Día azul. Un relato tributario futurista

Su cuerpo se resistía a desasirse de las sábanas, aunque esa mañana no notaba el entumecimiento generalizado ni la pesadez mental habitual a las 7:20 de la mañana, momento exacto en el que sonaba su despertador entre semana desde que consiguió ganar aquella sentencia que tanta fama le había dado en el mundo de la contabilidad y los impuestos. Poner el reloj a esa hora no era más que un fetichismo que le alegraba ligeramente las mañanas, desterrando por un rato su hastío existencial.

Al subir las persianas la luminosidad era exagerada, pero lo que más llamó su atención era el color añil que apareció tras correr las cortinas. Hacía tiempo que no llovía y, en esa ciudad rodeada de montañas y pegada al mar, sorprendía encontrar el cielo sin algodones grisáceos. “Es un día azul”, pensó Jack Segura.

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Podríamos considerarlo un superviviente. Una de esas muchas personas que trabajan desengañados, sorteando las dificultades, los errores y los avances técnicos de su profesión de la mejor manera posible, como autómatas. Al acabar su doble licenciatura en Derecho y Económicas dentro de la más absoluta mediocridad, se decidió por el derecho fiscal porque de alguna manera podría agarrarse a los conocimientos de las dos titulaciones.

Empezó “picando” contabilidades en las postrimerías del plan contable del 73, pasó al departamento de “continuidad” -un eufemismo que encierra conocimientos presuntamente altos de contabilidad- con el plan del 90, que tuvo la ventaja de acercar la contabilidad a la fiscalidad y que le sirvió para introducirse en el proceloso mundo del cierre contable y fiscal, es decir, adquirir conocimientos mínimos del impuesto sobre sociedades.

Más tarde, tuvo de cliente a una multinacional del sector informático que le obligó a empollarse el nuevo régimen para operaciones vinculadas que alumbró una reforma tributaria del año 2006, lo que le llevó a introducirse en el entonces nuevo (y muy lucrativo) departamento de precios de transferencia de su despacho.

Tras unos cuantos años vegetando en ese hábitat, logró evadir una reducción de personal acoplándose a otro nuevo nicho de mercado llamado “compliance” que, como el anterior, era el gran desconocido de los socios de su despacho. Vamos, que había ido sobreviviendo a duras penas al olor de las brasas que, recurrentemente, venían a prender su puesto de trabajo.

Desde hacía unos pocos años, sin réplica alguna por su parte, la dirección lo había recolocado en su posición original, es decir, en el departamento de contabilidad. Treinta años son una fortuna de indemnización en caso de despido y, además, es un chaval -por decir algo- de la casa, que tampoco cobra exageradamente y que no reclama un aumento de sueldo desde que pidió la hipoteca para su vivienda que, el muy desgraciado, compró justo en la época del boom inmobiliario. Además, los clientes lo conocen y las pocas quejas que hemos recibido de él lo han sido de ese tipo de empresas que piensan que los asesores son una especie de esclavos del siglo XXI, a los que cabe exigir con malas palabras, a deshoras y en condiciones de supuesta urgencia extrema. En el resto de casos, los clientes agradecían su demora en mirarse los documentos que recibía, su indolencia natural y, por encima de todo, que nunca dijera una palabra por encima de otra.

De esta manera, los socios del despacho convinieron que Jack era un profesional de perfil bajo, del que no se acordará nadie en poco tiempo, ni en la empresa ni en su familia, pero de una fidelidad que obligaba a reubicarlo en otro departamento de la organización.

Ajeno a este debate, Jack había vuelto mansamente a sus contabilidades, sin que ese giro de trescientos sesenta grados en su carrera profesional le hubiera hecho replantearse su trayectoria. No en vano, ya antes de que se instaurara la actual PIFIA -acrónimo de “plataforma informática de facturación con inteligencia artificial”-, los antiguos departamentos por los que él había pasado, como “compliance” u operaciones vinculadas, habían sido amortizados o, mejor dicho, se habían diluido dentro de las obligaciones incluidas ahora en PIFIA.

Ahí andaba, en su regreso al departamento de asesoría recurrente cuando, de improviso, apareció la obligación de presentar declaraciones mensualmente para grandes empresas. ¡Menudo fastidio!, ¡se reducían los plazos para hacer el trabajo!

