¿Qué hay de la viga en el (ojo) propio?

Comenzaré este “post” emulando -perdónenme la osadía, por favor- aquella insuperable serie de viñetas de Forges presidida por el reto de la “agudeza visual”.

Así, en lo que aquí interesa, el reto para el lector será discernir en qué escenario se manifiesta el siguiente monólogo:

-. “¡Qué jeta!”

-. “¡Qué cara!”

-. “¡Qué morro!”

-. “No voy a quedarme parado y reírle las gracietas”

-. “Yo no me voy a callar”

-. “Éste no es un tema banal. Ni (tampoco) para tomárselo a broma”.

-. “El Gobierno se convierte en un moroso y no paga”.

-. “Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución”.

-. “Pedimos que no se juegue con los temas importantes, que es pagar lo que se debe y no quedarse el dinero de los demás”.

-. “Es inadmisible”.

Opciones (sólo una de ellas es la correcta):

1-. Una familia indignada por las desmedidas pretensiones de una Comunidad Autónoma (CA) al reclamarles un exorbitante Impuesto sobre Sucesiones sobre la herencia de su tío abuelo; todo ello a resultas de una comprobación de valores inmobiliarios del todo ajenos al valor de mercado.

2-. Un director financiero de una PYME, mosqueado por la dilatada demora de la Agencia Tributaria (AEAT) al abonarle el saldo de IVA a devolver.

3-. El Presidente de una CA, quejándose por la negativa del Ministerio de Hacienda a abonarle el saldo del IVA a favor de aquella “arrastrado” desde 2017.

Solución: 3. D. Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia, con motivo de la negativa del Ministerio de Hacienda a abonar los 200 millones de euros correspondientes a Galicia por la recaudación del IVA/2017.

No entraré aquí en las profundas disquisiciones técnicas del caso -ciertamente del todo kafkianas, máxime considerando que su origen último emparenta con la introducción del SII- por ser de índole presupuestaria (y, como tal, algo lejano al común de los mortales) y, por tanto, espeso. Pero sí que les diré algo: estoy -hasta donde llego a entrever la enjundia del asunto- de acuerdo con el Sr. Feijoo. Punto.

Pero (siempre hay un pero, y éste -aquí- es del todo capital), una vez dicho esto, viene todo lo demás: Sr. Feijoo, Usted, como Presidente de la Xunta, está -para mí, pues obviamente hablo en nombre propio-, desde una perspectiva dialéctica, del todo deslegitimado para expresarse en esos términos.

Ya he anticipado que coincido con su “quejío”. No es, pues, la razón la que no le ampara, no. Su problema -no menor- para utilizar esas gruesas expresiones es de falta de legitimidad. Y es que Usted, preside una Administración -la gallega- que pierde el 78% de sus litigios tributarios ya antes de llegar ante un Juez (así se desprende de la Memoria del TEAC/2018 en lo relativo al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -ISD- y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -ITPAJD-, ambos tributos “cedidos” a la Xunta).

Es decir: que en el 78% de los casos (¡84% en el caso del ISD!) en los que los contribuyentes gallegos discrepan con las pretensiones de su propia Administración tributaria, aquellos no es ya que tengan razón -¡que también!-, es que ésta se les reconoce ya sin necesidad de llegar a un Juez. Perdóneme, Presidente, pero esos aplastantes datos le desautorizan para mostrar su oposición al Ministerio de Hacienda con esas expresiones gruesas. Si me lo permite, por esta vez, echaré mano de una expresión al uso: «¡No en mi nombre!».

Usted, Sr. Feijoo, preside una Administración a la que el Tribunal Supremo le ha reprochado el llevar a cabo unas praxis administrativas tributarias inadmisibles por antijurídicas. Hablo de la misma Administración que, durante lustros, liquida una y otra vez el ISD y el ITPAJD tomando como base valores inmobiliarios desorbitados y logrados mediante heterodoxos métodos de tasación (no lo digo yo, lo dicen -se lo dicen a la Xunta- una y otra vez los Tribunales).

Usted, Sr. Feijoo, es la cúspide de una Administración que, además, año a año liquida más y más intereses de demora que incrementan las cuotas del ISD  (o ITPAJD, “me da igual que me da lo mismo”) que se devengan, precisamente, durante los años empleados por los contribuyentes en defenderse de las desmedidas pretensiones recaudatorias de su Administración. Intereses que, a su vez, engrosan las partidas de créditos que -salvo error por mi parte- figuran en el activo presupuestario de la Xunta como válidos para sustentar su gravoso pasivo.

Entonces, Presidente, Usted no es la persona más indicada para quejarse en esos gruesos términos. La queja -objetivamente- es 100% legítima. Es Usted, en su condición de Presidente de esa misma Administración que hace oídos sordos a las quejas del pueblo sobre su cuestionable actuación tributaria, quien no puede hacerla como la hace. Y es más: al hacerla, la desvirtúa, asumiendo el riesgo de hacerle perder toda la fuerza de la razón. Debe -pues ésa es su obligación institucional- velar para que Galicia recupere ese importe millonario que en el Ministerio le niega, pero -por favor- hágalo instando las vías que el Derecho le permita, sin innecesarios aspavientos ni sobreactuaciones (pues son, precisamente, éstos -los aspavientos y las sobreactuaciones- los que -insisto- desde una perspectiva dialéctica le desautorizan).

Bien es cierto -no lo negaré- que tampoco están mucho mejor posicionados -por las mismas razones que Usted mismo, aunque con otros niveles de responsabilidad- para quejarse estruendosamente ni su Vicepresidente D. Alfonso Rueda (que se ha referido al asunto como “una tomadura de pelo” y “una estafa política y económica”) ni tampoco su Conselleiro de Facenda D. Valeriano Martínez (“ya conozco bien al personal y sé lo que puedo esperar de ellos. Tenía claro desde hace tiempo que llegaríamos a esta situación”).

