No confundamos las cosas

Hace apenas unos días, a través de una red social, un Inspector de la AEAT -insigne, reconocido, y ya de larga y exitosa trayectoria- me “reprochaba” (o, al menos, así yo lo interpreté) que en mis tribunas no dé una visión positiva del trabajo de la AEAT.

Sirvan, pues, las líneas a modo de respuesta a ese “reproche” (cariñoso, por venir de quien viene, pero “reproche” al fin y al cabo).

No hace demasiado -apenas unos meses- en uno de mis quincenales “soliloquios” ya apunté que “las Administraciones tributarias tienen miles de empleados (ya solo la AEAT, más de 25.000), siendo así que la inmensa mayoría de ellos desempeña sus tareas con una pulcra integridad y honradez. Como en todo grupo humano habrá -es evidente- “ovejas negras”, pero éstas son la excepción y nunca la regla. El trabajo cotidiano de la Administración tributaria es conocido, pero no siempre debidamente reconocido: sin su tarea, el país se derrumbaría en apenas semanas, meses. Su labor no es fácil ni grata, pero es necesaria” (“Que cada palo aguante su vela”; Atlántico, 20/1/2019).

Y diré más: a ver, si se tratara de la Guardia Civil, debería decir que “soy un hijo del Cuerpo”. Mi padre, era Inspector de Finanzas del Estado (así se denominaba entonces a los Inspectores de la AEAT) y, como tal, ejerció hasta su temprano fallecimiento. Durante mi infancia, adolescencia y primera juventud, mi casa -que, obviamente, era la suya, la de mis padres- fue un edificio oficial del Ministerio de Hacienda, donde mi padre ejercía su trabajo, con -he de decir- ejemplar dedicación, honradez e integridad, tal y como el entonces Director General de Aduanas dio cuenta en la necrológica que en su día le dedicó.

Con ello quiero decir, que no sólo le debo al Ministerio de Hacienda el que haya sido la fuente de mi sustento (educación, vivienda, alimento y abrigo) hasta que logré valerme por mí mismo, sino que, además, en mi propia casa fui testigo en primera persona de lo que es un servidor público ejemplar. Y, es más, también fui destinatario de sus propias enseñanzas atinentes al alcance último de su función: desempeñar su tarea con escrupuloso respeto a la legalidad en el entendimiento de que sólo así se presta el servicio del que la sociedad (toda ella) es acreedora.

Parto de la asunción de que así son las cosas en la inmensa mayoría de los casos, y de que son legión los empleados públicos que sólo así conciben su tarea. Pero una cosa es que esto sea así y otra -muy distinta- es que eso sea noticia (¿lo es que una operación quirúrgica rutinaria sea un éxito?, ¿el que un avión sea puntual?, ¿y el que un colegio aporte una educación solvente?) y que, además, no haya que denunciar los desvíos -y, si se me permite, hasta desvaríos- que el sistema genera.

Por eso, precisamente por eso, tanto mis “posts” como mis “soliloquios” (así como otros vehículos en los que vierto mis “quejíos”) se focalizan en lo reprobable, en los aspectos manifiestamente mejorables del funcionamiento de la Administración tributaria (ya sea ésta la AEAT o cualquiera de las otras con las que convive en España). Y es que, al igual que el valor en la “mili”, a la función pública se le presupone una actuación diligente, legal y servicial para con la sociedad a la que se debe. De ahí que eso no sea lo noticiable (malo, muy mal síntoma sería tener que proclamarlo a los cuatro vientos), aunque -tal y como ahora hago- si hay que decirlo, se dice y, además, con sumo gusto.

