A finales de 1773, un grupo de personas disfrazadas de indígenas abordó varios buques de bandera británica en el puerto de Boston, arrojando al mar el cargamento de té que portaban.
El hecho se conoce como “Motín del Té”, y traía causa del gran descontento de los colonos norteamericanos por los aranceles y otros gravámenes impuestos desde Londres.
Los colonos se habían dirigido varias veces al Parlamento británico, invocando el derecho a elegir representantes como contraprestación a la obligación de soportar impuestos. Este principio, conocido en inglés como “no taxation without representation” se entronca con los derechos y libertades contenidos en la Carta Magna[1], que es uno de los elementos fundacionales de la Constitución británica.
El repetido rechazo de estas peticiones fue la causa inmediata de este incidente, que ha sido reconocido como una de las causas que provocaron la guerra de Independencia de Estados Unidos[2].
Y dicho lo anterior, vayamos a lo nuestro.
Apreciado lector, lo que sigue no destila optimismo, y por ello reitero lo que dije en una ocasión: si estás desanimado por alguna circunstancia o piensas que te puede amargar las vacaciones, no sigas leyendo y déjalo aquí.
No quiero entrar en cuestiones de orden político, pero quienes nos dedicamos a lo tributario prestamos habitualmente mucha atención a los ingresos, … pero no a los gastos, y creo que hoy toca hablar de esto último.
El déficit público se produce cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, y es sabido que la forma más habitual de financiarlo es la emisión de Deuda Pública.
Por razones que desconozco, el análisis y el debate sobre nuestras cuentas públicas no está en boca de todos, y creo que debería estarlo. Los servicios públicos se financian con el dinero del Estado, lo que significa que los impuestos lo pagan todo mientras el dinero alcance, y … el exceso lo tenemos que pedir prestado a terceros.
Lo dije en este mismo medio hace casi dos años. No acierto a entender cómo es posible que la discusión sobre nuestras cuentas públicas no esté en boca de todos (Colegios Profesionales, medios de comunicación, Universidades, Asociaciones Profesionales etc.) y me parece inexplicable el aborregamiento de la sociedad civil ante esta gravísima cuestión. De las Cortes Generales y del Gobierno prefiero no hablar.
Con el apoyo de la IA he elaborado un pequeño cuadro que refleja la evolución de nuestra Deuda Pública en los últimos años. Confieso que emplear estas innovaciones tecnológicas me cuesta mucho trabajo, pues soy de los últimos “analógicos” aunque a comienzos de 1983 me enseñaron a manejar un chisme que se llamaba IBM-PC y que carecía de ratón y disco duro (en una empresa situada en un edificio madrileño de color negro que años después fue demolido tras un sonado incendio).
Volvamos a nuestro hilo. El cuadro recoge la evolución de nuestra Deuda Pública en el mandato de los últimos cuatro Presidentes del Gobierno. Los saldos acumulados de Deuda Pública se han obtenido en el sitio web del Banco de España[3]. A su vez, el deflactor empleado ha sido el IPC, obtenido en el sitio web del INE[4].
| Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Aumento de deuda (miles de millones de euros corrientes) | Coeficiente aplicado | Aumento de deuda (miles de millones de euros constantes de mayo de 2026) |
| Aznar | mayo 1996 | abril 2004 | 95 | 1,856 | 176 |
| Rodríguez Zapatero | abril 2004 | diciembre 2011 | 335 | 1,412 | 473 |
| Rajoy | diciembre 2011 | junio 2018 | 472 | 1,320 | 623 |
| Pedro Sánchez | junio 2018 | mayo 2026 | 534 | 1,113 | 594 |
La columna central recoge el aumento de la Deuda Pública habido en el mandato de cada uno de ellos. La columna final de la derecha pretende convertir estas cifras a euros “constantes” actuales, empleando como deflactor el IPC entre mayo de 2026 y el correspondiente a la mitad del mandato respectivo. Me hago cargo que es un cálculo aproximado, que entre otras cosas asume que la evolución de la Deuda Pública ha sido constante mes a mes (cosa que no ha ocurrido) y que el deflactor correcto es el IPC (lo que a buen seguro sería opinable). Con todo, me parece que nos facilita una idea aproximada de la cifra atribuible a cada uno.
