El pasado 14 de octubre se dieron a conocer los ganadores del Premio Nobel de Economía del año 2024. Los elegidos han sido los profesores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson.
En esta ocasión, la designación me he causado una extraña sensación, incluso una cierta alegría, pues, en esta ocasión, conocía mínimamente la obra de los premiados. De hecho, hace unos años, ya tuve la oportunidad de leer su archiconocida obra “Por qué fracasan los países” (Booket-Ediciones Deusto, 2012) y, más recientemente, “El pasillo estrecho” (Ediciones Deusto, 2019), ambas de Daron Acemoglu y James A. Robinson. Para completar, a priori, me faltaría “Poder y progreso. Nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad” (Ediciones Deusto, 2023), esta vez, de Daron Acemoglu y Simon Johnson, no obstante, estoy escasamente motivado a hacerlo.
Por cierto, si alguien está interesado en un breve resumen del contenido esencial de sus tesis e ideas, sugiero acudir a las notas con los antecedentes científicos publicados por la Real Academia Sueca de Ciencias (aquí) que amparan la elección.
Como ya conocerán, la idea central de la propuesta teórica de los premiados es que el tipo de instituciones de un país determinan decisivamente su prosperidad. Como se menciona en la nota de prensa de la Real Academia Sueca de Ciencias, “los galardonados de este año en las ciencias económicas – Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson – han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país. Las sociedades con un estado de derecho deficiente y las instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor.”
A estas alturas, nadie duda de la relevancia de las instituciones políticas y económicas para la prosperidad de un territorio. El hecho singular del planteamiento de los premiados es el papel central o el factor diferencial que le otorgan a las instituciones. De hecho, en “Por qué fracasan los países”, Acemoglu y Robinson sostienen que la prosperidad o la pobreza de un país depende, fundamentalmente, de la interacción de las instituciones sociales que tiene y ha tenido dicho país. A resultas, dividen las instituciones en dos tipos, básicamente:
- Por un lado, las instituciones inclusivas: son abiertas y fomentan la participación amplia de la sociedad tanto en actividades económicas como en el ámbito político, promueven la innovación y protegen los derechos de propiedad. Estas instituciones permiten la movilidad social y la creación de riqueza de manera más equitativa. Hay un poder político y económico controlado, con un Estado de derecho que garantiza estabilidad y continuidad y, donde la mayoría de la población puede acceder a oportunidades económicas y políticas.
- Por otro lado, existen instituciones extractivas, basadas en la concentración del poder y los recursos en manos de una élite reducida y esta última es quien diseña las instituciones para perpetuar su dominio sobre el conjunto de la sociedad. En estos casos, se restringe la innovación y la evolución, siquiera sea para evitar una revolución o destrucción creativa. Aparte, el elevado grado de poder y dominio es un factor de desestabilización y conflictividad latente, generando dinámicas que impiden la apertura.
Obviamente, según la tesis de los autores, mientras que las instituciones inclusivas son las que promueven el crecimiento y la prosperidad, las extractivas, o bien son ineficientes o, aunque transitoriamente consigan un cierto crecimiento económico, a medio o largo plazo, son incapaces de mantenerlo de forma sostenible, abonándose al fracaso. Por tanto, para ellos, el factor más determinante y explicativo (causa) de la prosperidad o pobreza de un país es el tipo de instituciones sociales (políticas y económicas) existentes.
La obra y sus tesis son muy sugerentes y efectistas, incluso, se nos presentan verosímiles. Sin embargo, el resultado de sus obras son un exuberante compendio de sofismas.
Para empezar, sus tesis se amparan en una interpretación muy particular y controvertida de la Historia, con fuentes y una bibliografía muy sesgada, lo que proyecta sombras sobre la solidez de sus afirmaciones.
