“Quieren demostrar al mundo que no sirve de nada pelear.
¡Miradlo, ni siquiera él puede salir del laberinto, y eso que ayudó a construirlo!!!!
El sistema está amañado. Quieren que pensemos que nos protege, pero es mentira.
Nosotros nos protegemos; ¡nosotros!
Nadie más.
Ni las empresas, ni los científicos, ni el Gobierno… ¡¡¡Nosotros!!!»
«Aguas oscuras». Todd Haynes, 2019.
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Este pasado verano tuve la privilegiada fortuna de pasar unos días en el noroeste de Francia, a caballo entre Bretaña y Normandía. Dediqué una jornada entera a visitar los escenarios del Día D, las playas, los cementerios, … No les contaré nada: es inenarrable; hay que ir allí y verlo. Sin más.
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I.- PRÓLOGO
En un “post” de esta bitácora, bajo el título de “Cuando todo parece perdido”, les relataba el pasado 9/6 el episodio vivido por un matrimonio que, regentando un restaurante (ese microcosmos empresarial que arma nuestro tejido productivo), vieron cómo -mientras aguardaban la decisión de un TEA sobre una petición de suspensión; i.e.: mediando una suspensión cautelarísima- la AEAT les embargó el TPV del restaurante, asfixiándoles…
La premura por no verse privados del oxígeno que permite que el negocio siga con vida, llevó a que adoptáramos una estrategia -¿cómo llamarla?- “audaz”: impugnar esa medida cautelar ante un TSJ mediante un Procedimiento Especial para la protección de Derechos Fundamentales, pues mi convicción era -y es- que el pressing al que se sometió a esos contribuyentes vulneraba su Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente cautelar… No abundaré en eso, pues allí -en aquel post, y también en otro inmediatamente posterior (el publicado el 23/6 bajo el título “¿Atrapados sin salida?”)- ya se expuso todo lo que doy de sí a ese respecto.
II.- ASÍ ESTÁN LAS COSAS…
Este post va de otra cosa: del desenlace judicial de esa iniciativa de defensa.
El asunto fue sentenciado el pasado mes de septiembre, y la clave de su argumentación es la siguiente:
“.- Contenido del expediente administrativo. Reclamación económico-administrativa, embargo de la AEAT y medidas cautelares
Conviene comenzar por precisar los hechos afirmados por el demandante, que son matizadamente diferentes a los que contiene el expediente administrativo y ya anticipamos que determinarán que la jurisprudencia invocada resulte inaplicable. En efecto, indica el demandante que después de notificarle la AEAT la liquidación de una deuda y estando en período voluntario de pago, el interesado interpuso en tiempo y forma una reclamación económico-administrativa (REA), el 27/5/2026. A esta reclamación añadió la solicitud de suspensión ante el TEA de la ejecución del acto de la AEAT, en fecha 29/5/2026.
Según la demanda, con posterioridad a esta solicitud y antes de que fuese resuelta, la AEAT le notificó un acuerdo de medida cautelar para asegurar el pago de la deuda consistente en el embargo del TVP del negocio, con fecha 1/6/2026. Así el demandante presenta la situación como que fue practicado el embargo con posterioridad a su solicitud de suspensión, lo que contravendría una jurisprudencia asentada del TS -citada en numerosas ocasiones por esta Sala, por cierto- en la que, fundamentada justo en el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica que, solicitada la suspensión cautelar al TEA, la AEAT no puede ejecutar provisionalmente el acto hasta que el primero se pronuncie sobre la suspensión.
.- Cronología completa de los hechos: fecha del acuerdo del embargo y fecha de solicitud de suspensión. Inaplicación de la doctrina jurisprudencial invocada.
Omite sin embargo el demandante un acontecimiento trascendental: el acuerdo de adopción de medidas cautelares que afirma ser de fecha 1/6/2026 (el contribuyente nunca afirmó tal cosa; lo que sí dijo fue la pura realidad: que ésa -y no otra- fue la fecha de notificación del embargo del TPV), en realidad fue emitido en fecha 26/5/2026, tal como consta en el propio Acuerdo que consta unido con la demanda. Por otro lado, la solicitud de suspensión de la ejecución de la liquidación tiene fecha 29/5/2026 (fecha de presentación ante el TEA, aclaro por si fuera necesario). Es decir, la solicitud de suspensión de la ejecución es tres días posteriores al acuerdo de embargo (pero no a la de la notificación de éste: 1/6/2026; i.e.: tres -¡¡¡3!!!- días después de presentar la solicitud de suspensión).
En estas condiciones, la jurisprudencia invocada resulta inaplicable, porque lo que trata es de evitar que, cursada la solicitud, se acuerde la ejecución de la deuda por embargo, para evitar con eso que se pueda frustrar la tutela que se pretende obtener con la suspensión cautelar en mérito a las circunstancias concurrentes. Es decir, que el pronunciamiento del TEA llegase después de ejecutado el acto, siempre que la solicitud de suspensión fuese anterior a la ejecución (sic; i.e.: no a su mera validez; ¡importante!) del procedimiento de apremio.
