Duro con el débil, blando con el fuerte

“¿Cómo os explicaron el origen del Estado? Si era un contrato (social), ¿quién y dónde lo firmó? El Estado son personas que mandan sobre ti”. Miguel Anxo Bastos.

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Tal y como reza el frontispicio de esta bitácora, éste es un hábitat donde se abordan temas atinentes a “la fiscalidad, el Derecho, la Economía en general, la práctica profesional y algunas reflexiones más”. No añadiría ni quitaría nada a esa magistral selección de temas realizada hace ya 15 años por mis apreciados Emilio y Esaú (tanto monta, monta tanto).

De ese índice, creo que uno de los asuntos que apenas he abordado en mis posts es el relativo a “algunas reflexiones más”; y a ello voy, precisamente, aquí.

Hace ya más de dos años y medio que mi “santa” tuvo un siniestro en el portal del edificio donde entonces estaba nuestra propia casa; un accidente doméstico, pues. Afortunadamente no fue grave (en el sentido de que su vida llegara a correr peligro) pero sí traumático y con secuelas que se dilataron en el tiempo: varias intervenciones quirúrgicas, más de una semana de hospitalización, meses con dificultades de movilidad (incluyendo semanas en silla de ruedas), … En fin, un trastorno relevante.

Dadas las circunstancias en las que aquel episodio se produjo, cabía evaluar ya desde un primer momento la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados. A tal fin, la póliza del seguro anudada a nuestra propia hipoteca, se vislumbraba -ya así, prima facie– como una herramienta válida para instar las acciones legales pertinentes, todo ello de la mano de su cobertura de servicio de asesoramiento jurídico en caso de siniestros domésticos.

Pues bien, de eso va este post. Hace tiempo que tengo la convicción -no sustentada en pruebas tangibles e irrefutables, pero sí en repetidos indicios y “señales”; muchas y sustanciales- de que los auténticos dueños del país son las entidades financieras, las empresas eléctricas y las compañías de seguros (y no necesariamente en ese orden); siendo así que, además, entre ellas mismas, están imbricadas e interrelacionadas de tal modo que parecen un conglomerado pétreo e insondable.

Y es que en el episodio que aquí relato, el primer escollo fue ya contactar -sí, de contacto; DRAE: “establecer comunicación con alguien”– con ese ente amorfo y deforme que es una Compañía de Seguros. En mi caso, además, al ser un cliente unido -perdón, ¡¡¡atado!!!- a ella mediante una cláusula incluida en un préstamo hipotecario (es decir, un contrato masivo de adhesión, a través de una entidad financiera ¿intermediaria?), las oficinas físicas de la aseguradora no me recibían (de hecho, ni tan siquiera admitían la mera presentación de escritos) y, tampoco, of course, las del banco en cuestión: “es un tema de la aseguradora, no del prestamista hipotecario” dixit.

En esta realidad distópica en la que estamos instalados, si el contacto físico hace crisis y no puedes acceder a tu interlocutor de un modo visual/físico/presencial, ya te puedes dar por muerto… Y fue así como se inició un “bullying” silencioso pero perverso, cuando mi/nuestra única pretensión era algo en apariencia tan sencillo y nimio como dar parte del siniestro y obtener un número de referencia de éste al objeto de poder avanzar en la tramitación del expediente tendente a satisfacer nuestra pretensión. No parecía precisamente la luna…

Durante el siguiente año -sí, un año, sí; ya sólo para intentar establecer contacto, como si de un extraterrestre propio de la «tercera fase» se tratara- fueron hasta cinco -¡¡¡cinco!!!- correos electrónicos enviados a otras tantas direcciones (todas ellas sugeridas por la propia aseguradora, ¡¡¡ay, Kafka!!!) por las que circulamos como un hámster en el laberinto; correos desde donde se nos requería -una y otra vez- que volviéramos a aportar la documentación ya enviada previa y repetidamente, cuando no se nos invitaba a llamar -confiadamente- a un teléfono dando cuenta -¡¡¡otra vez!!!- de nuestras necesidades…

Visto el panorama, se enviaron dos burofaxes, también -¡sorpresa!!!- sin resultado alguno… Sólo cuando mi hijo mayor salió de casa con la encomienda de hacerse fuerte en una oficina física de la aseguradora hasta que le sellaran ¡¡¡físicamente!!! una reclamación dirigida al “Defensor del cliente” -¡qué denominación más irónica!!!- con la obvia “amenaza” de que no osara regresar a casa con las manos vacías…, empezamos a ver la luz… Mi retoño, desde luego, cumplió su tarea.