Por otro lado, en su pretensión de demostrar el papel preponderante de las instituciones en el devenir de un territorio, dedican gran parte de la obra en obviar o atenuar la compleja interrelación de otros factores múltiples que afectan y explican, también, la evolución de las sociedades o comunidades humanas, como, por ejemplo, la disponibilidad de recursos naturales, las condiciones ambientales o la situación geográfica, las culturas, etc. A su vez, al minimizar el impacto de otros factores, así como la existencia de afectaciones cruzadas o interacciones, se pierde gran parte de la capacidad explicativa.
Aparte, en su obra, parecen olvidar que las instituciones son, precisamente, el resultado de la acción humana, es decir, son la concreción de formas de hacer y el resultado de la evolución de un conjunto social o comunidad en un entorno o contexto concreto. En este sentido, parten de la presunción que todos los colectivos humanos reaccionan de forma similar a supuestos de hechos parecidos, cuando la Historia nos demuestra que, no todas las personas y los pueblos han respondido de forma uniforme a las situaciones de opresión o dominio.
Y, por supuesto, como cualquier tesis resultante de procesos inductivos, deben afrontar los límites de la inducción o generalización, es decir, extraer conclusiones generales a partir de hechos o elementos particulares. De hecho, la validez del enunciado o la hipótesis, en gran medida depende de la calidad y cantidad de las muestras, del volumen de casos concretos analizados. Pero, además, si se analizan hechos o elementos no fácilmente objetivables (como es el proceso histórico y el desarrollo institucional de un país), uno podría sospechar que las muestras están ya “contaminadas”, por lo que, el resultado no es fiable. Todo y eso, como sucede, la existencia de hechos o circunstancias que no encajan con el enunciado nos permiten dudar sobre su veracidad (por ejemplo, China o algunos países del sudeste asiático, como prueba contraria).
A pesar de sus limitaciones, en mi opinión, el concepto de “instituciones extractivas” es útil y muy interesante, podría considerarse un hallazgo teórico relevante y quizás lo más explicativo.
Ahora bien, a diferencia de los autores, por más llamativa que resulte, lo interesante no es esa dualidad o una presunta contradicción entre instituciones inclusivas o extractivas. Es más, tampoco creo que esta tensión dual sea tan determinante ni que permita establecer unas relaciones de causalidad tan directas con el crecimiento económico transversal de un país o con el desarrollo político de espacios abiertos y de libertades.
Esa infundada tensión sirve para captar la atención y deslumbrar a ingenuos, al fin y al cabo, el enfrentamiento (thanatos) es una de nuestras pulsiones básicas. No obstante, es ruido que ensombrece lo relevante; que podría sostenerse y probarse, con cierta rotundidad que, allá donde existan y se perpetúen “instituciones extractivas”, a más corto o largo plazo, las sociedades estarán abonadas al fracaso. Es una auténtica Ley de Hierro histórica.
La pervivencia de “instituciones extractivas” lastran el crecimiento económico y social en la medida que deben detraer recursos al conjunto para sufragar su supervivencia y el mantenimiento de las estructuras de poder y dominio. Ahora bien, no sólo se trata de una mala asignación de recursos de forma sostenida, sino que existen elementos internos de las instituciones extractivas que abocan al deterioro del país. En este sentido, más allá de los “costes de oportunidad” y las resistencias al cambio de las élites, a las que apuntan los autores, no deberíamos minusvalorar el factor humano, es decir, la persistencia en la toma de decisiones por ineptos e incompetentes.
Pensemos en las Magistraturas, no sólo aquellos que desarrollan su función en el ámbito judicial, sino todos aquellos cargos o posiciones para los que se designaba a un ciudadano para que asumiese ciertas funciones o tareas en beneficio de la comunidad, así como para la representación del conjunto social. En sus orígenes, los pueblos elegían o designaban por un tiempo limitado aquellos que estimaban más competentes y capaces, a los que reputaban más fiables. De hecho, el origen etimológico del término alude a las cualidades personales de magnanimidad o grandeza (magis, grande). Pues bien, el restringir el acceso a aquellos más cualificados y competentes, a su vez, ennoblecía a la institución y facilitaba que fuese respetada por la colectividad. Lo que, a su vez, redundaba en que más buscasen ocupar dichas posiciones de poder y dominio. Precisamente, por ello, en la Roma Antigua, a la carrera política se denominaba cursus honorum, o sea, carrera de honores.