Ahí siguió también, cuando se estableció la obligación de que esas mismas grandes empresas tuvieran que presentar sus impuestos por vía electrónica. ¡Qué latazo de actualización informática continua!

Al poco, superada la prueba por las compañías más grandes, fueron ya todas las empresas las que pasaron a tener que hacer todos sus trámites por vía electrónica pero, lejos de acabar ahí la adaptación al medio, Jack empezó a alternar con la implantación del suministro inmediato de información -SII, en el argot-, una avanzadilla también para grandes empresas de lo que sucedería en un presente que él ya oteaba hacía tiempo.

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El azul intenso no se disipó lo más mínimo al traspasar el umbral de la puerta, con Cid dando saltos ante la inminencia de poder levantar la pata frente a la farola más cercana a su casa. Esa media hora de paseo con el perro, que practicaba rutinariamente tres veces al día, le servía para estirar un poco las piernas a la espera de las muchas horas que pasaría delante de un ordenador.

Eran las 8:28 horas de la mañana cuando acabó todo el protocolo para empezar a trabajar: conectar el ordenador, acceder al programa controlado a distancia, permitir el visionado de las cámaras de seguridad y utilizar los cascos apropiados. Todo ello, bajo la supervisión, autorización y control de la inteligencia artificial de la Agencia Tributaria y del sistema informático de su propio despacho.

Dos minutos después empezó el trasiego habitual. Cientos de datos de empresas clientes se remitían, por la nube, hacia la “posición” en la red donde se encontraba Jack que, instantáneamente, como aquellos juegos de marcianitos que recordaba de su adolescencia, tenía que capturar tenazmente para su debida revisión y, en su caso, denuncia a las autoridades tributarias.

En realidad, quien revisaba los documentos lógicamente no era Jack, sino un programa de IA de su despacho, limitándose su trabajo a esperar una alerta que le hiciera tomar una decisión humana, ajena a los algoritmos que iban y venían por la red.

Si no se producía ningún impedimento que retrasara el envío de la información, en unos pocos minutos esos datos de facturación habían pasado desde la empresa cliente, debidamente certificados por el despacho colaborador tributario autorizado (o CTA), hasta la mesa virtual de un robot de la Agencia Tributaria, que efectuaba el control supremo a través de su propia y avanzadísima inteligencia artificial.

En las escasas ocasiones en las que Jack hablaba de su trabajo, se refería a él recordando el antediluviano sistema del telefax: “Mi trabajo me hace sentir como un fax antiguo: alguien remite un papel en algún lugar del mundo, yo lo recibo y lo vomito a las autoridades fiscales”.

Podían pasar días, semanas, e incluso algún mes sin ninguna incidencia. Las más de las veces los problemas tenían que ver con los mecanismos de pago y cobro de las facturas, que se encontraban sometidos a un ataque constante de piratas informáticos que pretendían capturar, modificar o transformar los métodos de pago electrónico legalmente establecidos. En este tipo de fraudes la Agencia Tributaria no solía intervenir porque no se veía afectada, pero el despacho colaborador autorizado podía llegar a asumir una enorme responsabilidad civil o, incluso, penal por su falta de diligencia en el control de esas operaciones. La virtualización completa del dinero, con la consiguiente desaparición de las monedas y billetes físicos, tenía un coste de oportunidad que alguien tenía que pagar. Y el paganini era el CTA, es decir, el intermediario.

Más delicadas todavía eran las responsabilidades tributarias en la gestión de PIFIA, que podían surgir por cualquier defecto normativo en la transmisión de la información desde el cliente hasta la Agencia Tributaria que fuera la competente, de entre las diversas autoridades tributarias autonómicas que se encargaban de la recepción de esos datos. A modo de ejemplo, incluir un tipo de IVA incorrecto, calificar una operación como exenta indebidamente, no efectuar una autorrepercusión o no practicar una diferencia temporal o confundirla con una permanente en el impuesto sobre sociedades. En todo caso, esos incumplimientos en el tratamiento de datos debían ser asumidos también por el colaborador tributario autorizado, en forma de sanciones que daban lugar a embargos preventivos del patrimonio del despacho y de sus socios, solidariamente responsables junto a la empresa cliente.

