Las amistades (nada) peligrosas. Libro VII. Sobre la naturaleza de la responsabilidad tipificada en el artículo 42.2 a) de la LGT y otras cuestiones más o menos relacionadas

 

Serenísima de la Sierra
10 de noviembre de 2023

            Mi querida amiga:

            Paseando por los jardines cercanos a mi retiro, esta calle de la fotografía que os envío me trajo de inmediato —¡cómo no!— el recuerdo de vos. Y no ya tanto, querida, porque comparta nombre con la vuestra en esa ajetreada ciudad que tan abstraída os tiene, sino porque, conociéndoos como os conozco, mucho temo que el infortunio de este hogaño que vivimos os haya llevado a recluiros en una lánguida y tóxica melancolía que no os hará ningún bien.

            Me gustaría encontrar alguna disquisición tributaria con la que distraer vuestro presente, pero siempre sois vos quien inicia nuestro juego epistolar y en eso, como en tantas otras cosas, este servidor vuestro se siente, mi querida señora, incapaz de superaros.

            Escribidme en todo caso si en ello podéis hallar consuelo.

            Vuestro seguro servidor,
M. de Valmonte

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Tormentoso del Manzanares
20 de noviembre de 2023

            Mon cher ami:

            ¡Cuán gentil sois siempre conmigo! Pero esta vez, mi querido M. de Valmonte, vuestros temores son infundados: como sé inevitable el encontronazo (tele)diario con el entrometido, con el desagradecido, con el soberbio, con el falso, con el malicioso, con el insociable, me he propuesto para compensar no ser yo el melancólico con el que se topen otros… por más esfuerzo que exija alegrar el camino —no preguntéis adónde— cuando se va a lomos de una yegua sombría, o enderezar el rumbo —diríase que a ninguna parte— cuando se va a bordo de un barco enloquecido. Ya veis, tantas bromas y al final… ¡habéis conseguido hacer una estoica de mí!

            Las circunstancias de este hogaño me tienen, cierto es, algo inquieta. Pero en el fondo, mi buen amigo, muy en el fondo, creo que parte de esa inquietud debo atribuirla a mi propia naturaleza; a ese mismo romanticismo cartesiano que tantos soponcios tributarios me lleva causados. Como bien sabéis, vos mejor que nadie, para mi cartesiano corazón —o para mi romántico cerebro, que tanto da— estado de derecho equivale no ya al imperio de la ley, sino a algo que lo engloba y lo supera: el imperio de la razón. Por eso, toda imposición expeditiva, con la fuerza de cualquier cosa que no sea eso, la razón, es algo que siempre me ha causado, me causa y me causará una honda agitación. Francamente, querido, eso de vencer sin convencer —sin intentar esto último siquiera— siempre se me antojó muy poco elegante.

            Pero ya que os prestáis de nuevo a distraerme con nuestro juego epistolar, se me ocurre que podríais tratar de encontrar algún ejemplo de esa victoria sin convicción en la jurisprudencia sobre esta materia prosaica que ocupa nuestras misivas… Y es que, fatigada de tanto buscar una explicación que justifique el acontecer actual sin encontrarla, quizá así podría —qui le sait?— descender la cuesta del olvido y a abrazarme a la ausencia que la renuncia a razonar siempre deja en mi alma.

            Lo que sí sé yo es que esta cartesiana sin cura, esta romántica incurable, buscará cada nueva misiva vuestra con la certeza de que será un encuentro que le iluminará el día.

            No os demoréis en vuestra respuesta, querido M. de Valmonte.

Un saludo nada (pero nada de nada) melancólico de vuestra
Mme. Marínteuill

 

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Serenísima de la Sierra
30 de noviembre de 2023

            Querida señora:

            La serenidad de vuestra carta me ha hecho sentarme en la escalera para silbar, lleno de gozo, aquella melodía que os gustaba. Me alegra que no necesitéis mudanzas interiores al barrio de la alegría. El número 7 de la calle en que habitáis os ha traído la fortuna de un carácter animoso cuando más necesario es. C’est bon. Bien por vos.