Pero si me apuran, con todo, aún es más grave que ni tan siquiera la oposición parlamentaria esté en situación de poder levantar la voz pues no me consta que durante los últimos lustros haya dicho una sola palabra -ni en sede parlamentaria, ni ante los medios de comunicación- acerca del escándalo tributario que supone que la Xunta pierda el 78% de sus litigios fiscales. Lo más preocupante es lo que ese silencio (¿cómplice?) evidencia: que tomar al ciudadano como “paganini” de lo público ya es una idea políticamente “transversal”. No obstante lo anterior, por una vez -«y sin que sirva de precedente»-, me confieso de acuerdo con lo expuesto por el BNG respecto al concreto asunto del IVA: “debe dejar de lloriquear y reclamar por la vía judicial lo que el Estado no quiere pagar” (Dña. Olalla Rodil). Pues eso, Sr. Feijoo, defienda los intereses institucionales de Galicia como le corresponde, pero, por favor, no dé el espectáculo sacando pecho de la paja en el ojo ajeno (los datos de la AEAT en el TEAC -sin ser para tirar cohetes- son hasta 40 puntos más bajos de los cosechados por la Xunta).

No quiero que mi mensaje sea equívoco: discrepo, insisto, con el Ministerio de Hacienda en su percepción de este asunto. Pero les diré una cosa: no me sorprende. A diferencia de esos otros que ahora se escandalizan estupefactos, llevo años (¡lustros!) denunciando un modo de hacer del que este episodio no es más que un jalón más. Los “posts” -tanto míos como ajenos- de este blog dan buena fe de que algo (bastante) no funciona como debiera en nuestro erario. Este asunto es uno más, con distintos actores, pero uno más.

Y, ya que estamos, tampoco creo que la prensa haya sido ejemplar en este episodio. Pocos, muy pocos, han sido los periodistas/articulistas que se hayan hecho eco -quejándose, obviamente- de esa política de “rodillo fiscal” practicada por la Xunta y que -a imagen y semejanza de las hemorroides- se sufre en silencio en todos y cada uno de esos miles de hogares destinatarios de alguna de esas “paralelas” jurídicamente tóxicas. Un suspenso, pues, también para ellos que -¡ahora, sí!- se muestran indignados demandando al Ministerio de Hacienda una diligencia que para sí quisiera la Xunta en su relación para con la ciudadanía a la que se debe (tan es así, que algunas de las expresiones utilizadas por su Presidente respecto al Ministerio, podrían usarse por los contribuyentes que se sienten agraviados por la praxis tributaria de la propia Xunta).

Porque si tan siquiera los periodistas abordan esas quejas ciudadanas, a lo que nos arriesgamos es a que llegue un día en el que se vean en la tesitura de tener que recitar los tan célebres como tristes versos de Niemöller: “Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.

***

Y es que, en este tema -como en tantos otros- coincido con las acertadas observaciones de mi apreciado Miguel Vázquez Taín (Presidente del Consello Galego de Economistas) cuando advierte que “lo que procede es (…) articular los procedimientos necesarios para algo tan simple como es cumplir lo acordado, que además está plasmado en una norma con rango de ley. (…) Lo contrario es atentar contra el principio de seguridad jurídica, básico en cualquier ámbito, pero de forma especial en todo lo que tiene que ver con la economía. Por eso creo que en la solución de este problema nos jugamos algo más que 200 millones” (28/1/2020). No es menos cierto que este estrambótico episodio podría ser la excusa ideal para reformar el abracadabrante sistema de financiación autonómica pues -como bien apunta mi bien querido Francisco de la Torre- “resulta complejo e ininteligible, no ya para el común de los ciudadanos, sino incluso para sus gestores” (5/2/2020); amén de que -obvio es decirlo- no introduce las deseables dosis de corresponsabilidad fiscal y, claro, ¡así nos va!

La cuestión -y creo que esta bitácora ha dado fe de ello durante los últimos lustros, con sus continuas denuncias de tantas actitudes y conductas reprobables- es que se empieza por despreciar al ciudadano (ya reducido a su mera faceta de contribuyente, ese “paladín incauto que siempre está ahí para socorrer con lo que no tiene a quien no se lo merece y jamás arrimó el hombro”, Lorenzo Silva dixit), siempre invocando la coartada de un pretendido y quimérico interés general, para, décadas después de maltrato a la ciudadanía- conceptuada ya como un mero cuerpo electoral-, terminar por no respetarse entre las propias instituciones públicas. Vendría aquí a colación esa célebre advertencia -expresada con magistral ironía- de Thomas de Quincey: “Si un hombre se deja tentar por un asesinato, poco después piensa que el robo no tiene importante, y del robo pasa a la bebida y a no respetar los sábados, y de esto pasa a la negligencia de los modales y al abandono de sus deberes”.

Quizá era ya, pues, una mera cuestión de tiempo que esa patología saltara de una dimensión mundana (los del pueblo llano, somos así) a las mullidas alfombras del ámbito institucional.

Ojalá me equivoque, pero creo que es tarde… Mucho me temo que ya estamos en el rechinar de dientes. De todos modos, tampoco me hagan mucho caso pues, como bien dice Javier Marías (lo leo hoy, cuando estoy del todo abatido -como pocas veces por alguien a quien no conocí personalmente- por la noticia del fallecimiento de David Gistau), «en España no sólo no pasa nada, sino que a quien pretendiera que eso tuviera consecuencias se lo tildaría de anticuado, tiquismiquis o fascista, término ya carente de sentido a fuerza de abuso».

#ciudadaNOsúbdito

 

 

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