De ciervos, cuchicheos y -!sí¡- también del cupo

azana_manuel

A unos 170 kilómetros al nordeste de Münich, el confín germano-checo coincide con las frondosas masas arbóreas protegidas por el Parque Nacional del Bosque Bávaro y el de Sumava, alemán el uno y checo el otro. Como cabe imaginar, es una zona privilegiada, con una naturaleza esplendorosa.

En ese hábitat, entre su fauna autóctona, hay una nutrida población de ciervos, y lo llamativo del caso es que se ha constatado científicamente que éstos han desarrollado una peculiar conducta: pese a que no hay obstáculo natural alguno que se lo impida, los ciervos que están en el lado alemán no cruzan al checo, y viceversa (https://www.wsj.com/articles/SB125729481234926717). Ese reverencial respeto cérvido hacia la línea fronteriza responde a la conjunción de dos pautas de comportamiento: la memoria -en forma de costumbre- y su carácter gregario. Ergo la pregunta es, respeto (o, si se prefiere, miedo), ¿a qué? Pues ni más ni menos que al alambre de espino (en ocasiones, electrificado) que durante décadas marcaba la frontera; frontera por la que cabe recordar transcurría ese gélido telón de acero (Sir Winston, dixit) que durante largo tiempo separó a la Europa libre (aquí, Alemania; entonces la Occidental o RFA) de la sometida al yugo comunista (en este punto, entonces, Checoslovaquia; hoy ya sólo Chequia). O sea, que aunque aquella valla desapareció hace ya décadas, sigue existiendo para esos disciplinados ciervos ¡Qué cosas! Los zoólogos auguran que, poco a poco, los ciervos más jóvenes se irán animando a explorar otros territorios y, así, llegarán a cruzar esa atávica frontera…, el resto ya sólo será cuestión de tiempo.

En julio de 2013 suscribí (bajo pseudónimo pues, entonces, mis circunstancias profesionales así me lo aconsejaban cuando abordaba “ciertos” temas) un “post” (http://fiscalblog.es/?p=1591) en este querido “blog” en el que, al hilo del abracadabrante episodio del IVA de Volkswagen, traía a colación unas brillantes palabras de Manuel Azaña: “para poder hacer este reajuste -se refería a la revisión de la financiación autonómica- que la justicia impondría, porque para eso es la publicidad y la libre discusión, no para cuchichear en un gabinete a escondidas, para poder hacer eso, hay una condición indispensable, que es la claridad en las cuentas que hacen los buenos amigos, la claridad en el orden presupuestario y tributario del Estado, de la República, en relación con la región o regiones autónomas”. Mucho más recientemente, el no menos clarividente Francesc de Carreras, afirmaba respecto a los regímenes tributarios forales (es decir, los atinentes a las tres diputaciones vascas, y a la navarra) que lo que éstos contemplan son “unos procedimientos de financiación distintos al resto de las CCAA que no pueden dar lugar a privilegio alguno. Son diferentes (…); pero no pueden ser desiguales, ya que, si lo fueran, serían discriminatorios y, por tanto, inconstitucionales”. Esta reflexión conecta con fundadas críticas al cálculo del cupo pues su grado de corrección debe valorarse “desde la igualdad de trato, es decir, el que establece que, a igual esfuerzo fiscal de sus poblaciones y a igual nivel de competencias a financiar, todas las Comunidades españolas deberían disponer de una financiación per cápita similar: la justicia como imparcialidad” (José Mª Ruiz Soroa, El País, 30/11/2017).

