Y esto, ¿quién lo paga?

“Ninguna libertad suele perderse bruscamente”.

(David Hume, 1711-1776)

 “Los peores crímenes han sido cometidos en nombre de algún tipo de «necesidad”. No se puede renunciar a pensar, a ponerse en el lugar del otro y negarse a normalizar formas de horror. Y si se hace, si se normaliza lo que no puede ni debe ser normal, lo que nunca se podrá alegar es que no había una alternativa. La había y por eso la responsabilidad es algo más que una petición de disculpas. Siempre se pudo hacer otra cosa. Siempre se pudo decir: «Yo no´´”.

“No pidan disculpas” (Soledad Gallego-Díaz; El País, 24/1/2021).

***

A finales de 2014 -ya ha llovido- llamó a mi puerta una empresa, una PYME -como tantas, de origen familiar-, muy preocupada ante las apetencias recaudatorias que la AEAT exhibía ante ella.

El asunto de fondo ya daría para un “post” específico -pues traía origen de una muy singular responsabilidad solidaria mediante la que se le exigía la deuda tributaria correspondiente a un tercero, el deudor principal-, pero no es de eso de lo que hoy quiero hablarles, no.

Como digo, fue hace ya algo más de 6 años cuando esa empresa, ya convertida en cliente, me encomienda la defensa de sus legítimos intereses ante las pretensiones de la AEAT que, ya entonces, venía a exigirle cerca de 800.000€ en impuestos. Mi primera inquietud fue intentar parar el golpe financiero -casi letal- que supondría tener que afrontar semejante importe para esa sociedad que, aunque saneada, no disponía ni de lejos de tal liquidez.

Así pues, procuré una suspensión sin necesidad de aportar garantía; pretensión que se topó con una -entonces clásica- “inadmisión” del TEAC, patológica reacción administrativa que se sometió a la consideración de la Audiencia Nacional -AN; que la avaló- y, ya después, ante el mismísimo Tribunal Supremo que, finalmente, puso coto a aquella praxis administrativa jurídicamente tan vidriosa y con tan perniciosos efectos recaudatorios.

Mientras, obvio es decirlo, el litigio de fondo continuaba durmiendo el sueño de los justos en el propio TEAC; pero ello no suponía que no hubiera novedades, no. Aquella inadmisión de la solicitud de suspensión activó una subsidiaria petición de aplazamiento/fraccionamiento que la AEAT denegó, negativa que, a su vez, fue también recurrida ante el TEAC donde se declaró ilegal por falta de motivación (como ven, todo muy aleccionador).

En ese ínterin, la AEAT tampoco estuvo ociosa: giró, por dos veces, liquidaciones de intereses de demora -unos por el aplazamiento denegado, otros por la inicialmente frustrada suspensión-; actuaciones ambas contra las que se interpusieron los oportunos recurso, los dos ganados.

Además, la AEAT llegó a exigir el recargo de apremio (un importe no precisamente menor -como bien se pueden imaginar- habida cuenta el principal sobre el que se giraba), actuación que el TEAC -¡también!- tumbó mediando el correspondiente recurso de alzada.

Por si no fuera bastante, todo ese infierno recaudatorio provocó que la AEAT emitiera -del todo indebidamente- un certificado afirmando que mi cliente era un moroso, es decir, que no estaba al corriente del pago de sus obligaciones tributarias (lo que era falso, pues de un modo u otro su obligación de pago siempre estuvo en suspenso). Esto era muy grave pues para el cotidiano desempeño de su actividad ordinaria necesita un certificado “limpio” que le permita acceder a recintos de titularidad pública…, ese certificado negativo era su acta de defunción. Aquí tocó elevar el tono y advertir que se reclamarían responsabilidades disciplinarias y económicas al funcionario responsable de tal dislate …; no llegó la sangre al río: en apenas unos días, se le emitió un certificado positivo.

Y así, entretenidos (y, sobre todo, muy preocupados) fueron pasando los días, las semanas, los meses y -sobre todo- los años: más de seis hubo que esperar hasta que la AN -tras una previa resolución desestimatoria del TEAC- dictara su hoy muy reciente SAN estimando nuestros argumentos y, por tanto, nuestras pretensiones. El tiempo, la paciencia, la fe en nuestra argumentación…, todo ello tuvo su recompensa. La satisfacción final es inmensa, enorme.

Pero -ya saben, siempre hay un “pero”- lo cierto es que ese exitoso resultado final provoca, también, preguntas, interrogantes del todo lógicos: ¿quién responde por esos años de angustia, de agobios? ¿quién por esas noches de insomnio? ¿y por la acidez de estómago? ¿y por las oportunidades de negocio perdidas durante más de un lustro por culpa de esa espada de Damocles? ¿qué responsabilidad asume el actuario que suscribió aquel acta y que cobró su “bonus” cuya devolución -por cierto- nadie le reclama? ¿y cuál le corresponde al Jefe de la Oficina Técnica que avaló aquella deuda que nunca debió exigirse? ¿y al TEAC por dictar resoluciones contrarias a Derecho, tanto en cuanto a la suspensión como en lo relativo al fondo?

Y es que “la lucha poco empática contra el fraude hundió a muchos contribuyentes” y, bajo ella, “se palpa una pérdida de confianza en el Estado. Deben funcionar los controles y balances que evitan que el poder se concentre solo en unas manos y hace falta transparencia. Lo que ha fallado estrepitosamente es el sistema. La Agencia Tributaria persiguió `a todo o nada´ cualquier posible irregularidad. El rastreo fue tal que, a veces, bastaba un error en un formulario. Cuando (se) pedían aclaraciones, eran remitidos a los tribunales, algo que suponía años de pleitos y gastos adicionales.

 Así lo siente« S´´: a pesar de tenerlo todo en regla, solo le dijeron que su expediente estaba incompleto y tenía que pagar. Las noches en vela y el estrés han sido constantes. El drama generado por la mano dura, insolente incluso, de la Agencia Tributaria es muy difícil de aceptar por parte de cualquier sociedad”.

Ahora, por favor, respondan una simple pregunta: estas frases entrecomilladas, extraídas del reportaje “El peligro que tiene la mano dura” (suplemento Ideas, El País 24/1/2021) relativo al escándalo que provocó la dimisión en bloque del gobierno holandés presidido por Mark Rutte (aquí abajo, todo ufano en su bici, con una manzana en la mano…), ¿no podrían aplicarse –mutatis mutandis– a experiencias como la sufrida por mi cliente?

Y sigo: ¿qué me dicen de estas otras reflexiones -sobre el mismo episodio- vertidas por Soledad Gallego-Díaz en un reciente artículo que incluye -también- las citas reproducidas al inicio este post?: “Se podría decir que proliferan hoy día de manera inquietante los casos Arendt. Hechos en los que la aplicación banal de órdenes y leyes, como los que analizó en su momento la filósofa alemana, han llevado a situaciones de tan absoluta injusticia e inhumanidad que uno podría creer que no pueden producirse en sociedades civilizadas como las nuestras. Pero no es así, esa especie de crímenes burocráticos aparecen con asiduidad delante de nuestros ojos sin que nos produzcan espanto y solo el terco trabajo de algunas personas permite que salgan finalmente a la luz (¿por qué será que aquí, como paradigma de esos “tercos”, vislumbro, entre otros, los rostros de dos Alejandros -del Campo y Miguélez- y el del mismísimo Esaú Alarcón?).

Los funcionarios de la Agencia Tributaria que iniciaron todos esos expedientes cumplían indicaciones de sus jefes («por encima de todo -el problema es que ese “todo” aglutina, también, cosas serias, como derechos constitucionales de los contribuyentes- hay que perseguir el fraude´´), no fueron cuestionados ni por los miembros del Gobierno, ni por los parlamentarios, ni por los numerosos jueces a los que llegaron los casos. Se trató como delincuentes a personas inocentes, cuyas vidas han sido destruidas. Ha quedado probado que hubo una falta institucionalizada de imparcialidad, la Secretaría de Estado de Finanzas ocultó documentos (¡ay, el Dictamen del 720!). 

¿Quedará todo sumido en una especie de responsabilidad conjunta? Hay dos maneras, explicó Arendt, de sacudirse la responsabilidad de un crimen: todos fueron responsables, nadie es culpable; o el «camino burocrático´´ según el cual uno sigue las normas, aunque conduzcan inexorablemente al crimen. No habrá depuración de responsabilidades concretas”.

