Durmiendo con su enemigo

Comenzaré haciéndoles una confesión: dudé si titular este “post” como “De repente, un extraño” (1990), pero finalmente me decanté por el que preside estas líneas pues, visto el tema aquí abordado, sería muy light calificar de “extraño” a quien ya, a todas luces, podemos -¿debemos?- calificar como “enemigo”.

La pasado quincena, en mi “post” titulado “El BOE publica la ley del embudo” expuse la doble vara de medir del Ministerio de Hacienda (i.e.: el Gobierno, es decir, a nuestros efectos, uno de los tres poderes del Estado y, como tal, un representante -muy “cualificado”, habríamos de decir- de éste) pues mientras le ha traído al pairo el durísimo Dictamen Motivado de la Comisión Europea relativo al 720 desde que se le notificó el 16/2/2017 (y oculto en un cajón durante ¡¡¡22 meses!!!) hasta hoy…, lo cierto es que ha estado meses cogiéndosela con papel de fumar en cuanto a la posibilidad de rebajar el tipo de IVA de las mascarillas, atribuyéndole a la opinión de esa misma Comisión una relevancia que ignoró olímpicamente en lo que al 720 se refiere.

En tal exposición, me hacía eco de un documento de la propia Comisión, fechado ya el 5/5/2020, en el que, bajo el título de “Guidance Note on the VAT and Customs treatment of supplies of goods needed to combat the COVID-19 outbreak”, ésta venía a anunciar su expresa intención de no sancionar a aquellos Estados miembros que redujeran el tipo de las mascarillas habida cuenta que ello podría entrar en sintonía con una propuesta que la mismísima Comisión trasladó al Consejo en 2018 y en virtud de la cual aquella no se sentiría legitimada para hacer una reprimenda a quien tomara ese camino.

Pero lo cierto, lo genuinamente verídico es que la situación era aún más grave: el pasado 30/11 trascendió que ya el 3/4, es decir, más de un mes antes de lo pensado, la UE se dirigió expresamente a todos y cada uno de los “Directores Generales de las Administraciones de Impuestos y Aduanas de los Estados miembros” para remitirles una carta mediante la que ya les indicaba expresa y oficialmente que permitiría a los Estados miembros establecer esa exención del IVA a las mascarillas para el consumidor final y que, además, desde 2016, el criterio europeo es no sancionar a los Gobiernos que puedan incumplir una normativa cuando hay una propuesta legislativa pendiente de aprobarse que permitiría realizar esa acción.

Pero, ¿qué broma pesada es ésta? ¿de qué estamos hablando aquí?

Tanta “gobernanza” (¡toma palabro!), “cogobernanza” (ítem más), “buena administración”, “confianza legítima”, “buen gobierno”, “transparencia”, “actos propios” y demás zarandajas…, ¿para qué? ¿qué hacemos, todos, hablando inglés, cuando estamos sumidos en un régimen feudal y, lo que es más grave, ni lo sabíamos?

A ver, ya tengo cierta edad y no me chupo el dedo: asumo, doy por hecho que no todo lo que hace/conoce el Estado debe ser compartido -por obvios motivos- con su ciudadanía (ya degradada, como bien sabemos, a la condición de amorfa masa súbdita)… pero una cosa es eso en términos, por ejemplo, de digamos “seguridad nacional” (verbigracia: ¿qué hacían el buque de aprovisionamiento Patiño y la fragata Canarias en enero de 2004 poniendo rumbo hacia el Atlántico ecuatorial? ¡Who knows!) y otra cosa es que ese oscurantismo, ese nivel de opacidad y de engaño se manifieste en aspectos tributarios, en asuntos impositivos, en expedientes fiscales que nos atañen a todos. ¡Esto ya es el colmo!

¿Y Ustedes son los mismos que hablan de “relación cooperativa” y “empatía” para con los contribuyentes? El menor de los problemas a los que habrán de enfrentarse será a la animadversión de los contribuyentes…, lo peor va a ser -¿está siendo ya?- la creciente desafección de la población respecto a todo lo que suena a público, a oficial, a institucional ¿Qué por qué? Por una razón tan sencilla como profunda: por que estamos hartos, de sus mentiras, de sus desplantes, de sus displicencias, de sus mediocridades, de sus medias verdades, de su hipocresía, de su desprecio -precisamente- a los paganinis de la fiesta…

¿Y saben lo peor? Que este cabreo social ya no tiene un determinado color político; no. ¡Ojalá estos desplantes a la sociedad fueran monopolio de un partido (sea el que sea)! Pero, lamentablemente, no es así (tal y como prueba, por ejemplo, la ocultación del Dictamen del 720 durante los sucesivos mandatos de Rajoy y de Sánchez); y el tema, además, viene ya de lejos… De ahí que “De repente, un extraño” no fuera un título idóneo para esta denuncia: ni surgió de repente, ni tampoco es -ya- un extraño para nosotros. No.

¿Recuerdan el triste episodio del céntimo sanitario (en el argot, IVMDH)? Pero, ¿cómo vamos a haberlo olvidado si aún colea 6 años después de la sentencia Besora del TJUE? Yo, sin ir más lejos, aún tengo algún expediente en el Tribunal Supremo pendiente de aclarar un incidente de ejecución de sentencia en materia de responsabilidad patrimonial.

¿Recuerdan los -¿velados?- avisos a navegantes de la AEAT/Mº de Hacienda para que no se reclamara su devolución? Si lo han olvidado, se lo recuerdo yo: en la mismísima web de la AEAT se incluyó una advertencia (“warning” para los snobs) que literalmente señalaba que “la Ley General Tributaria tipifica específicamente la infracción consistente en solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales (artículo 194)”. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Éste y no otro es el momento de poner cara de alucinados.

¿Y qué decir de la ceremonia de la confusión puesta entonces en marcha por el mismísimo Cristóbal Montoro (Ministro de la “cosa” en aquel episodio) al afirmar que la sentencia del TJUE de 27/2/2014 “no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europea, que en su momento fue la que autorizó al Gobierno y a las comunidades autónomas para implantar ese sistema del céntimo sanitario”? Pues resulta que ese mismo TJUE ya se había pronunciado en 2000 en sentido negativo sobre un tributo con características análogas a las del IVMDH; que en 2001, la Comisión había informado a las autoridades españolas de que la introducción de dicho impuesto sería contraria al Derecho de la Unión (así se plasmó, además, en el “Informe sobre la reforma del sistema de financiación autonómica” publicado en 2002 y cuyo prólogo suscribía, precisamente, el entonces también Ministro, Montoro -las dilatadas idas y venidas políticas es lo que tienen: que la marea baja deje ver las vergüenzas); que aquellas cautelas iniciales se vieron confirmadas tan sólo un año después, en 2003, cuando la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España que, aunque archivado en 2008 (tras el compromiso de nuestro país de sustituir el “céntimo” por un recargo autonómico en el impuesto especial sobre hidrocarburos, decisión que finalmente se plasmó en la Ley 2/2012; ¡”sólo” 4 años después de anunciarlo!), ya mostraba las expresas reticencias de Bruselas con aquella del todo carpetovetónica “figura”.

Estoy muy cansado; tanto que prefiero ya callarme y, en este punto, ceder la palabra a Fernando Gomá Lanzón:

“Y el Estado, efectivamente, pasa. Pasa completamente. (…) El Estado se comporta, pues, como un enemigo del ciudadano al que ha de servir, como alguien que si puede te quita hasta aquello a lo que no tiene derecho. (…) Claro, habrán pensado, es mejor quedarnos con el dinero que hemos recaudado ilegalmente, durante muchos años y conociendo esa ilegalidad.  A fin de cuentas, como dijo aquella ministra, el dinero público no es de nadie ¿no es verdad?

Todos los ciudadanos debemos pagar los impuestos que nos corresponden. Eso no es negociable. Pero necesitamos que el Estado y los gobernantes den ejemplo ¿Con qué autoridad (y legitimidad, me permito humildemente añadir a ese interrogante) se puede censurar a los defraudadores fiscales si el Estado se comporta como uno de ellos? ¿Qué mensaje nos están transmitiendo? El Estado debe educar a los ciudadanos para que éstos se comporten conforme a las normas que permiten la adecuada convivencia, porque es mucho más sencillo y eficaz hacer que una persona cumpla con lo que debe por convencimiento, que por amenazas legales. Si queremos que el contribuyente cumpla y no defraude, lo primero es que el Estado no sea el que encabece la lista”.

“El «céntimo sanitario´´: el Estado como defraudador fiscal” (Blog Hay Derecho, 4/3/2014).

#ciudadaNOsúbdito

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