René Girard es uno de los pensadores más lúcidos y profundos del siglo XX. Uno de sus grandes atractivos es que, de forma brutal y descarnada, nos acaba revelando misterios de la naturaleza humana.
Su teoría mimética no es sólo un compendio de ideas o propuestas, sino una visión integral de la naturaleza humana: el deseo mimético, la imitación influida por el grupo o el contexto social, los antagonismos competitivos. Es una explicación del elemento común y germinal de las culturas y civilizaciones: la violencia y el rito sagrado, siendo el sacrificio y el chivo expiatorio los elementos esenciales de las dinámicas sociales.
Leyendo una de sus principales obras “La violencia y lo sagrado” (Editorial Anagrama) no pude evitar trasladar sus ejes y esquemas de pensamiento al ámbito tributario, al contexto político y económico en el que sobrevivimos, a la sociedad que nos es dada.
En la España de hoy, tecnológicamente avanzada pero de base tribal, posmoderna, descreída y vulgar, subsiste una forma arcaica de cohesión: el mito del Estado del Bienestar. Éste actúa como elemento de pertenencia colectiva y, al mismo tiempo, como eje de confrontación. Como sucede en todo el Occidente, al pretender eliminar lo sagrado y religioso de las almas humanas, las sociedades retornan a lo ancestral y arcaico, es decir, a resacralizar sus propias instituciones humanas.
En este sentido, se establecen rituales y prácticas que permiten a los miembros de las comunidades reafirmarse en su pertenencia grupal; las elecciones periódicas y las ceremonias oficiales deben ser vistas como rituales que refuerzan la autoridad del Estado y su sacralidad. Los símbolos, himnos y discursos que evocan un sentido de unidad y lealtad hacia el colectivo, evocan la veneración religiosa.
Apenas nada ha cambiado respecto de nuestros antepasados reunidos alrededor del fuego que iluminaba las cuevas y ofrecía calor en la intemperie.
Lo novedoso del contexto actual es que nuestra dinámica social está condicionada al ídolo del Estado y, en concreto, del Estado del Bienestar. Salvo algún irreverente o enajenado, el Estado es reverenciado y sacralizado, convertido en una deidad civil ante la cual, la sociedad se postra y rinde tributo. Confiamos en su benevolencia, en su poder sobrenatural para cuidarnos y protegernos, si bien, como cualquier otra divinidad, exige adoración y la debida sumisión.
Ahora bien, como cualquier institución humana, el Estado trae consigo tensiones y conflictos.
En su nivel más primario, surgen confrontaciones por el dominio sacerdotal, o sea, la competición para la gobernanza y las posiciones de privilegio. Sin embargo, estas luchas de poder son limitadas, estéticas y coreografiadas. Gobierne quien gobierne, se perpetúa el consenso social y la idolatría en el Estado del Bienestar.
En ocasiones, sin embargo, surgen crisis que amenazan la convivencia. El deseo mimético por disponer de los recursos limitados genera una pugna entre quienes crean riqueza y sostienen al Estado frente a las castas que lo rigen y administran. Esta confrontación se mantiene contenida mientras exista una relativa abundancia que permita satisfacer los deseos de la mayoría. Mientras la imitación no se frustre, la violencia permanece dormida.
Pero cuando afloran las penurias o los excesos de las administraciones dañan a los contribuyentes, las partes se ven abocadas al enfrentamiento violento. Es justo, entonces, en ese instante de tensión insoportable, cuando los rivales están cara a cara y todo parece perdido, cuando opera el mecanismo del chivo expiatorio.
Ante el temor a las consecuencias inciertas de la violencia desencadenada, surge la necesidad de encontrar un tercero, un adversario común que permita cohesionar de nuevo a los antagonistas y sobre el cual concentrar la violencia e ira colectiva.
En el ámbito tributario, el chivo expiatorio es el defraudador fiscal y, en ocasiones, el político corrupto. Ellos se convierten en víctimas propiciatorias, depositarios de la violencia simbólica de la comunidad. No será posible un retorno al consenso y la unanimidad sin su sacrificio.