Sin embargo, en cualquier momento de la Historia, cuando la elección de los magistrados ya no depende del prestigio personal y su idoneidad, sino de factores, como los vínculos con las respectivas élites de poder o de la capacidad de propaganda, entonces, emerge la semilla de su propia destrucción. Así pues, la persistencia de incompetentes y necios tomando decisiones, con las consiguientes afectaciones al conjunto, y el lógico deterioro de la credibilidad y legitimidad de las instituciones traigan consigo situaciones de caos y conflicto. Como el magnífico economista Carlo M. Cipolla ya nos advirtió, no deberíamos infravalorar la inmensa capacidad destructiva de los estúpidos.
En cualquier caso, retomando el trabajo de los premiados, la cuestión es en qué medida podemos calificar las instituciones de nuestros países como extractivas o inclusivas.
Obviando aquellos territorios o Estados bajo regímenes dictatoriales o autócratas (como, China, Tailandia, Irán, Ruanda, Cuba o Venezuela), lo complejo es determinar si nuestras instituciones son susceptibles de calificarse como “extractivas”.
De inicio, debemos enfrentar dos grandes problemas.
Por un lado, estamos ante conceptos ambiguos y difícilmente objetivables. No existe una unidad de medida o un baremo estandarizado que nos permita definir claramente si una institución es inclusiva o extractiva. Y, aunque pudiésemos establecerlo, difícilmente sería universal. Por ejemplo, en qué medida la injerencia de la regulación en el uso de la propiedad privada es compatible con instituciones inclusivas o cuán elevados pueden ser los tributos, aunque se destinen exclusivamente para financiar servicios públicos básicos, para no hablar de instituciones extractivas.
Por otro lado, las sociedades son dinámicas y los conceptos evolucionan en el tiempo. Así, aunque pudiéramos establecer ciertos estándares para calificar unas instituciones como inclusivas, con el tiempo y gracias al progreso tecnológico y el crecimiento, puede suceder que los estándares se vuelvan obsoletos. Pensemos, por ejemplo, en el acceso a sanidad en un territorio. Hace unos años, disponer de un médico de familia era un logro, una referencia de institución inclusiva. A día de hoy, no nos conformamos con ello, sino que exigimos de la sanidad pública un catálogo de prestaciones y servicios, impensables, años atrás. Y, aún así, el hecho de tener una sanidad pública, como Cuba, no es garantía de que las instituciones sociales del país merezcan el calificativo de inclusivas.
La realidad es que, salvo supuestos muy concretos, la mayoría de las instituciones políticas y económicas se mueven con rasgos inclusivos o extractivos, oscilan en esa amplia y densa gama de grises. Y, además, en muchas ocasiones, las sociedades aceptamos y convivimos con estructuras institucionales que calificaríamos como extractivas, por distintas razones (por ejemplo, la necesidad de primar el orden tras una etapa histórica de anarquía, la aparente prosperidad derivada de la explotación de recursos naturales, etc.) incluyendo el defecto moral de la cobardía, como nos advirtió Étienne de La Boétie en “La servidumbre voluntaria”.
Precisamente, para solventar algunas de las lagunas y ofrecer una explicación dinámica, los autores la complementaron y la matizaron con su teoría sobre el denominado “El pasillo estrecho”, abordando la constante tensión Estado-sociedad. En este volumen, sostienen que el desequilibro de poder entre el Estado y la sociedad civil, en uno u otro sentido, es la causa de distorsiones en la evolución política y/o económica de un territorio, lo que repercute en las instituciones y sus disfunciones.
