Pues sí, eso es lo que me parece a mí el nuevo Real Decreto- Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado.
Antes de nada, quisiera despachar el lógico apunte fiscal; se modifica la actual regulación de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) introducida por el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril. En concreto, se amplía tanto el objeto de la deducción, que ya no estará limitado a las obras que se realicen en la vivienda habitual, como el colectivo de potenciales beneficiarios, al incrementarse el límite anual de base imponible para acceder a la misma de 53.007,20€ a 71.007,20€ anuales. Al mismo tiempo, se intenta mejorar la propia cuantía de la deducción, elevándose del 10% al 20% el porcentaje de deducción y la base anual máxima de deducción (de 4.000€ a 6.750€ anuales). Igualmente, como consecuencia lógica de dichos incrementos, se eleva de 12.000€ a 20.000€ la base acumulada de la deducción.
Como muestra de su voluntad y buen hacer, quisiera recordar que la nueva regulación de la deducción resultará de aplicación a las obras que se realicen desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2012, o sea, un año y medio. No vaya a ser que alguien se beneficie…
Habiendo despachado el tema fiscal, me centro en la finalidad del citado precepto normativo: favorecer la regularización voluntaria del trabajo y empleo no declarado. No entro en si es justo o injusto, correcto, lícito, oportuno o demás. Aparte, dado que estamos ante temática laboral, carezco de la adecuada competencia técnica para debatir sobre dichas medidas. Lo dejo en vuestras manos.
En mi opinión, lo llamativo del citado Real Decreto-Ley no es lo que se regula y establece, sino, precisamente, lo que no aparece. Y es, señoras y señores, que promueven una cierta amnistía en materia laboral sin la debida amnistía fiscal.
Aparece ese empresario que, aún habiendo pecado tiene firme voluntad de enmienda, confiesa y regulariza ese trabajador «sin papeles» con el que venía contratando. Le dicen que, deberá pagar las cuotas de la Seguridad Social, aplazadas y sin sanción. El pecador arrepentido marcha contento a casa, pues habiendo enmendado el error, repara la falta acogiéndose a la bondad del juez. Ahora bien, la justicia de la Administración ni es divina ni es misericordiosa, al contrario, no se limita a celebrar el haber recuperado la oveja perdida sino que aprovecha la ocasión para ordeñarla y trasquilarla.
En efecto, una vez aparecida y solventada la irregularidad laboral, aparecen los publicanos para solicitar lo del César: ¿cómo abonaba y donde figuran reflejados los rendimientos satisfechos al trabajador regularizado? ¿de dónde procedía las cantidades abonadas al trabajador? ¿qué tipos de rentas generaba dicho trabajador? ¿existía obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta?, y tantas otras cuestiones conexas.
Precisamente, porque resulta bastante obvio que detrás de cualquier irregularidad laboral, normalmente, existe una irregularidad fiscal, la ausencia de alguna previsión en materia tributaria paralela a la voluntarista «amnistía laboral», en el mejor de los supuestos, se me antoja una manifiesta trampa para cazar ratones.
Pues sí. Aunque no deja de ser lógica la inexistencia de mención de una amnistía fiscal -vedada por la Ley General Tributaria y por la Constitución-, los que conocemos un poco el funcionamiento de Hacienda podemos concluir que en caso de que tenga conocimiento de dicha regularización laboral amnistiada, procederá a regularizar la situación tributaria al trabajador y, de paso, puede atacar a la empresa.
De todos modos, y ya entrando en el precepto fiscal que has comentado, me parece insólita esta obsesión del Legislativo por darle ventajas fiscales a los «chapuzas» y demás pequeños obreros de la construcción, ¿creerán que a base de pequeñas reformas caseras el PIB nacional va a subir como la espuma? ¿o que 4 de los 5 millones de parados son albañiles o electricistas? Lo dicho, no lo entiendo.
Es más, me parece nocivo fomentar estas deducciones que son de muy difícil y meticulosa comprobación para Hacienda, lo que conllevará que siga la tendencia actual: que las grandes tramas de fraude siguen sin ser controladas, porque Hacienda, entre otras cosas, se ve obligada a utilizar sus esfuerzos en las pequeñas irregularidades que los contribuyentes cometan al aplicar este tipo de ventajas fiscales…