Aviso a navegantes

Tengo encima de mi mesa, ya desde hace unas semanas, un Acuerdo de Liquidación emitido por la Dependencia de Inspección de la AEAT que, de un modo muy peculiar (al menos, a mí, así me lo parece), aborda una regularización del Impuesto sobre Sociedades en la que, motu proprio, incorpora una vía alternativa sensiblemente más barata que la principal; exotismo que el Inspector-Jefe descarta al abrazar la propuesta más gravosa.

Este singular modo de actuar me hizo albergar la vaga ilusión de que, si finalmente se iniciara un procedimiento sancionador, éste habría de ponderar adecuadamente que la multa impuesta lo fuera por la diferencia con aquella alternativa más económica pues -digo yo- si la propia Inspección la contemplaba como viable, parecería un claro indicio de que podría servir como punto de referencia para evaluar el castigo a imponer.

Vana esperanza la mía: no sólo hubo, efectivamente, la comunicación de inicio del procedimiento sancionador sino que, además, éste se fija única y exclusivamente como elemento de comparación y, así, de cuantificación de lo dejado de ingresar, en la regularización finalmente abrazada por el Inspector-Jefe; y -confieso- todo ello teniendo todavía pendiente el comprobar en qué medida (si es que en alguna) le afecta la STS del pasado 11/4: “Carece por completo de sentido (…), que el artículo 187.2 LGT autorice a la Administración a castigar siguiendo un patrón de lo que sea perjuicio económico a la Hacienda pública autónomo o propio, desligado del perjuicio causado, esto es, del daño económico, real y efectivamente provocado a aquélla; (…) supuesto concepto autónomo, (que) además de no responder, siquiera, al tenor literal del precepto, socava minuciosamente todos y cada uno de los principios rectores en materia penal: tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, reprochabilidad e interpretación favorable al reo en caso de duda interpretativa”.

Suma y sigue, pues, en esa sensación general -y generalizada- de que toda regularización, salvo puntuales excepciones que confirman la regla, viene acompañada de una sanción para fustigar al contribuyente: “Ud es malo, ha aplicado mal la ley y, como tal, tiene que ser castigado” (Matías Cortés dixit en «Hechos probados»).

Y es así como la pirámide del activo público crece y crece, anotando -¿en la barra de hielo?-, también, sanciones; muchas de las cuales serán revocadas administrativa o judicialmente, pero, mientras tanto, ahí están, sosteniendo nuestro lastre en forma de pesada -y eternamente creciente- deuda pública. Y es que ya se sabe que “más del 50% de la deuda tributaria que Eurostat califica de dudoso cobro a nivel europeo corresponde a España” (“Hacia un nuevo modelo de relación con la Administración Tributaria”; M.J. Castro de Luna, Aranzadi/2021); es decir, que más de la mitad de los créditos tributarios tóxicos de toda la UE están aquí ubicados, luciendo lustrosos -eso sí- en nuestro activo nacional…, ¡show must go on!

Este episodio ha venido a coincidir en el tiempo con esos cantos de sirena que, a golpe de mitinero fin de semana (uno sí, y otro, también), se nos venden como genuinos productos de final de temporada al grito de ¡me lo quitan de las manos! ¿cuántos le pongo, señora?: “interrail con una bonificación de hasta el 90%” «entradas al cine por 2€» (¡por ejemplo!)…; es decir, “lanzando dinero desde un helicóptero” en la acertada expresión de Bernanke. Y eso que «huelga decir que los auténticos beneficiarios de esta operación -me refiero a los candidatos- la juzgarán como una inversión razonable. ¡Ya pagará el futuro! O nadie: las promesas electorales (…) sólo comprometen a quienes se las creen» (Manuel Arias Maldonado; El Mundo, 14/5/2023).

Hace ya tiempo que, desde una perspectiva del todo consciente, me he ido apartando de esa idea del Estado omnímodo, de ese Leviatán omnipresente que se nos brinda -lo hayamos pedido, o no- para atender todas y cada una de nuestras necesidades vitales; de la cuna a la tumba. ¡¡¡No!!! ¡¡¡No lo quiero!!! No quiero un Estado paternalista; quiero un Estado siervo, que no moleste, que se limite (no es poco; es mucho) a crear las condiciones -legales, ambientales, sociales- idóneas para que todos y cada uno de nosotros podamos llegar a desarrollar nuestras respectivas vidas en libertad y plenitud y, así, ser dueños -por nosotros mismos- de nuestro destino.

Por eso no quiero un Estado que regale interrailes (asignatura pendiente, por cierto, entre mis incumplidos anhelos juveniles); no. Quiero un Estado que propicie el escenario adecuado para que aquellos jóvenes -que, por cierto, al igual que los mayores, no son “nuestros”; pues no son de nadie más que de ellos mismos- que quieran hacer un interrail puedan hacerlo, con su propio dinero, sin deberle agradecimiento infinito a nadie por habérselo procurado gratia et amore. Sé que no estoy descubriendo el mediterráneo; no es más que ese célebre mantra de “mejor enseñar a pescar que regalar pescado”.

