Un Código para Siervos y Corderos.

¡Basta ya! Lisa y llanamente, la enésima propuesta del Ministerio de Hacienda de crear un Código de Buenas Prácticas es una burla y un claro menosprecio a los profesionales de la asesoría fiscal y, por extensión, al colectivo ciudadano.

Os pongo en contexto. Ayer, en la Reunión del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios (aquí tenéis la relación de participantes) junto con la Agencia Tributaria aprobaron ayer los textos del Código de Buenas Prácticas de Asociaciones y Colegios Profesionales así como del de Profesionales Tributarios. Deciros que, los códigos han contado con el voto favorable de siete de las asociaciones y colegios representados, así como con una abstención (AEDAF) y un voto en contra (Consejo General de la Abogacía), además de con el respaldo de la propia Agencia.

Básicamente, el mencionada Código pretende ser un código deontológico para la regulación de la profesión de asesor fiscal. Hasta ahí, podríamos estar de acuerdo, ahora bien, hay una serie de elementos que quiero poner encima de la mesa para que, los profesionales (y los ciudadanos) veamos en manos de quién estamos:

  • En lugar de regularse con los propios colegiados y asociados, el citado Código resulta que es redactado y consensuado con la Agencia Tributaria. Con ello, se pone de manifiesto la actitud servil y sumisa de los Colegios y Asociaciones profesionales, y en particular, señalo a las que pertenezco, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Colegio de Economistas de Cataluña (CEC), siempre prestos a poner la alfombra ante las distintas Administraciones y ser fieles servidores para la domesticación de la ciudadanía y de sus propios representados.

    Recordemos que «ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro o bien será fiel a uno y despreciará al otro.» (Lucas, 16, 13). Algunos ya han escogido.

  • De la misma manera que, se pretende implantar un Código Deontológico a nuestra profesión, lo menos que debería exigirse es que la Agencia Tributaria (así como el resto de Administraciones Tributarias) se comprometa al debido cumplimiento de la normativa vigente y el adecuado respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos.

    Me resulta inmoral o propio de una mentalidad de esclavos, estar en una mesa con los representantes de la Agencia Tributaria y aceptar nuestra autorregulación profesional sin pedir el correlativo nivel ético en la Administración.

    ¿Acaso es la Agencia Tributaria un ejemplo de respeto escrupuloso de la Ley y del buen trato ciudadano? Estos modernos fariseos pretenden darnos lecciones de rectitud y de moral cuando, ayer, ayer mismo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicaban las dos Sentencias del Tribunal Supremo, de fechas 3 y 12 de junio, donde el Alto Tribunal anulaba algunos preceptos reglamentarios por entenderlos no conformes a Derecho, con severos correctivos a la Agencia Tributaria y poniendo de manifiesto la mala praxis de la Administración. A modo de apunte, deciros que dichas Sentencias se deben, gracias al trabajo de la AEDAF y a la dirección letrada de mi admirado Esaú Alarcón.

    Pues bien, en un país normal, serio y democrático, ayer, con ocasión de la publicación de dichas Sentencias, el Ministerio de Hacienda y el Director de la Agencia Tributaria deberían haber salido, ante los medios en representación de sus instituciones, pidiendo perdón por haber perpetrado tales violaciones de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ya podéis esperar sentados.

    Y dado que no tienen la valentía de pedir perdón, al menos, lo que deberían hacer es exigir al responsable de dichos atropellos legislativos, la debida reparación de daños. ¿Eso será así? Por supuesto que no. Este personaje, no sólo fue promocionado internamente, sino que, encima andaba redactando normas al mismo tiempo que fichaba por uno de esos despachos de mucho nombre y escasa ética, al que plantó al cabo de unos meses, para ser nombrado Consejero de Hacienda. ¿Y este caballero me va a exigir a mí «buenas prácticas»?

