Mit brennender Sorge: el Papa Pío XI y la Deuda Pública española.

Estimado lector:

Es probable que lo que sigue te llene de pesimismo. No es mi intención hacerlo, pero si estás “bajo” o desmoralizado por alguna circunstancia, es mejor que no sigas leyendo y lo dejes aquí.

En la Iglesia Católica, las Cartas Encíclicas, coloquialmente Encíclicas, son cartas enviadas por el Papa a los Obispos (todos ellos o los de un área concreta) tratando algún aspecto de la doctrina.

En 1933, la Santa Sede había firmado un Concordato con el III Reich. Poco después, el Gobierno alemán inició la adopción de diversas medidas contra la religión católica y sus fieles, cada vez más restrictivas, en clara violación del Concordato.

En marzo de 1937, el Papa Pío XI estimó oportuno hacer pública su angustia e inquietud por la situación, dirigiéndose a los Obispos de Alemania con una Encíclica en la que se hacía eco del ataque a la Iglesia Católica y sus fieles. Entre otros aspectos, expresaba su opinión contraria a que los conceptos religiosos fundamentales se vaciasen de contenido (apartado 6), y su protesta por “la lucha abierta contra las escuelas confesionales, tuteladas por el Concordato, y la supresión de la libertad del voto para aquellos que tienen derecho a la educación católica” (apartado 7).

La Encíclica hacía también una encendida defensa del Derecho Natural y en este sentido resultó ser premonitoria. Poco más de dos años después, en septiembre de 1939, comenzó la gran tragedia colectiva que denominamos Segunda Guerra Mundial.

El énfasis de la Santa Sede por la situación en Alemania se expresó en el título de la Encíclica, escrito en alemán y no en latín “Mit brennender Sorge”, cuya traducción es “Con viva preocupación”. (La versión en español se puede consultar aquí).

Y dicho lo anterior, vayamos a lo nuestro.

Los tributos se refieren a una parte de la Hacienda Pública, la relativa a los ingresos. La otra parte son los gastos, y de la comparación entre lo uno y lo otro surge el superávit … o el déficit, cuando se gasta más de lo que se ingresa. El déficit público se puede financiar de diversas maneras, y la más común es con la emisión de Deuda Pública. En el caso español (tal vez con ingenuidad) descarto otras fórmulas, tales como el retraso en los pagos, o las facturas “en el cajón” o similares, inimaginables en un Gobierno serio …

En los últimos 25 años, los españoles hemos tenido cuatro Presidentes del Gobierno, que nombraré de forma coloquial “no offence meant” (and I hope, none is taken).

El primero fue Aznar, desde mayo de 1996 a abril 2004. Le sucedió Zapatero hasta diciembre de 2011, y después Rajoy hasta el 1 de junio de 2018. Y a partir de entonces, Pedro Sánchez.

No conozco a ninguno de los cuatro, pues nunca he hablado o cruzado comunicación con ellos ni creo haber coincidido en acto o reunión de cualquier naturaleza.

Aznar había sido Inspector de Hacienda y fue el único que logró reducir la Deuda Pública en algún año, que así en 2003 se minoró en unos 1.400 millones de euros. Pese a ello, en los casi ocho años de su mandato la Deuda Pública se incrementó en unos 95.000 millones, hasta un importe total acumulado de 389.000 millones.

Zapatero estuvo en el cargo unos siete años y medio. Recuerdo con amargura el debate en televisión en febrero de 2008 entre su Ministro de Economía y Hacienda y el número dos del partido de la oposición en el que el primero negaba la existencia de la crisis reconociendo solamente “una cierta desaceleración”. En este período, los españoles seguimos gastando más de lo ingresado, y otros 354.000 millones engordaron el saco de la Deuda Pública. No ha pasado mucho tiempo, pero pocos se acuerdan hoy de que en agosto de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución para “garantizar el principio de estabilidad presupuestaria”. (Consulta reforma aquí)

Con Rajoy al frente la cosa no fue mejor y en sus seis años y medio en el cargo, la Deuda Pública se incrementó en unos 453.000 millones.

Pedro Sánchez inició su etapa como Presidente del Gobierno en junio de 2018. Desde entonces la cosa ha empeorado, si cabe, y con los datos a septiembre pasado la Deuda Pública ha aumentado en 449.000 millones, siendo previsible que a finales de año se engrose en unos 20.000 millones adicionales (no tengo en cuenta el impacto de la DANA que arrasó Valencia en octubre, y envío un fuerte abrazo a la gente de allí).

El total acumulado de Deuda Pública al cierre de 2024 lo estimo en 1.659.000 millones de euros. Para que nadie se confunda, una cifra superior a los 1,6 billones de euros (billones que no billions, que es otra cosa).

Los datos anteriores los he obtenido del sitio web (indicando el año correspondiente)

La estimación del incremento en el cuarto trimestre de 2024 se ha hecho con un cálculo conservador, proyectando a diciembre el incremento habido al cierre de septiembre. Con los datos de esta otra página, el aumento habría sido sensiblemente mayor para el cuarto trimestre de 2024: https://deuda-publica-espana.com/

Destaco que en este último sitio web se afirma que la Deuda Pública es incluso superior con una diferencia de 133.000 millones de euros al computar el “Total de pasivos netos en circulación emitidos por las administraciones públicas según el Banco de España.” Tampoco he tomado esta cifra más elevada, con ánimo de prudencia.