No se puede decir lo mismo, claro, del “Defensor del cliente” -¡¡¡qué eufemismo!!!, máxime cuando ese cliente se la trae al pairo- quien, obviamente, no se dignó siquiera a responder a ese escrito; pero la parte aprovechable de todo este dislate fue que ese silencio abrió la puerta para acudir a la Dirección General de Seguros (DGS) del Ministerio de Economía; el que confiaba ejerciera de “primo de Zumosol” en esta trifulca propia de patio de colegio donde osé acusar al matón del curso.

Y fue así como presenté, en tiempo y forma, mi queja ante la DGS (no la de infausto recuerdo sita en la madrileña Puerta del Sol, no; ésta es más de nuevo cuño y, como tal, con un estilo muy orwelliano) de la que se dio puntual traslado a la propia interfecta (alias aseguradora) para que alegara -es una forma de hablar, claro- lo que estimara oportuno.

Y lo estimó oportuno, sí; siendo así que su pretendido alegato (que ni siquiera es merecedor de tal calificativo) era todo un panorama, un dislate: sin firma, y sin identificar a cualquier eventual representante que actuara en nombre de tal ente amorfo. Falta de representación y de firma que, de tratarse de cualquier paganini (alias pagafantas), hubiera sido objeto de un inmediato requerimiento para subsanar ese trámite bajo amenaza de no tenerla por personada en su condición de interesada en el procedimiento en cuestión.

Obviamente, nada de eso sucedió -tampoco cuando puse en evidencia tales insultos formales ante la propia DGS-; y, en cuanto a su pretendida argumentación, la resumiré trayendo a colación una fantástica escena de la película “Legítima defensa” (1998) donde el Consejero Delegado de una aseguradora declara en un juicio leyendo, literalmente, la conocida como “Sección U” del “Manual de reclamaciones” de la Compañía, donde la nítida instrucción dirigida a los tramitadores era así de taxativa: “Los responsables de las reclamaciones deberán rechazar éstas tres días después de recibir la reclamación, sin excepción”.

En fin: la DGS siguió con su expediente, siendo así que finalmente, hace apenas unas semanas (y más de dos años después de aquel siniestro), notificó su informe en el que, después de hacer diversas consideraciones no exentas de interés sobre el asunto en cuestión (por ejemplo, requerir a la aseguradora para que en el plazo de un mes -que, por supuesto, ¡¡¡sorpresa, again!!!!, ha incumplido- diera cuenta de “las actuaciones realizadas para satisfacer los intereses de su cliente”), llega su jarro de agua fría: “se comunica a los interesados que (…), el presente informe no tiene carácter vinculante”.

Pero vamos a ver:

.- Es el Estado, a través de esta DGS, quien tiene las potestades de supervisión y control de la praxis de las aseguradoras;

.- Es palmario que las aseguradoras son un monstruo de siete cabezas;

.- Es igual de obvio que los asegurados (al menos, yo; hablo por mí) soy un pigmeo cuya disponibilidad de medios a mi alcance no me permite llegar ni a la suela del zapato que calza una aseguradora;

.- Y siendo todo eso así, ¿¿¿Usted -¡¡¡Leviatán!!!- despacha mi calvario con un informe no vinculante que viene a ser un papel mojado, un simple clínex con el que la aseguradora se limpiará sus mocos???

.- ¿Usted, Leviatán, el mismo que es implacable con esos contribuyentes a los que pilla en un renuncio por un descuadre entre sus retenciones y su declaración de IRPF; Usted que persigue a todo aquel que cometa una nimia irregularidad en carretera (vigilando, incluso, con drones y/o helicópteros); Usted que exige -sí o sí- un permiso emitido en tiempo y forma para visitar una zona natural de especial protección; Usted que impide un puesto callejero de venta ambulante sin contar con el permiso previo; Usted que exige la preceptiva autorización para un espectáculo musical; Usted que castiga si navego con mi kayak fuera de X distancia de la costa; Usted que prohíbe que pesque si no cuento con licencia en vigor; Usted que exige permisos previos para tocar una rama/piña en un monte saturado de vegetación; Usted que …???