            ¿Os acordáis de las jornadas que en 1992, por estas mismas fechas, el Consejo General del Poder Judicial dedicó a la formación de los jueces? Trepan por mi recuerdo, como una enredadera, vuestra expectación con la ponencia de Robert Alexy, “La argumentación jurídica como discurso racional”, y vuestro entusiasmo con la cita de aquella sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania con la que inició su disertación: “La interpretación, especialmente la del derecho constitucional, tiene la naturaleza de un discurso en el que se mencionan los argumentos a favor y en contra y finalmente se llega a una resolución de acuerdo con los mejores”. 

            Asumo que el romántico espíritu cartesiano de mi señora sigue aspirando a hallar en toda interpretación jurídica (y especialmente en la constitucional) ese discurso dialéctico que sopesa los argumentos, las razones aducidas en favor y en contra de una tesis, y que explica la bondad de los que prevalecen más allá de con un “porque lo digo yo”. Y bajo esa asunción, es paradigmática de la ausencia de tal dialéctica discursiva esa sentencia reciente del Tribunal Constitucional que confirma la constitucionalidad del malhadado impuesto patrimonial sobre las fortunas medianas… Pero habéis limitado, mon amie, el caladero de mis pesquisas a la jurisprudencia sobre responsabilidad tributaria, y no está seguro este servidor de que en los pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo podamos encontrar un caso equivalente… por más que la lectura de aquellos en los que existe un voto particular que brilla con especial intensidad pueda dejar una amargura en algo parecida a la de esa victoria sin convicción a la que os referíais en vuestra misiva.

            Pongamos, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de abril, pronunciada en el recurso de casación número 546/2021, que —como bien recordaréis, querida amiga— negó la naturaleza sancionadora de la responsabilidad solidaria tipificada en el artículo 42.2 a) de la Ley General Tributaria para quien cause o colabore en la transmisión u ocultación de bienes y derechos del obligado tributario en perjuicio de la acción recaudatoria de la administración tributaria.

            El razonamiento de la tesis que prevaleció rechaza esa naturaleza sancionadora con el siguiente razonamiento: a) parte del dato de que, en el caso concreto, entre las deudas objeto de derivación no se incluía ninguna sanción; b) deja constancia de “la gran heterogeneidad de los supuestos de responsabilidad” y, por ello, de “la necesidad de atender a las características específicas y fundamento de cada uno de los supuestos”; c) considera [citando a la previa sentencia de 10 de julio de 2019 y en una apreciación que no puedo, querida amiga, sino compartir] que en el caso concreto de este precepto, la responsabilidad se ha configurado por el legislador “por hechos que afectan a la integridad de la garantía patrimonial de cualquier obligado tributario de la deuda tributaria”; d) de ahí, concluye sin más [en una inferencia automática de la que no puedo, en cambio, sino disentir] que la ausencia de naturaleza sancionadora resulta del hecho de que el elemento intencional que exige la conducta tipificada en este precepto “no determina en modo alguno que estemos ante una conducta asimilable a una infracción, de modo que, por el hecho de que eventualmente pueden integrarse en la deuda tributaria la procedente, en su caso de sanciones tributarias, no se transmite a esta modalidad de responsabilidad la naturaleza sancionadora que tuviera origen en el débito”; y, para terminar, e) arguye como prueba de la corrección de su tesis el hecho [también a mi juicio incuestionable] de que “la responsabilidad se limita al valor de los bienes ocultados o transmitidos”.

            Sin perjuicio de que eche de menos en ese razonamiento mayor explicación y mejor justificación de algunas de sus inferencias, lo que más añora en él este servidor es que no dé réplica a todos los argumentos que el voto particular desgrana en defensa de la tesis contraria, a saber: a) la doctrina constitucional (STC 85/2006, de 27 de marzo) que afirma que la responsabilidad que permite la derivación de las sanciones tiene su origen en un comportamiento ilícito de los responsables y tiene también, en consecuencia, “naturaleza claramente sancionadora”; b) la incoherencia que supone admitir la naturaleza punitiva del artículo 42.1 a) y negarla para el 42.2 a) cuando se asemejan en tipicidad, fines y efectos; c) el innegable parentesco jurídico de su presupuesto con el de delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal; d) la exigencia inexcusable de culpabilidad en el  presupuesto de la norma; e) la exclusión del menor de edad como responsable, lo que lleva a rechazar que la responsabilidad se refiera a los patrimonios y no a las personas; f) la carga de la prueba del dolo que recae siempre sobre la Administración; g) el discurso de algunas sentencias del Tribunal Supremo al confirmar el acto de declaración de responsabilidad como si se estuviera ante una conducta de índole represiva; h) la utilización de conceptos del derecho penal como el pactum scaeleris o consilium fraudis en el enjuiciamiento de estas conductas; i) el desvalor, reprochabilidad o carácter antisocial de la conducta enjuiciada; y, j) el artículo 182 de la LGT, que menciona como sujetos responsables de las sanciones tributarias, dentro del título dedicado al derecho tributario sancionador, también a los que incurren en el supuesto de hecho de este precepto.

            Al común de los mortales, esa falta de contradicción a estos argumentos del voto particular, unida a su lógico desconocimiento de los avatares de la deliberación en el órgano colegiado, puede llevarle a pensar que la ponencia mayoritaria vence, al imponer su criterio por la fuerza de la aritmética, pero no convence, al no razonar por qué los argumentos discrepantes del voto particular le parecen menos atendibles que los suyos, dejando con ello un poso de inevitable amargura en el lector. Ahora bien, esta situación, aunque mi señora también la juzgará poco elegante, no parece equivalente en gravedad —al menos no a los ojos de este servidor— a la que deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es que, para nuestro seguro y mutuo desconsuelo, cuando parece existir un pronóstico previo que siempre acierta sobre cuál será la mayoría fruto de las deliberaciones de un órgano colegiado y en qué sentido se pronunciará, la amargura que genera la explicación omitida de las razones que llevaron a la mayoría aritmética a hacer prevalente su posición se tiñe de una muy preocupante desconfianza sobre la capacidad de esas razones para justificar, o para explicar siquiera, la posición que se adopta… 

            En fin. Corresponde a mi señora decidir cómo continúa el juego epistolar para mantener alto el pabellón del estoicismo también por estos lares. Os doy mi palabra de que seguiré fielmente vuestras instrucciones cualesquiera que estas sean. Mientras tanto, quedo expectante a la espera.

            Vuestro siempre,
M. de Valmonte

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Tormentoso del Manzanares
12 de diciembre de 2023

            Querido amigo:

            Recuerdo bien esas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial a las que, todavía no sé bien por qué, tuvimos la fortuna de asistir. ¿Más de treinta años pasaron ya? ¡Santo cielo! ¿Y cómo pretendéis vos que no nos recluyamos en la melancolía? Por aquel entonces comenzábamos nuestros estudios universitarios y nos creíamos capaces de todo; capaces, incluso, de mejorar el mundo. Ahora, más sabios, pero no menos ambiciosos, tenemos como único empeño no dejarlo mucho más estúpido y malvado que nos l’avons trouvé en y arrivant… Difícil reto el nuestro, querido mío, porque también recuerdo la ponencia de Javier Muguerza, con aquel título que tan sugerente nos pareció: “El Tribunal de la conciencia y la conciencia del Tribunal (Una reflexión ético-jurídica sobre la ley y la conciencia)”, ¿os acordáis también vos?

            Comenzaba su disertación con aquellas afirmaciones kantianas sobre la conciencia moral; aquellas que afirman que “todo hombre tiene conciencia moral”; que todo hombre “se siente observado, amenazado y sometido a respeto —respeto unido al temor— por un juez interior” que “le sigue como su sombra”, aunque “en su extrema depravación” ese hombre pueda “llegar a no prestarle atención”. Seguidamente, sin apenas solución de continuidad, dejaba una advertencia a modo de contrapunto: que con esas afirmaciones quizá Kant pecara de un cándido optimismo, pues hay conciencias moralmente ineducadas en las que esa voz interior no es ya que no se haga oír, es que ni siquiera balbucea en un intento de romper a hablar.