De Aznar se decía que era antipático, cosa que no puedo ratificar pues nunca hablé con él. En su mandato el incremento de la Deuda Pública fue el menor de todos.
De Rodríguez Zapatero “sin afán patrimonial alguno” destaco su negativa a reconocer la existencia de la crisis de 2008; con él, nuestro endeudamiento aumentó en unos 473.000 millones de euros constantes.
Rajoy “dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras”, hizo crecer la Deuda Pública en 623.000 millones de euros y tuvo que lidiar con la herencia de la mencionada crisis de 2008.
Con Pedro Sánchez “el one”, la Deuda Pública se incrementó en 594.000 millones de euros, y también tuvo que hacer frente a otra crisis (la pandemia COVID-19), que obligó a la UE a emitir deuda (e imagino que también poner a trabajar la máquina de los billetes). Por este motivo, creo que sería más correcto sumar la parte proporcional de deuda UE emitida casi toda en su mandato, que podemos evaluar en 70.000 millones de euros adicionales. En este sentido, considero la UE como una suerte de “entidad en régimen de atribución” en la que nos corresponde un 8,50 % de participación de la que obtengo la cifra anterior.
Por respeto hacia todos ellos, no añadiré más (aunque lo piense).
El saldo de la Deuda Pública de España en abril de 2026 es de 1.736.000 millones de euros, según la Nota de Prensa de la AIReF[5]. Voy a indicar la cifra total para que nadie se llame a engaño: 1.736.000.000.000 euros, y destaco que en esta cifra no he incluido la parte proporcional que nos corresponde en la Deuda Pública de la UE. De nuevo, con el apoyo de la IA he elaborado una imagen que me parece representativa, para que el lector pueda apreciar la monstruosidad de esta cifra.
Pensemos que la Deuda Pública está representada en títulos físicos de 1.000 euros nominales, por lo que habríamos emitido 1.736.000.000 títulos. Asumamos que el papel en que se imprimen es de 100 g/m2 (algo más grueso que el papel ordinario, precisamente por tratarse de un documento legal); este papel tiene un espesor de 0,15 mm por hoja (estimación prudente que no incluye la tinta del texto impreso), con lo que la columna de los títulos de la Deuda Pública alcanzaría una altura de unos 260 kilómetros.
Para la imagen he elegido un edificio de España que es muy reconocible, la Sagrada Familia de Barcelona, cuya “Torre de Jesucristo” supera ligeramente los 172 metros, que se enfrenta a la inmensidad de la columna o torre de nuestra Deuda Pública con una altura de 260.000 metros.
Nuestra Deuda Pública ha venido creciendo sin parar durante más de 20 años y creo que esto nos coloca al borde del precipicio, si es que no lo hemos superado ya. Es completamente inaceptable que los poderes del Estado se nieguen a abordar esta cuestión, cuya solución tendrá que ser muy dolorosa para los ciudadanos.
Debo detenerme un momento para dar las gracias a quienes están echando el resto intentando apagar los incendios que arrasan nuestra España. Tengo serias dudas de que dispongan de los medios necesarios para hacer su labor, y buena prueba de ello es la ayuda que hemos debido solicitar a otros Estados y a la UE. En una situación normal se podría pensar en adquirir y renovar equipos, aumentar las plantillas, mejorar los salarios …. pero creo que esto no es viable con el ingente endeudamiento que tenemos.
No soy experto en Derecho Presupuestario, pero buscando aquí y allá he visto una serie de medidas entre las que podrían estar las que detallo con el único propósito de hacer ver lo draconiano de las medidas necesarias para solucionar esto, pues la Deuda Pública ha socavado los cimientos de nuestro ilusorio Estado de Bienestar, que puede estar camino de la Unidad de Cuidados Intensivos (o del Tanatorio).