Pero en este caso, la AEAT, cuando acuerda (sic; i.e.: no cuando notifica; ¡más importante todavía!!!) la medida cautelar de embargo, no está pendiente de que el TEA resuelva sobre una pretensión relativa a la suspensión de esa medida de embargo (que es posterior en tres días), por lo que la jurisprudencia vigente no la puede disuadir de ejecutar ese acuerdo (matización importante: de ejecutarlo, sí; de adoptarlo, no). Al no haber solicitud pendiente de resolver en el TEA, no se puede frustrar una petición cautelar de suspensión que todavía no hubiera sido formulada, por lo que no hay vulneración ninguna ni del artículo 9.3. ni del 24.1 o 106.1. CE, porque todavía no había sido puesto en cuestión el Acuerdo de medida cautelar de embargo del TPV (no; lo que, en su caso, aún no se habría cuestionado -vía petición de suspensión- sería la ejecutividad de la liquidación girada por la AEAT; no la medida cautelar, que habría de quedar enervada una vez solicitada una suspensión de aquella antes de la notificación de ésta).
En estas condiciones, la solicitud está huérfana de lesión de [D]erecho [F]undamental (las mayúsculas son mías) alguno, porque el acto recurrido no fue posterior (no en su dictado, sí en su notificación al interesado) a la solicitud al TEA de suspensión de la ejecución de la liquidación.
Esto no obsta que el acto no pueda adolecer de algún tipo de vicio de legalidad, pero ésa -en su caso- deberá ser ventilada en el procedimiento ordinario que corresponda, llegado el caso”.
Bueno; dénme, por favor, un minuto para tomar aire…
(…) = 1 minuto de espera.
Vamos a ello:
.- Les haré una confesión: creía que me encontraba defendiendo a un contribuyente de una presunta vulneración de un Derecho Fundamental (con mayúscula, sí); de ahí que -intuyendo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado focalizarían ahí su oposición a la existencia de tal violación- volqué todo mi esfuerzo argumental en esgrimir motivos para evidenciar que tal daño, efectivamente, se había producido.
.- La sorpresa salta (y no precisamente en Las Gaunas) cuando el TSJ de turno, lejos de mostrar tibieza alguna ante la idea de que un embargo sí puede vulnerar un DF cuando interactúa con una solicitud de suspensión no resuelta (ése y no otro era el caso), en un inesperado giro de guión, encuentra la clave de bóveda del asunto -y, como tal, la que le da la palanca para desestimar el recurso- en que aquella medida cautelar (el embargo del TPV) se dictó -que NO notificó- antes de que el contribuyente hubiera instado esa suspensión ante el TEA.
.- Vaya, vaya, vaya… Hete aquí, pues, que el escenario del debate muta desde una cuestión de índole constitucional (DDFF) a otra de legalidad ordinaria…
.- En tal caso, vayamos a ello, pues:
1.- Lo primero, una precisión no innecesaria pues la sentencia desliza esa “perla”: el que esto suscribe, en su condición de abogado del demandante en cuestión, nunca afirmó que la medida cautelar (el embargo del TPV) se hubiera dictado en la fecha en la que se notificó. Punto.
2.- Lo segundo: el Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa (RD 520/2005, de 13/5), preceptúa en su artículo 46.4 (párrafo tercero):
“La inadmisión a trámite (de una solicitud de suspensión cuya resolución sea competencia de un TEA; como el caso que aquí nos atañe) supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por no presentada a todos los efectos. Dicho acuerdo deberá notificarse al interesado y comunicarse al órgano de recaudación competente con indicación de la fecha de notificación al interesado”.
¡Qué interesante!!! O sea, que el TEA debe, ya imperativamente, notificar tal inadmisión al interesado y a Recaudación; pero es que es más: cuando se lo notique a Recaudación (aquí, la AEAT) deberá hacerle saber en qué fecha el interesado tuvo conocimiento de tal inadmisión…
Y eso, ¿why? Pues because en tanto en cuanto el interesado ignore tal inadmisión ésta no surtirá efectos ni para él ni para la AEAT, habida cuenta que, hasta entonces, estará operando la suspensión cautelarísima resultante de la mera solicitud de suspensión no resuelta.
O lo que es lo mismo: esa inadmisión acordada por el TEA no surte efectos (i.e.: no será eficaz ni, por tanto, surtirá efectos ejecutivos) hasta que el interesado tome conocimiento de ella; es decir: hasta que se le notifique. Mientras tanto existirá y será válida, pero no eficaz ni ejecutiva.
3.- Es más: en consonancia con esa expresa previsión reglamentaria (del todo acorde, por cierto, con las disposiciones legales que contemplan la efectividad de los actos administrativos y, singularmente, con la previsión del 39.2 de la Ley 39/2015, de 1/10, de Procedimiento Administrativo Común), el apartado Cuarto.5.2.4 de la Resolución de 24/9/2025, de la Presidencia de la AEAT, por la que se dictan criterios en materia de suspensión de la de los actos impugnados mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los TEAs y la AEAT, estipula que “La inadmisión a trámite supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por no presentada a todos los efectos. En consecuencia, dicha inadmisión determinará la inmediata reanudación del procedimiento de recaudación a partir del día siguiente al de notificación del acuerdo (ojo al dato), considerándose no producida la suspensión cautelar vigente durante la tramitación de la solicitud. (…)”. Previsión ésta que la AEAT se ha dado a sí misma (lo que, creo, exige un plus de exigencia en su nivel de autocumplimiento) y que tiene su continuidad en su siguiente apartado, el Cuarto.5.2.5: “El TEA dará traslado a la Oficina de Relación con los Tribunales (en el argot, ORT) de su ámbito territorial, de los acuerdos de admisión y de inadmisión a trámite que hubiera adoptado, con indicación de la fecha de notificación al interesado”.