    Pero no os penséis que esto es un caso aislado. Tenemos el «expediente de la Vergüenza» ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que, gracias a la labor de mi colega Alejandro del Campo, toda Europa ya es conocedora de la desmesura y el atropello legal con ocasión de la regulación de la Regularización Tributaria Especial (amnistía tributaria) y la Declaración del Patrimonio en el exterior (Modelo 720).

    Si ello no fuese suficiente, el grado de cinismo es tal que, los mismos que nos piden a transparencia y rigor, son los que, literalmente, escondieron en un cajón, ocultaron, durante más de un año, el Dictamen Motivado de la Comisión Europea de fecha 15 de febrero de 2017, sin darle publicidad, sin enmendar la normativa ni cambiar las prácticas administrativas seguidas. El Dictamen sólo se conoció, porque en el marco de un recurso contencioso-administrativo, en sede de la Audiencia Nacional y gracias al buen hacer de mi amigo Esaú Alarcón, el Tribunal exigió su puesta de manifiesto y que se diese a conocer el varapalo comunitario y la denuncia de la infracción de hasta cinco, no una ni dos, repito, cinco libertades comunitarias fundamentales.

    La Administración tributaria se siente impune y todopoderosa, abusando del privilegio de la presunción de veracidad de sus actos para hacernos sentir a todos potencialmente culpables y vigilados. A tal extremo de desfachatez hemos llegado que la Administración ha iniciado una nueva campaña de envío de cartas intimidatorias a los contribuyentes. Hay quien, desde la ignorancia o la frivolidad, se sirven justificar estas campañas afirmando que sólo intimidan a quién tiene algo que ocultar. La cuestión es que la Administración no es nadie para andar «amenazando». Si tiene pruebas o constancia de eventuales irregularidades, lo que debe hacer es instar el oportuno procedimiento tributario. Y si no tiene pruebas, a callar y trabajar.

    Ya hace tiempo denuncié esta indigna práctica (aquí) a diferencia del silencio cómplice de la mayoría de Colegios y Asociaciones profesionales. Las crónicas afirman que Al Capone fue apresado gracias a la labor de la Agencia Tributaria (estadounidense), pero, pasado el tiempo, parece que las formas y las prácticas de Al Capone se han apoderado de la Agencia Tributaria.

    En cualquier caso, me resulta humillante que estos «rectos y justos» se permitan la osadía de exigirme un código de buenas prácticas, cuando ellos, desde su particular atalaya no asumen ningún tipo de responsabilidad por sus errores y malas prácticas. Por el contrario, los profesionales, cuando cometemos cualquier tipo de error, no sólo nos exponemos a la potencial pérdida de reputación profesional ante nuestros clientes, sino que debemos afrontar la potencial asunción de responsabilidades económicas y, en aquellos supuestos en que nuestra conducta estuviese vinculada a una infracción tributaria, nos podemos enfrentar a posibles procedimientos penales.

    El tema no es baladí. Pues según las memorias de los distintos órganos de revisión (en vía económico-administrativa y en la vía contenciosa), aproximadamente, la mitad de los recursos o reclamaciones se acaban resolviendo a favor de los contribuyentes. ¿Acaso los funcionarios de turno asumen algún tipo de responsabilidad o coste por los eventuales daños causados al contribuyente y, de paso, a las Arcas públicas?

    «¿Por qué miras la a paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo?» (Lucas, 6, 41).

  • Y, por último. El contenido del Código de Buenas Prácticas es inefable. Aparte de jurar y perjurar que seremos buenos y obedientes, nuestro papel, en lugar de ser un consejero y asesor profesional de nuestros clientes, explicando el bien y el mal, así como los riesgos y responsabilidades de los actos y negocios, nos debemos convertir en guardianes de la moral tributaria.

    Dejaremos de ser asesores para convertirnos, bajo el eufemismo de «intermediario fiscal» en una especie de fuerza parapolicial o freikorps
    al servicio de la Agencia Tributaria. Nuestra misión consistirá en prevenir y evitar que nuestros clientes lleven a cabo conductas ilegales, en vigilar que no se utilicen estructuras opacas o planificaciones fiscales agresivas y, por supuesto, en caso de que tengamos conocimiento de ello, como buenos soplones y confidentes, a través de la correspondiente «Asociación o Colegio vertical», pondremos de manifiesto las conductas fraudulentas generalizadas en un sector que puedan afectar al normal funcionamiento del sistema tributario o a la competencia en el mercados.