No deja de ser paradójico que el episodio que alienta esta reflexiones coincida en el tiempo con la polémica -bastante farisaica y/o hipócrita, I understand– causada por el anuncio público de El Rubius de mudarse fiscalmente a Andorra; y es que, además de que tal decisión (de ejecutarse conforme a Derecho) no puede ser objeto de reproche de ilegalidad alguna, poco -¿nada?- se ha dicho de que las quejas más aireadas por el propio youtuber no lo han sido tanto a su (supuesta) alta presión fiscal como a que “Hacienda me ha tenido en el punto de mira desde el día uno. Siempre han estado intentando putearme, tío. Lo he hecho bien. Lo he hecho todo legal. Aun así, por ser el único tonto que se ha quedado en España me putean a mí, ¿sabes? Llevan detrás de mí y tratándome como un criminal desde el día uno, cuando soy el único tonto, por así decirlo, que se ha quedado aquí pagando impuestos. Y no sé, eso a veces pues me toca los cojones. Pues mira, si vais a estar así conmigo, pues a lo mejor me voy. Me encantaría poder hablar con alguien de Hacienda y decirle, oye, ¿por qué a mí que estoy aquí pagando? En plan, me parece de puta madre pagar. Por eso me he quedado. No me he ido. Me parece de puta madre ayudar pero ¿por qué intentáis putearme todo el rato? Si estoy haciéndolo todo bien. Estoy haciéndolo todo siguiendo las leyes que vosotros mismos habéis puesto, ¿por qué me tratáis como a un criminal? ¿por qué me perseguís?” («El Rubius contra Hacienda: Llevan tratándome como a un criminal desde el día uno»; El Mundo, 19/1/2021).

No tengo por qué creer, hacer un acto de fe de que lo que afirma el tal Rubius sea cierto o no; es decir, lo de que hace todo legal y demás. Lo aquí relevante, desde mi perspectiva, no es tanto su credibilidad como el que, en contra de lo que mediáticamente se ha apuntado hasta la saciedad, él no explica su marcha por su supuestamente elevada presión fiscal (“Me parece de puta madre pagar. Por eso me he quedado”) sino por la actitud que la AEAT mantiene hacia él (¿por qué me tratáis como a un criminal?); que, obviamente, no es lo mismo. Es decir, que la cuestión se focaliza más en el cómo que en el cuánto…

Alguien, no sin cierta razón, ha apelado a la manida ejemplaridad, a lo pernicioso de que su mensaje cale en los estratos más jóvenes de la sociedad frustrando -aún más, si cabe- que germine la siempre deseable conciencia cívico-fiscal. Bien, estoy de acuerdo, pero apunto dos simples observaciones:

i-. En cuanto al reproche ético del mal ejemplo, no debemos perder de vista que el Estado y, con él, sus propios servidores públicos (sean políticos o funcionarios) son los primeros que deben tener una actitud irreprochable para, a su vez, exigir a la ciudadanía esa generosa responsabilidad. ¿Episodios como los del céntimo sanitario, de la malhadada -¡e inconstitucional!- amnistía fiscal, del 720 -ocultando durante meses el durísimo Dictamen emitido por la Comisión Europea-, el ISD de los NNRR, o -si me apuran- hasta praxis más pedestres como la propia exigencia a los empleados (y no a  las empresas) de la justificación documental de sus dietas… -etc, etc-, son, de verdad, ejemplarizantes? ¿Legitiman al Estado y a sus instituciones para demandarnos ese plus -más allá de la Ley, que es lo único que nosotros le exigimos a ellos- de civismo que ellos nos escatiman?

ii-. Y en lo relativo al perverso mensaje y a que éste haga mella en los más jóvenes, extendiendo una corriente de insolidaridad e incultura fiscal… ¿Cuántas horas de educación cívica -y no me refiero a sucedáneos tipo “Oda al IVA”, sino a la de verdad, como la que habla de que el pago de impuestos nos dignifica como ciudadanos titulares (no se nos olvide) de sacrosantos derechos y, a su vez, nos legitima para exigir responsabilidades- se han impartido en la educación secundaria y bachillerato en los últimos lustros? Hay un principio inexorable: cuando el llamado a hacer una tarea -aquí, educar, formar, inculcar genuinos valores cívicos; ahora que tanto se habla de república ¿hay algo más res pública que el dinero puesto en común?- la desatiende, cuando hace dejación de sus más elementales funciones, no tiene derecho a poner el grito en el cielo al ver que otros -hoy los youtubers, mañana ¡who knows!-, como el gas, han ocupado ese espacio vacío. Ahora -ya tarde, siempre tarde- llega el rechinar de dientes…

Pero, eso sí, mientras tanto, los autónomos no pueden deducirse la parte proporcional de sus gastos del teletrabajo doméstico “pues la utilización de la vivienda en el desarrollo de la actividad está motivada por una circunstancia ocasional y excepcional” relacionada con la pandemia (DGT dixit); o -me da igual que me da lo mismo- en la valoración de la retribución en especie del disfrute de un vehículo deben ponderarse, también, los días de vigencia del estado de alarma ya que lo relevante es “que el contribuyente tenga la facultad de disponer del vehículo para usos particulares” (DGT ídem); y/o que el período de confinamiento también compute a los efectos de determinar la residencia fiscal en España, haciendo así abstracción del siempre ponderable “animus” del contribuyente (DGT again). ¿Cómo se quedan? Creo, efectivamente, que es un tema de actitud, de sensibilidad, de maneras, de piel.

