El paddock

En un reciente comunicado de Jorge Lorenzo -al que se puede acceder pulsando en este enlace-, fechado el 9 de los corrientes, el piloto expone sus desventuras con la Agencia Tributaria, culminadas a su favor en dos resoluciones de los órganos encargados de la revisión de la validez de los actos tributarios -el TEAC, por lo concerniente a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y el TEAR de Cataluña por lo que al 2016 se refiere-.

Sin entrar en los pormenores del asunto, atinentes a la prueba del lugar de residencia del encausado, ha llamado la atención de este servidor el siguiente relato: “Llegaron a enviar unos emisarios al propio paddock para forzarme a firmar una documentación. Me asaltaron y bloquearon mi salida cuando me dirigía a subirme a la moto minutos antes de empezar una carrera”.

El paddock, hasta donde alcanzo a saber -ruego indulgencia si se me escapa algún detalle por falta de práctica-, es una zona situada en el interior del circuito, tras los talleres, donde se arraciman, en una policromada e impecable exposición, tanto los camiones como las casetas e instalaciones de las respectivas escuderías. Se trata de un lugar transitado por mecánicos, asistentes, operarios, pilotos, técnicos, periodistas e invitados acreditados, pero en todo caso -y esto es lo relevante- restringido al acceso al público.

Ya se pueden imaginar por dónde va el ruido -es un decir- del teclear que inspira sobre la marcha estas apresuradas líneas. ¿Pueden acceder al paddock funcionarios de la AEAT para presentar a la firma de un piloto unos pliegos de cargo sin autorización judicial o, en su defecto, sin el consentimiento expreso -e informado- de su atribulado destinatario? Spoiler: en mi humilde sentir, no deberían.

Soy consciente de lo deslizante del circuito argumental que piso, bajo el paraguas de la protección a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Verán, hay consenso en que el ámbito espacial de la cobertura se extiende a la residencia ocasional o transitoria, lo que nos conduce a reparar en que pilotos como Jorge Lorenzo suelen residir en los conocidos como motorhomes, que son caravanas-casa que reúnen todas las comodidades necesarias para el desempeño de su profesión.

Dadas las características del paddock, no parece arriesgado sugerir la idea de que la privacidad se extienda a los espacios físicos que son indispensables para que quienes lo habitan puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, más allá de las estrictamente permitidas por razones funcionales y organizativas, lo que engarzaría con la noción de tutela establecida tanto por el TS como por el TC y el TEDH, patrocinando interpretaciones cada vez más amplias cerca del ámbito objeto de protección. Dicho con otras palabras, el alcance del refugio, en este caso, podría ir más allá de la propia caravana -el motorhome– y abarcar el perímetro de la salida en la que se produjo la intercepción expeditiva, por formar parte integrante del lugar -al que no accede el público, insistamos en este relevante matiz- en el que el piloto realiza su actividad profesional, exclusivamente en compañía de otros operadores necesarios para la celebración del espectáculo deportivo.

A partir de ahí, asumiendo que el argumento puede no ser compartido, cabe plantearse la necesidad de la medida; esto es, la constatación de que la actuación administrativa denunciada es el único medio apto para obtener el fin legítimo perseguido por la Administración, en este caso consistente en recabar la firma del interesado, de suerte que no pueda conseguirse de otro modo menos invasivo distinto del “asalto y bloqueo” antes de subirse a la moto para dar comienzo a una carrera.

Sin entrar en detalles -que ignoro- sobre el motivo por el que se pretendía la rúbrica del campeón por triplicado de moto GP, ni en el contenido de la documentación constitutiva del gatuperio formado en semejante escenario -que igualmente desconozco-, la mera intuición conduce -es un decir- a pensar que la actuación perpetrada supera la cota del paroxismo en un tratamiento naturalmente intrusivo.

¿Se imagina usted, respetable lector, que alguien irrumpa en un quirófano para reclamarle al cirujano un autógrafo cuando está arrancando la plataforma robótica que se dispone a emplear para la operación? Pues eso.

Como pueden advertir, he obviado cualquier cita ornamental sobre el soporte normativo y la doctrina jurídica que daría -en su caso- cobertura al argumento planteado sobre la base de tiros que han resultado salir por la culata, dando por supuesto su cabal conocimiento. Y lo he hecho a propósito porque estas líneas no persiguen un rigor imposible de alcanzar sin conocer los detalles de las circunstancias descritas descarnadamente por Jorge Lorenzo, sino llamar la atención sobre intervenciones susceptibles de quebrar costuras básicas de un sistema de garantías cada vez más comprometido y tensionado, entre otras, por razones de proporcionalidad que, no se olvide, sigue siendo un principio esencial en la aplicación de los tributos.

En fin, se me puede achacar una cierta alegría en el manejo de los contornos de este conciso y proceloso recorrido -en este caso argumentativo- perpetrado para poner en duda la validez de la terapia aplicada por los funcionarios de la AEAT, que actúan, como es sabido, bajo el indiscutible peso de hacer efectivo el deber de contribuir -en este caso sin superar la clasificación, si se me permite la expresión-, pero, francamente, puestos a escoger, prefiero pasarme de frenada a colarme por el interior de una curva cerrada poniendo en riesgo la integridad de los derechos fundamentales de los participantes en la carrera.