“La democracia significa inducir a votar a aquellos que nunca tendrán la “caradura” de gobernar, y de acuerdo con la ética cristiana, precisamente aquellos que deben gobernar son aquellos que no tienen la “caradura” de hacerlo”. G.K. Chesterton.
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El pasado 2 de agosto no fue un buen día; de hecho, fue un mal día, muy malo. Para mí -por supuesto, soy consciente de ello-, pero, también, me temo para otros miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de españoles… Y es que en aquella aciaga jornada (viernes, para más señas), 550 personas decidieron nuestro futuro. No sabemos quiénes son; pero sí qué son (militantes de Esquerra Republicana de Cataluña -ERC- que, con su voto, inclinaron la balanza a favor de la investidura de Illa como presidente catalán), y también, sabemos qué no son (alguien a quienes los millones de afectados por su decisión no hemos elegido).
Y es que esa investidura tiene como peaje (sin comillas) el “Acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular” (sic), apartado 2 del pacto suscrito entre ERC y el PSOE (aquí bajo su franquicia catalana, PSC). Siendo así que, en este punto, es del todo lícito preguntar -como hacía Fernando Vallespín[1]– “¿quién les ha dado el mandato para poner patas arriba toda la organización territorial del Estado?”, y, con ello, que la Comunidad Autónoma donde vivo (una de las catorce que quedarían en régimen común; y ahí incluyo -por si hubiera dudas- a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel) corra el riesgo de perder, según algunas estimaciones[2], hasta un 30% de sus actuales recursos presupuestarios.
Se suele decir -y, creo, que se dice bien- que con las cosas de comer no se juega: de ahí que ese viernes veraniego sea una fecha del todo negra para millones de españoles que, de cumplirse lo acordado, más pronto que tarde veremos cómo nuestra cotidianeidad pierde calidad de vida en educación, sanidad, asistencia social, justicia, infraestructuras, etc.
Afirmaba Manuel Azaña (creo que -aunque ya todo es posible- nada sospechoso de jacobino ni, menos aún, de fascista) que “para poder hacer este reajuste -se refería a la revisión de la financiación autonómica- que la justicia impondría, porque para eso es la publicidad y la libre discusión, no para cuchichear en un gabinete a escondidas, para poder hacer eso, hay una condición indispensable, que es la claridad en las cuentas que hacen los buenos amigos, la claridad en el orden presupuestario y tributario del Estado, de la República, en relación con la región o regiones autónomas”. Publicidad, libre discusión y claridad: ¡qué grande, D. Manuel! ¡Quién pillara ahora no ya esos tres pilares básicos de un Estado de Derecho…, uno! Me declararía del todo satisfecho si en el parto del ahora en ciernes nuevo sistema catalán hubiera publicidad, libertad o (ya no y) claridad; mucho me temo que no va a haber ninguna de esas tres virtudes.
La edad debe llevarnos a no ser ingenuos (no, al menos, en exceso), y es bien cierto que el régimen económico foral -pretendidamente anclado en nuestra Constitución- es un elemento distorsionador que, tarde o temprano, amenazaba con desplegar una vis expansiva. Pero, no nos engañemos: su distorsión no nace tanto de su mera existencia como de la praxis desarrollada en torno a esas peculiaridades forales durante los últimos cuarenta años, pues, como bien advertía Francesc de Carreras[3], esos regímenes “no pueden dar lugar a privilegio alguno. Son diferentes (…); pero no pueden ser desiguales, ya que, si lo fueran, serían discriminatorios y, por tanto, inconstitucionales”. Y es que no otra cosa es lo que proclama, solemnemente, nuestra tan cacareada Carta Magna: “las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales” (artículo 138.2); siendo así que la versión individual de esa pretendida igualdad territorial se garantiza, a su vez, en el 139.1: “todos los españoles tienen los mismos derechos (…) en cualquier parte del territorio del Estado”.
Pero mucho me temo que esos grandes principios, si nadie lo impide, van a quedar arrasados por la woke (e infantiloide) “Realpolitik” que, lejos de buscar, como en su origen, el interés general (nacional; léase aquí español, siempre en mi particular perspectiva de las cosas), ahora responde más bien a que “hay personas dispuestas a empobrecernos (a todos) con tal de conservar el poder”[4]; siendo así que todavía habrá quien pretenda exonerar de responsabilidad a los facedores de este entuerto bajo la excusa absolutoria de que “es difícil que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda” (Upton Sinclair).
Y será así, dando tumbos y aceptando -un día sí y otro también- pulpo como animal doméstico, como, sin apenas darnos cuenta, arribaremos a un escenario distinto, hoy -sí- del todo distópico; pero ya no lo será el día que lo alcancemos pues, anestesiados -toda la sociedad en su conjunto; ésa que despreocupadamente delegó vicariamente la res publica en la clase política- hasta entonces bajo el síndrome de la rana hervida, llegará un momento en que la única vía para mantener los servicios públicos de esas CCAA perdedoras (las catorce ancladas en ese cada vez más mermado “régimen común”) será que el Gobierno central -ya exiguo representante de un “Estado sin territorio”, en acertada expresión de Sosa Wagner- ponga el dinero que Cataluña deje de aportar; “pero cualquier dinero que ponga (…) se obtendrá subiendo los impuestos o reduciendo otros gastos”[5] de esas mismas relegadas CCAA.