               Entonces nos debió de parecer que era pronto para alarmarse; hoy sabemos, mon bon ami, que quizá sea tarde ya para remediarlo. Dicho esto, querido amigo, yo creo que el poder judicial es el único del que podemos esperar que quede al margen de esa absurda epidemia que puebla las aceras de nuestra política… y de los otros poderes de nuestro Estado de Derecho colonizados por ella. Podemos y debemos dejar a nuestros jueces (a los que aún queden en París) al margen de ese desolado paisaje de personas que han sustituido la voz de su propia conciencia en la interpretación del mundo, en la interpretación de la ley, por una ideología política, o por los dictados o intereses de quien la representa… Es más, querido M. de Valmonte, también respecto del Tribunal Constitucional me he propuesto vencer la desconfianza de que los magistrados que lo forman hayan sido contagiados ya… aunque no sea precisamente confianza lo que inspira la ausencia de un verdadero discurso dialéctico, la ausencia de un esfuerzo genuino por tratar de convencer de la bondad de la tesis que prevalece en esas recientes sentencias sobre el impuesto patrimonial solidario para los medianamente afortunados…, y bien que lo sintamos vos y yo. 

            Pero volvamos a nuestra responsabilidad tributaria, volvamos, para que la melancolía no nos venza. El ejemplo que me habéis traído me parece muy interesante. ¿Sabéis lo que llamó mi atención en esa sentencia? Que no llegara a plantearse, a la hora de enjuiciar si la naturaleza de este supuesto de responsabilidad tributaria es o no sancionadora, la procedencia de aplicar los criterios que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos elaboró en el caso Engel. Y no me vengáis, querido amigo, con que esos criterios Engel se decantaron para identificar cuándo una sanción tiene carácter penal, y que esa no es la cuestión que se planteaba en el caso. No me vengáis con esa cantinela, primero, porque eso ya lo sé, y, segundo, y más importante, porque no creo que eso que ya sé impida acudir a los criterios Engel para esclarecer la cuestión que nos ocupa pues, si con esos criterios la naturaleza de la responsabilidad tributaria hubiera de calificarse como penal, digo yo que su carácter sancionador, a los efectos de aplicar las garantías procedimentales exigibles a todo ejercicio del ius puniendi, debería ser de todo punto indubitado.

            Os agradecería así, mi fiel y paciente amigo, que en cumplimiento de la palabra dada me siguierais el juego ahora, haciendo pasar la responsabilidad tributaria tipificada en ese precepto por el triple filtro Engel… y a ver qué nos sale.

            Recibid un abrazo de vuestra amiga, que queda tan ilusionada con esta nueva encomienda como si hubiera conseguido, en el último intento, no perder ese tranvía que sale al barrio de la alegría.

            Vuestra,
Mme. Marínteuill

 

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Serenísima de la Sierra
21 de diciembre de 2023

            Señora, sí señora.

            Siempre a vuestras órdenes, y haciendo honor a la palabra que os di, paso de inmediato a cribar el supuesto de responsabilidad del artículo 42.2 a) de la Ley General Tributaria por el tamiz de los tres criterios sentados por el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia de 23 de noviembre de 1976, Engel y otros c. Holanda. Lo hago en la esperanza de que pases estas fechas entrañables con buen humor y en la confianza de que el nuevo año que pronto comenzará nos permitirá seguir disfrutando de nuestra amistad, para alejarnos juntos de cualquier melancolía.

            Como ya sabe mi querida e imperiosa amiga, los criterios Engel son tres: la clasificación legal interna, la naturaleza de la infracción y la gravedad de la sanción.

            El primer criterio Engel es el de la propia calificación que le dé el ordenamiento interno. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solo es un criterio decisivo si la propia ley interna lo clasifica como penal; en caso contrario,  esa clasificación es irrelevante puesto que las garantías para el ejercicio del ius puniendi no pueden depender de la discreción del poder que lo ejerce (Öztürk c. Germany, apdo. 49). Con estas consideraciones, cabría preguntarse si la alusión que el artículo 182.1 de la Ley General Tributaria, integrado en el capítulo II [Disposiciones generales sobre infracciones y sanciones tributaria] de su Título IV [La potestad sancionadora], hace a las “personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a) y c) del apartado 1 y en los del apartado 2 del artículo 41 de esta Ley, en los términos establecidos en dicho artículo” no debe determinar ya —necesariamente y sin mayor disquisición— un reconocimiento a que estos supuestos de responsabilidad que permiten la derivación de sanciones tributarias, aunque en el caso no las hubiere, se enmarcan dentro del ejercicio del ius puniendi y debe en consecuencia reconocerse su carácter sancionador. Si la respuesta fuere negativa, el análisis debería continuarse con los otros dos criterios Engel.

