Se puede leer hoy en prensa que el Ministerio de Economía, en esa escalada intelectual hacia la generación de ingresos -que en realidad nos está llevando al descalabro más absoluto- ahora se saca de la chistera aumentar el pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas, para así aliviar en 2.500 millones las depauperadas arcas públicas.
El matiz, obvio, es que ese alivio es totalmente cortoplacista, puesto que a nadie se le escapa que si el pago a cuenta es muy elevado y, al final, el Impuesto definitivo resulta negativo, el Estado tendrá que devolver la diferencia…
Pero, claro, eso será ya en julio del año próximo y ya cargará el nuevo Gobierno con el muerto presupuestario de las devoluciones. Ahora, lo importante, es engañar a esos fantasmas del siglo XXI que ya todos conocemos como «mercados», para que nuestro nivel de endeudamiento no se vaya al carajo y las agencias de rating -esas que no vieron las hipotecas ninja ni la quiebra de Lehman- nos tengan bien valoradas. Como dijo aquel Presidente de una de las Cámaras: !manda huevos!
En fin, exabruptos aparte, el pasado viernes se publicó en el BOE una de esas medidas que, aunque parezca baladí, debemos aplaudir fervorosamente. En efecto, mediante una Orden ministerial se exime de la obligación de disponer de un informe técnico de calificación de las actividades de I+D+i, en casos en que el contribuyente hubiera solicitado un informe motivado al Ministerio para obtener ayudas para la realización de la actividad investigadora.
Con ello se elimina la necesidad de disponer de dos informes de dos organismos distintos, pues la competencia técnica de cualquiera de estos excusa la necesidad de ese segundo informe que hasta la fecha la normativa venía exigiendo.
Una reducción de costes, administrativos y económicos, para el contribuyente, a la que hay que felicitar. Y es que a veces, en lo simple está lo útil y las grandilocuencias no llevan a ninguna parte…