Para no ser menos, «mi» particular reforma fiscal.

Recojo el guante de mi alter-bloggero, Esaú, y para no ser menos, yo también lanzo mis propuestas de renovación del marco tributario, siquiera sea, porque tenemos la esperanza de que algún político las lea y le sirvan para descubrir que, en el mundo, existen otras personas aparte de ellos mismos. Les anticipo que, afortunadamente, tengo algunas discrepancias con mi colega, pues en sus propuestas relampaguea su lado canalla (mejor dicho, socialdemócrata). En cualquier caso, elijan ustedes…

Por mor al esquema planteado, trataré de mantener los puntos para facilitar su lectura y adecuado contraste.

1. Reforma del sistema financiero y tributario

Para empezar creo que deben producirse algunos grandes cambios en nuestro sistema financiero y tributario, cambios profundos, radicales y muy polémicos, lo sé, pero ya va siendo hora de abandonar tanta pulcritud política y consideración:

▪ Instauración de una Administración tributaria única. Lo siento por los amigos de los localismos, autonomismos, federalismos y demás cuentos soberanistas. Creo que, para cualquier ciudadano o empresario de a pie, así como para cualquier no residente, le resulta muy difícil de entender, digerir y gestionar la multiplicidad de figuras impositivas con sucesivas instancias administrativas, competencias múltiples y heterogéneas, añadido que, entre administraciones no se hablan ni comunican: ayuntamientos, diputaciones forales y no forales, consejos comarcales y entidades metropolitanas, comunidades autónomas, cabildos y consells insulars, agencia estatal (AEAT), etc. Por si no había suficiente, recuerden añadir las Cámaras de Comercio (a la espera de su pronta extinción), entes y organismos reguladores (Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de la Energía, Agencia Española de Protección de Datos, etc.) y los más variados y diversos organismos oficiales en los distintos ámbitos políticos.

Como comprenderán, dicha complejidad administrativa resulta desincentivadora y supone una pesada carga para cualquier inversor o empresario. Lo he comprobado en mis múltiples charlas con nuevos «emprendedores»: cuando les expongo las obligaciones tributarias a cumplir y las distintas instancias administrativas a las que acudir, la mayoría de ellos se ven tentados a abandonar antes de empezar.

Soy consciente de que este cambio, a día de hoy puede resultar utópico, no obstante, los cambios suceden a las ideas.

▪ Eliminación y sustitución de todo tipo de ayudas y subvenciones por créditos fiscales y demás incentivos activos, salvo determinados mecanismos excepcionales que permitan el acceso libre, universal y gratuito a la educación y sanidad (implantación del “cheque escolar/universitario”, “cheque sanitario”, etc.). En palabras llanas, no me quiten el dinero para devolvérmelo vía una ayuda, dejen que me lo gestione yo solito.

La evidencia está ahí, las subvenciones es el alimento de la corrupción política y administrativa, a la vez que los recursos económicos detraídos y destinados para la concesión de subvenciones se gestionan de forma ineficaz e ineficiente, con importantes pérdidas para el conjunto social. Ciertamente, los incentivos y bonificaciones fiscales pueden dar lugar a usos indebidos o fraudulentos, pero para eso están, precisamente, los órganos de comprobación e investigación. ¿Qué precisarán más efectivos y recursos? Pues se les concede, seguramente dicho coste es ínfimo respecto al “coste real” de todos los organismos e instituciones concedentes de subvenciones.

▪ La creación de una administración tributaria única y la eliminación de subvenciones, la acompañaría, con una medida adicional: la transversalidad de los créditos fiscales.

Muy sencillo: tengo un mal año y resulta que tengo bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades (IS), si bien, tengo saldos positivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y debo hacer frente a otros tributos. Pues bien, el crédito fiscal derivado de los saldos por bases imponibles negativas del IS me permite compensar con las eventuales deudas en los distintos tributos (IVA, IBI, plusvalías municipales, etc.). Es decir, cada contribuyente tiene una “cuenta corriente” con la administración tributaria facilitándole la liquidación y compensación inmediata. Evidentemente, el plazo para ejercer el derecho de compensación bastaría que fuese igual al de prescripción (los cuatro años actuales) en lugar de los plazos cuasi indefinidos vigentes (quince años).

