Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré, a cuento de los Botín

Hace casi un año, esta ciberbitácora recibió uno de sus peores ataques que, gracias a la Diosa Fortuna, pudimos evitar a lectores y partícipes.

En efecto, el 21 de junio del año pasado publicaba yo un post realizando unos comentarios someros y personales con relación al proceso penal contra la familia Botín, por el archiconocido caso de las cuentas suizas, que acababa de iniciarse en aquel entonces mediante auto de admisión a trámite por la Audiencia Nacional.

Mi escrito, que encontraréis en el archivo del blog -ver debajo de este post-, se centraba en la crítica a la actuación del juez que, llevado de la mano de la Administración tributaria, aceptaba admitir a trámite una indudable «pena de telediario» causada en parte por la lentitud y doblez del denunciante, la propia Agencia Tributaria, a la hora de llevar a cabo su comprobación de la situación tributaria de la familia en cuestión.

En efecto, recordemos que el caso se inició con un chivatazo llegado a oídos de la AEAT sobre ciertas personas, que tenían sus ahorros en cuentas no declaradas en el país helvético. Los cerebros de Hacienda pensaron que la mejor manera de hacer que los denunciados pasaran por taquilla rápida y eficazmente fuera advertirles mediante una carta creada ad hoc sin justificante de entrega, en la cual se les indicaba que la Hacienda Pública tenía información sobre sus cuentas en el extranjero.

Con esta actuación, la Admnistración tributaria se ponía al mismo nivel de los defraudadores, pues incurría en una evidente vía de hecho, pues tal procedimiento de notificación sin fehaciencia está fuera de las vías procesales previstas en la normativa.

El motivo de esa decisión administrativa arbitraria fue que existía el miedo, fundado, de que al tratarse de información confidencial llegada por mecanismos extraños al Fisco, pudiera resultar que un juez considerara que recaudación efectuada de esa manera atentaba contra el derecho constitucional a la intimidad, cosa que ya se había puesto en duda en Francia.

Bien, de esta manera el Ministerio de Hacienda dio la oportunidad a la familia Botín de regularizar unos dineros que provenían del abuelo del hogaño presidente de BSCH y que, como mínimo, habían pasado antes por la herencia de su difunto padre, sin pagar un duro de impuestos en más de 30 años, ni por su adquisición ni por las rentas generadas.

Como quiera que la complejidad de la «estructura financiero-fiscal botiniana» era sumamente compleja, cuando se produjo la regularización los actuarios de la Inspección vieron que se acercaba la inexorable prescripción de algún ejercicio y que no habían acabado su trabajo, de modo que decidieron pasar el tanto de culpa al juzgado penal para que así no se ganara la prescripción. Algo, desgraciadamente, muy habitual.

De esta manera, el expediente llegó al juzgado competente que, sin miramientos, lo admitió a trámite nombrando a dos inspectores de la propia Administración como peritos expertos, con la función de desentrañar la telaraña creada por la familia y comprobar si la regularización efectuada era correcta.

Mi comentario se centraba, entonces, en que esta manera de actuar suponía una quiebra, en la praxis, del plazo legal de prescripción del delito,, pues no en vano lo que iban a hacer los actuarios en el proceso penal iba a ser lo que sus compañeros no habían tenido tiempo de acabar en sede administrativa.

De esta manera y perdónenme mi cursi lenguaje metafórico, la vía penal se acababa convirtiendo en el velo del vestido de novia de la Inspección, en su enlace con el contribuyente, lo cual me parece absolutamente reprobable porque atenta contra el fundamental principio de seguridad jurídica.

Hace un par de días los noticiarios económicos sacaban en portada, con su actual toque demagógico y/o ignorante, el archivo de la causa penal contra los Botín y, que quieren que les diga, uno sintió una triste melancolía, recordando el desmesurado comentario que un lector -obviamente, no interesado en el derecho tributario- hizo ahora hace un año sobre el artículo que publiqué y, lo que es peor, sobre mi persona.

No olvido sus insultos viscerales ni mi incredulidad cuando hablaba de que yo era un «paniaguado de los Botín». Ojalá, pero no.

Siento un orgullo especial por este blog, no por el número de lectores -que son muchos- ni por sus intervenciones -menos de las que desearía- sino porque se está convirtiendo en lo que deseaba: un espacio común donde el profesional del derecho -sobre todo, tributario- puede encontrar la lectura de novedades, jurisprudencia y opiniones que, si bien pueden ser tachadas a veces de interesadas, erróneas o parciales, tienen un toque de frescura y fina ironía que son nuestro marchamo distintivo. Todo ello, unido a la ausencia absoluta de ánimo de lucro y a la sensación de libertad que me reporta, hacen que viva este espacio de una forma muy personal y altiva, ¿por qué no?

Por eso, en momentos como este, a uno le viene a la cabeza el mítico tema de Alaska que a todos nos viene a la cabeza cuando uno se pregunta ¿a quién le importa lo que yo diga?…Pues eso, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré.