Cuando caminas y notas una incomodidad en tu zapato, normalmente, te detienes en algún apartado y miras a ver si tienes alguna piedra o cualquier otro elemento que genera la molestia. No obstante, cuando se mantiene la incomodidad, el fastidio o la irritación, parece razonable considerar que el problema es del propio zapato y no sería descabellado, repararlo adecuadamente o cambiarlo.
Bueno, pues algo así nos acontece con nuestro sistema tributario. Es un zapato que de forma continua nos causa molestias e incomodidades. Y la pregunta es obvia, ¿deberíamos cambiarlo?
Antes de nada, quisiera traer a colación un par de conceptos extraídos del profesor James Buchanan, Premio Nobel de Economía, que me parecen del todo sugerentes:
• la “apatía” del contribuyente medio y
• la “inercia institucional”.
Pues bien, creo que estos dos factores, básicamente, explican cómo hemos llegado aquí. La “apatía” del contribuyente, la silente tolerancia o la resignación lanar que nos permite aceptar la continua “expropiación” de nuestras rentas, ha sido fundamental para el aumento de peso y la expansión desorbitada del sector público. A día de hoy, el nivel del gasto del sector público respecto al Producto Interior Bruto de España alcanza el 46%, es decir, casi la mitad de la renta anual se destina al mantenimiento del sector público. Ante esta actitud del contribuyente, las instituciones no sólo se resisten a disminuir el nivel de gasto, al contrario, el entorno de crisis y empobrecimiento generalizado es propicio para adoptar políticas y medidas tendentes a conseguir la fidelidad de los contribuyentes-votantes. Y los propios contribuyentes o ciudadanos no sólo no rechazan esta compra de votos encubierta sino que compiten entre sí para conseguir el mayor número de ayudas y beneficios del sistema público.
Fácilmente hemos olvidado que los ciudadanos tenemos la obligación y el deber, ético y/o moral, de limitar a las instituciones políticas, de coartar su acción y controlar su actividad. Los ciudadanos, cual Fausto, hemos vendido nuestra alma, la Libertad, por un plato de lentejas, el Estado del (presunto) Bienestar.
Los firmes defensores del estatismo argumentan que el Estado, las instituciones políticas, están para corregir y suplir las deficiencias del mercado y garantizar una “real” igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, es decir, el fin justifica los medios. Ahora bien, aun admitiendo como válida esta afirmación, la discrepancia estriba en el peso del sector público, pues es del todo inadmisible que, para “corregir” los presuntos fallos del mercado, sea necesario tener un tamaño tal que se llegue a “apropiar” del mercado.
Pero el mal no acaba aquí. La perversidad del sistema estriba en que, entre unas instituciones y sector público de un lado y los contribuyentes-electores (perceptores netos de renta) del otro, en medio, se sitúan los contribuyentes netos, la base de la prosperidad de la nación, las clases medias generadoras de riqueza.
Como podrá comprobarse en cualquier estudio sobre la Hacienda Pública y tomando los datos de la propia Agencia Tributaria, más del 50% de la recaudación tributaria total de este país se obtiene del tramo de contribuyentes con rentas comprendidas entre 21.000 y 60.000 Euros, es decir, la clase media, quienes apenas representan el 30% de la población. Dos conclusiones son obvias:
-
El escaso o reducido peso poblacional de las clases medias. Evidentemente, algunos me indicarán que si incluimos las clases medias-bajas (los perceptores de rentas de entre 12.000 y 21.000 Euros anuales), el peso de las clases medias sería del 55%. Sea una cifra u otra, la cuestión es que tenemos una reducida clase media.
- Y la clase media es el principal sostén del entramado público.
Dejando de lado debates sobre la moralidad y justicia del sistema tributario, el caso es que, cuando combinamos una elevada presión fiscal sobre un colectivo tan fundamental para el desarrollo económico, el resultado es obvio: estancamiento y deterioro económico. Es decir, no sólo el sistema es insostenible, financieramente hablando, sino que deviene en un freno para la prosperidad y la mejora de la ciudadanía.