#ciudadaNOsúbdito

CODA: En su día, ya les di cuenta de mi peregrinaje por el Consejo Autonómico de la Abogacía (CAA), el Consejo Autonómico de Transparencia (CAT) y el Defensor Autonómico del Pueblo (DAP); todo ello en la procura de que alguien me explicar cómo es posible que la cuota que religiosamente pago cada mes al CAA sea un importe constante desde hace más de un lustro cuando su cuantificación anual debe ser resultado de hasta 5 variables. No quiero aburrirles y no me repetiré.

Sintetizando las anteriores temporadas: denunciado el CAA ante el CAT, éste se lavó las manos afirmando (en contra de lo sostenido por el propio CAA; ¡ya es paradoja!!!) que la relación del CAA con los colegiados (“¿c´est moi?”) es privada -o sea, la propia de un club de petanca y no de quien instrumenta una profesión de obligada colegiación a la que la ciudadanía debe acudir para ejercitar un Derecho Fundamental- y no administrativa. Éste es un motor que carbura y no el de mi coche; ya en fase de retiro forzoso… (de hecho me avisó, en su día, camino de mi infausta visita a la Universidad).

Así las cosas, denuncié al CAT ante el DAP quien, lejos de contestarme, se limitó a callarse enviando mi queja al propio CAT (i.e.: el denunciado; sic) que volvió a darme la misma matraca…

Convencido de que el DAP responde ante el Parlamento Autonómico (aunque sólo sea por ser “el alto comisionado” de éste para “la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas”; así como que la Comisión de Peticiones del Parlamento -que fue donde dirigí mi pretensión- “será la encargada de las relaciones con el DAP”), presenté una petición (algo que me ampara la mismísima Constitución) al objeto de que éste (el Parlamento, a través de su Comisión de Peticiones) reconviniera al propio DAP por su praxis irregular. Tras más de tres meses de silencio y enviar un “recordatorio” al Presidente de tan alta institución, hace apenas unos días me respondió que “la Comisión de Peticiones carece de competencia para pronunciarse sobre la praxis de la DAP ni para adoptar una resolución por la que censure, reprenda o recrimine a tal órgano, ni, en general, para revisar sobre las actuaciones y las decisiones desarrolladas por él”. ¡Qué guay!!! Todo en orden, pues: circulen y no molesten, por favor. ¡Disuélvanse! Nuestra tramoya de cartón piedra, ese precioso decorado institucional que preside nuestra existencia luce un magnífico brillo y esplendor… Eso sí, no busquen nada sustancial tras su lustrosa apariencia; nada.

Claro que, tras el indulto a Laura Borrás (condenada en firme por prevaricación y falsedad documental; vulgo: corrupción), ¿qué cabe esperar de este país trufado de instituciones implacables con los ciudadanos de a pie y del todo melifluas con los poderosos?

De Ceuta, me van a perdonar, pero ya prefiero ni hablar; me limito a reproducir esos magníficos lemas a los que como ciudadanos nos debemos: #CeutaNoSeVende #CeutaSeDefiende. Y un matiz no menor: Ceuta NO pertenece a España; Ceuta ES España (que no es lo mismo).

Aunque, en realidad, vista la anestesia social imperante -ya saben, los que levantamos la voz, somos fascistas; genéticos, ya de cuna-, poco nos pasa…

¿El verano? Bien, bien; gracias: España campeona, playita, chiringo, ¡otra de gambas! Si es que nos quejamos de vicio. ¡Agradecidos teníamos que estar!!!!

«El problema español es que el Estado se agiganta allí donde debería contenerse y desaparece allí donde resulta imprescindible. Es implacable para recaudar, regular, prohibir y vigilar al español respetuoso con las leyes; pero demuestra una inquietante impotencia cuando toca proteger una frontera, garantizar el orden público o prestar unos servicios eficientes y eficaces. Cada vez esquilma más al contribuyente para ofrecerle menos, mientras invade parcelas crecientes de su libertad con la excusa de procurarle bienestar. En Ceuta hemos contemplado la culminación de esa paradoja: un Estado con recursos para someter al ciudadano, pero sin voluntad para defenderlo» («Ceuta, ciudad sin Estado»; Guadalupe Sánchez, The Objective 28/8/2026).

«La función principal de un Estado es garantizar la seguridad. Para ello debe controlar sus fronteras y mantener las condiciones que permiten que sus ciudadanos desarrollen su vida con normalidad. El Gobierno ha fracasado, y sigue fracasando, en esas funciones básicas en Ceuta» (Daniel Gascón; X, 3/9/2026).

¿España, Estado fallido?; ¿Estado de Derecho o Derecho (léase razón) de Estado?; ¿Estado de bienestar o bienestar del Estado?