NO SOMOS NUMMARIA

Maldita la hora en que se le ocurre a uno cenar escuchando un canal de Youtube. Ayer extraje una enseñanza y es que no se puede alimentar el estómago, a la vez, juntando la comida y la bebida habitual con los dos minutos de odio orwellianos. No volverá a pasar.

El caso es que, en mitad de una divertida tertulia política, valga el oxímoron, escuché la ya de por sí irritante voz de la ministra de Hacienda, soltando una de sus perlas habituales para distraer al público -y convencer a su parroquia- acerca de un tipo de apellido poco lustroso, al parecer amigo del presidente del Gobierno y que fue uno de tantos clientes que en su día tuvo un ex inspector de Hacienda dedicado ulteriormente al choriceo fiscal.

Concretamente, la señora ministra María Jesús Montero dijo que el hecho de que un tal Borja Cabezón -en puestos políticos toda su puñetera vida- apareciera en los papeles del bufete Nummaria, titularidad del delincuente condenado Fernando Peña, era una cosa habitual, que nadie había investigado y que -cito textualmente- «hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y en el ejercicio de su actividad privada este señor (…) tenía relación con empresas que van en esa dirección como la gran mayoría de las empresas que tienen asesoramiento».

Perdone el lector el aparente anacoluto cervantino que he soltado, pero es producto de la escasa locuacidad de la señora ministra. Ya me perdonarán. Pero el mensaje, lo que intenta transmitir, es sencillo de entender. Que el señor Cabezón lo único que hizo fue acudir a una asesoría fiscal, cuya actividad es precisamente montar chiringuitos para distraer dinero generado de forma opaca, sin pagar impuestos y, en este caso, con un posible origen en fondos públicos. En definitiva, que los asesores fiscales nos dedicamos a montar estructuras internacionales para blanquear dinero negro de dudosa procedencia, manteniendo además la opacidad de sus titulares.

Han pasado ya unas cuantas horas desde esa rueda de prensa y todavía no he leído ningún comunicado de prensa de alguna de las asociaciones o colectivos que deberían defender el proceloso, duro y desagradable trabajo que ejercen los conocidos como asesores fiscales (el que me lee desde hace tiempo, o me escucha, sabrá que yo prefiero utilizar el término «colaborador fiscal»).

No es extraño porque el tal Fernando Peña resulta que fue el cofundador de una de esas asociaciones que, ahora, debe andar metida bajo tierra como el lugar común dice que hacen las avestruces. De otras asociaciones no se puede esperar nada y, menos todavía, algo de valentía. Ahora mismo debería estar saliendo algún alto representante en todas las televisiones públicas.

En fin, como yo no me debo a nadie y además resulta que he ganado un pleito de Transparencia a la propia Agencia Tributaria, que depende de la ministra de abstrusa oratoria, me permito mandar este mensaje público, conciso y claro: los asesores fiscales NO SOMOS NUMMARIA.

Los asesores fiscales nos dedicamos a un trabajo ímprobo, que requiere una actualización continuada, una reciclaje permanente, con responsabilidades civiles, penales y tributarias que no dejan de crecer. Somos los verdaderos gestores del sistema tributario, los que asumimos el coste indirecto de la aplicación de los tributos, a través de un cúmulo de autoliquidaciones y formularios informativos que cada día son más. No tenemos sábados ni domingos. Tampoco nos dejan vivir en agosto, ni en navidades tenemos días inhábiles. Nos pasamos la vida pisando huevos para ser el tonto útil de la Administración tributaria. Nuestro presunto Consejo para  la Defensa del Contribuyente no nos representa porque los que teóricamente forman parte de este organismo en nuestro nombre, son nombrados por conducto del ministerio -pido perdón por decirlo en alto a mis amigos Fran, Jesús y José Andrés, pero es una cruel realidad-. Tampoco nos representan los colectivos que pensamos que lo hacen en esos presuntos «foros de asesores» que no sirven más que de colchón para un ejercicio de «mamporrerismo» por parte de una Administración Tributaria que nos impone «acordar» (sic) unos códigos de conducta que ella misma se dedica a incumplir desde el primer minuto de su puesta en marcha. Vamos, que nadamos entre el nihilismo, la autocomplacencia y el actuar como la criada de la AEAT.

Ya comenté en este mismo foro, lo pueden leer poniendo en el buscador del blog la palabra «Nummaria», que tuve la desgracia profesional de tropezarme con una estructura «Made in Peña». También de períodos prescritos tributariamente, señora ministra. Aunque usted sabrá igual que yo -o debería saber- que el delito fiscal agravado, así como el blanqueo de capitales tienen un plazo de prescripción penal de diez años, no de cuatro. Y que todos los funcionarios que están a su cargo tienen el deber, no moral sino jurídico, de denunciar cualquier actuaciones que consideren delictiva.

Para acabar este desahogo: por favor, ministra, no me compare con según quién. Y, si quiere evitar este tipo de «empresas que se dedican al asesoramiento fiscal», redacte -yo seré el primero en colaborar desinteresadamente- una reglamentación de nuestra actividad económica. Una regulación que evite el intrusismo de chusma, chorizos y gente sin titulación alguna que compite con otros a los que, perdón por la inmodestia, nos sobran las titulaciones y que, lo que es más importante, asumimos nuestra profesión como un reto profesional y vital en el que ejercemos de gestores de todo un sistema público, mediando entre los sufridos contribuyentes y la omnipotente maquinaria de las administraciones tributarias.