Creo ser una persona ordenada, y como me dedico al Derecho Tributario conservo mis declaraciones de IRPF, al menos de los últimos 30 años y reconozco que esto puede ser una deformación profesional (“sois unos enfermos” me dice un familiar). De resultas de la Ley de Transparencia (¡ay, ay, ay! la Ley de Transparencia, bueno, hoy no toca), la declaración de IRPF 2014 incorporaba al final un gráfico en forma de “tarta” donde se detallaba el destino de cada euro recaudado en el año anterior. En concreto, en 2013 se decía que el 7 % de los ingresos se habían destinado a intereses. Esto es, a intereses pero no a devolución de principal, pues en 2013 la Deuda Pública se incrementó en unos 98.000 millones de euros.

Y este gráfico en forma de “tarta” se reproduce también en las declaraciones de IRPF de los años 2015, 2016 y 2017 para desaparecer de la circulación a partir de entonces sin motivo alguno. Da la impresión de que al Gobierno no le interesa que sepamos el destino de nuestros impuestos, y entre ellos, lo que ocurre con la Deuda Pública.

Lo anterior lo digo porque hoy lo que está en boca de todos es el cociente que representa la Deuda Pública sobre el PIB, omitiendo el saldo total. Hace unas semanas, una persona amiga (médico de profesión) me comentó que la Deuda Pública había descendido, cosa que le parecía favorable. Y quedó muy sorprendida cuando le expliqué que la reducción no era tal, pues lo que había disminuido era el coeficiente, pero no la cifra absoluta.

Soy Economista de formación (lo que hoy sería ADE), aunque ahora no ejerzo esta profesión. Me hago cargo de que no soy un experto en Macroeconomía, y que tal vez mis cálculos o razonamientos puedan estar errados, y asumo las posibles críticas. Ahora bien, si me equivoco, que alguien me diga en qué y por qué.

Pongo un ejemplo. Pensemos en una Comunidad de Propietarios cuyo Presidente presenta las cuentas del 2024, y los presupuestos del 2025 con el incremento de cuotas en función del aumento de los salarios e ingresos de los vecinos. En los presupuestos incluye la solicitud de un nuevo préstamo, necesario para pagar los gastos. Los vecinos preguntan que cómo es posible que las cuotas de comunidad no cubran los gastos y sea necesario endeudarse de nuevo. Y el Presidente responde que no hay tal aumento de la deuda, pues su proporción con respecto al total de cuotas ha disminuido con respecto a la del año anterior. Y todos tan contentos aplauden y aprueban las cuentas.

Sí, sí, ya lo sé. A ver Alejandro, esto es un ejemplo de una Comunidad de Propietarios y no sirve para los Presupuestos Generales del Estado, y además tú no eres experto en Hacienda Pública. Esto es completamente cierto, pero me gustaría saber en qué o por qué lo que digo no se ajusta a la realidad.

En los seis años desde el inicio de 2019 al cierre de 2024, la Deuda Pública ha crecido en 449.000 millones de euros (de forma lineal, en 75.000 millones de euros anuales). Y en estos seis años, el total de gastos según los Presupuestos Generales del Estado ha sido de 3.139.000 millones de euros. De lo anterior se desprende que en este período nuestros ingresos han cubierto aproximadamente el 85 % de lo que gastamos, y que cada año debemos pedir prestado el 15 % restante.

El gasto de cada año es la cifra “Total Presupuesto” en la página 1 del documento (ver aquí)

Me hago cargo que esto no encaja con el discurso actual, pues lo que toca es hablar del empoderamiento resiliente y transversal que rechaza una concepción heteropatriarcal de la sociedad. Y todo ello con especial atención a la sóstenibilidad (ojo, con énfasis en la primera sílaba sós, mira que me ha costado decirlo bien).

Lo que se recauda (las cuotas de comunidad del ejemplo) no cubre lo que gastamos, y de manera continuada en el tiempo (en los últimos 20 años) gastamos más de lo que ingresamos. Y por eso debemos pedir prestado, emitiendo Deuda Pública. Dicho de otra manera, las cuentas públicas no están bien hechas y no es que se recaude poco por el fraude (llevo oyendo esta milonga desde 1979). Es que gastamos lo que no tenemos.

Nuestro llamado “Estado de bienestar” tiene los pies de barro y descansa en una ingente montaña de Deuda Pública, que crece y crece sin parar.

Si la Deuda Pública estuviera representada en títulos físicos de 1.000 euros nominales, la columna alcanzaría la friolera de unos 250 kilómetros de altura (asumimos un gramaje de 100 g/m2 y un espesor de 0,15 mm por hoja). Y si lo medimos por la superficie terrestre, poco más o menos la distancia entre el puerto de Navacerrada y el pico Curavacas, en el Norte de Palencia ¡ahí es nada!

