planteando todo el tiempo esa pregunta: ¿haces o no haces? ¿Vas a escoger intervenir, o prefieres la cómoda, cobarde y sucia pasividad? Hay gente que prefiere no hacer nada por mera y banal comodidad, para no complicarse la existencia” (Rosa Montero; “Hacer o no hacer”, EPS 13/2/2022). Y es que, como bien decía Burke, “para que el mal triunfe, basta con que los buenos no hagan nada”.

Y esa encrucijada vital debe observarse desde la perspectiva de la hipotética pregunta de nuestros futuribles nietos: “abuelo, ¿tú que hiciste en la década 2012/2022, cuando las instituciones en España se degradaron hasta límites insospechados?”

Allá, pues, cada cual con su conciencia. En lo que a mí respecta (que no creo equivocarme al hacerlo ya aquí extensivo a mis meus Emilio, Esaú, Gloria, José, José Andrés y Leopoldo), duermo razonablemente bien pues, desde mi del todo modesta posición de a pie, hago lo que está en mi mano: el legítimo derecho al pataleo, a la denuncia, a levantar la voz ante los desmanes del poder. Y duermo mejor aún, no lo negaré, desde que el pasado V11/2 asistí -en la cálida compañía de Leopoldo- en Salamanca -¡mi Universidad!- al entrañable acto de entrega de los blogs jurídicos de oro donde #Fiscalblog fue reconocido como uno de los “7 magníficos”. Enhorabuena a todos los premiados (¡grande, Diego!); muchas gracias Sevach y Globoversia por todo, y gracias -¡también!- a la Facultad de Derecho y especialmente a su Vicedecana Mª Ángeles Guervós por su cálida hospitalidad, en esa ceremonia que, en el fondo, vino a ser una defensa a ultranza del Derecho, de la responsabilidad individual, de nuestro compromiso cívico, de la libertad. Y es ahí donde #Fiscalblog siempre estará significándose, dando la batalla cultural por los principios; sin atribuirnos heroicidad alguna (pues no la tenemos y ni siquiera la anhelamos) pero, tampoco, sin claudicar. Afortunadamente, y pese al páramo social generalizado, no estamos solos en esta particular cruzada cívica: son muchos (y, sobre todo, cada vez más) los espíritus libres que nos acompañan en este camino y cuya compañía hace más llevadera la travesía del desierto. Desde aquí todo mi reconocimiento y profundo agradecimiento a todos y cada uno de ellos.

P.D.: Hay una inquietud que me carcome: ¿ustedes han recibido sus facturas de consumo eléctrico o, por el contrario, forman parte de esa (inmensa) minoría que -como yo- llevan ya medio año sin noticia alguna? Por mera curiosidad, vamos.

#ciudadaNOsúbdito

[1] “Políticamente indeseable”; ediciones B, 2021.