Por consiguiente, es necesario, incluso urgente, reducir el peso y el nivel de presión fiscal sobre las clases medias (los contribuyentes de entre 21.000 y 60.000 Euros de renta anual). Sin entrar en el detalle de los estudios estadísticos y debates técnicos, me atrevo a apuntar tres razones básicas para la reducción de las cargas tributarias sobre las clases medias:
• Incidencia en el capital humano. Ante la elevada presión fiscal, los ciudadanos tienden a buscar alternativas en otras áreas o territorios con menor carga tributaria, favorece la elusión o fraude fiscal (por ejemplo, la economía sumergida o la obtención de ingresos no oficiales combinados con percepción de prestaciones públicas) y desmotiva la emprenduría, entendido ésta como la búsqueda por parte de los individuos de iniciativas empresariales, profesionales o económicas que les permitan obtener mayores rentas y creación de riqueza (pocos asumirán riesgos empresariales si tienen que compartir de forma tan “generosa” los frutos de su esfuerzo con el sector público).
• Incidencia en la capacidad de ahorro. El ahorro es clave para la formación de capital para la inversión y el consumo y sin inversión ni consumo, no hay desarrollo económico y se hace inviable el crecimiento. Parece bastante obvio que las clases bajas o con rentas reducidas no tienen capacidad de ahorro (con suerte no dependen del sistema público), a la vez que, resulta poco “redistributivo” el que las clases altas o más adineradas tengan una capacidad ilimitada de acumulación de capital. Por tanto, si queremos evitar una situación de oligopolio en el capital financiero y asegurar altas cotas de libertad y movilidad social, la esperanza reside en que las clases medias tengan una capacidad real de ahorro privado.
Ahora bien, difícilmente este colectivo de contribuyentes conseguirá conformar un capital privado si, a la imposición directa sobre las rentas de su trabajo y esfuerzo empresarial además se les impone una sobrecarga adicional al producto de su ahorro y su mera tenencia.
• La debilitación y el empobrecimiento de la clase media, factor determinante para la aparición de convulsiones sociales y la inestabilidad política, económica y social. Y ya sabemos que, para el crecimiento es condición indispensable la estabilidad y seguridad jurídica.
Una amplía clase media es el factor clave para la moderación social y la estabilidad institucional. En efecto, por un lado, son la esperanza y el espejo en que se miran los más desfavorecidos, pues la proximidad física y económica (las moderadas diferencias socio-económicas), les permite aspirar con razonables expectativas a formar parte de dicho colectivo social. Por otro lado, el hecho de que la clase media tenga rentas y riquezas suficientes para asegurar un cierto nivel de bienestar, es decir, cuando tienen algo sustancial que perder, les hace ser cautos en la toma de decisiones y son renuentes a seguir aventuras o caminos inciertos, siquiera sea por el temor de la pérdida de su condición y el bienestar y prosperidad conseguidos.
Aparte de apostar por la liberación de recursos al sector privado al objeto de estimular el crecimiento, adicionalmente, existe un motivo estratégico fundamental. La apuesta por la reducción de la presión fiscal, la disminución sostenida en el tiempo de los ingresos públicos, es la única medida que permitirá doblegar la resistencia de los poderes públicos a mantener altos niveles de gasto público y evitar el uso ineficiente e ineficaz de los bienes públicos. En palabras llanas, las instituciones públicas, la administración, no renunciará al gasto hasta que compruebe o experimente que el nivel de gasto, consumo e inversión, es insostenible, es decir, no posee recursos económicos y financieros suficientes para su mantenimiento. Tengamos en cuenta que resulta contranatura que un gestor público, por propia voluntad, renuncie a unos recursos que le sirven para alcanzar y perpetuarse en el poder mediante la compra de votos encubierta vía ayudas y subvenciones. Y es que, adicionalmente, cuánto más dependientes son los ciudadanos, más potenciales “clientes”.
Por tanto, en contra de lo habitualmente señalado, la solución no pasa por solicitar o exigir una reducción el gasto público para conseguir una posterior moderación de los ingresos, los impuestos, sino que debemos apostar y exigir la disminución de la presión fiscal como vía para la optimización del gasto público (y el control efectivo de los poderes públicos).
Se hace necesario y urgente revisar el sistema tributario. Cuestionarlo de raíz. Exigir su demolición.
Pero existen otras chinas en el zapato. Por aquello de generar el deseado debate, os apunto algunas más:
• La sobrecarga administrativa y la mentira de la baja presión fiscal. Si bien se afirma por parte de las distintas instituciones políticas y económicas que la presión fiscal existente en España está en la franja media y media-baja de los países de la Unión Europea, dicha afirmación es engañosa o equívoca, pues los indicadores tomados sólo consideran la recaudación tributaria en términos monetarios, olvidando que la proliferación e ingente cantidad de obligaciones tributarias formales (declaraciones periódicas, anuales, informativas, censales, facturación, documentación de operaciones vinculadas, etc.) suponen un oneroso coste económico para las empresas y empresarios. En palabras llanas, el indicador no contempla los «costes escondidos de la imposición» («hidden taxation costs»).