El problema, no obstante, es cuando uno vive un estado de cosas tal que le hace temer que, en el algún momento de los últimos lustros, el fin fue tan difícilmente alcanzable que los medios se rindieron a su puntual consecución. Hace unos años, en un reencuentro con una antigua compañera de Facultad, ésta -entonces con elevadas responsabilidades en la AEAT- me reconocía que los objetivos (ella no lo dijo, pero asumí que hacía referencia a los propios de la recaudación) eran “ambiciosos” y que a su consecución se debían… Le intenté hacer ver (me temo que con escaso éxito) que su reflexión no difería demasiado de la (auto) justificación que los directores de sucursal de ciertas entidades financieras esgrimían para excusarse por la venta masiva de ciertos productos que resultaron fallidos. Y es que, también, sus objetivos eran muy “ambiciosos”. El problema, ya se sabe, es que “la ambición rompe el saco”.

Afirma Juan Ignacio Moreno Fernández (Letrado del Tribunal Constitucional, y Profesor de Dº Financiero y Tributario) que “el pago de tributos debe considerarse como una injerencia «debida» en el derecho de propiedad y, lo que es más importante, como una injerencia «obligada» por el Texto Constitucional. Ahora bien, para que también pueda considerarse como una injerencia «legítima» en ese derecho es necesario: 1º) que se lleve a cabo, en todo caso, «conforme a la ley» (31.3 CE) 2º) que se efectúe «de acuerdo con su capacidad económica» (31.1 CE); y 3º) que se articule mediante un sistema tributario que «en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio» (31.1 CE). Si faltase alguno de estos requisitos, la pretendida «injerencia legítima» del Poder Público en el derecho de propiedad privada se convertiría en una «injerencia ilegítima», provocando el correlativo derecho de los ciudadanos afectados a la reparación o restitución del daño causado en sus bienes”.

Pues bien, ésta es la clave de bóveda, y para ello el “sistema” impositivo debe apoyarse en un andamiaje legal que respete escrupulosamente esos mandatos constitucionales, una Administración que gestione ese “sistema” con pulcro respeto a ese esqueleto jurídicamente impecable, y un sistema de contrapesos (ya sea en la propia vía administrativa, ya en la judicial) que garantice una aplicación conforme a derecho en la que la discrecionalidad no se deslice por la pendiente de la arbitrariedad. No parece que sea mucho pedir.

Decía hace apenas unos días Javier Marías que “de todos es conocida la veleidad (DRAE: voluntad antojadiza; inconstancia, ligereza) de la Agencia Tributaria: primero dice que es lícito cobrar a través de sociedades, y más tarde dice que no, y que además serán castigados retroactivamente quienes se valieran de ellas cuando estaban permitidas. Como si mañana se decretara la Ley Seca y se multara retroactivamente a cuantos han bebido en el pasado. De la misma manera, lo que Hacienda juzgaba desgravable ahora lo juzga gravable” (El País Semanal, 6/10/2019). Éste es el problema, que, a fuerza de apretar el acelerador para “cumplir”, algunos sacrosantos principios quizá se han ido quedando por el camino, a modo de pelos en la gatera. Y mucho me temo que ésa es ya la sensación que tiene parte (¿mucha, poca…?) de la ciudadanía, con todo el riesgo que esa praxis tiene a la hora de alentar una peligrosísima desafección.

Hace apenas unos días recibía una resolución de un TEA donde éste daba cuenta -supongo que buscando el lavarse las manos, al estilo de Pilatos- de que la reclamación en cuestión se había presentado (como es preceptivo, ante la propia Dependencia de la AEAT emisora del acto objeto del litigio) “sólo” tres años y siete meses antes de que tuviera entrada en el propio TEA…

El escenario era ya tan propicio a una casi inminente prescripción que el TEA -diligente él- empleó menos de tres meses en resolver la reclamación. Pero, ¿saben cuál es “mi” problema? Que cuando denuncio estas cosas, al otro lado de la mesa se me dice que eso son patologías del “sistema”, malformaciones sistémicas con las que hay que convivir pues son poco menos que inevitables en una masiva gestión…

Por mi parte, mientras tanto, aquí seguiré. Denunciando lo que no me gusta. El resto (sea mucho o poco), va como la seda y -como tal- no es noticiable. Mérito 100%, eso sí, de sus probos autores.

#ciudadaNOsúbdito