Manos a la obra…fiscal

Vaya por delante de la parodia que ahora sigue mi profundo respeto por el esfuerzo realizado, al parecer sin contraprestación (económica) alguna, por los miembros de la Comisión de expertos para la reforma fiscal.

Pero es que tanto en la forma (un ladrillo, de 460 hojas) como en el fondo (una obra amorfa), el documento que han redactado me ha recordado aquella serie, Manos a la obra, que nos animaba las noches a finales de los noventa y que nada tiene que ver con las ñoñerías que ahora disfrutan los que aún gozan de la caja tonta.

Los protagonistas eran sendos albañiles, el capataz rústico Manolo y un subalterno, Benito, paradigma del currito español: haragán, pillo y torpe, especialista en destrozar la siempre precaria obra que tenían entre manos.

El resultado de la sedicente Comisión pergeñada por mandato del Fondo Monetario Internacional, ese organismo que André Breton calificaría de surdemocrático y dirigido últimamente por varios “Benitos” de la talla de Rodrigo Rato o Strauss-Kahn, ha sido un gotelé sin precedentes al panorama impositivo  patrio.

En efecto, la argamasa formada por una interesante reducción de tipos en el IRPF y en el IS así como por la desaparición del IP y del ITP, asimilando las coherentes propuestas del profesor Rozas en el ISD, se ha unido a una reasignación de tipos en el IVA a la que se añadiría en una segunda fase una subida de su tipo general al 23% que se compensaría con una disminución de la cuota patronal de la Seguridad Social.

Como con el resultado de ese pastiche no cuadraban las cuentas, los expertos resucitaron una tributación ficticia de la vivienda habitual que además de ir más allá del concepto de renta, es injusta por naturaleza, tal y como denuncia el único jurista del sanedrín en su voto particular, recordando que si bien “es conocida la laxitud del TC al interpretar los principios constitucionales de justicia tributaria, (..) la mera constitucionalidad de una medida no implica que sea justa, ni mucho menos conveniente”, con recordatorio incluido de la postura contraria a tal forma de imposición por parte de prestigiosos profesores entre los que se señala a Sáinz de Bujanda, padre del derecho tributario español, y un tal Cristóbal Montoro. Ahí es nada.

De este modo, nos hallamos ante una propuesta de reforma que no agrada a nadie salvo a los representados por el organismo solicitante: la alta burguesía o la plutocracia, como deseen llamarla.

En efecto, en primer lugar, se parte de una subida del IVA que impediría el consumo a las clases más humildes, creada asimilándonos a los oníricos países nórdicos, con los que nada tenemos en común y cuya tasa de suicidios tampoco hace pensar que sean ese pretendido El Dorado. En segundo término, la reducción de la cuota social también tiene truco, pues se compensaría con la eliminación de las bases máximas de cotización. Eso supondría otro lastre para el personal cualificado que no tenga espíritu empresarial pero gran valía técnica. Por último, la armonización fiscal de las autonomías, que también se propone, impediría la competencia fiscal entre ellas y, por el contrario, se pasa de soslayo sobre el gran problema económico del Estado autonómico: las políticas de gasto, tanto de Estado como de Comunidades, y la existencia de regímenes especiales claramente privilegiados. Parece ser que esto se tocaría en una segunda entrega.

Desde el punto de vista técnico, tampoco se pretende solucionar lo que en palabras de Francisco de la Torre, en su reciente libro ¿Hacienda somos todos?, se parece más a un conjunto deslavazado de impuestos que al “sistema” tributario que manda el artículo 31 de la Constitución.

El gran pagano de la obra sigue siendo, no hace falta pensar mucho, lo que Víctor Hugo en Los Miserables consideró clase bastarda, a la que muchos pertenecemos, “que está entre la clase llamada media y la llamada inferior, y que combina algunos de los defectos de la segunda con casi todos los vicios de la primera, sin tener el generoso impulso del obrero ni el honesto orden del burgués”.

Todo ello ha dado lugar a una serie de propuestas que probablemente consiguen el pretendido objetivo de crear empleo low cost manteniendo la recaudación impositiva, pero que no soluciona ninguna de las asimetrías, dislates y desigualdades del ordenamiento tributario.

Quizá un sociólogo haría un buen diagnóstico de la sociedad española comprobando un curioso paralelismo entre la deriva impositiva de los noventa a esta fecha, es decir, de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente a la actual ley de represión del fraude y la paralela transformación de las familiares y sencillas teleseries de esas mismas fechas –como la que da título a la columna o Farmacia de Guardia- y las anodinas puestas en escena actuales, en la que mucho músculo y belleza un melifluo guión cuyo fin es mantener a la gente anestesiada ante el televisor.

Siguiendo a un afamado entrenador de fútbol portugués, ¿por qué no se ha aprovechado ya para plantear propuestas de reducción del gasto público y, en particular, del administrado por las Autonomías y Territorios Históricos? ¿por qué no había más que un especialista en derecho tributario en la comisión, siendo además el único jurista? ¿por qué no un tipo de gravamen agravado en el IS para la banca, gran causante de la crisis nacional y mantenida a día de hoy por todos? Y, por último, ¿por qué una comisión de expertos creada por mandato de un organismo que no representa al pueblo? ¿por qué, por qué, por qué?

¡¡¡Benitoooooo!!!

Publicado en Iuris & Lex el pasado 28 de marzo de 2014.