A modo de mero ejemplo enumero estas 10:
- Limitar constitucionalmente “de verdad” el déficit con mecanismos automáticos
- Reducir salario y plantilla de los empleados públicos, aumentando su jornada
- Impedir que haya empleados públicos que trabajan para el Partido Político de turno y no para quien les paga
- Eliminar organismos públicos y suprimir empresas públicas deficitarias
- Aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social
- Retrasar la edad de jubilación y reducir las pensiones actuales y futuras
- Suprimir los beneficios en materia de pensiones para los cargos electos y otros
- Cobrar por las prestaciones sanitarias en hospitales y oros centros
- Aumentar los tributos a cargo de los ciudadanos y empresas
- Vincular la sujeción a imposición también por la nacionalidad (no solo la residencia fiscal)
Por dos motivos, he dejado para el final lo relativo a la tributación. El primero para enfatizar que la lista no contiene orden de preferencia alguno ni juicios de valor sobre su conveniencia o viabilidad.
Y el segundo para engarzarlo con el título de esta entrada. Y aquí debo citar la reciente entrada de Javier Gómez Taboada en este blog denominada “Lo del C.E.R.A”[6], en la que se planteaban unas dudas sobre el derecho al voto de los españoles no residentes.
Yo quiero insistir en este aspecto, máxime cuando las Cortes Generales (antes que tarde) deberán abordar una serie de impopulares y muy dolorosas medidas para los ciudadanos, del estilo de las mencionadas. De verdad, no hay otra, por mucho que esto sea algo muy desagradable de lo que nadie quiere hablar.
Ni entro ni salgo (no es éste el lugar ni el propósito de esta entrada) en que se le otorgue la nacionalidad española a una persona que vive en Kuala Lumpur, en Bratislava, en Asunción o en Ciudad el Cabo.
Ahora bien ¿debe esta persona elegir a quienes deciden sobre MI pensión, sobre lo que YO debo pagar por una intervención quirúrgica en la Seguridad Social, sobre lo que debo tributar por un inmueble de MI propiedad o por MI salario en España?
Una cosa es que esa persona sea nacional español, y otra cosa es que con su voto decida cosas que no le afectan, como las mencionadas o muchas otras similares.
A mi juicio, esto tiene dos soluciones.
La primera es que los españoles residentes en el extranjero no puedan votar, lo que me parece que requeriría una reforma del artículo 68 de la Constitución (no agravada, sometida al artículo 167). Ya tuvimos una en el verano de 2011 “de tapadillo” así que no debería haber inconveniente en hacer otra, si es que hay voluntad para ello.
Y la segunda es que los españoles que residan fuera paguen impuestos en España. Lo que digo no es una elucubración que se me haya ocurrido así sobre la marcha, y ahí tenemos los EEUU con un sistema de imposición basado en la ciudadanía, el llamado “citizenship-based taxation”. Esto no es de hoy, sino que arranca en una Sentencia de su Tribunal Supremo del año 1924 que declaró que el Congreso tenía derecho a gravar las rentas de un ciudadano americano residente en el extranjero y que tuviesen origen extranjero[7].
Va de suyo que esto requerirá la modificación de los Convenios de Doble Imposición y otras normas para lograr que haya una tributación efectiva en España de los españoles que residen en el extranjero, que deberá superar las reglas clásicas de deducción de impuestos extranjeros (con el propósito de que haya un ingreso tributario en España).
En suma, que debemos darle la vuelta al grito de los colonos norteamericanos para decir que “no representation without taxation”.
[1] Me refiero a la Carta Magna del Siglo XIII que los nobles le habían arrancado al Rey Juan Sin Tierra (en la cultura popular conocido por ser Regente en la época del legendario Robin Hood).
[2] A modo de ejemplo, en internet: https://www.bbc.com/mundo/articles/c51zjrp98e2o
[3] En internet: https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/administraciones-publicas.html
[4] En internet:
[5] En Internet: https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-analiza-la-evolucion-reciente-de-la-deuda-publica-4/
[6] En Internet: https://fiscalblog.es/lo-del-c-e-r-a/
[7]En Internet:
Magnífica exposición, compañero, y lástima que sea una prédica en el desierto intelectual, profesional y social de una sociedad civil profundamente anestesiada.
El principal problema de la deuda pública y su insoportable nivel actual es que casi nadie se plantea con un mínimo de seriedad que algún día habrá que pagarla, así que ¿por qué preocuparse cuando uno puede seguir con las luces cortas y en el carpe diem del aquí y ahora?
Gracias en todo caso por insistir cual Pepito Grillo, y no perdamos la esperanza en que alguien con responsabilidad, algún día, pondrá el foco en la cuestión.
Un abrazo.