Excelentísimo Sr. Presidente:
Antes de nada, permítame que me presente pues dudo que me conozca. Me llamo Javier Gómez Taboada, soy gallego, tanto de nacimiento como de residencia (tras un paréntesis de dos lustros), y ejerzo desde hace algo más de 25 años como abogado tributarista.
En octubre de 2017, me incorporé a este espacio virtual conocido como “Fiscalblog” que, en esencia, se caracteriza por tres pilares básicos compartidos fervientemente por sus cuatro coautores: el respeto a la libertad individual, al Derecho y, por tanto, a la independencia de opinión.
Y es, precisamente, en el legítimo ejercicio de esos tres principios -que, pese a su elemental apariencia, son ya una rara avis en nuestro país- desde el que me permito, muy respetuosamente, dirigirle esta misiva.
Hace apenas unos días trascendieron a la opinión pública los datos oficiales relativos a 2017 atinentes al Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Galicia. Este organismo, integrado en el Ministerio de Hacienda, es -como Usted bien sabe- el competente para resolver en primera instancia las discrepancias entre los contribuyentes y la Administración tributaria (ya sea la estatal o la autonómica). Tan es así, que los contribuyentes deben acudir necesariamente a los TEAs antes de llegar a la vía judicial.
Pues bien, esa estadística arroja unos datos cuanto menos llamativos en lo atinente a los impuestos “cedidos” (singularmente, el ITP e ISD) cuya gestión tiene atribuida la Xunta de Galicia que Usted preside.
Y es que resulta que el TEAR da la razón a los contribuyentes en el 75% de los pleitos relativos al ITP, y en el 80% (sí, ha leído bien, en un estratosférico 80%) en los correspondientes al ISD. O sea -y perdone que abunde en una evidencia, pero es que lo llamativo de los datos así me lo exige-, que de cada 100 litigios relativos al ITP, los contribuyentes ganan 75, y en los del ISD un 5% más, o sea, 80.
Usted, Presidente, es licenciado en Derecho y, como tal, perfecto conocedor de que, en nuestro ordenamiento jurídico (no así -por cierto- en la inmensa mayoría de los de nuestro entorno), a la actividad administrativa se la dota de ciertos “privilegios” bajo las presunciones de certeza, legalidad y, en suma, de validez. Es decir, que la actuación de la Xunta, ya per se, se presume válida…, lo que obliga al contribuyente a que sea él quien deba probar la invalidez, la toxicidad jurídica del quehacer de la Administración. Bueno, pues resulta que en el 80% de los supuestos en que esa actividad se somete a un “test” de calidad (¿qué otra cosa es un pleito?), la Xunta suspende…
Me consta que es Usted un firme valedor de la industria automovilística, tan importante en nuestra Comunidad Autónoma. ¿Se imagina que 80 de cada 100 coches que salieran de la cadena de montaje de una fábrica, no arrancaran? Afortunadamente, por el bien de nuestro tejido industrial, esto no ocurre. Prefiero ya ni imaginarme qué pasaría si ese mismo ratio lo aplicáramos al diseño de viaductos, naves industriales… Pánico me da, ya sólo de pensarlo.
Pero, sin embargo, Sr. Presidente, eso sí le ocurre a la Administración que Usted lidera. Supongo que como línea de defensa podría argüirse que el ratio de litigios es porcentualmente bajo respecto a la totalidad de la actividad tributaria emanada de la Xunta. Pero, incluso admitiendo “pulpo como animal doméstico”, ese estrambótico 80% plantea dos serios problemas: i) no deja de ser el pésimo resultado de un significativo muestreo. del que se pueden extrapolar graves conclusiones que cuestionarían la legitimidad del erario público autonómico; y ii) en la Facultad de Derecho me enseñaron -imagino que al igual que a Usted- que las relaciones entre los contribuyentes y la Administración no se rigen por el “coste de oportunidad” sino por el escrupuloso respeto al Derecho.
Con todo, si me apura, lo que más me llama la atención de ese abracadabrante dato del 80%, no es tanto la estadística en sí -¡que también!, del todo impresentable en un país que ya se autodefine como Estado de Derecho- como el que “no pase nada”. Me explico: si España fuera una democracia en la que la sociedad hiciera gala de una elevada conciencia cívica, el responsable último (tómese la libertad de interpretar este adjetivo en la acepción que Usted prefiera) de este dislate tardaría apenas unos minutos en verse obligado a rendir cuentas ante la opinión pública que, legítimamente enojada, exigiría su inmediata renuncia al cargo. Aquí no. El 80% de los pleitos relativos al ISD lo ganan los contribuyentes (insisto, los pierde la Xunta) pero nadie se siente lo suficientemente -¿cómo lo diría?- …“concernido” como para dar la cara. No hay, por tanto, ni dimisiones, ni ceses ni -por cierto- tampoco crítica alguna desde la bancada de la oposición.