▪ Insisto, refuerzo y esfuerzo en medios humanos y materiales para que la (única) Administración Tributaria competente cumpla con su doble misión: servir a los ciudadanos (atención próxima, inmediata, accesible, etc.) y controlar y evitar el fraude fiscal.

Podrá resultar demagógico, pero a día de hoy, en el siglo XXI, no resulta entendible que las dos principales instituciones económicas de este país (las administraciones públicas y las entidades financieras) sólo estén abiertas al público unas escasas horas durante los días laborales. Ciertamente, el sistema de comunicación on-line (oficinas virtuales y demás) facilita la accesibilidad para la realización de una gran multiplicidad de trámites. No obstante, existen otros trámites que, aún hoy, es preciso realizarlos presencialmente.

2. IRPF

Coincido en la sensación de que el actual sistema vigente genera ciertas distorsiones y se encuentra en un terreno de nadie, consiguiendo desagradar a todos. Mis ideas irían por lo siguiente:

▪ Establecimiento de un verdadero sistema dual del impuesto, diferenciando rentas de la actividad propia del sujeto pasivo (rentas del trabajo, actividad económica y asimiladas) y rentas generadas por el ahorro (rendimientos del capital mobiliario, inmobiliario, ganancias patrimoniales, etc.). Asimismo, dentro de cada conjunto de rentas, establecería una dualización adicional en función del periodo de generación (más o menos de tres años de generación), como había existido con anterioridad, de tal manera que los tipos efectivos de gravamen fuesen distintos.

▪ Mantenimiento de la escala de gravamen para los rendimientos de la actividad y asimilados (base general); si bien, dicha escala de gravamen debería equipararse íntegramente a la del Impuesto sobre Sociedades (25% y 30%, actualmente).

▪ Fijación de un tipo único de gravamen del 15% para los rendimientos del ahorro.

▪ Establecimiento de una reducción del 30% de la base de gravamen (sea la de la actividad – general – o la del ahorro) para aquellos rendimientos con un periodo de generación superior a tres años y que se obtienen íntegramente en un único ejercicio impositivo.

▪ Fomento de la familia: elevación sustancial de los mínimos personales y familiares (se me antoja ridículo pensar que una persona pueda vivir todo el año con 5.151€ y una madre con dos hijos sobreviva con apenas 9.027€), especialmente, las cuantías por hijo deberían, al menos, duplicarse. Con ello, en principio, ya se conseguiría que, las rentas más bajas y medio-bajas (los denominados “mileuristas”) quedasen exentos de tributación, gravándose así, sólo, a las rentas medias y altas.

Restablecimiento de las ayudas por nacimiento y/o adopción, mejora en las bonificaciones por el cuidado y atención de los padres u otros ascendientes, discapacitados y demás personas en situaciones de dependencia (siempre que ello lo lleve a cabo el contribuyente con sus medios y recursos, claro está).

▪ Eliminación de las ayudas a la compra y arrendamiento de vivienda. Quizás sorprenda, pero mi experiencia práctica me revela que, dichas ayudas sólo han servido para incrementar artificialmente el precio de la vivienda (muchos compradores accedían a pagar un precio superior sobre la base de una teórica bonificación fiscal) y, a la hora de la verdad, sólo gozan realmente de dicha bonificación, las rentas altas y medio-altas, sectores a los que, en principio, la normativa no pretendía beneficiar.

3. Impuesto sobre Sociedades.

Contrariamente a lo más habitualmente apuntado, no es cuestión de reducir aún más el tipo impositivo (la escala actual del 25% y 30% me resulta bastante correcta, si bien, en la medida que existiese margen para ello, se me antoja atractivo reducirlo más). Me contentaría con restablecer y consolidar el anterior sistema de deducciones fiscales por la realización de determinadas actividades (I+D+i, fomento actividades tecnológicas, creación de empleo, formación profesional, inserción de discapacitados, etc.) siempre que ello fuese compatible con el (anti)mercado único europeo.