            El segundo criterio es el de la naturaleza de la infracción y para elucidarlo la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo considera necesario ponderar los siguientes tres factores: (a) el alcance subjetivo de la norma que establece la sanción, de forma que si la regla se dirige al público en general, y no a un grupo específico y restringido de personas, normalmente será de naturaleza penal; (b) la finalidad de la norma, de forma que la infracción no será de carácter penal si no tiene un objetivo de prevención y represión, sino solo busca un efecto indemnizatorio de un daño causado (Bendenoun c. France, apdo. 47); y, finalmente (c) la clase y naturaleza de los intereses protegidos por la norma nacional que impone la sanción, que será de naturaleza penal si su objetivo es proteger intereses cuya protección está normalmente garantizada por normas del derecho penal (Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. c. Slovenia, apdo. 42). Parece evidente que esta ponderación en el caso apunta a la naturaleza sancionadora del artículo 42.2 a), no ya solo porque su supuesto de hecho tenga un alcance subjetivo general, sino porque es obvio que su finalidad es la de prevenir y reprobar las conductas que se describen en él, en cuanto que estas pueden igualmente subsumirse —una vez que la jurisprudencia ha exigido un ánimo subjetivo especial para su apreciación— en el tipo del delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal. Cierto es, no obstante, que el alcance de esta responsabilidad tributaria se limita al valor de los bienes o derechos transmitidos u ocultados, pero a mi juicio, y por lo que seguidamente diré, este único factor por sí solo no debería excluir su carácter sancionador.

            El tercer y último criterio Engel es el de la gravedad de la sanción. En él hay que analizar si la sanción presenta una especial entidad en relación con la conducta, sin importar tanto la cuantía que esté en juego. A mi juicio, señora, desde el momento en que la norma permite que la responsabilidad se exija a quien no es el adquirente, de hecho o de derecho, de los bienes que se suponen ocultados o transmitidos en perjuicio de la administración tributaria, este tercer criterio también arroja una respuesta favorable a admitir la naturaleza sancionadora del precepto, pues nada es más gravoso que quedar obligado a pagar cantidades que ninguna relación guardan con la capacidad económica de uno.  

         Por tanto, querida, considero que sí, que la proyección de los tres criterios Engel a la responsabilidad tributaria del artículo 42.2 a) de la Ley General Tributaria ofrece argumentos más que sobrados para concluir que su naturaleza es “penal” y, en consecuencia, siguiendo vuestro criterio, indubitadamente sancionadora.

            Espero que esta conclusión mía, en lo poco que valga, os mantenga ilusionada para que podáis ignorar esas chimeneas que vierten su vómito de humo (o de rabia, o de infamia) a un cielo cada vez más lejano y más alto, y para que vuestros ojos sigan mirando todo como si el campo ya estuviera verde, y fuera ya primavera.

Recibid los mejores deseos de una muy feliz Navidad de este vuestro seguro servidor,
M. de Valmonte

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Tormentoso del Manzanares
5 de enero de 2024

            Bonne Année, mon chéri!

            Os agradezco vuestro análisis y vuestra conclusión como el mejor regalo adelantado de Reyes. Ya sabéis que esta tirana no melancólica que se precia con vuestra amistad otorga a vuestra palabra, y a vuestras conclusiones, un muy alto valor. Por eso mismo, cuando hayamos perdido el tiempo, y todo lo que tiramos, como un anillo, al agua; cuando hayamos sufrido lo que era nuestro, y resultó no ser, o ser nada; cuando hayamos segado las sombras en silencio, y perdido la voz en la maleza, y solo —¡después de tanto!—, nos quede la palabra…, ruego que la palabra que nos quede sea —¡por el amor de Dios!— la de alguien como vos: la de alguien que dé valor (sentido, significado) a esa palabra dada, y sepa estar a la altura del valor (del sentido, del significado) de lo que dicen sus palabras. Si solo, después de todo, nos ha de quedar la palabra, que la palabra que nos quede no niegue lo que esconde y valga algo más, querido M. de Valmonte, que la banalidad de la nada.