    El documento no tiene desperdicio (Código de Buenas Prácticas). A cambio de ello, qué se nos ofrece. Pues bien, aparte de poder portar un sellito, el brazalete de afecto al régimen, la Agencia Tributaria nos ofrece, entre otras, lo siguiente:

    • Mejorar las funcionalidades de la aplicación de cita previa.
    • Mejorar los procedimientos para la verificación presencial de la documentación y evitar desplazamientos a las oficinas de la Agencia Tributaria.
    • Mejorar la aplicación del sistema tributario, reduciendo cargas fiscales indirectas, fomentando el uso de la administración electrónica.
    • Garantizar, en la actividad de aplicación del sistema tributario, el pleno ejercicio de los derechos de los contribuyentes, así como el de los profesionales y demás colaboradores sociales en el ejercicio de su profesión y de sus normas reguladoras legalmente aprobadas.

      ¡Espeluznante! No sólo no reconocen expresamente que no respetan los derechos de los contribuyentes sino que, encima, pretenden que los derechos de los contribuyentes sea un privilegio.

    • Participar en cursos o jornadas tributarias, así como organizar campañas de divulgación.
    • Las declaraciones presentadas por los «intermediarios fiscales» quedarán identificadas y, en caso de un procedimiento tributario seguido con un «intermediario fiscal», se le pondrá en conocimiento, lo antes posible, los hechos susceptibles de regularización.

    ¿Esto es serio? ¿No os dais cuenta que se están riendo en nuestras caras?

Ya os anticipo que no pienso firmar ni adherirme a dicho Código, a esta nueva modalidad de contrato de servidumbre.

En mis años de profesión, con mayor o menor fortuna, he tratado de dar apoyo y asistencia a mis clientes, informando de cuáles son las prácticas correctas, así como de advertir de los riesgos y posibles responsabilidades en caso de actuaciones negligentes o culpables. He facilitado y hemos conseguido que nuestros clientes cumplan de la mejor manera posible sus obligaciones tributarias y, al menos de forma consciente, no hemos incurrido ni facilitado ni promocionado ninguna práctica susceptible de reprobación administrativa. Nos hemos ganado la confianza y el respeto de nuestros clientes y no pienso defraudarlos. Y, cuando ha sido necesario, por supuesto, nos hemos enfrentado y discutido, por los debidos cauces procedimentales y con el máximo de respeto y cortesía profesional, con las distintas Administraciones tributarias.

Trabajamos y aspiramos a que nuestro sello sea la calidad de nuestro servicio, el celo y el empeño mostrado, el haber actuado correctamente, la confianza, la cercanía, la proximidad.

Y voy a seguir así, hasta que abandone la profesión.

Yo no necesito ese Código para acomplejados y cobardes. Un sello para identificar a los mansos y dóciles. No seré un «intermediario fiscal», un súbdito servicial. Tengo muy claro cuál es mi papel. Yo no medio, no sirvo a dos señores. Seguiré luchando y defendiendo a los ciudadanos, sean mis clientes o cualquier tercero, frente a la Administración. Los derechos y libertades ciudadanos son previos e irrenunciables.

Mi sello es la Libertad.

6 pensamientos en “Un Código para Siervos y Corderos.

  1. Esaú Alarcón García

    Querido Emilio, comparto totalmente tu reflexión -o, por mejor decir, tu grito de libertad- y celebro que la hayas redactado y publicado, algo que demuestra una gran valentía. Opino igual que tú: la Administración demuestra con el redactado del texto que, hasta el momento, no cumplía con su labor servicial ni permitía el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y, de la misma manera, también queda claro del texto que la Administración intenta utilizar al asesor fiscal como un agente (cualificado) del fisco, para que trabaje para él a cambio de unas míseras prebendas que suenan a cachondeo.
    Uno a ello una última reflexión, más conceptual si se quiere. El Foro de Asesores es un organismo creado entre asociaciones de todo pelaje que se dedican, con más o menos intensidad al asesoramiento fiscal y la Agencia Tributaria. Una institución de interés para todos si funcionara de forma fluida, sin posicionamientos preconstituidos y con buena voluntad. Sus acuerdos, entiendo que por esos objetivos, se adoptan por consenso, esto es, por unanimidad. Pues bien, resulta que para poder llegar a adoptar este acuerdo del CBP, se ha tenido que adoptar una primera decisión unánime -previamente la AEAT negaba que consenso supusiera unanimidad, lo que denota poco conocimiento en materia etimológica-, que precisamente permitiera excluir esa unanimidad para llevar a cabo este concreto acuerdo. Es decir, en vulgo, !que para llegar a adoptar un acuerdo que tiene una importancia basilar para esa institución se hace una excepción al quórum necesario para adoptar acuerdos! Una paradoja que demuestra que ese foro es un edificio construido sin pilares idóneos, creado en interés de la Administración para «reconducir» a esos asesores a los que anatemiza cuando le conviene y a los que les ofrece chucherías -como es el caso- cuando le interesa.
    Como decimos en nuestra tierra, no hi farem res!
    Un abrazo. Esaú

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  2. José Valladares Muñoz

    me gusta el espíritu libre y critico, pero…
    es de muy mala educación eso insultar a los quieran adherirse a ese acuerdo (borregos y cobardes)

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    1. Emilio Pérez Pombo Autor

      José, creo que puestos a calificarme, agradecería que revisases pues, en ningún momento, he empleado el término «borregos», peyorativo y con una connotación muy distinta a «cordero». El empleo del término «cordero» lo vinculo a mansedumbre o docilidad. Es descriptivo, de la misma manera que decir «siervos» o «mansos» denota una forma de ser o actitud. A mayor abundamiento, dichos términos se emplean en los Evangelios y con un significado específico, lo que me permitía conectar con las citas evangélicas. Llevo muchos posts escritos y seguramente deba mejorar en muchas cosas, como el que, en ocasiones empleé términos contundentes, como acontece en el post de referencia, ahora bien, si lees alguno de mis escritos, el insulto no está dentro de mi particular manual de estilo.
      En cualquier caso, gracias por leernos.

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  3. Alberto

    Buenos Días, totalmente de acuerdo, nos debemos a nuestros clientes, no a una Administración Tributaria entrenada con fines, exclusivamente, recaudatorios, nada colaborativa.

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  4. Salvador Guxens i Barriendos

    Suscribo plenamente el post, y algún comentario ampliatorio. De acuerdo con que no hay que faltar al respeto a nadie, pero no tengo muy claro que debamos respetar a quien no respeta al ciudadano en general, y al contribuyente en particular. El covachuelismo de algunos de sus directivos sentadores de interpretación, “criterios” y doctrina administrativa (que triste papel el del TEAC y la DGT) y de los pergeñadores de normativa que nuestro legislador aprueba con brazo de madera, ha sumido en la poca aceptación, vergüenza y el descrédito el sistema tributario español (cada vez descubren más “fraude”) que no hace más que recibir varapalos de las instancias judiciales europeas.

    La AEAT no merece confianza alguna en tanto no restituya dentro de la LGT la presunción de buena fe en la actuación del contribuyente, y -entre tantas otras cosas- no anule el régimen sancionador disparatado del 720, penalice a los autores de desaguisados emboscados bajo el manto de la función pública, o modifique la penalización de la regularización de obligaciones tributarias o cumplimiento voluntario fuera de plazo.

    De todos modos, enhorabuena por el artículo. I no podemos rendirnos, callar y otorgar como siervos de la gleba ante el señor feudal (señor de horca y cuchillo).

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