Precisamente por eso coincido al 100% con la grave advertencia lanzada por mi meu Esaú Alarcón cuando en un reciente post ya advertía que cuando los “ciudadanos (se) marchan, además de apelar a la conciencia fiscal, las autoridades (y aquí yo pongo el foco en el Ejecutivo y el Legislativo) deberían hacer un acto de contrición para detectar qué se está haciendo mal”. Deberían ver menos la paja -o viga, incluso, si se prefiere- en el ojo ajeno, y ver qué tienen en el propio, qué tamaño tiene esa mota de polvo que les hace ver fantasmas (léase presuntos defraudadores disfrazados de sumisos súbditos) donde sólo hay ciudadanos… Y es que, si ya los TEAs tumban más del 50% de las actuaciones de la AEAT, deberían hacérselo mirar. A ver, salvando las obvias -y de bulto- diferencias históricas, me recuerda a cuando en el verano de 1961 los dirigentes de la RDA, ante la fuga mensual a la RFA de unos 100.000 alemanes, en lugar de hacer un examen de conciencia -que, dicho sea de paso, habría recibido la pronta respuesta de los tanques rusos-, se apresuraron a levantar un muro de más de 150 km cuando de todos es sabido que no es factible poner puertas al campo. Aquí, es obvio, no hay tanques amenazantes, pero sí estaciones de AVE vacías y aeropuertos desiertos por doquier…

Ya voy terminando: “La democracia como sistema político se apoya en la separación de poderes y en el respeto a las leyes. También, y por ende, en el cumplimiento de ciertas normas no escritas que, sin tener el peso de una ley, se consideran líneas rojas. Y es esta fina e intangible raya la que separa la legalidad del atropello, el respeto del abuso y, en último término, la democracia de la autocracia. El descubrimiento posmoderno es que, si se traspasa esa fina línea roja que rige en todos los países avanzados, no pasa nada. Absolutamente nada. Porque tan anonadados se quedan sus ciudadanos, nacidos y educados en los valores de la democracia, al ver cómo gobernantes elegidos por ellos en las urnas, y con todas las garantías, cercenan tan sacrosanto nudo gordiano, que su reacción es la parálisis, la catalepsia. «La democracia es un bien muy frágil. En cuanto sus ciudadanos dejan de ser responsables con respecto a ella y la entregan a manos equivocadas, deja de ser democracia y se convierte en totalitarismo´´ (Margaret Atwood). (Y) es que casi nadie suele reparar en los, en apariencia, inconexos pero oscuros nubarrones que empiezan a formarse, allá muy lejos, en el horizonte. Pero yo, por si acaso, creo que empezaré a preparar el paraguas”. (“Nada”, Carmen Posadas; XLSemanal, 24/1/2021).

Y, llegados a este punto, quizá sea oportuno recordar aquí que, en palabras de la mismísima Comisión Europea, Estado de Derecho es aquel en el que “todos los poderes públicos actúan siempre dentro de los límites fijados por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los derechos fundamentales, y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. El Estado de Derecho engloba los principios de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas; seguridad jurídica, que prohíbe el ejercicio arbitrario del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales y control judicial efectivo, lo que incluye la protección de los derechos fundamentales; separación de poderes; e igualdad ante la ley”.

Al final, como tantas veces, surge la gran pregunta (siempre en apariencia ingenua, al estilo de las entrevistas de Larry King, ese mago televisivo recientemente fallecido) formulada ya en 1954 por Josep Pla ante la esplendorosa luminosidad de Manhattan: “¿y, todo esto, quién lo paga?”. O, si me lo permiten, de todo esto…, ¿quién responde?

#ciudadaNOsúbdito

P.D.: “el Gobierno (la Administración) no ha estado a la altura. Se han violado los principios fundamentales del Estado de Derecho. El Estado de Derecho debe proteger a la gente de un gobierno todopoderoso y, en este caso, algo salió terriblemente mal” (15/1/2021; discurso de dimisión de Mark Rutte).

 

 

14 pensamientos en “Y esto, ¿quién lo paga?

  1. Gonzalo

    Una pregunta. ¿Y no es posible exigir responsabilidades por la mala actuación de los inspectores y sus jefes? Cuando de forma sistemática y desvergonzada realizan actuaciones abusivas y contra derecho ¿no puede el ciudadano tomarse justicia contra los que le hicieron pasar un calvario innecesariamente? Aunque imagino que después de 6 años de pleitos quedan pocas ganas de meterse en otros.