Me parece que esto debería ser la cuestión más importante a debatir por nuestra sociedad, pues de ello depende el futuro próximo (o el presente incluso). No está de más recordar que además, nuestra Deuda Pública tiene una vida media corta, por lo que continuamente debemos apelar al mercado para renovar unos títulos emitiendo otros nuevos para pagar los anteriores. Si alguien nos dejase de prestar o si ocurriese lo que se llama “accidente de deuda”, el cataclismo estaría servido.

El que tenga interés en investigar más puede leer el muy interesante artículo de Miguel Córdoba Bueno (aquí), publicado hace año y medio, pero que conserva toda su actualidad.

Me llama mucho la atención que los Colegios Profesionales y las Asociaciones Profesionales no digan esto a gritos, pues parece que nadie se atreve a decir que el emperador va desnudo y que en algún momento quien esté al frente de la Administración tendrá que decir que no va más y que se acabó la partida. Igual se está pensando en que lo diga el siguiente y así yo me salvo …

En mi ingenuidad (por favor, no te rías mucho), cuando en el verano de 2011 estuvieron a punto de venir los “hombres de negro” pensé que en una solemne rueda de prensa, el Gobierno y la oposición nos iban a decir la verdad. Esto es, que la cosa no aguantaba más y que acto seguido se aprobaría un Impuesto de Reconstrucción Nacional, calculado sobre el valor del patrimonio de las personas físicas y jurídicas y que se recaudaría directamente por la Administración Tributaria sobre los activos bancarios, dejando la autoliquidación para los inmuebles y otros activos. Pensé incluso que sería una magnífica oportunidad para suprimir también la Disposición adicional primera de la Constitución terminando así de una vez por todas con el infumable régimen de Convenio y Concierto Económico.

Ya ha has podido comprobar, apreciado lector, que mi ingenuidad no tiene límites pues nada de esto ha ocurrido, y al contrario, la “pella” ha seguido aumentando, y que desde aquel verano hasta ahora hemos pedido prestados unos 955.000 millones más.

El pecado no es únicamente nuestro, aunque tal vez seamos los que más abusamos.

En la Unión Europea también han optado por mirar hacia otro sitio, y que la pelota siga rodando.

Resulta que teníamos una norma que obligaba a reducir la “pella” en un dilatado plazo, pero ahora esto se ha derogado (¡claro que sí, tomaos unas copas a mi salud!). De esta manera, con la reforma de 2024 “se deroga la anterior norma relativa a la reducción anual de una veinteava parte de la deuda. En su lugar, en la evaluación del cumplimiento de los criterios de deuda y déficit se concede mayor importancia a la evaluación de los factores económicos, los niveles de inversión, los avances en las reformas estructurales y el gasto público en capacidades de defensa.” (Texto original aquí).

O sea, que de eso nada ¡Qué siga el baile, y que el último apague la luz! (si no la han cortado antes).

Vamos a ver. Teníamos una exigencia de reducción del 5 % anual de la “pella”, esto es, un plan de reembolso en 20 años. De lo anterior interpreto que no era por cuota constante (plan francés) sino por reducciones anuales de principal por importe igual, acompañadas claro está del pago de los intereses correspondientes.

Con la “pella” que tenemos, la reducción anual del 5 % habría sido de 83.000 millones de euros anuales. Si esto se hubiera hecho en 2024, el resultado habría sido:

• no habríamos incrementado la Deuda Pública en los 84.000 millones de este año
• y además, habríamos tenido que destinar 83.000 millones adicionales a reembolsar el 5 % de la Deuda Pública

En total, hubiéramos tenido que destinar a este concepto 167.000 millones de euros, sin contar los intereses. Resulta fácil comprobar que nadie se quiere enfrentar a esto, y que siga el baile mientras se hunde el barco. A modo de ejemplo señalo que el gasto anual en pensiones en 2024 son unos 191.000 millones de euros.

En fin, no acierto a entender el silencio de Sindicatos, colectivos de jubilados, Colegios Profesionales, Asociaciones Profesionales y otras instituciones. No me lo explico.

Desconozco la solución que pueda tener esto. La conversión de la Deuda Pública en perpetua supondría un cataclismo financiero que no puedo evaluar. No olvidemos que los activos con renta perpetua siguen la fórmula 1/i, y no acierto a imaginar el impacto (desastroso) que esto podría tener en los mercados y en los balances de los inversores.

Si por mi fuera, me incautaría del patrimonio de todo cargo público que desde la aprobación de la Constitución hubiese votado a favor de un presupuesto deficitario (y si hubiese fallecido, del transmitido a sus herederos). A grandes males hay que responder con grandes remedios. Pero esto no ocurrirá, y la música seguirá sonando hasta que …

Deseo haberme equivocado (en todo). Pero me da que no, y por ello observo la situación con viva preocupación, compartiendo así el título de la Encíclica de Pío XI.

Si has llegado hasta aquí apreciado lector, te doy las gracias por ello. No te desanimes, estoy convencido de que, gracias a unos y pese a otros, saldremos de esta.