            Pero volvamos raudos, volvamos, a nuestra responsabilidad tributaria que tengo alguna pregunta adicional para vos. Me parece claro, después de todos nuestros intercambios epistolares sobre esta cuestión, que hay supuestos de responsabilidad tributaria que tienen naturaleza sancionadora, con las consecuencias que eso conlleva respecto de la exigencia de determinadas garantías procedimentales. Pero ¿qué sucede con el resto de supuestos de responsabilidad tributaria?, ¿cuál es su naturaleza, si no es sancionadora? Porque tributaria, tributaria, por más que ese sea el epíteto que pretende calificarla, no me parece a mí que lo sea. Y, sobre todo, ¿hay garantías procedimentales que resulten también aplicables a esos procedimientos de responsabilidad tributaria de naturaleza no sancionadora? 

            Ya veis que comienzo el año con energías renovadas. Quedo a la espera de un nuevo regalo vuestro, mi buen M. de Valmonte, como si fueseis vos mi mejor Rey Mago.

Un abrazo afectuoso,
Mme. Marínteuill

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Serenísima de la Sierra
10 de enero de 2024

            Mi querida e inagotable señora:

            Buena pregunta la que me hacéis. Para responderla, querida amiga, debemos previamente, siguiendo con eso de atribuir valor a la palabra, determinar qué valor (qué significado, qué sentido) queremos dar a la palabra “naturaleza” cuando la utilizamos en este contexto. En mi opinión, ese sentido o significado no es equivalente al de “función” o “finalidad” pues la función o finalidad que cumple la responsabilidad tributaria en nuestro ordenamiento es común a todos sus supuestos —también a los que tienen reconocida de forma pacífica naturaleza sancionadora, como el tipificado en el artículo 42.1 a)—, y no permite, por tanto, establecer distinciones entre ellos. Esa función, claro está, se cifra en la de ser garantía del crédito tributario.

            Me parece a mí, por tanto, que cuando se dice que tal o cual supuesto de responsabilidad tributaria tiene tal o cual naturaleza, se pretende en realidad desvelar cuál es el fundamento de su exigencia: cuál es la razón por la que la ley autoriza a la Administración tributaria para reclamar el pago de la deuda a un tercero que no es el contribuyente que realizó el hecho imponible; que no es el obligado tributario que realizó el presupuesto del nacimiento de la obligación tributaria. Estoy con vos, querida amiga, en que ese fundamento no es tributario, pues el fundamento de toda contribución al sostenimiento de los gastos públicos, porque así lo dispone el artículo 31.1 de nuestra Carta Magna, debe ser la propia capacidad económica del llamado a ese sostenimiento y el responsable tributario, como bien sabemos vos y yo, es llamado a pagar a la Administración tributaria en función de la capacidad económica de un tercero.

            Al juicio de este servidor vuestro, por tanto, el fundamento de la responsabilidad hay que buscarlo en las causas por las que el ordenamiento jurídico admite el nacimiento de una obligación de pago que no tiene origen en la autonomía de la voluntad; que no trae causa del pacta sunt servanda. Esas causas suelen ser de tres: el haber participado en la comisión de una infracción administrativa o penal (responsabilidad sancionadora, con origen en la necesidad de reprobar y prevenir el incumplimiento de un deber jurídico), el haber causado un daño antijurídico a tercero con culpa o negligencia (responsabilidad civil aquiliana, con origen en la necesidad de indemnizar el daño causado a un tercero), el estar en una posición que por imperativo especial exige una especial vigilancia y que anuda la responsabilidad por los daños ocasionados dentro de la esfera de control (responsabilidad civil objetiva, con origen en la necesidad de asegurar la especial diligencia en el cumplimiento de ciertas obligaciones).