• Sistema tributario complejo en el que se mantienen y proliferan múltiples tributos, con una abundante dispersión de administraciones tributarias, con la consiguiente dificultad del ciudadano y empresario para ordenar y gestionar el cumplimiento de sus obligaciones económicas y su contribución.
Así, aparte de los tributos principales (IVA, IRPF, IS, ITP-AJD, Impuestos Especiales, IP e ISD), existe una amplia variedad de impuestos locales (IAE, IBI, etc.) y autonómicos (Juego, Establecimientos turísticos, bebidas carbonatadas, etc.) junto con las ingente cantidad de tasas y contribuciones especiales que actúan de continua sobreimposición y carga económica sobre cualquier ámbito económico (por ejemplo, las recientes tasas sobre bebidas carbónicas y las previstas tasas sobre el ADSL).
Si a esta multiplicidad de figuras recaudatorias o tributos, le añadimos las distintas administraciones y órganos competentes en materia tributaria (Administración estatal, autonómica, municipal, entidades metropolitanas o entes comarcales, diputaciones, etc.) y los distintos regímenes territoriales (régimen común, forales, Ceuta y Melilla, Canarias, autonomías, etc.) se obtiene una matriz administrativa tributaria de difícil digestión para cualquier persona o entidad que desee cumplir con sus obligaciones tributarias.
La pervivencia de esta complejidad y dispersión sólo consigue que se amplíe la base de administradores y gestores públicos, con la consiguiente dificultad para su control y la ampliación de gastos públicos ineficientes e ineficaces.
• Subvención vs. Deducción. El actual sistema tributario prima y se basa fundamentalmente en la captación de recursos y luego “graciosamente” reparte ayudas/subvenciones (primero detrae y luego reparte, y como se suele decir, “quien parte y reparte, se queda la mejor parte…” y así nos va…) En cambio, la alternativa es un sistema tributario que “confíe” en el ciudadano/contribuyente, constituyendo incentivos (deducciones y bonificaciones fiscales) que motiven acciones y comportamientos deseables, sin perjuicio de dedicar los debidos esfuerzos para el control y supervisión que evite el fraude fiscal (de hecho, los recursos empleados para “repartir subvenciones” podrían destinarse íntegramente a “vigilar el correcto acogimiento” a los beneficios fiscales).
El dinero en manos de los ciudadanos y la empresa genera economía, el dinero en manos del Estado genera administración (y corrupción).
• Inseguridad jurídica: en los últimos años ha existido una “exuberancia irracional” de leyes y reglamentos con continuos cambios y modificaciones normativas en el ámbito tributario, con una manifiesta falta de coherencia e incluso contradictorios, incompletos e inconexos, etc. Esta improvisación legislativa ha llegado al extremo de presentar normas incompletas que se han tenido que completar, regular o rectificar mediante resoluciones administrativas de dudosa legalidad (por ejemplo, la famosa “amnistía fiscal”), se han publicado normas de dudosa corrección legislativa (por ejemplo, la vigencia de normas tributarias temporales, como es la elevación de los tipos del IRPR para el año 2012 y 2013, y ahora, también 2014…), etc.
En este sentido, los ejemplos son múltiples. Por ejemplo, el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades ha padecido 8 correcciones legislativas en los últimos cinco años, a la espera de una prevista nueva revisión o corrección, el cachondeo de los pagos fraccionados del ejercicio 2012, las sucesivas correcciones del IVA en relación a los créditos incobrables, etc.
Pero otro problema que genera inseguridad jurídica, es la actuación o técnica “pseudolegislativa” de órganos incompetentes, como es la Dirección General de Tributos o el Tribunal Económico-Administrativo Central. En este último caso, por ejemplo, el TEAC se sacó de la manga una interpretación sui-generis por el que niega la condición de “empresa de reducida dimensión” a las entidades destinadas al arrendamiento que no tienen persona y local lo que ha dado lugar a una campaña de la Agencia Tributaria de regularización de múltiples pymes de naturaleza patrimonial.
Cualquier persona que tenga intención real de efectuar inversiones productivas y la implantación de un negocio o iniciativa empresarial, demandará un entorno de certidumbre y seguridad jurídica para su desarrollo. Por tanto, la actual dinámica de un sistema tributario oscilante, incoherente y contradictorio, es cualquier cosa, menos un incentivo para la implantación de nuevas empresas y la atracción de capital (humano, inclusive).