Esto último -el clamoroso silencio de la oposición- vendría a evidenciar algo aún más grave, si cabe: que lo que aquí se denuncia ya es del todo sistémico. Es decir, que las diferentes fuerzas políticas asumen como consustancial que en la ardua tarea de la procura de ingresos públicos no es lacerante que un impresentable porcentaje -¡el 80%!- resulte jurídicamente tóxico… Esta peculiar unanimidad de todo el espectro político a la hora de contemplar a los contribuyentes de “a pie” como los pagafantas de lo público, vendría a ratificar esa peculiar perspectiva de que el erario público es un genuino “defraudador”, y lo es con absoluta independencia del color político del que dependa, pues en su ADN parece llevar el “peaje” de “decepcionar” (una de las acepciones de “defraudar”) la legítima confianza que, de buena fe, la sociedad viene a depositar en las instituciones públicas. ¡Y luego aún hay quien se escandaliza por la creciente desafección que Juan Español manifiesta ante lo público y/o institucional!
No le entretengo más; así que dejo para una eventual próxima ocasión algunos otros asuntos interrelacionados con éste como, por ejemplo, esa extraña patología mediante la que la Xunta nunca se da por vencida, y, pese a perder sucesivos pleitos sobre un mismo ISD (o ITP), vuelve una y otra vez -en cada ocasión, por cierto, exigiendo más dinero, por obra y gracia de los intereses de demora cuyo período de devengo crece, precisamente, por el tiempo malgastado en esa reiterada mala praxis de la Xunta-, quizá por aquello de que, así, esos miles de litigiosas cartas de pago figuran, como por arte de magia, en el activo del balance autonómico, bajo la forma de derechos de crédito (confío en que no estén anotados en la barra de hielo) que sustentan, un año sí y otro también, un pesado lastre llamado pasivo.
Pero todo eso -y quizá algo más- queda, como le digo, para una futurible próxima ocasión.
Le agradezco enormemente su atención e interés.
Atentamente,
Javier Gómez Taboada
Los datos son impresionantes. Si yo tuviera empleados que que ocasionaran este despropósito serian
despedidos de inmediato. Comentar que de un 75% a 80% no es un 5% de incremento sino 5 puntos, es decir casi un 7%
Magnífico comentario,como es habitual en este blog, que además de entretener, instruye. Indispensable, si de verdad. salvando la letra de la ley, se quiere conocer el derecho, que no es más que el conjunto de conocimientos y artes humanas, encaminados a la materialización de la Justicia.
Sin embargo quiero alzar la voz a favor de las Administraciones Públicas. Las diferentes Agencias Tributarias que han surgido, tienen la socialmente mal vista misión de recaudar los fondos necesarios para suplir nuestras necesidades, que desde luego, exigimos reciamente a la Administración. Ante tales exigencias, tales requerimientos.
La práctica nos dice, que en España, quién no defrauda, es porque no puede. Y esto sucede también, en el 90 por ciento de los casos. Pagan impuestos las rentas del trabajo y no todas, y las del capital… el resto, se evade, se elude, o se esfuma.
Desde luego, la labor masiva de control que las Administraciones públicas vierten sobre el mismo contribuyente que se desgañita exigiendo maś prestaciones sociales, tiene al menos, la consecuencia de inducir, si acaso, a la fuerza, la presentación por parte de los contribuyentes, de declaraciones tributarias más veraces.
Ademaś, esta gran presión tiene como efecto positivo la existencia de un gran número de asesorías, gestorìs y despachos, que desde luego, tienen gran parte de su cliente inducida por el temor administrativo. Sin esa excesiva presión desde luego una buena parte de despachos cerraría por inactividad. En caso contrario, la profesión de asesor fiscal, seria tan rara como la de sexadores de pavos.
Y por último, también combaten el fraude.
Lo esencial, a mi parecer, no la actividad masiva de las Administraciones públicas, sino que tenga su control y que los órganos encargados de vigilar esa gestión, TEAs, y TSJ, cumplan debidamente con su función, que estén a cargo de funcionarios bien formadas…prudentes, amantes del derecho, y sobre todo, que evalúen cuando resuelven y tomen decisiones que están encarnando la justicia.
Que el sistema administrativo sea capaz de situar a los individuos de acuerdo con su capacidad y valía para evitar individuos tóxicos y chantajistas, que también los hay. El número de actos administrativos impugnados decaería considerablemente.
Que el pobre y humilde recurso de reposición, sirva para algo. Es decir, que se produzca una verdadera revisión del acto administrativo y no un mero corta-pega del acto que dice revisar.
Y por último que se establezca algún sistema que permita la exigencia de responsabilidad personal a funcionarios que en su interpretación de la norma, se pasen tres pueblos lo que cada vez sucede más.