Una sanción leve, por ejemplo, era la que derivaba de incorrecciones meramente formales en la emisión de información a través de una factura. La gravedad aumentaba si la falta de diligencia del colaborador permitía la transmisión de datos de un operador sospechoso de fraude, es decir, aquel del que pudiera preverse la comisión de algún tipo de incumplimiento futuro. CTA debía controlar el pre-fraude. Por no hablar de la infracción generada por admitir la inclusión en PIFIA de operaciones fuera del valor de mercado en transmisiones de bienes o prestaciones de servicios entre partes vinculadas.

De todos modos, las más de las veces el robot de la IA en la que trabajaba Jack, propiedad del CTA, emitía una señal de alerta ante cualquier posible incumplimiento normativo en el tratamiento de PIFIA. Era en ese momento cuando, ante la predicción de una concreta tipología de incumplimiento, debía revisarse su corrección a través de un conocimiento humano correspondiente a un trabajador acerca del “código contable y tributario múltiple”, que era la norma suprema por la que se regía el sistema fiscal. Esa era la verdadera función de Jack: sustentar legalmente lo que le alertaba el sistema informático que formaba PIFIA.

Los datos volaban y volaban, hora tras hora y día tras día, y Jack se limitaba a mantenerse expectante, bajo el uso controlado de su navegador y las diversas cámaras-policía a su alrededor, hasta que apareciera el fallo en PIFIA. Había pasado de, antaño, registrar operaciones comerciales en la contabilidad, cumpliendo con las obligaciones tributarias que tenía cada cliente, a una forma de trabajo única para todos los clientes que consistía en una revisión de los riesgos en el tratamiento de datos en la citada aplicación PIFIA. En resumen, de “picar” contabilidades y hacer cierres fiscales a revisar fallos contables y fiscales en una plataforma informática.

En realidad, todo el sistema se basaba en una carrera hacia una tecnología cada vez mayor: cuanta más tecnología tenían las partes en una operación comercial, mayores niveles de riesgo asumía el sistema y, por consiguiente, más tecnología necesitaba también el colaborador tributario autorizado para eludir responsabilidades y revisar fallos, fagocitándose toda esa información de forma prácticamente inmediata por la autoridad tributaria competente que, día tras día, asumía mayor información y, por lo tanto, un superior control de los operadores del sistema. En definitiva, una bola de nieve informática que no dejaba de crecer.

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De pronto, un estruendo hizo que Jack, que se encontraba de nuevo en su cama, se removiera agitadamente. Era el despertador, informando de que eran las 6 de la mañana. Jack había pasado mala noche. Siempre las pasaba cuando tenía que madrugar para un viaje largo porque, entre sueños, pensaba repetidamente que iba a perder el tren o el avión. Había dormido mal, soñando una y otra vez cosas inverosímiles acerca de su trabajo, aunque sus recuerdos eran ya difusos. Todo era por culpa del viajecito que le esperaba. Nada más y nada menos que a IFEMA, en compañía de un socio de su despacho, a un curso de dos días sobre VERI*FACTU. Se reuniría con más de mil asesores que se encontraban, como él, como pollo sin cabeza por los cambios operativos que se les venían encima al introducirse un nuevo sistema informático de facturación implantado por la Agencia Tributaria para combatir el fraude. Siempre la misma excusa para avanzar en imponer obligaciones a las empresas y, en paralelo, aumentar la carga de trabajo de los asesores.

Estaba cansado, pero ya llevaba muchos años en su profesión como para plantearse dejarla ahora. Se sentía frustrado. Un impostor que no sabía qué pintaba en un departamento de asesoría recurrente, después de tantos años en un trabajo en el que nunca se había sentido verdaderamente cómodo.

Entonces se decidió a levantarse. Le vino una idea extraña a la cabeza: pensó que le había parecido avizorar más luminosidad de la habitual entrando en su habitación. Un leve recuerdo le vino súbitamente a la mente. Subió aprisa la persiana de la ventana más cercana. Respiró hondo. Era un día gris.

Al poco, tras una reflexión fugaz, un escalofrío atravesó todo su cuerpo.

Redactado el 15 de octubre de 2025.