            Entiendo así que todos y cada uno de los supuestos de responsabilidad tributaria previstos en la ley podrían adscribirse, con mayor o menor claridad, a una de estas tres categorías.

            Sentado esto, y en cuanto a vuestra otra pregunta, cuando el fundamento de la responsabilidad es sancionador, deberían poder aplicarse las garantías que nuestro ordenamiento y los tratados internacionales firmados con España exigen para el ejercicio del ius puniendi. Sin ánimo de exhaustividad, estarían los reconocidos en los artículos 6 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y 2 y 4 de su protocolo número 7, que vienen a ser equivalentes a los reconocidos en los artículos 47 a 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En cambio, cuando el fundamento de la responsabilidad no es sancionador, sino civil, entiendo que las garantías procedimentales a las que queda sometida su exigencia quedarían circunscritas a las previstas en el artículo 6 del Convenio, 47 de la Carta.

            Creo que con esto respondo a todas las cuestiones planteadas hasta el momento por esa santa inquisición que es mi querida señora… al menos hasta que necesite de nuevo un pretexto para resistir la tentación de hundirse en la melancolía, o le sobrevenga otro de sus soponcios tributarios.

            En cualquier caso, quedo a vuestra entera disposición para los juegos que tengáis a bien idear para este vuestro seguro servidor.

Siempre a vuestros pies,
M. de Valmonte

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Tormentoso del Manzanares
14 de enero de 2024

            Muchísimas gracias por vuestra completa respuesta, querido señor mío. Ya sabéis que acudiré de nuevo a vos cuando la agitación por lo que juzgue como una irracionalidad, como una victoria sin convicción, vuelva a sacudirme.  No creo que tarde mucho.        

            Hasta entonces, si queréis encontrarme, ya sabéis dónde estoy.

            Muy agradecida,
Mme. Marínteuill

—-

Aclaraciones de la autora.

Mme. Marínteuill y M. de Valmonte son, por si tenían Uds. alguna duda, personajes de ficción. Como tales, no asistieron a las jornadas que sí organizó el Consejo General del Poder Judicial entre los días 30 de enero y 4 de diciembre de 1992, y que se recogen en el libro “La crisis del Derecho y sus alternativas”, editado por el Consejo General del Poder Judicial, en Madrid, 1995.

La autora tampoco, aunque bien que le habría gustado poder escuchar de primera mano a los grandes maestros y los grandes filósofos del derecho que participaron en ellas. Y si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora de la degradación a la que iba quedar sometido el propio concepto de Estado de Derecho, probablemente se hubiera levantado para aplaudir entusiasta la ponencia de Neil MacCormick, “El Derecho, el imperio del Derecho, y democracia”; concretamente cuando recordaba que en un Estado de Derecho

Los distintos poderes del Estado deberán ser ejercidos por personas diferentes, y mutuamente independientes institucionalmente, para garantizar que cada uno pueda controlar, hasta cierto punto, el rendimiento debido de sus funciones por medio de los demás a la luz de la autoridad realmente conferida por ley”.

Y también cuando afirmaba que entender por  “democracia”

“El gobierno sin restricciones de la mayoría pura es una doctrina claramente anticonstitucional. De hecho, cualquier doctrina de poder político ilimitado es anticonstitucional de acuerdo con lo que se entiende actualmente por constitucionalismo, dado que lo hemos definido explícitamente como la aprobación de ciertas formas de restricción constitucional de los poderes públicos”.

En cuanto a la parte literaria que inspira los intercambios epistolares entre M. de Valmonte y Mme. Marínteuill, siempre he pensado que eran tan evidentes que no precisaban aclaración alguna. Pero como me han hecho observar que esa creencia mía puede no ser del todo certera, dejo aquí constancia de que las imágenes más evocadoras que puedan encontrar en esta lectura, si es que hallaran alguna, están tomadas prestadas de las Meditaciones de Marco Aurelio; del poema En el principio, de Blas de Otero; y, sobre todo, de la canción inolvidable del inigualable Joaquín Sabina, Calle Melancolía.

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