Vienen estos comentarios, obviamente, al hilo del escándalo -del todo fundado, afirmo- suscitado en estos días con motivo del acuerdo entre el Gobierno central y el PNV (léase, Gobierno vasco) acerca del importe del “cupo” que -¡oh; casualidades de la vida!- llega en el momento justo para que el Parlamento apruebe los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Y, por si fuera poco, resulta que la Ley que plasma ese acuerdo sobre el cupo se aprueba mediante un trámite parlamentario de lectura única (emulando, así, la criticada praxis del Parlament catalán sobre las esquizofrénicas leyes de “desconexión” y referéndum). A este respecto, el siempre interesante retrovisor de la historia, nos ofrece varios hitos; a saber:

-. En 1878, Cánovas del Castillo, tras la derrota carlista y poseído por un irrefrenable espíritu de magnanimidad (siempre tan recomendado por los gurús para que las victorias no humillen en demasía al derrotado), decide mantener las haciendas forales -dependientes de las diputaciones- obligándolas, eso sí, a que contribuyan al mantenimiento del Estado. Había nacido así el concierto; oséase, el engranaje fiscal del País Vasco en España.

-. Tras la guerra civil, el régimen de Franco privó a Vizcaya y Guipúzcoa (por “traidoras”) del concierto, que sí permitió conservar a Álava (y también a Navarra, ésta bajo el régimen de “convenio”).

-. En 1978 -cien años después de la generosa concesión de Cánovas-, en la Constitución hoy vigente se reconoce la singularidad de los territorios forales, asumiendo -aunque esto pudiera ser cuestionable- que entre sus “derechos” a amparar y respetar está el concierto. No es menos cierto que también promulga solemnemente que “las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales”; y esto, es obvio, no es moco de pavo, máxime considerando que hay datos (Zubiri, Monasterio, de la Fuente, Fundación BBVA, …) que evidencian que el País Vasco disfrutaría de más del doble (235%, en 2009) de financiación pública per cápita que la media de las CCAA de régimen común y, además, con tendencia ascendente: 165% (2002) y 177% (2007), incrementándose aún más con el nuevo cupo. ¿No es esto un obvio privilegio prohibido por la propia Constitución?

-. 29/12/1980: se alcanza el acuerdo del cupo vasco, ya tras la Constitución. Uno de los protagonistas (Miguel Martín, entonces Subsecretario de Estado de Hacienda) de aquella ardua negociación recuerda que “al ver la mariscada que los vascos nos dieron el último día, pensamos: esta gente está demasiado contenta” (“La identidad pactada: primer proceso estatutario y Concierto Económico 1981”; Miren Alcedo, Ed. Ad Concordiam 2007).

-. 2017: C´s (y Compromís) rechazan en el Congreso de los Diputados el nuevo acuerdo alcanzado sobre el cupo (“cuponazo”, lo bautiza gráficamente Francisco de la Torre, diputado de C´s y adalid de la oposición de su grupo parlamentario a esta entente); pacto que, según Josu Erkoreka (portavoz del gobierno vasco), supone cerrar esta caja de pandora durante 15 años (los que van desde 2007 -ejercicio donde el PNV ubica el inicio de la controversia sobre su importe- hasta 2022, último del quinquenio objeto del actual acuerdo). C´s ha repetido hasta la saciedad que su oposición no es tanto al concierto y al “cupo” como tales, sino al ya tradicional oscurantismo de su concreta cuantificación. Oscurantismo que, por cierto, hace sospechar que su determinación sea arbitraria lo que, a su vez, supondría otra grave vulneración del texto constitucional.

Y lo cierto es que su cálculo no parece -no puede ser- sencillo habida cuenta que para ello habrá de valorarse el coste en el que incurre el Estado respecto a las tres provincias vascas en lo relativo a las competencias no transferidas (Exteriores, Defensa, …; para lo que ese gasto habrá de indexarse, a su vez, en la contribución vasca al PIB nacional), mixturándolo con los ingresos tributarios -más bien escasitos- que el Estado (AEAT) obtiene en el País Vasco, y todo ello aderezado con aspectos tales como el déficit, los flujos del IVA (genuino caballo de batalla conceptual y, por ende, cuantitativo; ¿no se estará así -por cierto- “indemnizando” a Álava por la reestructuración de Mercedes?), los costes de la deuda o, en su caso, incluso hasta las políticas activas de empleo; porque -como en botica- aquí de todo hay o puede llegar a haber… Y todo ello para que, “al final, sea un acuerdo que se rellena de aspectos técnicos para obtener un resultado políticamente aceptable para las partes” (denuncia Ignacio Zubiri Oria, Catedrático de Hacienda Pública; El Mundo 26/11/2017). Pues eso, que tal parece que primero se pacta su cuantía y luego se “viste” -de un modo, además, oscurantista ¿y, por ende, arbitrario?- el método como aquella se alcanza. Todo muy lógico y natural, lo que hace rememorar aquel triste episodio del IVA -¡ay, el IVA!- navarro de Volkswagen; muy “transparente” también todo él (“Como no cuadraba, crearon una compensación específica. Porque a esa cifra se llegó de una forma chapucera”; Fernando de la Hucha, Catedrático Dº Financiero y Tributario UPNA, El Diario 14/1/2015).