Entonces, ya tarde (siempre lo es en Españistán, es nuestro sino), llegará el rechinar de dientes, el tomar consciencia de que en este juego de trileros es la ciudadanía quien, una vez más, hará el papel de pagafantas de las componendas articuladas entre nuestros representantes. Y será, también entonces, cuando -tarde, demasiado tarde- alguna mente preclara se rasgue las vestiduras al apreciar una creciente -¿e irreversible?- desafección hacia lo público por parte del maltratado Juan Español (alias pagafantas).
Quizá, sólo quizá, ahí empecemos ya todos a preguntarnos qué significa eso de que el Acuerdo (recuerden aquí la advertencia ministerial: “dice lo que dice, y no dice lo que no dice”) “exige que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma la gestión, recaudación, liquidación y disponibilidad de todos los impuestos soportados (sic; ojo al adjetivo) en Cataluña”, o aquello otro de que “la aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que éste presta en (sic; no “a”) Cataluña y la aportación a la solidaridad”. Y es que, como bien apunta (again) Fernando Vallespín[6], “eso de «solidario´´ apesta a excusatio non petita. Cuando algo necesita ser adjetivado, malo”. Llegados a este punto ya me permitirán que no entre en el laberinto insondable -y probablemente tramposo- de la pretendida aplicación del esquivo principio de ordinalidad…
Todo ello, me temo, nos conducirá -de un modo u otro- a un sistema análogo al del cupo; donde la claridad y publicidad reclamada por Azaña parece brillar por su ausencia; y, si no, que se lo digan a Ignacio Zubiri[7] (“al final, sea un acuerdo que se rellena de aspectos técnicos para obtener un resultado políticamente aceptable para las partes”) o a Fernando Ucha[8] (“como no cuadraba, crearon una compensación específica. Porque a esa cifra se llegó de una forma chapucera”).
Sea como fuere, tomemos buena nota de que estas huidas hacia delante van dejando un rastro indeleble tanto de insatisfacción como de fraudulenta y peligrosa frustración: “el tema del dinero es muy peligroso: si no se reparte con equidad y transparencia surgen problemas, y eso ha sido una irresponsabilidad política en los últimos 40 años” (Alberto López Basaguren)[9].
En fin, lo dicho: mal día -muy mal día- aquel viernes 2 de agosto. Nos pasará factura, y no será barata.
#ciudadaNOsúbdito
[1] “Partidos que patrimonializan el Estado”; El País, 4/8/2024
[2] José Carlos Díez, en NegociosTV: https://www.youtube.com/watch?v=V6cs3iulPZE
[3] La Vanguardia, 19/6/2013.
[4] “Concierto fiscal y pedagogía intoxicante”; Manuel Arias Maldonado. El Mundo, 8/9/2024.
[5] “Drama y comedia de la financiación autonómica”; Carlos Monasterio e Ignacio Zubiri. El País, 10/9/2024.
[6] Vid nota 1.
[7] El Mundo 26/11/2017
[8] “El acuerdo de 2012 sobre el IVA de Volkswagen fue una auténtica chapuza”. El Diario, 14/1/2015
[9] El Mundo, 26/11/2017
Es que el «modelo» de financiación se llama así, no por ser un sistema sólido y ejemplar, sino que se «modela» al gusto…del alfarero político.
Muchas gracias, como siempre, Sevach. Sí, eso parece…
Javier, magnífico post. Permíteme que anticipe lo que la aplicación de ese cupo va a suponer en los próximos años. No hace falta ser el oráculo de Éfeso para adivinarlo, igual que algunos ya pronosticaron, cuando se discutía la Constitución, lo que ocurre ahora. Ese cupo supondrá tal desafección en esos territorios «comunes» que empezarán a brotar partidos regionales de izquierdas y derechas (en Galicia ya los hay), que irán asumiendo cotas de poder hasta que llegue un día en que -¡eureka!- obtendrán representación en las Corts Generales; el siguiente paso (hacia el precipicio) será que no solo tengan representación sino capacidad de decidir uno u otro gobierno y -¡más eureka!- irán poco a poco obteniendo privilegios de uno y otro tipo. En ese momento ya se habrá anestesiado a la población de tal manera que la única solución -también para la derecha cobarde- será la destrucción de la patria, troceando el Estado y convirtiéndolo en un sistema confederal al que llamarán República pero no lo será. El Estado español habrá dejado de existir y cada comunidad autónoma tendrá plena representación internacional -admitida por la derecha cobarde como mal menor- y hasta aquí habrá llegado lo que otrora llamábamos España. Fin. Un abrazo. Esaú
Gracias, meu; muchas gracias por tu aportación. Mal panorama el que se nos presenta en el horizonte, sí.Un abrazo fuerte.