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  2. Javier Sarda

    De todo su escrito, que comparto, me quedo con un párrafo que deberíamos utilizar como rutina, poner nombres y apellidos de los redactores que obligan a recursos, para que consten al final del camino aquellas personas que iniciaron la injusticia, por maldad o ignorancia personal o por presiones de circulares internas superiores o jefes, con nombres y apellidos, que también deberían constar.

    Sola así se parará a los que tiran la piedra y esconden la mano, para seguir tirando piedras que en muchos casos acaban en “paro” (cerebral) del contribuyente colocando energías y recursos en lo que no corresponde.

    La Buena administración exige la firma de los documentos, por algo será. Parece que da “pena” señalar al que ha tirado la piedra con su mano, empujado por le obliga en la sombra. Si su nombre y apellidos apareciesen en los escritos de demanda, la próxima vez se lo pensaría.

    Una verdadera persona de estado, no permitiría el engaño y robo a los contribuyentes de España.

    Cuando los altos ejecutivos de la agencia tributaria “cambian” las palabras de la ley para engañar a sus propios empleados, motivan sus actos injustos y ocurre lo que estamos sufriendo.

    http://www.ciscat.org/info/31081FraudeAgenciaTributaria.php

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  3. Ramón Telenti L.

    Tremendo Javier!!!… que cierto aquello de la realidad supera la ficción. Lo cuentas y seguramente no se lo creen, pero es que es así casi siempre. Y los que se quedan en el camino?
    Enorme (como siempre)

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  4. Pepe

    Debe tener en cuenta que hace poco, no recuerdo bien si en 2018,19 o 20, se cambio a toda la cúpula de los TEAC para tumbar precisamente toda actuación de particulares tendente a reclamar unos derechos que en realidad no solo son legítimos sino que le dan la razón.
    En noticias como esta, porque no recuerdo dónde guardé la que lo mencionaba específicamente, se puede entrever una pequeña parte de aquello a lo que me refiero:
    https://edcp.blogs.uoc.edu/los-tribunales-economico-administrativos-en-tela-de-juicio%EF%BB%BF/

    Y el problema, es que a día de hoy tanto los TEACS,TEARS y jueces de primera instancia TSJ, y TS, y todavía más desde sentencias tan demoledoras como cláusulas suelo, etc… Se han vuelto más conscientes del impacto que tienen sus resoluciones en la totalidad del sistema.

    ¿En qué se traduce esto? Pues que intentar luchar por tener razón cuando se sabe que se tiene la razón en la práctica obliga casi a un particular o empresario a tener que llegar hasta Europa, porque esos órganos jurisdiccionales no se pillan los dedos por nadie ni deben devolver favores por haber sido nombrados para ocupar esos puestos (cosa que en España pasará porque se va a modificar la normativa que controla el sistema de designación de Magistrados para la UE propuestos por España, es decir van a tratar de colar políticamente a sus «afines» en los máximos órganos jurisdiccionales de la Unión Europea para dejar de recibir la enorme cantidad de varapalos que están llegando de los pocos valientes que se atreven a llegar hasta Bruselas o financieramente pueden soportar ese camino.

    Y ello en la práctica quiere decir que o te callas, tragas y pasas por el aro, o espera de media 5 o 10 años para que una sentencia diga lo que ya sabías, que estabas en lo cierto.

    Y más si tenemos en cuenta que a nivel procesal, la admisión a trámite para el recurso de casación ante el Supremo depende de aquellos mismos TSJ que dictan sentencias manifiestamente injustas para tapar pufos que han creado los mismos políticos autonómicos que curiosamente, han colocado a esos mismos magistrados en esos puestos.

    Lo que provoca que la justicia en la práctica esté totalmente rota y corrompida. Y los deseos de poder o ambiciones profesionales de ascender dentro de la carrera de unos pocos, unido a la corrupción sin límites de otros pocos, provocan que haya desaparecido la misma justicia que deberían impartir.

    Sobre todo en aquellos supuestos en los que, de darse una sentencia positiva para el particular, crearía un efecto bola de nieve en miles de casos similares al suyo que políticamente no se quieren permitir porque si no, no podrían seguir saqueando al ciudadano en silencio mientras se cargan sus derechos.

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  5. JORDI MOLINA FERNANDEZ

    Delicioso artículo Javier. GRACIAS EN MAYÚSCULAS.

    Después hablan de desafección hacia las instituciones y administraciones.

    Queda mucho que trabajar. Gracias a fiscalblog por vuestro trabajo.

    Un fuerte abrazo desde Barcelona

    Responder

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