Tengamos además en cuenta que, como bien apunta el Catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren, “el tema del dinero es muy peligroso: si no se reparte con equidad y transparencia surgen problemas, y eso ha sido una irresponsabilidad política en los últimos 40 años” (El Mundo 26/11/2017).

Y es esta controversia del cupo -para mí, insisto, del todo justificada- la que provoca que Pedro Luis Uriarte Santamarina (alias “Plus”, alma mater del “equipo vasco” en aquella negociación de 1980 culminada con esa mariscada de aúpa) arremeta contra los enemigos del cupo -su “criatura”- que él aglutina en siete grupúsculos cuasitribales: “los centralistas, los antinacionalistas, los igualitaristas, los envidiosos, los superficiales, los desinformados y determinados tecnócratas”. De ser cierta esa variada tipología de críticos con el cupo, he de confesar que me congratula no estar tan sólo como creía en mi oposición a esa ignota alquimia mediante la que se cocina el soporte de los vascos al coste integral de España. No deja de ser, por cierto, una curiosa paradoja el que esta reciente polémica sobre el cupo sorprendiera a “Plus” en Tanzania; lo digo por aquello de que, como bien dice Francisco de la Torre, “no podemos aspirar a ser Alemania con la conciencia fiscal de Tanzania”.

En fin, sea como fuere, algo me hace pensar que el grueso de los políticos españoles se comportan, en este episodio, como los ciervos ante la frontera, víctimas de una tan arraigada como irracional costumbre… ¿por qué no ser valientes y pasar al otro lado?, ¿por qué no ser audaces y probar, por una vez, a decir las verdades del barquero y hacer los números con luz y taquígrafos?, aunque sólo sea por aquello de cambiar de maneras tras décadas de burocrático oscurantismo…, ¿por qué no hablar alto y claro, en lugar de cuchichear entre bambalinas, ocultándole al pueblo -tan ignorante e irresponsable, siempre él- a donde van sus dineros que, por otra parte, tanto sudor y lágrimas (lo de la sangre ya sería épico) a todos nos cuesta? Más que nada, también, por no perder la esperanza de que si se nos explicara con transparencia, a lo mejor hasta lo entenderíamos, y -¡quién sabe!-, ya puestos, quizá hasta nos guste; que todo puede ser. Y todo ello aderezado con los electorales cantos de sirena que brindan por la atribución a Cataluña del 100% de su competencia tributaria, desiderátum ante el que conviene recordar que desde Alemania se advierte reiteradamente que su experiencia federal prueba que la dispersión administrativa merma la capacidad de gestión y recaudación (Cinco Días, 7/11/2005). ¿Alguien da más? 

“Pobre España”, que decía mi llorado padre.

Acerca de Javier Gómez Taboada

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa, desarrolló su carrera profesional en J&B Cremades, Coopers&Lybrand y EY Abogados donde fue su Director en Galicia. Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), es profesor de los Máster en Asesoría Jurídica (Universidad La Coruña), en Asesoría Jurídica de Empresa (IFFE), en Fiscalidad y Tributación (Colegio de Economistas de La Coruña) y en Tributación y Asesoría Fiscal (Escuela de Finanzas). Es colaborador habitual en publicaciones tributarias especializadas. Socio del Área Tributaria de MAIO.
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