• Justicia tributaria lenta. Un mero ejemplo, a principios de 2013 formalicé Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra unas liquidaciones del IRPF de un matrimonio correspondientes a los ejercicios 1997 a 2001, ambos inclusive, habiendo formalizado garantías ante la AEAT que suspendan la ejecución del acto administrativo. A día de hoy, aún está pendiente de resolución.
Si sumamos una regulación voluble o tornadiza y un poder judicial lento e inoperante, el resultado es desánimo, desilusión, desinversión, desafecto, etc. Si resulta difícil de entender para un ciudadano de aquí, ¿cómo se lo explicamos a un ajeno?
• Existe un hecho científicamente apuntado (me remito al estudio realizado por los profesores Miguel Almunia y David López-Rodríguez) que afirma que, para determinados umbrales (alrededor de los 5-6 millones de euros de facturación), las empresas tienen incentivos para no crecer o detener el crecimiento, pues es la frontera del sistema dual de nuestro sistema tributario. Una vez se supera, los costes tributarios y administrativos se elevan de forma tan sustancial (auditoría, declaraciones mensuales, tipos impositivos más elevados, etc.) que no justifican el margen adicional conseguido con el aumento de facturación.
Estos frenos también operan en la escala de gravamen, tanto para las rentas bajas (pasar de 10.000 Euros de renta a 12.000 Euros se traduce en no pagar impuestos y escapar al control de la AEAT a someterse a gravamen de forma notoria y asumir obligaciones), rentas medias (por encima de determinado nivel de renta, se pierde el derecho a aplicar ayudas o incentivos fiscales, como la deducción por vivienda habitual) como en rentas altas (pasar de 175.000 Euros a 180.000 Euros de renta, implica obtener apenas 2.000 Euros de renta neta), desincentivando o afectando la motivación de los trabajadores.
Por ello, insisto en que es preciso revisar el sacrosanto principio de progresividad fiscal, como apunté recientemente. Un exceso de progresividad en el sistema tributario desmotiva la natural ambición a conseguir unas mayores rentas y riquezas: el incremento de los tipos impositivos penaliza el sobreesfuerzo con el consiguiente efecto de agudizar la curva rendimientos decrecientes (la renta neta es cada vez menor a medida que aumentas las rentas totales).
Para ir concluyendo. En el actual contexto económico y social, los ciudadanos tenemos la obligación ética y/o moral de demandar cambios profundos en nuestro sistema tributario, denunciar las graves deficiencias del vigente modelo, y proponer reformas ambiciosas para darnos un esquema fiscal que apueste realmente por el crecimiento y la prosperidad de los ciudadanos y, por encima de todo, asegure y garantice nuestra Libertad y condición de ciudadanos.
“No hay duda de que la imposición de un impuesto exorbitante, la recaudación en tiempos de paz de cantidades tan grandes como en los años de la guerra o la exacción de la mitad de la riqueza de la nación e incluso de la quinta parte de ella, como cualquier otro abuso exagerado de poder, justificarían la oposición del pueblo.”
Adam Smith (Lectures on Jurisprudence).
Excelente artículo. No nos vendría mal, a la hora de plantear esa reforma del sistema tributario, que el legislador volviese a leer nuestra Carta Magna, al objeto de encontrar fuente de inspiración en ese empeño de obtener una recaudación más eficiente de la fiscalidad. Todo ello, en aras, de no convertir ese instrumento, en un nuevo ábaco con el que cuadrar cuentas.
Decir que «casi la mitad de la renta anual se destina al mantenimiento del sector público» es una exageración, una inexactitud. En 2012 el PIB fue de 1.029 billones de €. La suma de los impuestos recaudados fue de 202 Mil Mlls € (un 20% escaso). El gasto en consumo final fue de 207 Mil Mlls. de €. La remuneración a los asalariados de las distintas Administraciones públicas fue de 115 Mil Mlls. de € (11% sobre el PIB). «Síntesis de la Contabilidad Nacional de España – BdE».
El sector público, además de pagar a Gürtels, Bárcenas, concejales corruptos y demás ralea , presta servicios a la ciudadanía, servicios cuyo coste de producción es uno de los sumandos del PIB.
Para terminar, una cita del querido Adam, extraída de su insigne obra magna:
«It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expense, not only in proportion to their revenue, but something more than in that proportion.»
