El pasado jueves impartí una ponencia en el Círculo de Empresarios de Galicia (CEG), al que le estoy inmensamente agradecido por brindarme esa privilegiada tribuna para clamar (y no, precisamente, en el desierto) sobre la degradación del estatus cívico del contribuyente.
Con este tipo de intervenciones, bajo el título de “El contribuyente, ¿ciudadano o súbdito?”, intento -humildemente- sensibilizar a la sociedad sobre un estado de cosas que es inadmisible en un país avanzado que, además, dice ser un Estado de Derecho. Verán, esto no va de contribuir a las arcas públicas (lo que, obviamente, dignifica nuestra condición cívica y, además, legitima nuestras reivindicaciones pues somos los sufragadores del gasto público); y tampoco va de cuestionar la lucha contra el fraude, genuino “lastre” (o “lacra”, si prefieren ese ya manido término) que mina nuestra capacidad de afrontar grandes retos.
No. Mi reivindicación -afortunadamente compartida con otros profesionales del sector y, entre ellos, todos los miembros de la #aldeagala- pretende poner el énfasis en una serie de evidencias que prueban, de un modo tangible y palpable, que en nuestra relación con las Administraciones tributarias (todas: estatal, autonómica y local), los contribuyentes hace ya unos lustros que perdimos el tren de los derechos para reubicarnos en el de las obligaciones (y sólo obligaciones). Derechos, “haberlos, haylos”, pero en muchos -demasiados- casos están sólo sobre el papel, pues su ejercicio efectivo deja mucho que desear frente a las potestades/facultades exorbitantes de las que goza la Administración.
Es obvio -y no seré yo quien lo niegue- que el contribuyente siempre puede recurrir, pero ese “clavo ardiendo” malamente viene a salvaguardar su posición, pues la ejecutividad de los actos emanados de la Administración actúa como un tsunami que deja un panorama devastador a su paso… Después -¡ya tarde!- llegarán las indemnizaciones (pues el contribuyente, de media, gana un pleito de cada dos frente a la Administración tributaria), pero éstas malamente pueden llegar a paliar el irreparable daño causado, máxime si éste no es sólo económico -que también- sino reputacional.
Y, además, siempre hay un efecto colateral que, gota a gota, va creando un ambiente del todo insano: la desafección hacia lo público. Así, la idea que va calando es que “el Estado, la CA o el Ayuntamiento, vino a verme, me exigió lo que no debía y, después de años y de sinsabores, le he vencido; pero no ha pasado nada, ni una disculpa, ni una asunción de responsabilidad”. Ubiquémonos en el mensaje: la responsabilidad sólo está en el lado de los contribuyentes; al otro lado -en el público- nadie responde (en el sentido amplio del término).
En otras latitudes, con sociedades más fuertes, estructuradas y concienciadas, hay asociaciones que velan por los intereses de los contribuyentes, denunciando y poniendo coto a los excesos de Hacienda. Aquí no. Y, además, no sólo no las hay, sino que la sensación general es que la sociedad está adormecida, anestesiada, sin síntoma alguno que evidencie alguna capacidad de reacción. Mucho me tomo que se ha “firmado” un nuevo “contrato social” y yo no me he enterado: “vendamos nuestra alma (libertad) al Estado, a cambio de que él se ocupe ya de todo”.
En nuestra historia ha habido no pocas revueltas motivadas por excesos tributarios. No me gustan los altercados ni el desorden (y, mucho menos, que corra la sangre), pero tampoco una sociedad protagonista de “el silencio de los corderos (tributarios)” (Gay de Liébana dixit).
N.B.: Me disculparán que este “post” no esté dedicado al “impuesto sobre las hipotecas”. Cuando el temporal amaine, ya habrá ocasión para reflexionar largo y tendido sobre este episodio.
Buenos días, uno que viene a tomar una cañita.
Mientras la admón. no tenga la misma o casi consideración en los procedimientos admtvos. y judiciales que el ciudadano, tendremos la misma sensación: que el aparataje burocrático público pasa por encima del ciudadano como una apisonadora.
Creo que es en USA donde la admón. es prácticamente tratada como un igual frente al ciudadano. Ya tiene, la admón. miríadas de abogados, los mejores y gratis como para además tener la presunción de verosimilitud, tribunales específicos, posibilidad sancionadora, etc.