En la actualidad, estos rituales no necesitan ser físicos ni sangrientos. El escarnio público y la muerte civil consiguen efectos igual de virulentos y efectivos.
Por un lado, el defraudador fiscal es denostado por los propios contribuyentes pues representa una ruptura de la sumisión general. Aunque se aluda a su insolidaridad y al incumplimiento de las normas, no se le odia por ello sino por su capacidad de ponernos en evidencia; nos avergüenza sabernos dominados, somos conscientes de nuestra cobardía e incapacidad para eludir la coacción. Como acertadamente nos advirtió Tocqueville, los hombres prefieren la igualdad en la servidumbre a la desigualdad en la libertad.
Para el Estado y sus administradores, el defraudador es una amenaza porque revela la fragilidad de su divinidad: sin el tributo de sus fieles el templo se desmorona. Y todos aquellos que se sirven del Estado, se verán desnudos y arrojados al vacío.
Sin embargo, el Estado necesita de estos chivos expiatorios, reales o imaginarios. A través de ellos ejerce y exhibe su violencia ritual sobre la víctima sacrificial y le recuerda a la comunidad la necesidad de obediencia.
Y, a su vez, al concentrar la violencia en uno evita dañar al conjunto social y malograr sus fuentes de recursos (“Conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación” Juan 11, 50). Con ello se revela el mecanismo sacrificial mismo.
Un ejemplo cotidiano de estas prácticas arcaizantes, es la publicación anual del listado de deudores a la Hacienda Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria.
Año a año, se exhibe a estos individuos en el patíbulo simbólico para escarnio público. Y alrededor de esta patética ceremonia, la plebe se presta a la lapidación, dando rienda suelta a su frustración y violencia. Ojeamos las listas a la búsqueda de propios y extraños para escarnio y burla, olvidando que, en cualquier momento, nosotros podremos estar ahí.
El mecanismo sacrificial no exige que la víctima sea realmente culpable. Basta el consenso social en su elección. Muchos de los casos expuestos ni siquiera tienen expedientes firmes. No importa el resultado final, sino el castigo ejemplar.
Asimismo, este mecanismo no se limita a los presuntos defraudadores. Según convenga, se agitan nuevos monigotes, ora sean administradores corruptos, ora colectivos minoritarios como los “ricos”, concentradores de envidia y resentimiento.
Ahora bien, el problema fundamental de nuestra sociedad es que permitimos que las víctimas propiciatorias, de forma sistemática, sean elegidas y señaladas por las castas gobernantes. Conscientes de la eficacia del mecanismo, lo manipulan a su favor. Mientras la sangre cae y se derrama por los peldaños desde lo alto de la pirámide, los contribuyentes no piensan en lo esencial: que su esfuerzo sostiene a una clase depredadora.
Y lo más grave, el mecanismo sacrificial no sólo desvía a violencia, sino que anestesia el deseo mimético de libertad. Basta aludir al fraude fiscal para justificar regulaciones que cercenan nuestros derechos y libertades individuales y refuerzan el poder estatal. La coartada de la lucha contra el fraude siempre va acompañada de afectaciones a nuestras garantías civiles y la imposición de nuevas o mayores cargas tributarias.
Basta señalar al chivo expiatorio para desviar la atención del conflicto antagónico y sumirnos en el lodazal del consenso y la unanimidad.
Tal vez el mayor peligro de este mecanismo es que, si se revela su artificio pero sigue funcionando, ya no logrará restablecer el orden, sino que profundizará el caos. La víctima ya no salva, solo denuncia. Como advirtió Girard en “El sacrificio” (Ediciones Encuentro), estas dinámicas están condenadas a la ineficacia y a la incoherencia. Al final, se sacrificará a aquellos a quienes se pretendía servir. Como Edipo, que en su frenesí por encontrar al culpable terminó destruyéndose a sí mismo, algunos acabarán cavando su propia tumba.