Y es que “la diferencia entre un Estado benefactor y uno totalitario es sólo cuestión de tiempo” (Ayn Rand), pues “un gobierno paternalista basado en la benevolencia de una regla que trata a sus ciudadanos como niños… es el mayor despotismo concebible y destruye toda la libertad” (Isaiah Berlin); pero ahí, precisamente ahí, es donde se corre el riesgo de incurrir en “el pecado de omisión, por silente, discreto, cobarde (que) se extiende fácilmente” (Santiago Álvarez de Mon); tan fácil como dejarnos llevar: «cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar, es una sociedad en decadencia» (Alfonso Guerra). Porque, como bien se apunta en «España fallida» (John de Zulueta; 2023), «la sociedad española está demasiado pendiente de que el Gobierno resuelva sus problemas, como un milagro, pero eso no va a ocurrir. Sólo una ciudadanía adulta, activa y crítica puede forzar los cambios de los que depende nuestro futuro».

Así las cosas, la pregunta es: las diversas entidades (ya sean asociaciones, ya sindicatos) que aglutinan a funcionarios de las diferentes administraciones tributarias (estatal, autonómicas, locales), ¿nada tienen que decir sobre este estado de cosas? ¿sólo consideran oportuno salir a la palestra para criticar, si es el caso, los proyectos gubernamentales para modificar -degradándolo y manipulándolo- el acceso a la función pública? ¿es eso -es decir, su más inmediato interés personal y particular- lo único que, como tales instituciones representativas de los servidores públicos, les concierne; lo único que realmente les afecta, que les ocupa y preocupa? ¿nada tienen que apuntar siendo -como son- la herramienta de la que se sirve el poder (central, autonómico, municipal) para incrementar, más y más, el esfuerzo fiscal (que no presión fiscal) de una población ya exhausta como para sufragar el “interrail” de nuestros jóvenes?

Afirma el célebre dicho que “el que calla otorga”: aviso, pues, a navegantes: ¿nada tienen que decir ante esta orgía del gasto por el gasto que, única y exclusivamente, puede salir de nuestros bolsillos presentes (en forma impuestos) o futuros (ya como -mayor- deuda)? Después, ya tarde, llegarán los lamentos… y, con ellos, el preguntarse el porqué de esa desafección ciudadana que crece y crece por doquier. La confianza, es bien sabido, cuesta mucho ganarla pero muy poco perderla.

Ya saben: “no es magia, son tus impuestos”; pues… ¡¡¡precisamente por eso!!!. Como contribuyo, tengo legitimidad para reclamar que pongamos -¡todos!- el foco, también, en la responsabilidad del gasto y no sólo en la obsesión por incrementar los ingresos.

«La tiranía de un príncipe en una oligarquía no es tan peligrosa para el bienestar público como la apatía ciudadana en una democracia» (Montesquieu).

#ciudadaNOsúbdito

4 pensamientos en “Aviso a navegantes

    1. Javier Gómez Taboada Autor

      Muchas gracias, Julián, por su aportación.

      Permítame, por favor, varias apreciaciones:

      -. El Plan Estratégico, salvo error por mi parte, no incorpora datos comparados con la UE, así que de ahí no puedo extraer conclusión alguna al respecto.

      -. Sin embargo, sí que me constan estos datos: la deuda pendiente de cobro (no necesariamente vinculada a procesos litigiosos) por parte de la AEAT, oscila entre los 45.000 millones de euros de 2012 (Tribunal de Cuentas, “Informe de fiscalización de la actividad realizada por la AEAT para el cobro efectivo de las deudas tributarias durante los ejercicios 2012 y 2013”; 2015) y los 41.600 de 2018 (AEAT, “Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023”; enero/2020).

      -. Más del 50% de la deuda tributaria que Eurostat califica de dudoso cobro a nivel europeo corresponde a España (“Hacia un nuevo modelo de relación con la Administración Tributaria”; M.J. Castro de Luna, Aranzadi/2021).

      -. El Plan Estratégico, que Ud referencia, efectivamente aporta datos porcentuales relativos a la conflictividad que, aparentemente, podrían llegar a parecer bajos. Pero el problema es que los 18 millones de actos administrativos emitidos por la AEAT, no los disecciona en función de su tipología: es decir, no parece descabellado presumir que habrá millones de requerimientos, de actos censales y otra tipología de actuaciones administrativas que, ya intrínsecamente, no sean muy susceptibles de ser objeto de recurso. Sin embargo, desde la AEAT se ha reconocido que el 20% de las actas de inspección se suscriben en disconformidad: ése sí que es un dato que puede llegar a evidenciar -creo- la auténtica medida de la genuina litigiosidad.

      Creo, pues, que no es fácil -sólo con la información del Plan Estratégico- evaluar en sus justos términos la litigiosidad y, menos aún, poner ésta en relación con la media de la existente en la UE.

      Reitero mi agradecimiento por su comentario que, en cualquier caso, entiendo que no viene a desvirtuar el mensaje nuclear que se expone en el «post».

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