Siempre hay dos versiones para la misma historia.
Un saludo
Dejando a un lado las citas en inglés de Alan Smith y la interpretación de las cifras, muy interesante artículo. Me quedo con una frase: «El dinero en manos de los ciudadanos y la empresa genera economía, el dinero en manos del Estado genera administración (y corrupción).» Sin embargo, valoro el apunte de esa complacencia de la ciudadanía a la que hace referencia el autor del post. Quizá nos hemos acomodado, quizá nos estemos dejando llevar.
Apreciado DkN,
Creo que los datos que apunta son parciales y únicamente hacen referencia a la Administración General del Estado, pues en el año 2012, el gasto total de las Administraciones públicas (Estado, Comunidades Autónomas, entes locales y Seguridad Social) ascendió a 493.000 millones de Euros. Tenga en cuenta que sólo de cotizaciones a la Seguridad Social (lo que no deja de ser un tributo o contribución pública) se recaudaron 134.000 millones de Euros y el déficit (es decir, lo gastado y no ingresado) ascendía a 111.000 millones de Euros. Por lo tanto, sólo si sumamos estas dos partidas a las que usted nos refleja, nos acercamos peligrosamente al 46% que menciono en mi post.
Por otro lado, en cuanto a la mención que me hace de Adam Smith, estamos con lo mismo de siempre, que los «ricos» paguen. Pero mientras deshacemos la margarita de que paguen o no, mientras, el peso de recaudación recae sobre las clases medias, salvo que usted interprete que obtener rentas anuales de 48.000 euros o 60.000 euros es ser rico.
En cualquier caso, es muy interesante su aportación y agradecemos que participe.
Gracias por su aclaración. Sin ánimo de creerme adivino, la esperaba exactamente en esos términos. No pongo en duda la cifra del 46%. La convención contable computa las cotizaciones sociales como parte del numerador del ratio al que vd. hace mención.
Considero inexacta la interpretación que se hace a continuación; «casi la mitad de la renta anual se destina al mantenimiento del sector público». Tal y como yo lo entiendo, y creo que así se contrasta en la contabilidad nacional, las cotizaciones sociales transitan desde las empresas (vía el «hub» de la SS) hacia los jubilados y pensionistas de este país. Llamar «mantenimiento del sector público» a estos ciudadanos me parece que no ayuda en nada a la argumentación posterior entre la cual hay elementos que comparto.
Un placer…
Si bien considero coherente tu aportación, creo que el «mantenimiento del sector público» es un indicador interesante, puesto que los jubilados al fin y al cabo (y sin ánimo de denigrar al colectivo) podrían considerarse acreedores del sector público (atendiendo a que su aportación a lo largo de su vida laboral deviene en un derecho y compromiso del mismo).
No obstante, considero acertado el hecho de separarlo, puesto que esa partida constituye un gasto fijo no ajustable (o por lo menos así debiera ser) y no pone en evidencia la gestión pública de la administración.
Un artículo muy interesante!
Felicidades
Un artículo realmente interesante, … no pensaba leerlo hasta el final, pero me ha enganchado. Expone muy bien el problema, aunque no da ninguna solución, y me temo que es que simplemente no la hay, «el sistema seguirá así forever and ever» (la cita es de cualquier ciudadano español)…. y sí, efectivamente, es una frase llena de desánimo, desilusión, desinversión y desafecto.
Excelente publicación. He encontrado a faltar entre los motivos para reducir la presión fiscal a las clases medias el fortalecimiento de la demanda interna además del aumento de capacidad de ahorro privado (basándome en el efecto renta).
Bajo mi punto de vista es vital la reducción de la presión fiscal de las clases medias y una importante bonificación para nuevos contratados, dado que de este modo incentivas a la contratación, aumentas la competitividad (tax devaluation) y dotas de mayor capacidad económica efectiva a las rentas medias y bajas. Por otro lado, lo que se deja de ingresar por Seguridad Social se recauda por imposición indirecta.
En mi caso particular soy economista y asesor fiscal y precisamente estoy trabajando en Andorra, donde no hay imposición directa a las personas físicas asalariadas. Ya he subido a 2 de mis compañeros de facultad y las oportunidades que nacen en este territorio son muy interesantes, siendo uno de los factores determinantes el atractivo fiscal.
Apuesto por un modelo con un gasto del sector público más coherente y eficiente, que garantice el «bienestar» pero que ha su vez no se interponga entre el estado y el crecimiento.
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