Como apunte personal al post de la semana pasada relativa a las SICAV. Adicionalmente, en materia del IS, realizaría algunas pequeñas modificaciones legales en las normativas reguladoras específicas, para evitar que se siga haciendo un uso fraudulento o equívoco de ciertas figuras jurídicas, como son las SICAV, las fundaciones (me refiero a esos instrumentos de marketing llamados «Fundaciones de Empresa» y asimilados), el arrendamiento financiero de navieras, etc. Los que lo practican, ya saben por donde voy…

4. Reconversión de los impuestos patrimoniales.

Los denominados impuestos patrimoniales (Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones) deberían recuperarse e implantarse para el conjunto del territorio nacional (sin excepciones), manteniendo el espíritu de lo que un día fueron: “impuestos censales”. Es decir, dichas figuras impositivas, con su actual esquema de declaración e información, añadido a una mínima tributación (con una escala progresiva de hasta un máximo del 5% en el caso del Impuesto sobre Sucesiones), serían unos útiles instrumentos para la evitación y control del fraude tributario.

Por su parte, el Impuesto sobre Donaciones, como gravamen indirecto, debería equipararse económicamente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO).

Evidentemente, dado que dichas figuras ya no suponen el lastre o coste económico que, hasta ahora suponían, seguramente ya no tendría mucho sentido mantener los incentivos de “empresa familiar” y asimilados, facilitando así la deseada neutralidad fiscal en la toma de decisiones empresariales.

5. Otras cuestiones.

▪ Ciertamente las cotizaciones a la Seguridad Social no tienen la calificación jurídica de tributo o impuesto. No obstante, su existencia está íntimamente ligada al sistema tributario español. Una de las cuestiones más polémicas es si el actual sistema de reparto es justo con los contribuyentes a la Seguridad Social nacidos a partir de los años setenta: la realidad, a día de hoy, es que, todas nuestras contribuciones a la Seguridad Social no nos garantizan la percepción futura de las teóricas prestaciones; ello no sucederá por un cambio legislativo, sino por algo más sencillo, la pirámide poblacional. ¿A quién reclamaremos? Debería empezar a implantarse desde ya, una modalidad mixta de sistema de reparto (contribuir hoy para ayudar a las actuales clases pasivas) y sistema de capitalización (creación de un fondo propio para mis pensiones futuras), además de mejorar la fiscalidad de los mecanismos de ahorro alternativos al sistema público de pensiones.

▪ Por otro lado, en materia de procedimiento, sería de la opinión que deberían añadirse dos medidas en el ámbito de la impugnación y revisión de los actos administrativos:

– Que los actos administrativos no fuesen ejecutivos (es decir, que no pudiese exigirse el pago de la deuda tributaria) en tanto en cuanto no hubiese concluido la vía administrativa (tribunales económico-administrativos inclusive).

– La generalización de la imposición de costas, bien sea el contribuyente (por haber recurrido pese a no tener razón), bien sea la Administración tributaria (vía responsabilidad patrimonial, hoy denegada por el Tribunal Supremo a la luz de la normativa vigente).

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Evidentemente, el presente desarrollo es incompleto, pues sólo nos hemos fijado en el lado de los ingresos públicos. En mi opinión, gran parte del trabajo de un buen gestor público pasaría por eliminar y minorar cantidades ingentes de gasto público innecesario, ineficiente y abusivo (subvenciones a instituciones políticas y sociales, eliminación de las medios de comunicación públicos que realicen programación no institucional así como la realización de publicidad institucional en medios privados, ayudas a la «cultura», costes por duplicidades administrativas, entes y organismos públicos irrelevantes, etc.). Como se suele decir, aquí hay mucha tela que cortar…