Debe reconocerse que los autores tienen la habilidad de elaborar conceptos sugerentes, como es ese teórico “pasillo estrecho” por el que transitan las sociedades en pos de una cierta libertad (en minúsculas) o la metáfora del personaje de la Reina Roja (“A través del espejo y lo que Alicia encontró allí” de Lewis Carroll) según la cual, para mantener una estabilidad institucional y avanzar por el citado pasillo, tanto la sociedad civil como el Estado deben correr a la misma velocidad para evitar que una sobrepase a la otra.
Al final, tras esta parafernalia, hay una defensa a ultranza del actual Estado de Bienestar (el Leviatán embridado) y, además, ese proceso dinámico y competitivo al que aluden les sirve como pretexto para redefinir los límites del Estado y justificar la intromisión de los Estados en la esfera personal de los ciudadanos, consolidándose así instituciones inclusivas, que nos lleven a un cierto grado de libertad y desarrollo transversal.
En su último capítulo, para reafirmar su tesis, los autores deciden confrontar directamente con Friedrich Von Hayek y su “Camino de Servidumbre” (publicado en 1944). A su parecer, Hayek se equivocó en muchas cosas, pero, entre otras, porque según ellos, no se trata de refrenar al Estado, al contrario, sino de que “el papel y la capacidad del Estado avancen para hacer frente a nuevos retos, al mismo tiempo que la sociedad también se vuelve más poderosa y vigilante”.
Sin embargo, ellos mismos ponen en entredicho sus conclusiones pues reconocen que si bien se ha producido la expansión estatal, en cambio, la sociedad civil es más débil y descuidada.
Y, es que, como ya advirtiera Hayek, la expansión estatal afecta a la sociedad civil, produce el “cambio psicológico” o la castración social (la nueva servidumbre), al renunciar a sus libertades a cambio de un aparente bienestar material. Por ello, hoy, tenemos sociedades escasamente movilizadas, cobardes y que renuncian a enfrentarse tanto a ese Leviatán desencadenado como a los nuevos vectores de poder y dominio, como son las grandes corporaciones tecnológicas.
Quizás, aparte de confrontar con Hayek, les hubiese ido bien leer la obra de su coetáneo, Bertrand de Jouvenel, “Sobre el Poder: Historia natural de su crecimiento”, escrita en 1945, en la que expone y evidencia que el poder político siempre tiende hacia su expansión y, por tanto, su crecimiento amenaza las libertades individuales, hasta el abuso y la corrupción.
Si fuesen coherentes con sus ideas sobre la trascendencia de las instituciones, deberían haber advertido la importancia de que la institución económica fundamental, el mercado, es el contrapeso idóneo de la institución política básica, el Estado. De hecho, los mercados libres y competitivos demandan y propician sociedades abiertas y plurales donde los derechos personales y la propiedad privada estén garantizados.
En cambio, los autores, ponen su fe ciega en los Estados. Así, como Alicia, concluyen su obra dejándose llevar por las ensoñaciones de un mundo de fantasía: “El progreso humano depende de la expansión de la capacidad del Estado para enfrentarse a nuevos retos y combatir todas las dominaciones, viejas y nuevas, pero eso no sucederá a menos que la sociedad lo exija y se movilice para defender los derechos de todo el mundo”.
En definitiva, aunque existe una correlación entre la existencia de instituciones saludables en el tiempo y la prosperidad real de una sociedad libre y justa, dudo sobre esa relación de causalidad que presentan los premiados. Al contrario, creo que son las sociedades que alcanzan ciertas cotas elevadas de libertad y prosperidad económica, por múltiples vías y factores complejos, las que promueven instituciones saludables para su conservación y progreso real.
Eso sí, cuando veamos que nuestras instituciones degeneran y pierden legitimidad, lo más probable es que estemos cerca de nuestro precipicio social.
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