Creo que es más que obvio que aquí ya llueve sobre mojado: en tanto en cuanto no se notifique la inadmisión de una petición de suspensión, se mantiene el estatus quo de la suspensión cautelarísima resultante de aquella petición de suspensión todavía no resuelta.
O lo que es lo mismo: en materia recaudatoria (habida cuenta que entramos en una faceta que se inmiscuye del todo en el sacrosanto derecho de propiedad pues -ya sea mediante apremio, ya mediante embargo- afecta a los bienes y derechos del ciudadano de los que puede ser privado) la efectividad de la actuación administrativa se demora hasta que el interesado (i.e.: contribuyente y, por ende, ciudadano) tiene conocimiento de ella. Ni más, ni menos. En tanto en cuanto éste no está en situación de ser consciente de qué actuaciones se están llevando a cabo frente a su propiedad, éstas habrán sido acordadas (obvio es decirlo) pero no surten efectos… Quedan en modo standby.
4.- Y, como no podría ser de otro modo (gran perífrasis, por cierto; tan protocolaria como estéril), esto mismo es lo que el mismísimo Tribunal Supremo ha venido sosteniendo, repetida e insistentemente, he de decir; así:
i.- STS 5/11/2009: “Esta interpretación olvida que la eficacia de los actos administrativos queda supeditada en ocasiones, por imperativo legal, a su notificación al interesado. En efecto, la regla general de la eficacia inmediata de los actos administrativos, prevista en el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 30/11, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, presenta excepciones legalmente previstas.
Así, el número 2 de dicho artículo 57 dispone al respecto que «la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior». En cuanto a la notificación, el artículo 58.1 de la referida Ley 30/1992 preceptúa claramente que «se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente».
Por consiguiente, y conforme al mandato legal, las resoluciones y actos administrativos con trascendencia para los interesados no surtirán efectos hasta que la notificación a los mismos haya tenido lugar, habida cuenta que la notificación, según hemos visto, demora el comienzo de su eficacia. (…)”.
ii.- STS 28/4/2014: “(…) según ya hemos indicado y como razona la Audiencia Nacional, a la luz de los artículos 167.1 y 62.5 LGT, la vía de apremio no se entiende abierta hasta que no se notifique al obligado tributario la providencia que la inicia, acontecimiento que en el caso enjuiciado tuvo lugar (…) con posterioridad a la decisión de rechazar a limine la solicitud de suspensión; ahora bien, esta circunstancia, impide entender puesta en marcha la referida vía hasta que no se dé traslado al obligado de la providencia que abre el apremio. (…)
Además, a juicio de esta Sala, la tesis promocionada en la sentencia impugnada provocó un efecto que los propios jueces de la instancia habrían rechazado si hubieran reparado en su producción: dando por buena una providencia de apremio adoptada (¡ojo! sólo adoptada, no notificada) antes de ser notificada la decisión de no admitir a trámite la solicitud de suspensión (…), pues en ese momento, (…), ya existía un apremio válidamente abierto, si bien todavía ineficaz, pues aún no había sido comunicado al obligado tributario”.
iii.- STS 13/6/2024 (y, por tanto, vigente ya la actual LPAC): “(…) por ende, la providencia de apremio era acto válido, mientras que no fuese anulada, aunque al no estar notificada en forma carecía de eficacia, no podía producir los efectos que le son propios hasta su correcta notificación”.
III.- EPÍLOGO
Después de todo esto, (como dice Sabina en «Donde habita el olvido») «la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido», siendo así que, una vez terminada esa “temporada” en el TSJ, “llegó el TEA y mandó parar”, notificando su admisión a trámite de la suspensión de la Liquidación objeto del embargo del TPV…
Y es así, mis queridos niños, como se escribe la historia.
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CODA: En estos días tan convulsos para todos, les sugiero el “visionado” de dos documentos espeluznantes (consejo: no se vayan después a la cama, no lograrán conciliar el sueño; avisados quedan) que evidencian cuál es nuestra genuina realidad en Españistán:
https://streaming.congreso.es:8443/vod/ondemand/video/leg15/497/15_000497_707/cortes/smil:15_000497_707.smil/manifest.m3u8 (aviso: la videoteca del Congreso de los Diputados no ha tenido a bien conservar y divulgar la parte del “evento” acontecida tras la pausa para el café…).
https://www.rtve.es/play/videos/somos-documentales/frankenstein-04155/7020059/
Sigan con salud. No es poco.
#ciudadaNOsúbdito